Los concejales de Sauce Viejo llevaron a la Legislatura los pormenores de una crisis institucional que atraviesa a la localidad. Durante el encuentro con diputados, los ediles expusieron una serie de situaciones que dan cuenta de un enfrentamiento abierto y público con el intendente Mario Papaleo. Sostienen que el mandatario no dialoga ni responde a los requerimientos institucionales, al mismo tiempo que deslegitima el rol del Concejo en redes sociales. También advierten atrasos salariales y denuncian que en más de una oportunidad se buscó condicionar el pago a la aprobación de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Los concejales pidieron que se evalúe la situación y que la Legislatura medie con la Casa Gris para encontrar soluciones. Mientras tanto, el intendente habla de un “golpe de Estado” en su contra.
La situación no es nueva. Las tensiones entre Papaleo y el Concejo se dan desde 2021, cuando se convirtió en el primer intendente de la historia de Sauce Viejo, luego de que la localidad fuera recategorizada de comuna a municipio. Pero con la reelección en 2025, y la renovación del cuerpo legislativo, la situación fue escalando hasta el punto de alterar “el normal ejercicio de las funciones legislativas y de control” que tiene el Concejo. En ese marco, la semana pasada los concejales acudieron a la Legislatura santafesina en búsqueda de alguna solución, o al menos un compromiso de ayuda.
La reunión se dio durante la Comisión de Gobiernos Locales de la Cámara de Diputados, que preside Dionisio Scarpin. Del encuentro participaron los seis concejales: Valeria Echeverri y Natalia Benítez por el PRO; Pedro Uliambre y Susana De Castro, del Frente de la Esperanza; Daniel Hansen del socialismo y Carlos Piedrabuena por el radicalismo. Este último representa el caso más particular: no solo encabezó la lista de Papaleo al Concejo, sino que hasta diciembre fue su secretario de Gobierno. A nueve meses de su asunción, se encuentra denunciando la situación junto a sus colegas.
Es por eso que en el documento entregado a los diputados, donde se repasan las distintas situaciones ocurridas en el último tiempo, se pone énfasis en aclarar que la presentación es “estrictamente institucional” y que trasciende las fronteras partidarias. “El problema es con el Concejo”, resumieron durante el encuentro.
Qué plantearon
El documento entregado sostiene que, desde la asunción de su segundo mandato, Papaleo aún no remitió al Concejo la estructura de funcionarios que forman parte del gobierno, ni tampoco se anunció oficialmente la nómina de autoridades que se encuentra a cargo de cada una de las áreas municipales. Es decir que los concejales no cuentan con el organigrama básico para saber a quién dirigirse ante un requerimiento o pedido de información.
Los concejales señalan dos episodios que, entienden, describen el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo de Sauce Viejo. Primero, que no concurrió al inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo, ni brindó el informe correspondiente sobre el estado general de la Administración Municipal, algo previsto por ley. Y segundo, que decidió prestar su juramento ante escribano público en la plaza del pueblo, en lugar de hacerlo en el Concejo reunido en sesión especial, como marca la legislación provincial.
El escrito también advierte sobre “manifestaciones de carácter agraviante” hacia los integrantes del Concejo municipal. Incluso, con acusaciones de presuntas deudas de tasas municipales que, para los ediles, busca “deteriorar la relación entre los órganos municipales y dificulta el desarrollo de un ámbito adecuado para el diálogo institucional”. Los exabruptos de Papaleo trascienden las redes sociales y también forman parte de comunicaciones oficiales, respuestas a ordenanzas y observaciones sobre vetos remitidos al Concejo.
“Los ediles no han entendido que legislar no les otorga patente de corso que les permita hacer con eso lo que les plazca”, respondió el intendente a una ordenanza aprobada en el recinto, que buscaba destinar el 1% de lo recaudado por el DReI para fomentar la actividad comercial y productiva de la localidad. En la misma respuesta tildó la normativa de “mamarracho legislativo”, planteando que era el resultado de “un lobby empresarial destinado a beneficiar a unos pocos y perjudicar a todos”.
Los concejales identifican como uno de los principales problemas para ejercer su labor la falta de respuestas a los pedidos de informes y requerimientos institucionales. La situación llegó a tal punto que decidieron sancionar una ordenanza donde se establece un plazo de quince días hábiles para la respuesta a los pedidos de informes, pero aseguran que no se cumple. También advierten que el Concejo no cuenta con un “acceso sistemático y completo” a los decretos del intendente, y denuncian la inexistencia de un Boletín Oficial Municipal.
Condicionamientos
El tema presupuestario también representa un problema. El documento entregado advierte por “demoras significativas” en el pago de las dietas correspondientes a los concejales: el primero de septiembre cobraron recién el sueldo de julio y aún se les adeuda el medio aguinaldo. A eso se le suman dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos para funcionar. La institución tiene como sede una casa alquilada que describen como “precaria” y sin la infraestructura adecuada para un organismo del Estado.
