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Sociedad

El caso Sandra Cabrera: a 20 años de un crimen impune que anticipó la saga de violencia urbana que vino después

El 27 de enero de 2004, el ruido del timbre despertó al dueño de una casa de Iriondo al 600, a pocas cuadras de la Terminal de Ómnibus de Rosario. Eran las ocho. La casa era de ladrillos vistos y para llegar a la entrada había que subir una pequeña escalera. Cuando el hombre abrió la puerta, vio a una policía y dos albañiles. A sus pies había un cuerpo: era una mujer grandota, con el pelo negro, largo y lleno de rulos. Tenía los pantalones bajos y un tiro en la nuca. Sobre la vereda, a pocos metros, se divisaba el envoltorio abierto de un preservativo Camaleón y una colilla de cigarrillo. El señor no entendía nada. Los albañiles, que habían encontrado el cuerpo yendo a trabajar, tampoco. Pero la policía reconoció a la mujer casi al instante. Era Sandra Cabrera, una trabajadora sexual de la zona y dirigente sindical, que venía denunciando sistemáticamente la violencia y corrupción policial. 

La investigación judicial por el asesinato de Sandra Cabrera derivó en la imputación por homicidio de un policía federal de la división de Drogas Peligrosas. Se llamaba Diego Parvluczyk y mantenía un vínculo con la trabajadora sexual. El entorno de la dirigente lo identificó como su amante desde hacía casi cuatro años. Sus amigas y compañeras sostuvieron desde el principio que era una relación compleja pero que al fin de cuentas Sandra estaba enamorada. El agente, que estaba casado, aseguró que Cabrera era su informante y que los encuentros sexuales entre ellos fueron pocos y casuales. Parvluczyk estuvo detenido algunos meses y finalmente quedó en libertad. Pasaron 20 años y todavía no existe la justicia para este crimen que anticipó y de algún modo preanunció una saga de violencia urbana y crímenes con tintes mafiosos en los barrios de Rosario. 

Los rosarinos no estaban acostumbrados a este tipo de muertes. La violencia urbana tal como se la sufre en los últimos años no existía en 2004. El frente de la casa de Iriondo al 600 era una escena mal armada para aparentar que la había matado un cliente, pero el cuerpo de Sandra y el contexto en que la asesinaron decía a los gritos que se trataba de un crimen mafioso. Algo inédito, todavía, en el siglo. Nadie aparecía muerto de un tiro por la espalda después de denunciar a la policía en aquellos años. 

Mientras la causa estuvo activa, aparecieron todos los condimentos para bajar los humos y convertir a Sandra en la mala víctima: presunta buchona de la cana, presunta consumidora y comerciante de drogas, puta callejera y amante de un policía. Y también aparecieron todas las pistas para que, con el paso de los años, se pueda leer al crimen dentro de una saga con ciertos factores en común. Los principales: el tráfico de drogas y la corrupción policial. 


Un cuerpo y un mensaje


La periodista Silvina Tamous lo recuerda como uno de los primeros hechos mafiosos conmocionantes de los 2000. “Fue un caso más parecido a lo que iban a ser los crímenes que vinieron después en Rosario”, consideró la cronista de policiales. También hace una aclaración: el cuerpo de Sandra no se ve enseguida como un cuerpo vinculado a la droga, como no solía vincularse a ninguno de los muertos de aquellos años. Al principio, dice Tamous, no era más que el crimen de una prostituta. “El caso se termina solidificando como un caso a investigar gracias a las luchas de la sociedad civil”. 

El dato no es menor. Sandra Cabrera era la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) Rosario, el gremio de las trabajadoras sexuales. Y Ammar estaba nucleado en la CTA. Todos los días Sandra iba a su oficina en la ahora sede de ATE y compartía con dirigentes sindicales y sociales de distintos ámbitos. Cuando murió, fueron estas organizaciones las que impulsaron movilizaciones masivas en reclamo de justicia. No habían matado a cualquiera. 



