Presentar listas en febrero, hacer las Paso en abril y convocar a elecciones generales para junio de 2025. Ese es el borrador que nadie tiene, pero del que ya se habla en las reuniones políticas de Santa Fe, con mayoría de partidos convencidos de que es necesario desdoblar los próximos comicios. La idea común es que no conviene atar la suerte provincial a las elecciones nacionales con un gobierno de Javier Milei todavía en altos niveles de preferencia y un electorado que en la provincia votó también mayoritariamente a Unidos.
Así, cuando apenas se cumplió un año de las últimas Paso en Santa Fe (el 16 de julio) se vuelve a hablar en clave electoral. Las elecciones nacionales para elegir en 2025 diputados nacionales tienen fecha fija: el 10 de agosto para las PASO y el 26 de octubre para las generales. Es así por una ley que estableció que siempre se hagan las internas el segundo domingo de agosto y las generales el cuarto de octubre.
En Santa Fe todavía deben decidirse dos asuntos: primero si se separan los comicios (ya se considera un hecho, pero no está oficializado) y en ese caso determinar cuáles serán las fechas propias, respetando los plazos legales. En la provincia se renovarán parcialmente unos 60 concejos municipales y unas 300 comisiones comunales. También se elegirán intendentes en 19 ciudades de la provincia. Cinco de ellas son las nuevas ciudades, que votan por primera vez para ese cargo y eligen también a los miembros de sus flamantes concejos municipales.
Por ley, las elecciones provinciales se deben convocar entre el 10 de junio y el 10 de setiembre. El abanico de posibilidades electorales para 2025 ya baraja fechas tentativas: el 27 de abril para las Paso (se saltea así la festividad de Semana Santa que cae siete días antes). La otra opción sería el 13. Y para las generales se apunta al 22 de junio. Esta última fecha permitiría habilitar a algunos candidatos a “jugar” en las dos elecciones, ya que el cierre de listas para diputados nacionales está establecida para el sábado 27 de junio.
Casi frustrado el proyecto nacional de eliminar las Paso, se estima que para el próximo año no habrá en Santa Fe tanta profusión de listas y en más de la mitad de las localidades ni siquiera se harán elecciones internas, una posibilidad prevista cuando no hay rivalidad entre candidatos del mismo partido y se presenta lista única. Como antecedente, en 2021 de las 365 localidades santafesinas sólo hubo internas en 92.
Santa Fe reivindica el voto a través de la boleta única de papel, rescata el sistema de las Paso, donde cualquier ciudadano puede renunciar simplemente con hacer un trámite previo si quisiera exceptuarse y quedar al margen de la votación.
Esa posibilidad da por resuelto en Santa Fe uno de los principales puntos con los que el gobierno nacional encaró sus críticas a las Paso, y que barajaron ante la eventualidad de no conseguir número para poder eliminarlas: dejarlas en PAS, sin la O, que establece la obligatoriedad del voto en esa instancia. De alguna forma eso ya rige en la provincia al permitir que el ciudadano pueda hacer un trámite para exceptuarse.
Una cuestión a decidir es si simultáneamente para el mismo día de los comicios provinciales se convoca además a elecciones de convencionales para reformar la Constitución. Si se hiciera se deben elegir 69 (en función de la cantidad de legisladores que tiene la provincia) y en el mensaje que se apruebe manifestando la necesidad de la reforma se debe establecer cómo se eligen (con o sin Paso), con qué sistema de votación (boleta única o no, otra urna, mismo padrón), cómo va a funcionar la convención y cuántos días deliberará. Aprobar ese mecanismo requiere de una mayoría especial de dos tercios en la Legislatura.
Un segundo semestre movido
Antes de todo eso, el gobierno provincial afronta un segundo semestre con tres proyectos políticos en foco. Y se propone ir uno a uno, para no abrir tantos frentes de discusión simultáneos, pero con la premisa de encararlos a todos.
El que ya está maduro y casi definido es el cambio del sistema previsional que afecta sólo a los empleados y funcionarios públicos de la provincia. “Es un problema de cien mil beneficiarios cuyo déficit, que en junio fue de 30 mil millones de pesos, deben soportar los 3 millones de habitantes de la provincia”, suelen destacar en el oficialismo. Le quedan dos semanas de reuniones y debate a la comisión que estudia el tema, y que ya puede mostrar algunos consensos.
Se bajará el tope jubilatorio (hoy es de casi diez millones, 32 veces mayor que una jubilación mínima, porque está calculado sobre el sueldo más alto de la Corte Suprema de Justicia), se eliminará el 2 por 1 (un beneficio que permite adelantar la edad de jubilación al tomar en cuenta los años trabajados por encima de los 30 de servicio), en cambio se mantendrá el cálculo que permite compensar años cuando se haya superado la edad jubilatoria y falten años de aporte; se prohibirá comprar años en la Anses como ocurría con las moratorias nacionales, harán aportes proporcionalmente mayores quienes tengan mejores ingresos, en un esquema escalonado; se elevará el aporte actual del 14,5% que hacen los funcionarios de los tres poderes del Estado, y se propondrá avanzar en una equiparación progresiva en la edad de jubilación para hombres y mujeres en torno a los 65 años.