Por falta de equipamiento técnico y recursos, los concejales relataron que graban las sesiones con sus propios celulares. “Asimismo, se han presentado dificultades vinculadas con la provisión de papel, tóner, mantenimiento de impresoras, reparación y adquisición de equipos informáticos y otros elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano”, remarcan.
Pero por fuera de las cuestiones administrativas, simbólicas o presupuestarias, asoman acusaciones más graves: los ediles denuncian que, en distintas oportunidades, el pago de los salarios o la entrega de recursos “se vieron y se sintieron condicionadas a la aprobación de determinadas ordenanzas o iniciativas impulsadas por el Ejecutivo”.
“Siguen demostrando lo que son. Una mierda”, dice uno de los mensajes publicados en un comunicado difundido por las redes oficiales del Concejo de Sauce Viejo. “Decile a tus colegas que no van a cobrar ni un peso hasta que no aprueben una ordenanza”, señala otro. La situación se dio a finales de julio, cuando el municipio había informado la prohibición de sacar residuos de poda (ramas, hojas y plantas) a la vía pública. El mensaje generó interrogantes entre los vecinos, porque no planteaba métodos alternativos y advertía sobre posibles sanciones. Desde el Concejo salieron a aclarar la situación, informando que la ordenanza vigente no contemplaba esa prohibición y pidieron que el municipio brinde información detallada.
“Esta modalidad de vinculación resulta especialmente preocupante, en tanto puede afectar la autonomía en el ejercicio de la función legislativa y generar una presión indebida sobre los representantes, quienes deben poder deliberar y votar los proyectos sometidos a su consideración sin que el cumplimiento de obligaciones económicas o laborales sea utilizado como mecanismo de presión para obtener determinadas decisiones legislativas”, describieron en el mensaje.
“Golpe de Estado”
Una vez expuesta la situación, los concejales solicitaron que se evalúe la posibilidad de generar un ámbito institucional para el análisis, con la participación de los organismos correspondientes, e incluso representantes de la Casa Gris, para que medien e intervengan en el conflicto. Antes de llegar a la Legislatura, la situación ya había sido informada a la Secretaría de Municipios y Comunas, el Ministerio de Trabajo, el Tribunal de Cuentas y al senador provincial.
“Ellos quedaron en analizar todo el material que llevamos, para trabajarlo en la comisión. Durante la reunión también sobrevoló la posibilidad de citar a representantes de la intendencia, pero no quedamos en nada concreto. Nosotros quedamos a la espera de cualquier novedad o notificación”, explicó Echeverri en diálogo con Suma Política. “Nosotros queremos que el Concejo funcione, no solo por respeto a la institución, que es importante, sino por respeto a la comunidad porque los nuestros son cargos electivos y a nosotros nos eligió la gente”, planteó.
De todos modos, la relación entre la intendencia y el Concejo no tuvo demasiadas modificaciones. Más bien, sigue por el mismo camino sinuoso. Luego de la reunión, Papaleo publicó en sus redes sociales un sugestivo mensaje: “Para ser intendente te tiene que elegir el pueblo. No se logra con un golpe de Estado”.
No es partidario
Dionisio Scarpin, quien encabezó la reunión, consideró que la presencia de los seis concejales en la Legislatura, incluso del sector oficialista, dan cuenta de que no se trata de una disputa política, sino de un conflicto institucional. “En general, cuando llegan este tipo de situaciones a la comisión, suelen ser cuestiones de desacuerdos partidarios. Acá quedo claro que es otra situación y que marca un problema real que hay en la ciudad”, explicó a Suma Política. “Los concejales hicieron una exposición bastante extensa de cuáles son las cosas que vienen padeciendo”, agregó.
El diputado de Unidos remarcó que no todas las situaciones expuestas configuran una violación a la ley, pero sí son llamativas. “Yo fui intendente muchos años y me resulta incomprensible que en una ciudad no haya diálogo entre Ejecutivo y Legislativo”, planteó y añadió: “Quedamos en analizar la situación, hablar con el gobierno provincial y ver si se puede mediar de algún modo. Es algo que debería resolverse con el diálogo, por la vía institucional”.
En tanto, Fabián Palo Oliver evaluó que son “prácticas habituales de Papaleo”, en los últimos años. “Es alguien que siempre tuvo dificultades con los Concejos, y tiene dificultades hasta con los propios concejales oficialistas. Fue elegido con el voto popular y eso hay que respetarlo, pero él no respeta a los concejales”, dijo a Suma Política. Y añadió: “Parte de la tarea del Concejo es controlar las cuentas municipales, pero no se publican los balances. Desde lo institucional es poco transparente la gestión y no permite que el Concejo haga su tarea”.
Para el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, lo sorprendente es que no se trata de diferencias políticas o visiones partidarias, sino que son descalificaciones en términos personales hacia los concejales: “Los ha tratado de vagos, de inútiles, que no pagan los impuestos municipales. Es preocupante porque no es una persona que por lo menos demuestre predisposición y humildad para sentarse a charlar y a encontrar una salida institucional, que no es ni más ni menos que el respeto al funcionamiento de las instituciones”.
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