Matilde Bruera, ex Defensora Pública y abogada, destaca eso. En aquel momento no había en Rosario una alta tasa de homicidios y dentro de lo que sucedía no se veía lo que irrumpió ese 27 de enero: el asesinato de una persona conocida que se comete expresamente para enviar un mensaje. Y es que más allá del desarrollo del comercio de drogas, lo que no se había desatado era la violencia entre las economías delictivas. Lo que no era descabellado era pensar que en el ámbito de la corrupción policial había disputas por la hegemonía del mercado. “La corrupción es un mercado. Y sobre todo, la corrupción vinculada a las economías delictivas. Y siempre hubo disputas entre bandas policiales”, sostiene la mujer. 

Según enumera Bruera, a Cabrera se la vincula con el narcotráfico sobre todo por su vinculación con un policía federal que trabajaba en Drogas Peligrosas. Y además, porque en el ámbito de la prostitución había personas vinculadas al menudeo. La abogada condensa todo en una idea: este crimen se vincula sobre todo al delito. “Ya fuera por las denuncias públicas que hacía, porque habrá estado vinculada al tráfico de droga o porque habrá estado vinculada a evitarlo en su ámbito”, apunta. 


El primer asesinato narcopolicial del siglo 


El diputado provincial y periodista Carlos Del Frade leyó el expediente del caso cuatro años después del asesinato y llegó a una conclusión categórica: el de Sandra Cabrera es el primer asesinato narco policial del siglo XXI en Rosario. “Después de esa lectura definimos que a Sandra la mataron, entre otras cosas, por estar con un policía federal que estaba en medio del debate sobre quién manejaba la droga que incautaba la policía, si solamente era la Federal o también la provincial”, explicó. “Estaba claro que la policía vendía droga, la policía que supuestamente debía evitarlo, y Sandra fue víctima de ese contexto”. 

Para Del Frade, la investigación judicial, que tuvo al frente al juez de instrucción Carlos Carbone, refleja que el asesinato de Sandra es la consecuencia “de una lucha por territorio de los nichos corruptos de la policía, que hasta ese momento parecía manejar la distribución, por lo menos en determinada zona de Rosario, para el narcomenudeo”. 

“Fue realmente impactante, y marcó de hecho un silenciamiento que duró hasta 2012, cuando se produce el triple crimen de Villa Moreno y se vuelve a hablar de lo narco policial. Pero ya en el 2004 se había establecido en ese expediente que había nichos de corrupción de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que manejaban la droga y obligaban a las trabajadoras sexuales de la zona de la Terminal a venderla”, sostuvo. 


La vida contra la corrupción


Sandra Cabrera venía de un año álgido. Su protagonismo en el sindicalismo local, como secretaria general de la Ammar Rosario dentro de la CTA, era indiscutido y estaba ya legitimado en los medios de comunicación y en las calles de Rosario. En 2003 avanzó contra la División de Moralidad Pública de la Policía de Santa Fe denunciando que le cobraban coimas para dejarlas trabajar.

Esa era el área de la Policía encargada de aplicar los artículos del Código de Faltas que penaban la prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor. A las trabajadoras sexuales les implicaba entre tres y treinta días detenidas. En ese lapso perdían sus pertenencias, su trabajo, su techo e incluso a sus hijos. La decisión de llevarlas presas dependía de cada agente y tenía, además, un precio. Contra eso fue Sandra. 

Pero además denunció la connivencia entre Moralidad y los dueños de cabarets y whiskerías de la zona de la Terminal. El arreglo era que no hubiera trabajadoras sexuales en la calle para que los potenciales clientes ingresaran a sus locales. Adentro corría la droga y la trata. Contra eso también fue Sandra. 

En septiembre de 2003, las denuncias de Cabrera hicieron caer a toda la cúpula de Moralidad. Y dos días antes del asesinato, la sindicalista había vuelto a denunciar a un agente que, pese a que ya no trabajaba en el área, le seguía cobrando coimas a las prostitutas bajo amenaza. Un día después de que la mataran, el gobierno de la provincia disolvió la División. 


