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Política

El árbol que tapa el bosque: un caso que tiene como trasfondo la protección política y policial al narcotráfico

El comisario inspector Gustavo Pereyra recién salía a correr cuando se dio cuenta que tenía una llamada perdida en el celular. Ana Viglione, la jefa de la Secretaría de Delitos Complejos, quería verlo de inmediato en la Jefatura de Policía de Rosario. Con 25 años de antigüedad en la fuerza, Pereyra intuyó que la funcionaria no tenía buenas noticias para darle.

—Parece que el bueno terminó en malo, y el malo terminó en bueno —dijo Viglione, cuando el comisario se presentó a la cita.

Pereyra no necesitó que le explicara el trabalenguas: Viglione se refería a la sorda puja que mantenía con Cristian “Carancho” Romero, el jefe de la División Judiciales.

—Hay una orden de detención para usted —agregó.

Esa mañana del 5 de junio de 2013 comenzaba una historia que recién podría despejarse esta semana, al cabo de una década. Viglione y Andrés Ignacio Ferrato, entonces subsecretario de Investigación Criminal, enfrentan desde este lunes un juicio por falso testimonio por negar las órdenes impartidas a Pereyra para investigar a policías y civiles involucrados en el narcotráfico.

El falso testimonio imputado, sin embargo, es un detalle menor en el contexto del testimonio de Pereyra sobre la presunta protección política y policial al narcotráfico en una etapa crucial de la historia reciente. El comisario declaró al respecto durante los juicios a Los Monos y a Esteban Alvarado y en el curso de varias indagatorias, pero esos hechos no son materia de juicio.



El mundo al revés


Conocido como Gula, un apodo que alentó sospechas en su contra, Pereyra era un rara avis en el universo policial. Se definía como un policía por vocación, porque tenía un buen pasar económico y no necesitaba asegurarse una fuente de trabajo como la mayoría de sus compañeros. Entre otros ingresos derivados de su familia, contaba con el alquiler del bar y restaurante Wembley. “Nunca recibí dinero ni dádivas para apartarme de mi función”, dijo.

En diciembre de 2012 Pereyra fue convocado para sumarse a la Secretaría de Delitos Complejos, creada como consecuencia del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero y la ola de violencia que desató. Viglione y Ferrato le encargaron formar un grupo de trabajo que investigaría bandas narcocriminales integradas por policías y civiles.

Pereyra no tenía antecedentes en actividades de inteligencia: hasta entonces su carrera había transcurrido en áreas de la Agrupación Cuerpos y en Seguridad Rural. Su mayor virtud consistía en estar desvinculado de las bandas policiales organizadas en la Dirección de Drogas, que por entonces explotaba la venta al menudeo según un sistema de abonos descripto en 2022 por el arrepentido Ignacio Actis Caporale.

La inexperiencia no impidió que Pereyra documentara averiguaciones sobre Los Monos, la banda de Alvarado y casos de corrupción policial. Pero al final le salió cara. En busca de alguien que conociera la calle había reclutado para su equipo a Juan “Chavo” Maciel, un suboficial al servicio de Los Monos por el cual llegaría imputado como miembro de la banda en el juicio contra Ariel “Guille” Cantero, Ramón Machuca y compañía.

Pereyra fue absuelto en el juicio. No hubo ninguna prueba en su contra y las escuchas telefónicas entre Machuca y el policía Mono revelaron que el suboficial se valía de su posición junto al comisario y de su función en Delitos Complejos para mantener informada a la banda. La caída en desgracia, en realidad, fue una operación de la División Judiciales que contó con respaldo judicial y mediático.

El equipo de Pereyra en Delitos Complejos no hizo tareas operativas. Se dedicó a averiguaciones pautadas por sus jefes, que registró en video y fotografías y transcribió en correos electrónicos. Entre el 6 de diciembre de 2012 y los primeros días de junio de 2013 filmaron búnkers, recogieron información sobre diversas bandas y testimonios de la complicidad policial con Luis Medina, al que los policías de Judiciales llamaban Luz Mar.

Las fricciones con Judiciales comenzaron apenas Pereyra notó que Romero y su segundo Luis Quevertoque no solo hacían allanamientos con la información que él transmitía a sus jefes, sino que explotaban esos datos para “hacer recaudación”. Viglione pivoteaba entre unos y otros: “Le estoy dando oxígeno a quien no se lo merece”, respondió ante los reclamos de Gula.

El desenlace del conflicto se produjo cuando Pereyra comunicó el informe de un comisario de San Javier que involucraba a dos policías de Judiciales en la recepción de drogas en zona rural de Helvecia y en su traslado a Rosario. Mientras el informe “quedó en la nada luego de pasar a Asuntos Internos”, Pereyra fue acusado de complicidad con Los Monos.

En ese mundo al revés el comisario que investigó a los narcos fue presentado ante los medios como “la cara de la corrupción” mientras los policías que trataron de favorecer a Alvarado en su disputa con Los Monos se exhibieron como investigadores del crimen organizado. “Había que sostener a la Brigada de Judiciales para darle una respuesta a la sociedad. Por eso pasé ocho meses detenido”, dijo Pereyra durante el juicio al que llegó como acusado.

