Si la existencia de lo que Marcelo Sain denominó “el bloque tradicional de poder en Santa Fe” necesitaba alguna confirmación, la operación en curso desde la Legislatura provincial y desde sectores del Poder Judicial para impedir su regreso al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación parece ofrecerla de modo concluyente. El sentido de un juicio político que de concretarse no tendría a quién destituir se comprende en un plano que excede a la situación del ex ministro y apunta a la disputa política en el año electoral, donde la seguridad será un eje, y a la guerra jurídica desatada como reacción a las investigaciones sobre el crimen organizado en la provincia.
“Lo que preocupa no es la gestión de Sain como ministro sino las investigaciones que llevó adelante y que mostraron la trama de vinculaciones del crimen organizado con el Poder Judicial y con el poder político”, dice la diputada provincial Matilde Bruera, que como integrante de la comisión de juicio político de la Legislatura está en minoría ante los legisladores empeñados en la iniciativa.
La causa contra Sain tiene una proyección más amplia, porque la estigmatización del ex ministro es también la de la política de seguridad que trató de implementar, y la mayoría de la Comisión de Juicio Político que preside Joaquín Blanco se muestra dispuesta a extender al máximo su tratamiento, como indican las citaciones de la auditora del MPA María Cecilia Vranicich y de la diputada nacional Lucila Lehmann, autora de la iniciativa en un escrito de pocos párrafos, y el anuncio de una investigación con lupa sobre las cuestiones administrativas del Ministerio de Seguridad.
“No quieren agotar el tema porque también lo usan como caballito de batalla en la campaña electoral. Si la preocupación hubiera sido real por el ministerio tendrían que darse por satisfechos porque lograron que Sain renunciara. Lo que no quieren es que aparezcan otras investigaciones como las que impulsó”, afirma Bruera.
Los cargos contra el ex ministro son variopintos: una denuncia en el Inadi por discriminación contra los santafesinos, por el audio de una conversación privada editado con los fines desestablizadores que cumplió; las condiciones de una licitación para compra de armas que no llegó a realizarse; el hacinamiento de presos en comisarías, con lo que Sain debería hacerse responsable de un problema que lleva por lo menos un cuarto de siglo en Santa Fe y hasta ser acusado por delitos de lesa humanidad.
Bruera destaca que “si nos encandalizamos por el lawfare en los Tribunales de Comodoro Py lo que ocurre con el ex ministro no le va en zaga”. La sanción exprés de las llamadas leyes anti Sain en noviembre de 2020, sin debate y sobre tablas, aparece ahora como el antecedente de una guerra jurídica que también tiene en la mira a fiscales que investigan el juego clandestino.
Bajo la máscara de un objetivo noble —la preocupación por la ley 13.013 que regula el funcionamiento del MPA—, los proyectos fueron entonces un ataque directo contra la posibilidad de que Sain pudiera retornar al Organismo de Investigaciones. Ganar un concurso no parece desde entonces mérito suficiente en la consideración de muchos legisladores.
Si la oposición perdió esa batalla luego que el gobernador Omar Perotti vetó las leyes sancionadas en tiempo récord, la guerra continúa y parece mejor armada con el concurso adicional del escrito presentado por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y la decisión del fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo, de suspender el trabajo conjunto de su jurisdicción con el Organismo de Investigaciones.
“Esa orden es ilegal —apunta la diputada Bruera—. El que merece juicio político es el fiscal Vigo: además de que dicta esa resolución, la hace pública antes de comunicársela a los fiscales, con lo cual no hay duda de que forma parte de la operación política contra Sain”.
En su resolución, firmada el 6 de abril, Vigo repitió e hizo suyas las consideraciones de Arietti y del presidente de la Comisión de Juicio Político, tanto como la crítica a la auditora Vranicich por no plegarse a la campaña. Vigo también hizo un aporte personal significativo: dedicó un apartado a “la intervención de Marcelo Sain como ministro de Seguridad en aspectos vinculados a esta regional cuando se manifestó públicamente de manera inadmisible sobre la actuación de fiscales en una investigación de juego clandestino”. Se refirió así a las críticas recibidas por tener paralizada durante tres años una denuncia sobre los casinos clandestinos que funcionaban en la ciudad.
La mirada de la Justicia
El criminólogo Enrique Font relaciona la operación contra Sain con el juicio político que destituyó a Gabriel Ganón de su cargo de defensor público como parte de “un proceso de degradación institucional” de la provincia. “Hay un entramado político que no quiere ningún órgano con independencia en Santa Fe. No se limita a un partido y forma la mayoría cuando se producen estas situaciones. La operación contra Sain es una represalia personal pero también va más allá, es un mensaje de disciplinamiento institucional: el que levanta la cabeza y se mueve con independencia de la rosca política, pierde, y pierde mucho”, dice.
En ese contexto, “Arietti y Vigo son desembozadamente funcionales al sector político que los designó”, agrega Font, quien a la vez destaca la situación —“el brete”, dice— en que se encuentra el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, por el momento a distancia del frente de batalla jurídico.
