El intendente de Funes, Roly Santacroce, denunció que “entre siete y ocho desarrollos están parados” en la ciudad, responsabilizó por la situación a la secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe y se quejó por la falta de obras de infraestructura del Estado provincial.
Las afirmaciones de Santacroce fueron rechazadas de plano por funcionarios de distintas áreas del Gobierno de Santa Fe. “No hay ningún desarrollo parado en Funes. Si se refiere a los emprendimientos Damfield y La Reserva, son casos donde se resolvió que son inviables técnicamente”, destacan las fuentes consultadas por Suma Política. “Lo mismo sucede con el de Autocrédito; se concluyó que el área donde Autocrédito quería desarrollar es área inundable. Y además el proyecto coincide con el lugar de la futura represa del arroyo Salvat, que fue aprobada por la provincia en 2015. Hay una doble restricción”.
El mandatario funense había apuntado contra el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, a quien responsabilizó por el supuesto freno a los desarrollos. En declaraciones al portal InfoFunes, Santacroce calificó a Mijich como “un personaje siniestro que le hace muchísimo daño no solamente a mi ciudad sino a toda la provincia”. Esta vez, incluso, se permitió ir más allá, y disparó por elevación contra el gobernador Maximiliano Pullaro, del que dijo que está al tanto de la situación y no dio respuestas.
Malestar puertas adentro
En despachos políticos del gobierno provincial las declaraciones de Santacroce hicieron ruido, pero prefieren no entrar en una polémica pública porque entienden que el intendente “ya está en campaña” y busca posicionarse en los medios. “Le apunta a Mijich porque no se atreve a ir contra funcionarios de mayor rango”, repiten.
“Lo primero que hay que decir es que los casos de Damfield y La Reserva los maneja Fiscalía de Estado, que se hizo cargo de la defensa de los intereses de la Provincia”, aclaran para poner en contexto la situación. “El rechazo lo firmó el gobernador junto a los 12 ministros. A partir de ahí fueron tres veces a juicio y la provincia ganó las tres veces. En primera instancia y en la Cámara inclusive, fallaron siempre a favor de la Provincia y en contra de los desarrollos”, explican sobre el estado de situación. “Contra la viabilidad de esos desarrollos está el informe técnico del Instituto Nacional del Agua, el de la secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, los ministros y el gobernador”, rematan para zanjar la discusión.
El reclamo de Santacroce choca contra un argumento contundente: la Ley 11730, que rige sobre áreas inundables. A nivel general, sobre el territorio provincial, esa ley se diseña para una lluvia que estadísticamente ocurre cada 25 años; se les da a las viviendas una cota de umbral para que no se inunden en casos de lluvias más grandes.
La ley del Ludueña, que es específica para aplicarla en la cuenca del arroyo Ludueña -en Funes es el 100 por ciento del territorio- el diseño es más estricto: se piensa para 100 años. Y tiene mayores exigencias. Esa ley es del año 2012 y no había sido aplicada. “No hay ningún desarrollo parado. Había un montón con inconvenientes producto de que no cumplían la ley del Ludueña, se habían otorgado los permisos fuera de la ley, y todos se fueron poniendo en regla. Cuando iniciamos la gestión no habían tenido en cuenta la ley, hicieron obras, modificaron los reservorios, y lograron la aprobación”.
En su ofensiva mediática, Santacroce dijo que, además de los de Funes, había numerosos desarrollos parados en el resto de la provincia. Las fuentes consultadas por este medio niegan que sea así. Lo que cambió, aseguran, son las condiciones. “Cuando Pullaro asumió como gobernador, nos encontramos con que nadie esperaba la aprobación de la Provincia; obtenían el permiso para el uso del suelo de una Municipalidad y arrancaban con las obras. Hoy tienen que aprobar los estudios de Recursos Hídricos –trámite que lleva unos seis meses– y el Ministerio de Ambiente da el permiso para iniciar las obras”, precisan.
Aseguran que ingresan unos 300 pedidos por año, un tercio de los cuales, aproximadamente, son desarrollos. “En trámite hay entre 70 y 80. Algunos por la complejidad técnica llevan más tiempo (un desarrollo industrial de 300 hectáreas no es lo mismo que un loteo). La escala cambia el impacto y el tiempo. Pero no hay ninguno parado”.
Otra novedad es que en junio “se cambió la resolución que regulaba loteos y urbanizaciones, se digitalizó todo, ahora es más transparente. Vamos hacia un lugar donde se va a publicar cuáles están aprobados y cuáles no”.
Hay un espacio, sin embargo, que puede prestarse a interpretaciones, y tiene que ver con algunas construcciones que avanzan a pasos agigantados muy cerca del Ludueña. “Hay casos que tenían todo aprobado desde antes y con la autorización de Ambiente para empezar, allí es imposible que la Provincia actúe. No se puede frenar algo que ya tenía aprobación porque eso implicaría una catarata de juicios millonarios contra el Estado”.
Las motivaciones
En el gobierno provincial, quedó dicho, creen que Santacroce empezó la campaña. Ya dijo que le gustaría ser gobernador. Pero no es la única razón que ven detrás de esta embestida, que incluye el reclamo de más obras de infraestructura.
Una de las razones que barajan es inquietante. “Lo que está haciendo el intendente es atajarse. Con lluvias importantes habrá sectores de Funes que tendrán problemas porque hicieron las cosas mal”, describen. “Por eso él dice que la Provincia no hizo obras. Está tratando de construir un escudo por todas las macanas que se mandaron en la Municipalidad. La última lluvia que tuvo la cuenca fue en 2012, nunca más llovió en niveles que pongan a prueba la infraestructura. Este año tendremos el fenómeno de El Niño, que se anuncia muy intenso”, completan la idea. Y rematan: “Está tratando de despegarse”.
Hay otra especulación que formulan, y tiene cierta carga de malicia. “También podríamos pensar que busca culpables porque tal vez la Municipalidad cobró la plusvalía por adelantado de los desarrollos y tiene que reintegrar el dinero. Pero no sabemos si es así o no”.
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