En el juicio a Los Monos, el ex policía y actual prófugo de la Justicia Juan José Raffo dijo que desconocía al resto de los acusados salvo a Pereyra “con el cual mantengo una amistad personal desde hace dieciocho años”. Sin embargo el hermano de Raffo participó en la campaña contra el comisario: “Un muchacho policía en disponibilidad con problemas de adicciones me hizo una denuncia en Asuntos Internos, previa dádiva —declaró Pereyra—. El diario La Capital puso que se había constatado que yo salía de mi lugar de detención y que andaba por Pueblo Esther. El mismo juzgado desestimó la denuncia”.


Dos líneas de acción


Viglione y Ferrato desconocieron las órdenes que invocó Pereyra al declarar ante el juez Juan Carlos Vienna en la instrucción de la causa contra Los Monos, y del incidente deriva el juicio que comienza hoy y tendrá su resolución el 14 de febrero. Según los ex funcionarios la misión asignada habría sido investigar desarmaderos de autos, pago de coimas y circulación de armas, pero no asuntos que eran de competencia federal.

Además de conservar los correos electrónicos, el comisario también acusó a su par Betina Gobernatori, pero la policía no llega al juicio: “Gobernatori faltó a la verdad. Estaba presente cuando yo le entregaba a Ferrato fotografías y filmaciones sobre distintos búnkers”.

La Justicia no se apuró. La audiencia preliminar se remonta a diciembre de 2018, cuando el fiscal Aníbal Vescovo imputó a los ex funcionarios por falso testimonio y adelantó que pediría 3 años de prisión y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pereyra, ahora querellante y representado por los abogados Alberto Tortajada y Sergio Larrubia, reclama 5 años de cárcel para los acusados.

Siguiendo instrucciones, Pereyra tomó fotos del complejo deportivo que construía David Delfín Zacarías con el visto bueno de los concejales de San Lorenzo, investigó la casaquinta de los Cantero en Pérez que tenía como dato de color una piscina con la forma del ratón Mickey e hizo seguimientos del ciudadano polaco Slawmir Andrzej Polus, alias El Francés, en Granadero Baigorria. Pero lo más significativo no es el presunto falso testimonio de sus jefes sino las averiguaciones que documentaron la protección policial a los narcos.


Pereyra puso en conocimiento de los funcionarios políticos, entre otros datos:

— Los vínculos de Esteban Alvarado con los policías Javier Makhat y Cristian “Chamuyo” Di Franco. Señaló a Makhat —jefe de Inteligencia de Drogas— como “soldadito de Alvarado”.

— La entrega de terrenos en Roldán por parte de Alvarado a Makhat, Di Franco y al también policía Gonzalo “Chino” Paz. “Todo confluía en la Unidad Regional XVII. Tanto la droga como los vehículos (robados) venían de San Lorenzo”, recordó Pereyra en el juicio de 2022.

— La protección dispensada por la policía de San Lorenzo a Luis Paz, el padre de Martín “Fantasma” Paz, cuando había instalado una cocina de drogas en Carcarañá.

— La recaudación clandestina que el ex comisario Alejandro Druetta, entonces en Venado Tuerto, invocaba con destino a la política. “Se reunían en una localidad cordobesa porque no le tenían confianza a Druetta”, indicó Pereyra durante el juicio a Los Monos.

— El nexo de la policía corrupta de Judiciales con los entonces jefes de la policía de Santa Fe, Omar Odriozola y Raúl Ardiles, a quienes reportaba en forma directa.

Pereyra obtuvo la falta de mérito y fue en principio sobreseído, pero el juez de apelación Daniel Acosta revocó ese fallo el 8 de septiembre de 2014 “desconociendo el por qué, toda vez que la resolución no dice nada”, según el abogado Tortajada. El comisario fue procesado por la entonces jueza Alejandra Rodenas —“dijo que yo tenía una relación fluida con el señor Machuca, a quien conocí en el juicio”— y terminó absuelto al cabo de la ordalía, pero los policías que complotaron en su contra quedaron impunes.

“Se le escapa un delincuente de la Alcaidía y a (Cristian) Romero no le pasa nada. Filman a integrantes de la brigada recibiendo plata y a Romero no le pasa nada”, se quejó Pereyra durante el juicio a Los Monos. Y en el juicio contra Alvarado cargó contra Betina Gobernatori, entonces subjefa de la policía de Rosario: “Tuvo un ascenso vertiginoso. Premiaron a una persona que miente frente a un Tribunal”.

Las revelaciones de Pereyra se condensan en un par de frases que no dejó de repetir en el transcurso de una década sin que nadie le pidiera explicaciones: “Políticamente había dos líneas, una que quería recaudar y otra que no quería recaudar. Ganó una y sacrificaron a los peones”. Pero ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír.


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