El fiscal Arietti pidió la destitución de Sain del Organismo de Investigaciones, pero los cargos que formuló en el escrito dirigido a María Cecilia Vranicich refieren a su actuación como ministro, desde la situación de los presos en las comisarías a lo que llamó “descalificaciones sistemáticas”. Por eso la auditora del MPA se declaró incompetente.
Entre las “descalificaciones”, Arietti citó el modo en que Sain evaluó su actuación en torno al asesinato del agente de cambios y turismo Hugo Oldani, en Santa Fe: “está más pegado al poder que a los problemas criminales (…) y tiene una mirada palaciega de la Justicia”.
El fiscal regional de Santa Fe no parece haber digerido tampoco la presentación que hizo Sain ante la Justicia Federal en junio de 2020 para que se investigara el posible incumplimiento de deberes de funcionario público y la sustracción de medios de prueba en la causa por el crimen de Oldani, perpetrado el 11 de febrero de 2020, además de avanzar en una línea cuidadosamente evitada por la fiscal Cristina Ferraro: el lavado de activos y la infracción a la ley penal cambiaria.
La necesidad tiene cara de hereje, y Arietti se vio forzado a desplazar a Ferraro, cuya conducta será evaluada por un Tribunal de Disciplina que contará entre sus integrantes al senador provincial Armando Traferri. La intervención posterior de la fiscal de Delitos Complejos Mariela Jiménez no solo abonó la hipótesis de una empresa ligada al lavado de dinero bajo la fachada del turismo y el cambio de divisas, sino la complicidad de un sector de la Justicia y de la Policía en la protección de ese delito.
La mirada de la Justicia santafesina que objetó Sain quedó expuesta en un detalle revelador de la causa Oldani. La fiscal Ferraro eligió validar el registro de una cámara de seguridad donde una columna obstaculizaba la visión del ingreso a la agencia y desechó otra en que la escena estaba despejada. Tampoco vio, según su testimonio, cómo familiares de Oldani y una mujer no identificada se llevaron un millón de dólares y tres millones de pesos de la oficina en momentos en que ella estaba presente. Una muestra indudable de que la justicia es ciega.
Prolífico y puntilloso en el escrito dirigido contra Sain, el fiscal Arietti se ha mostrado sin embargo extremadamente parco para evaluar a la fiscal Ferraro. Tanto que no pronunció palabra. La resolución del fiscal Vigo también remite a un enfrentamiento previo con el ex ministro, en este caso alrededor de las causas por juego clandestino.
En Rafaela había poco menos que una señalética que identificaba públicamente a los garitos que administraba David Perona en sociedad con Leonardo Peiti. Los carteles luminosos con la marca “casinos Perona” no pasaban desapercibidos para nadie, y menos para la fiscalía local que tenía añejando una denuncia en sus despachos.
Ese orden —“la siesta”, dijo Sain— fue perturbado por la irrupción del Organismo de Investigaciones y de los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery a partir de la pista que vinculó a Peiti con Perona y la sospecha de que el auténtico crimen organizado en Santa Fe era el organizado con participación de funcionarios de la Policía y la Justicia, empresarios y sectores de la política. Sain denunció entonces que el fiscal Martín Castellano tenía una denuncia desde 2017 sin haber ordenado medidas.
Los procedimientos de los fiscales rosarinos dejaron malparados a los rafaelinos. Castellano se puso a trabajar e imputó jefes policiales retirados y en actividad para quienes la percepción de sobornos era un sobresueldo establecido, pero no alcanzó para que el fiscal Vigo pudiera sostenerlo en la causa. Desde entonces la relación entre la fiscalía regional de Rafaela y el Organismo de Investigaciones quedó resentida, como se notó en los procedimientos recientes ordenados por los fiscales Loyola y Lema en Rosario.
La resolución de Vigo no es precisamente una movida casual en el tablero, dice Enrique Font: “genera un conflicto para que la permanencia de Sain en el Organismo de Investigaciones sea imposible y muestra que el fiscal regional tiene un respaldo político para hacerlo porque nadie comete una falta grave como aquella en la que él incurre”.
El desenlace parece incierto. “Hay que clausurar y archivar el juicio político contra Sain. Es claramente una persecución política. No se puede discutir su gestión porque ya no es ministro. Hay algunos diputados que están incómodos porque la maniobra es a todas luces ilegal. Parece que como tiene más votos la oposición puede llevar adelante cosas ilegales. Así están las instituciones en Santa Fe”, dice Matilde Bruera.
Según el razonamiento de los acusadores, el desempeño de Sain como ministro de Seguridad debería impedir que se desempeñe como el organismo de apoyo al MPA. La avanzada en la Legislatura coincide con la denuncia del senador Traferri en la Comisión de Acuerdos contra los fiscales Schiappa Pietra y Edery, responsables de involucrarlo en la causa por juego clandestino en la que tienen imputados a cuatro fiscales. Los objetivos de la guerra jurídica en la provincia no pueden ser más transparentes.
Notas relacionadas
Autor
