El debate parlamentario que derivó en la sanción de la ordenanza de alcoholemia cero puso en el centro de la discusión la conformación de las comisiones del Concejo y las diversas internas que se viven dentro de los bloques mayoritarios. Quienes no conforman el acuerdo político que gobierna el Palacio Vasallo desde diciembre de 2019 piden “abrir el juego” y advierten que esa maniobra puede volverse en contra del Ejecutivo de cara a las discusiones centrales que se vienen, como el nuevo Código de Convivencia. Mientras tanto, desde adentro minimizaron el debate: “Las comisiones tienen una conformación que es coyuntural”.
El proyecto de alcohol cero al volante, fuertemente impulsado por el oficialismo, permanecía trabado en la comisión de Obras Públicas con cuatro votos en contra (Agapito Blanco, Marcelo Megna, Anita Martínez y Germana Figueroa Casas) y tres a favor (Jésica Pellegrini, Lisandro Zeno y Marina Magnani). En líneas generales, las distintas vertientes del macrismo y sus aliados manifestaron su apoyo a la iniciativa desde lo conceptual, pero disintiendo en las formas de implementarlo: reclamaban mayores controles, sanciones más duras y campañas de concientización vial. No una baja en la tolerancia de ingesta permitida.
Sin embargo, Blanco, que preside la comisión, cambió su postura: tras acordar algunas modificaciones del expediente junto a su autora, María Eugenia Schmuck, anunció su “voto en disidencia” para habilitar que el proyecto llegue al recinto. Como esa figura no existe en las comisiones su voto terminó siendo favorable, aunque haya dejado en claro su desacuerdo con la norma.
El cambio de parecer generó críticas y dejó expuesto que el acuerdo que rige en el Concejo ensancha aún más la interna entre Cambiemos (Roy López Molina, Agapito Blanco) y Marcelo Megna (Unión Cívica Radical) —con un perfil más dialoguista hacia el oficialismo—, y Juntos por el Cambio (Alejandro Rosselló, Carlos Cardozo, Germana Figueroa Casas, Ana Laura Martínez) y Daniela León (Unión Cívica Radical-Juntos por el Cambio), quienes quedaron por fuera de ese pacto. No obstante, con el expediente en el recinto, y los votos dados para la aprobación, todos ellos votaron en contra de la iniciativa.
El acuerdo
“El funcionamiento de las comisiones está marcado por el acuerdo político mayoritario que se gestó entre el oficialismo en diciembre de 2019 y distintos sectores”, aseguró a Suma Política el edil del Frente de Todos Eduardo Toniolli. El acuerdo en cuestión refiere a la sintonía que logró el intendente Pablo Javkin no sólo para encauzar las diversas corrientes del Frente Progresista, sino para que fuerzas variopintas como Cambiemos, Ciudad Futura, Iniciativa Popular y La Cámpora, terminen acompañando proyectos de relevancia para el oficialismo. El Frente de Todos se diferenció de esos consensos.
Para el dirigente justicialista eso terminó marcando el reparto de comisiones “dándole sobrerrepresentación a algunos sectores y a otros sacándonos de la cancha en las comisiones más importantes”, como Gobierno, Obras Públicas, Planeamiento y Presupuesto. “Son las reglas del juego del reparto que surgió de este acuerdo político y eso ha marcado debates importantes en el Concejo Municipal”, remarcó.
Desde el justicialismo sostienen que este entramado hace que las posturas opositoras no puedan ser tratadas en el seno de las comisiones, donde se pueden introducir modificaciones en proyectos importantes para la ciudad. Sin embargo, para Toniolli este acuerdo también tiene sus limitaciones para el oficialismo, y eso quedó marcado en la obstaculización que tuvo el tratamiento de la alcoholemia cero en la comisión de Obras Públicas, donde el PRO ocupaba cuatro bancas de siete.
