Funcionario judicial de día, jugador compulsivo y endeudado de noche, el fiscal Mariano Ríos Artacho habría desarrollado una doble personalidad en el transcurso de los siete años en que se desempeñó como adjunto en el Ministerio Público de la Acusación. Secreto a voces en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la ludopatía estalló esta semana con la revelación del desvío de fondos millonarios depositados en cuentas judiciales y con preguntas que siguen sin respuesta en causas donde asoma el crimen organizado.
El escándalo golpea al Ministerio Público de la Acusación. “Ahora resulta que todo el mundo estaba al tanto de la ludopatía -se indigna un abogado que interviene en la causa-. ¿La institución ordenó alguna medida? No, lo ubicó en la Fiscalía de Delitos Económicos”. También es un baldón para la familia judicial de Rosario: Ríos Artacho es hijo del reconocido excamarista Ramón Teodoro Ríos, sobrino del camarista penal Alfredo Ivaldi Artacho y primo del juez Lisandro Artacho.
En el MPA, en cambio, aseguran que la adicción de Ríos Artacho no era tan evidente y que solo llamaba la atención un nivel de vida que no se condecía con los ingresos de un fiscal adjunto. Se suponía que la familia ayudaba. Pero lo que para cualquier ciudadano puede ser causa de investigación o por lo menos de sospecha, en el caso del fiscal no fue un motivo de alarma.
El miércoles, la jueza María Trinidad Chiabrera convalidó la teoría que expuso el fiscal Adrián Spelta sobre una asociación ilícita al mando de Ríos Artacho y otras cuatro personas sindicadas como presuntos organizadores. Se trataría de una banda de ludópatas itinerantes en casinos de la Argentina y países vecinos. La Fiscal General María Cecilia Vranicih reivindicó la investigación como un logro de la flamante unidad dedicada a delitos de funcionarios públicos, a cargo de Spelta, y dijo que era una “señal de fortalecimiento” del MPA.
El abogado y exministro de Justicia de la provincia Juan Lewis considera “un disparate, un divague” la calificación de asociación ilícita, porque “no se cumple ninguno de los requisitos que manda la ley y se la utiliza a los fines de las medidas cautelares” (como la prisión preventiva). Lewis defiende a dos hermanos cordobeses involucrados en la causa, uno como organizador y otro como miembro –“ni siquiera conocía a Ríos”- de la supuesta asociación: “El MPA está esquivando con esta sobreactuación las explicaciones que debe dar, porque el nombre de la institución está comprometido”.
Para Lewis, los delitos en cuestión “fueron maniobras de Ríos para hacerse de plata, en las que alguna vez le habrán ayudado consciente o inconscientemente algunos de sus amigos en el casino: la investigación fue bastante fácil porque son hechos burdos, por parte de una persona que está en un nivel de desesperación o de necesidad extrema”. Lo extraordinario no son los hechos en sí mismos -tienen un antecedente local en el caso del juez civil y comercial Alejandro Pedro Martín, destituido en 2013 por saquear cuentas judiciales junto con un martillero y varios abogados- sino que se hayan extendido durante siete años sin ser detectados.
Jugando con fuego
Los indicios de irregularidades en torno a Ríos Artacho se remontan por lo menos a mediados de 2023 y se volvieron todavía más nítidos en junio de 2024, cuando presentó su renuncia. La inercia de la institución surge como un contexto propicio para los desvíos de fondos, que se descubrieron por otros oscuros episodios en los que se enredó el fiscal y cuya historia vale revisar.
El primer acto fue la suspensión por dos meses que la Legislatura de Santa Fe aplicó a Ríos Artacho a principios de 2024, luego de comprobarse que el fiscal había dispuesto de un auto Mercedes Benz C250 Kompressor, secuestrado en una causa por delitos económicos, para entregárselo al comisario Álvaro Rosales. El hecho se descubrió porque Rosales había sido denunciado por abuso sexual de una cadete en el Instituto de Seguridad Pública y el fiscal José Luis Caterina ordenó el allanamiento de su domicilio.
Ríos Artacho exhibió ya entonces el procedimiento ahora evidente. La medida disciplinaria de la Legislatura no despejó un interrogante: en concepto de qué el fiscal había cedido el auto a Rosales. El comisario que dejó internada en el Isep a una compañía completa porque la cadete no accedió a sus insinuaciones físicas y verbales era un amigo personal del fiscal, lo conocía como compañero de la escuela secundaria
Rosales sigue acusado por el abuso, en etapa de audiencia preliminar desde hace dos años. La causa se enredó por un acuerdo de juicio abreviado que promovieron la defensa del comisario y los representantes de la querellante, que la fiscalía rechazó. El fiscal Caterina explica que “los abogados de la querellante están imputados por prevaricato, es decir, por hacer acciones a favor de Rosales; además salió a la luz un acuerdo económico secreto, y frente a esto se abrió otra causa”.
El comisario y ex compañero de colegio habría sido quien presentó a Ríos Artacho con un amigo, el expolicía Juan José Raffo. Y según afirma otro investigador, el reconocido narcopolicía presentó a su vez a Ríos Artacho con el abogado Iván Jokanovich, entonces agente en Rosario de la Agencia Federal de Inteligencia.
Estos actores parecen haber conformado una comunidad donde se intercambiaban información, favores y, a la luz de la actualidad, dinero. Jokanovich recurrió a Ríos Artacho con la pretensión de que moviera una causa por presunta estafa, en relación a un departamento que había comprado en pozo. Pero el legajo estaba en manos de otro fiscal, quien no vio mucho mérito para profundizar.