También se establecerá que el nuevo tope jubilatorio (que podría calcularse en función de una cantidad de jubilaciones mínimas) se aplicará para cada beneficiario en lugar de como es ahora que afecta a cada beneficio, para evitar que alguien pueda cobrar una jubilación y a la vez le sume el cobro de una pensión, en el caso de una pareja donde los dos hayan aportado a la Caja.
Quedan numerosos puntos por definir, pero la expectativa es que a mediados de agosto el gobierno elabore su proyecto de cambios basado en el informe de esta comisión y entre ese mes y setiembre se apruebe en la Legislatura. Los cambios inmediatos se empezarán a aplicar antes de fin de año, aunque varios de ellos, como la edad de jubilación, se irán alcanzando de manera progresiva.
El turno de la Corte
Entonces le tocará el turno a la Corte. Es conocida la voluntad del gobierno de producir reformas en la Justicia. La más visible tal vez sea una renovación en la mayoría de los miembros del alto tribunal.
Cinco de sus actuales seis miembros exceden la edad más alta contemplada en la Constitución Nacional y que ha provocado el retiro reciente de otros jueces: 75 años. Uno de sus integrantes, el rosarino Mario Netri, con 82, ya comunicó que se irá en noviembre, una decisión que no parece haber sido tan casual como pareció sino producto de numerosas reuniones con las que el gobierno reafirmó su idea de cambio.
No se espera ahora que haya un efecto contagio y vayan anunciando su salida de a uno. En el gobierno prefieren hacer de una vez el recambio de al menos otros tres o cuatro cortesanos antes de fin de año, aunque no se descarta que sean dos los que queden de la vieja guardia: Daniel Erbetta, porque no excede la edad límite, y el actual presidente Rafael Gutiérrez, si antes no logran convencerlo de que también está incluido en el recambio y que si no se va ahora, lo esperarán hasta el año que viene. No más.
Con el resto ya hubo conversaciones y se lanzan ultimátums: “Preferimos que sea por las buenas”, con diálogo y consenso. Para que no los afecte el tope que tendrán las jubilaciones más altas, en la Corte ya se pusieron a resguardo: casi todos hicieron los trámites jubilatorios antes.
Es probable que terminada la feria de julio no se demoren tanto las novedades. Mientras, nadie arriesga nombres de reemplazantes, aunque se admite que se deberá sumar al menos dos o tres mujeres en el nuevo equipo y atender a la representación territorial de por lo menos Rosario y Santa Fe. De nombres, poco y nada. Todos saben que el que se anuncia, pierde. Para descartar la chance de algunos “próceres” de la justicia, el nuevo rango etario será entre los 50 y los 60 años.
Y el turno de la Constitución
El tercer proyecto del oficialismo es la reforma de la Constitución provincial de 1962. No sería extraño que de las iniciativas que se siguen presentando en la Legislatura y la “comisión de notables” que armó el PS termine surgiendo un proyecto acordado mayoritariamente entre socialistas y radicales, que después haga propio el Ejecutivo, que prometió no meterse con el argumento de que “siempre que el gobierno se metió con este tema, salió mal”.
Por primera vez en los cambios se habla también de cuestiones económicas, que incluyen poner límites a algunos gastos de la política, a la vez que aparece con menos chances que se produzcan novedades de fondo en la composición de la Legislatura o sus formas de representación, sobre todo del Senado. Habrá seguro gestos hacia la ciudadanía acordes a la época, como limitar las reelecciones indefinidas a nivel legislativo y en las intendencias. Más discutido es que se propicie extender a cuatro años el mandato de las comisiones comunales. Y en cuanto a las autonomías municipales se estudiará primero cómo financiarlas.
Por ahora la idea de la reforma constitucional avanzará fuerte en los debates, y se reservará para los últimos meses del año la decisión política de convocar junto con las primarias de 2025 a una elección de convencionales constituyentes. Antes de eso se evaluará cuidadosamente cómo está el humor ciudadano. Toda vez que se encararon estos proyectos de cambio constitucional se habló de acordar un núcleo de coincidencias básicas con los temas que se van a reformar, para poner a resguardo los que no se tocan, pero siempre se temió que ante un electorado tan volátil como el actual se terminen eligiendo referentes de algún nuevo líder político que se lleve la mayoría y haga valer la autonomía de los convencionales. Aunque en Santa Fe eso, por ahora, parece improbable.
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