“Tuvieron que hacer un artillerismo, una alquimia, inventando la figura del voto en disidencia para que un sector aliado de ellos, que se oponía a la iniciativa, termine habilitando el tratamiento. Si hubiera una representación más equilibrada de sectores en las comisiones ese proyecto hubiera estado mucho antes en el recinto”, aseguró el concejal peronista.
La curiosidad se da en que mientras desde el Frente de Todos cuestionan que el acuerdo termina generando la sobrerrepresentación de espacios como el PRO en determinadas comisiones, desde Juntos por el Cambio también expresaron su rechazo al pacto pero a la inversa: sostienen que su bloque debería contar con más firmas de las que tiene. Para el presidente del bloque, Alejandro Rosselló, la conformación de las comisiones “viola la representación institucional”.
“El acuerdo que se logró en el Concejo Municipal no logra incluir a todos los concejales y viola esa representación, que no es más que respetar el sistema de mayorías que la gente eligió con su voto. Nosotros fuimos críticos porque no integramos las comisiones que teníamos que integrar y la verdad que eso genera tensión por no respetar esa conformación institucional que es el reflejo del voto de la gente”, marcó el concejal de Juntos por el Cambio.
Al igual que lo manifestado por el Frente de Todos, para Rosselló el lugar de expresión donde se plasman las diferencias termina siendo el recinto: “Hay comisiones en las que nosotros no tenemos concejales. Pero no hacemos distinción en la importancia de cada comisión. Sí decimos que la cantidad de firmas que a nosotros nos corresponden en esas comisiones, no las tenemos. Lo que nos obliga a dar la discusión en el recinto”.
Fragmentaciones y subdivisiones
Roy López Molina, presidente del bloque Cambiemos, señaló que las comisiones sirven para “ordenar el trabajo del cuerpo” y recordó que tienen una conformación “coyuntural”. Si bien coincidió en que la comisión de Obras Públicas puede haber sobrerrepresentación de un espacio “más allá de sus líneas internas”, recordó que en otras comisiones estratégicas, como Presupuesto, su bloque no tiene representación.
“La conformación del Concejo tiene que ver con los equilibrios que se consiguen en un momento dado, que es el día de la elección de autoridades. Esa es la foto, después comienza la película. Y en esa película los equilibrios van variando en función de los debates que se generan”, evaluó.
Asimismo minimizó la idea de “acuerdo político” con el oficialismo. “De ser así nosotros tendríamos que haber votado a favor la ordenanza de alcoholemia cero. Y la verdad que si algo hicimos fue expresarnos en contra”, le dijo a Suma Política. Al mismo tiempo aseguró que nunca votó ningún proyecto “que ponga en crisis” su identidad política: “Y te aseguro que todos pueden decir lo mismo. Ahora, obviamente que en la conformación de una estructura de conducción algunos ganan y algunos pierden. Siempre ha pasado. El problema es seguir sangrando por la herida”.
No obstante, para López Molina el desafío sigue siendo cómo lograr consensos dentro de un Concejo tan fragmentado desde lo político, algo que atribuyó al sistema electoral de boleta única. Pero remarcó que, aún en ese contexto, los temas de relevancia siempre tuvieron un tratamiento acorde: “Si uno repasa las votaciones te vas a encontrar con que los votos que acompañan los proyectos siempre son distintos y se agrupan según el proyecto. Pero hay muchos que no hacen esa tarea”.
Marina Magnani (La Cámpora) evaluó que el planteo sobre la representación en comisiones tiene que ver con rupturas internas posteriores a la elección de autoridades y el armado de las comisiones. “Los bloques que reclaman esto son mayoritarios y tienen representación en todas las comisiones. Que después eventualmente ellos hayan subdividido sus espacios te modifica el esquema. Pero originariamente eran bloques unificados”, explicó.
La concejala se refirió en concreto a las formulaciones de Juntos por el Cambio: “En su momento todos tenían una representación, pero luego se dividen y entonces se considera que la representación no es equitativa. Si vos analizás las comisiones vas a ver que Juntos por el Cambio está en todas porque sigue siendo el bloque mayoritario del Concejo, además de tener el peso numérico en el recinto”.