Raffo tenía vínculos conocidos con Los Monos y estaba en condición de prófugo cuando hablaba con Ríos Artacho. En marzo de 2023 había escapado notoriamente de un operativo en Guatemala al 2200 gracias al soplo atribuido a Jokanovich. Investigado en la Operación Romaní -llamada así por la intervención de personas de la colectividad gitana- Raffo apareció mencionado a propósito de viajes en busca de cargamentos de drogas, como “Juan, el prestamista” y al volante en cruce de fronteras de un Chevrolet Cruze cuyo titular era Ríos Artacho.
El fiscal argumentó que había vendido el auto y el cambio de titularidad estaba en trámite. Sin embargo, no presentó ningún documento de la supuesta operación. La sospecha que surge es que se trató de una devolución a “Juan el prestamista”. Además de los fondos judiciales el fiscal se habría financiado también con préstamos de Raffo. Es decir, de Los Monos.
Ríos Artacho cumplió la suspensión y renunció sorpresivamente el 25 de junio de 2024 por lo que explicó como “una situación personal”. En realidad se trató de otro incidente en el que quedaron expuestos con mayor claridad sus problemas con el juego; el episodio fue denunciado por un empleado judicial, generó una causa por abuso de autoridad y lesiones y soslayó una vez más el desvío de fondos de las cuentas judiciales en el Banco Municipal.
El denunciante relató que era amigo de Ríos Artacho y compañero de viajes y noches de juego en los casinos de Melincué y Victoria. Había confianza y se prestaban plata entre sí, hasta que el fiscal acumuló una deuda sin dar señales de pago. El otro perdió la paciencia y terminó por apremiarlo en un baño del City Center:
-¿Cuándo me vas a pagar lo que debés?
-¿No sabés que soy fiscal? -habría respondido Ríos Artacho-. Te puedo meter una causa.
De las palabras pasó a las trompadas. El acreedor hizo una constatación de lesiones -leves, pero visibles en el rostro- y presentó la denuncia.
El fiscal y su doble
Ríos Artacho se convirtió en empleado judicial antes de terminar la carrera de Derecho; buen litigante e investigador, el fiscal adicto al juego, en 2013, cuando trabajaba en Melincué, desde entonces el jugador fue su sombra. Otro de sus destinos fue el Juzgado de Instrucción que estaba a cargo de María Luisa Pérez Vara, cuya intervención más recordada es haberse tomado unos días en Cariló cuando estaba de turno y debía ocuparse del asesinato del narco Luis Medina. En ese semillero del Poder Judicial de Rosario se formó también Gustavo Ponce Asahad, destituido como fiscal por la causa del juego clandestino devenida en una disputa jurídica que concierne a unos pocos abogados y a funcionarios.
El cargo por asociación ilícita contrasta con la declaración de Ríos Artacho, quien asumió la responsabilidad de los hechos y desligó al resto de los involucrados. Los acusados componen un grupo heterogéneo: entre ellos hay un abogado porteño, dos hermanos cordobeses, un carpintero, una docente, un empresario, una vendedora de ropa. El punto en común son los casinos donde se habrían conocido y donde acostumbraban a prestarse plata: el exfiscal dijo que manejaba las cuentas judiciales como si fueran su billetera, y las habría utilizado para pagar deudas de juego y otros gastos, por ejemplo la compra de una moto.
El fiscal Spelta explicó en conferencia de prensa que Ríos Artacho generaba oficios falsos para retirar del Banco Municipal fondos provenientes del pago de fianzas y secuestros en procedimientos judiciales, para lo cual requería la firma de otro fiscal. Sobre un total de 148 cuentas se revisaron hasta ahora 48, de las que surgieron hechos delictivos que provocaron un perjuicio de 425 millones de pesos; se acreditaron 21 hechos de peculado (hurto de caudales públicos), quince de fraudes a la administración pública y 21 falsedades ideológicas de instrumento público.
Los fiscales que acompañaron la firma de los oficios falsos fueron engañados y están libres de sospecha. El abogado Lewis cuestiona al respecto “la doble vara” de la fiscalía: “Hay personas imputadas como miembros de la asociación ilícita que tienen una ajenidad con el hecho más que clara. ¿Por qué dan cuenta enseguida de que los fiscales fueron engañados en una relación de confianza y no tienen el mismo criterio para ciudadanos comunes y silvestres a quienes un familiar les pidió una cuenta? El Poder Judicial se maneja con esta clase de privilegios. La fiscalía tuvo la decencia de no pedir prisiones preventivas, pero estas personas tuvieron que depositar fianzas importantes para recuperar la libertad”.
El exministro de Justicia de Santa Fe también critica las condiciones en que fueron detenidos los acusados. “Sometieron al escarnio de un allanamiento a personas por acusaciones que no van a resistir un juicio. Las mismas personas estuvieron un día perdidas en un limbo administrativo-judicial porque no se sabía dónde estaban. Hasta los pusieron en el pabellón de alto perfil del Order, mientras el Tribunal creía que estaban en otro lugar”, denunció el abogado.
Según Spelta, la presunta asociación ilícita tenía un esquema piramidal, con Ríos Artacho en la cúspide, y cuatro supuestos organizadores: Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero, Gustavo Cesaretti y el abogado penalista Emilio Barcacia. La investigación continúa sobre otras cuentas y sobre la posible utilización de los fondos en mesas de dinero, lo que abre una puerta hacia otro ámbito poco recorrido por las investigaciones desde que las violencias altamente lesivas son el objetivo prioritario de intervención. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud, y para la Justicia.
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