Carlos del Frade, Silvina Tamous y Carlos Varela

Las cajas se mueven


Si se miran los hechos a lo lejos, es decir, veinte años más tarde, se puede ver con claridad que todo estaba en movimiento. Las cajas de recaudación históricas de la policía se iban transformando. Por un lado, se disolvía el área que recaudaba de la prostitución. Por el otro, las leyes provinciales le iban abriendo camino a los casinos y con eso caía la caja del juego ilegal. El escenario de a poco se abría al más espectacular y violento de los negocios: el de la comercialización de estupefacientes. 

“Son dos cajas las que se cierran casi a la vez: la de las mujeres que trabajaban en la calle y la de la gente levantando quiniela, como se dice habitualmente en los barrios. La llegada del casino y la muerte de Sandra Cabrera secan esas cajas. No eran ya un lugar donde manotear y aparece con más fuerza la caja de la droga”, contextualiza Tamous. 

Carlos Del Frade le pone fecha: en 2007 México deja de importar efedrina y Argentina se transforma en la proveedora de esta droga para el narco mexicano. El país ingresó así al negocio del tráfico de drogas y Rosario, a través del puerto, se transforma en una importante plataforma de exportación, pero también de consumo. “Hasta esa fecha, todo lo demás tenía que ver con las cajas negras policiales. Pero con el asesinanto de Sandra Cabrera, lo que empieza a aparecer es esa caja fundamental, ese flujo de dinero constante y permanente que es el consumo y el narcomenudeo”, sostiene el diputado. 

Para Tamous, no se trata solamente de que en Rosario se empiece a cocinar la droga. Después de la crisis llegó la reactivación económica y aparecía más plata para el consumo, incluido el de drogas. “La caja de las drogas pasa a ser absolutamente deseable para la recaudación. Porque no es la única, pero sí se transforma en la más importante”.  

Carlos Varela es un reconocido abogado penalista de Rosario y fue el defensor de Diego Parvluczyk en la causa por el asesinato de Sandra Cabrera. Si tiene que describir el comercio de drogas de hace 20 años, asegura que rozaba lo naif y le pasaba bastante lejos a la violencia. “Los actores violentos, el mundo delictual, lo usaban como para distraerse. Consumían droga, no es que lo usaban como negocio. A lo sumo de vez en cuando hacían de pata de plomo de algún vendedor de droga. Después advierten que la droga era superavitaria. Lo que cambia todo, pero brutalmente, es el flujo de guita que empieza a haber con el manejo de la droga. Entonces estos tipos violentos migraron a ese negocio. Y pasa lo que pasó”, relata. 


La política asustada


Varela está convencido de que el caso puso a la luz la inoperancia política. Una inoperancia que continuó trayendo consecuencias en materia de inseguridad. “Si hubiera habido expertise o eficacia en el control policial, todo lo que pasó en Rosario no hubiese ocurrido. Y si pasó es precisamente por eso: porque pasó quizás de la negligencia a la complicidad, se pasó de errores o yerros por inoperancia al no descubrimiento o averiguación de la verdad por complicidad o connivencia”. 

El abogado no descarta tampoco que el caso haya sido el inicio de algo. O el indicio: de esos movimientos en las cajas de recaudación, de esos flujos de dinero que iban a mutar, de esa inoperancia que iba a desencadenar en violencia. 

“Una muerte en la noche, con un disparo en la nuca, de una persona que era conocida en el ambiente periodístico por su actividad sindical lo primero que genera es pánico en el poder político para que no tenga repercusión. Eso fue quizá como el inicio de la trascendencia de la policía a las páginas de lo que es la política”.  Y como abogado defensor, sostiene que la detención del policía federal no fue más que una forma de “calmar las aguas en el fuego inicial que se había propagado respecto de la responsabilidad policial y como reflejo directo del poder político”.


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