En cuanto a los planteos que vienen desde el propio peronismo, la edil recordó que el Frente de Todos también participó de la elección de autoridades: “Eligieron a la misma presidenta que nosotros (Schmuck). Después se dio una discusión por los otros cargos. Pero el esquema general ellos lo votaron”.
Las diferencias internas dentro del peronismo quedaron marcadas en lo que fue la declaración de emergencia en el transporte. Según explicó Magnani la decisión de acompañar al Ejecutivo tuvo que ver con mantener la misma postura que se había fijado a nivel provincial y nacional, en donde el peronismo es gobierno: “Nos parecía francamente una caradurez decirle que no a un intendente en la declaración de emergencia, cuando los diputados se la habían votado al gobierno nacional y al gobierno provincial, en medio de una pandemia”.
“Salvo en ese tema, donde había una cuestión de fondo, a mí no me parece tan claro este acuerdo del que se habla. Yo no voto igual que Roy (López Molina). No se cómo leen ellos las votaciones. Pero Roy hoy está votando a favor de Maxim y Uber. Yo no voto a favor de ellos”, sentenció.
Lo que se viene
Una de las normativas más importantes que tendrá lugar a lo largo de este año en el Concejo pasa por la sanción del nuevo Código de Convivencia que ya fue enviado desde el Ejecutivo. La normativa promete un largo y amplio tratamiento en comisiones, donde se buscará consensuar el mejor proyecto posible para actualizar el vigente Código de Faltas. En ese contexto, la “apertura” de las comisiones es uno de los debates que se viene.
“Cuando hablamos de apertura nos referimos a generar primero las condiciones para que puedan ser incorporadas otras miradas en comisiones en donde no estamos por ese acuerdo. Las miradas en algunos debates trascendentes, que tienen que pasar sí o sí por Planeamiento y por Gobierno, muchas veces no aparecen incorporadas, no ha habido voluntad de incorporarlas”, remarcó Toniolli.
Para el concejal justicialista el Código de Convivencia va a poner en debate temáticas sensibles y por eso la importancia de abrir el juego y evitar la sobrerrepresentación: “Algunos de estos sectores piensan y quieren hacernos creer que el problema más importante que tenemos los rosarinos son los limpiavidrios o los cuidacoches. Y para nosotros las mafias, como les dicen ellos, son personas que llevan adelante actividades en la marginalidad y actividades de supervivencia”.
Rosselló consideró que esta normativa “tiene que generar la pacificación social. Creo que tiene que ser una herramienta legislativa de aplicación práctica, aplicable, que se pueda materializar y sobre todo que al ejecutivo le sirva para controlar y sancionar”, manifestó. “Necesitamos entender que en Rosario no se puede hacer lo que cada uno quiere y que eso no tenga consecuencia. Tiene que ser una herramienta ordenadora de las conductas sociales”, añadió.
En una línea similar se paró López Molina, recordando que el Código de Faltas actual data de hace varias décadas: “En el año 80 vos te ibas a Pichincha, dejabas el auto y nadie te pedía 200 pesos por dejarlo. Hoy sí, y eso tiene que ser abordado por el municipio”.
Por eso lo calificó como un “debate central” en dos aspectos: uno vinculado a la actualización del abanico de faltas a sancionar y otro la redefinición del rol que va a tener la Justicia de Faltas: “Hoy es el brazo ejecutor de la intendencia porque así lo establecen ordenanzas que son muy viejas. Yo soy de la idea de que se parezca más a una Justicia Municipal que al carácter administrativo que hoy tiene”.
Magnani adelantó que el proyecto del Ejecutivo “va a tener muchas modificaciones” porque ya hay varias propuestas de distintos concejales para incorporar las perspectivas de sus bloques. Pero señaló que en líneas generales “está bastante en sintonía” con los planteos que se venían haciendo, como la de incorporar una actitud “más activa” del Municipio en algunos conflictos o la contemplación de sanciones para el acoso callejero contra las mujeres que suponen “un rasgo de época”.
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