Como ocurrió en anteriores períodos de desindustrialización, la provincia de Santa Fe está a punto de perder otra rama fabril. Tres años después de un primer frustrado intento, Dow Química anunció intempestivamente el cierre de su planta de Puerto San Martín, única fábrica de polioles y derivados del país. La decisión no solo destruirá 120 puestos de trabajo sino que obligará a las empresas locales a importar un insumo clave para la industria de colchones, farmacéutica, autopartista, de refrigeración, construcción, calzado, pintura y minería. Serán provistos desde otras unidades productivas de la compañía en el exterior, probablemente de Brasil.
La decisión de la empresa no obedece a una situación de crisis sino a una estrategia global. “Nada tiene que ver con el contexto actual de la Argentina ni de la provincia de Santa Fe en particular, la unidad productiva de San Lorenzo estuvo operando a bajas tasas de utilización como resultado de la marcada y constante retracción de la demanda de poliuretanos en todo el mundo”, señalaron en un comunicado difundido el viernes de la semana pasada, aclarando que ya habían cesado operaciones en fábricas de este tipo en América del Norte, Europa y Asia, y que mantenían su posición en la planta de etileno y polietileno “de clase mundial” en Bahía Blanca.
Horas antes, los trabajadores que cumplían su turno en la planta de Puerto San Martín se sorprendieron por el desembarco de personal directivo de Dow, junto a personal de seguridad. “De forma intempestiva ingresaron los directivos con personal de seguridad y anunciaron el cierre definitivo de la planta, que el año pasado trabajó a full”, contó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu), Mauricio Brizuela.
El pasado que vuelve
Fue un deja vu. Tres años antes, aproximadamente en la misma época, el gremio batallaba junto a funcionarios nacionales y provinciales para evitar que se concretara una decisión similar a la tomada ahora. Una lucha de varios meses, encabezada por los trabajadores de ese sindicato emblemático del cordón, logró torcer el destino. Fue clave la intervención del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Como parece ocurrir ahora, la idea de que es imposible torcer la decisión de una gran multinacional, que además no escatima propuestas indemnizatorias, domina las primeras reacciones de las autoridades políticas. Pero la resistencia fue rápida en aquel entonces y, tras algunos chispazos, encontró pronto su cauce en la gestión que encabezó Matías Kulfas, quien estaba al frente del ministerio en ese momento.
De 2021 a 2024 pasó mucho más que el tiempo. Había un gobierno nacional que incluía el desarrollo industrial en su programa económico y la actividad empezaba a volar después de la pandemia para dar forma a los primeros dos años de crecimiento en una década. También a los dos últimos, hasta ahora.
En ese contexto se jugó la carta de presionar a la empresa para que vendiera la fábrica, una alternativa que Dow se negó y se niega a recorrer por cuestiones de competencia. O más bien de no competencia. “No quieren vender su planta para no transferir la tecnología, y porque son monopolio, van a traer los productos de Brasil pero eso va a encarecer el costo y va a sacar del mercado a muchas pymes”, explicó Brizuela, del Soepu.
En aquel momento, Desarrollo Productivo encontró una llave para evitar el cierre, presentando ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia para que se investigue a Dow por presunto abuso de posición dominante en el mercado del poliuretano. El organismo ordenó a la empresa “no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos” de la planta, al considerar que “la pérdida de recursos económicos ante la destrucción innecesaria de los factores productivos conlleva un aumento de los costos de entrada de nuevos competidores, un aumento en los costos de transacción para la adquisición de los productos que dejan de fabricarse en nuestro país, y una afectación directa en el mercado laboral”. Ese dictamen facilitó la apertura de una mesa de competitividad a la que se sentaron empresarios, funcionarios y trabajadores.
Fue en octubre, pero de 2021, cuando las autoridades de Dow anunciaron “el retiro de la decisión de cierre, el compromiso de la empresa con el país y la buena predisposición de las partes involucradas para avanzar en un diálogo constructivo”. Eran otros tiempos. Había un Ministerio de Desarrollo Productivo en la Nación. Hoy la política de ese nivel de gobierno no parece enfocada en salvar industrias.
La conciliación
El Ministerio de Trabajo de la provincia sí se movió rápido. El mismo viernes dictó la conciliación obligatoria hasta el 14 de octubre, lo que obliga a suspender cualquier medida tomada por la empresa y por el sindicato. Los representantes de Dow acataron aunque ratificaron su decisión de cerrar esa unidad productiva. El miércoles pasado, la conciliación se transformó en voluntaria durante una audiencia en la que la empresa sí aceptó retomar a cuatro trabajadores para que realicen tareas puntuales de mantenimiento.
Es que el peligro ambiental es uno de los que encierra la decisión abrupta del cierre, tal como lo advirtió el sindicato desde el primer día. El establecimiento contiene productos inflamables, como 200 toneladas de óxidos de propileno y 50 toneladas de Dowanol PM. “La empresa dejó la planta sin la guardia mínima de trabajadores capacitados, lo que genera un grave riesgo para la población de la zona”, señaló Brizuela. El Ministerio de Trabajo decidió, además, que una comisión de higiene y seguridad inspeccione la fábrica.
Mientras esperan una nueva audiencia en la sede de la cartera laboral, prevista para el próximo martes, los trabajadores siguen apostados frente a la planta para “controlar que no la vacíen ni desmantelen”. Así lo indicó el secretario general del Soepu, que también pidió una reunión con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, ya que “no es sólo una cuestión laboral, es una cuestión de fabricación de un producto único en el país, que habrá que importar”.
“Planteamos la importancia de que se siga produciendo en esta planta, tanto el Ministerio como la provincia deben instar a que la vendan, porque es una planta rentable”, señaló el dirigente, quien agregó que el impacto directo e indirecto del cierre sería de 600 puestos de trabajo, golpeando “fuertemente en la economía regional”.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó que desde la cartera que dirige estuvieron en permanente contacto con los ministros de Trabajo y de Ambiente. Y aseguró que “nadie quiere que una empresa se vaya y todos queremos cuidar la fuente laboral”. Por eso prometió utilizar “todas las herramientas que hay para ayudar a resolver la situación, siempre desde el punto de vista de lo que más le convenga a los trabajadores”. Sin embargo, también admitió que el cierre “es una decisión privada, de una empresa que no solo tiene una planta en Santa Fe sino también en la provincia de Buenos Aires y forma parte de un grupo global”. Y realizó una comparación, quizás no muy alentadora, cuando De Laval cerró la fábrica de equipos para el tambo, en el departamento San Martín. “Eso ocurrió apenas asumimos y trabajamos rápidamente en conjunto con el municipio para relocalizar muchos puestos de trabajo”, recordó.
Expropiación
Desde la Legislatura hay quienes apuestan a recetas más duras. El diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la planta de polioles. Para ello recoge un antecedente del año 2021, cuando el Senado de la provincia aprobó una iniciativa que va en ese mismo sentido. “Recuperamos el texto de la media sanción efectuada por la Cámara de Senadores de la provincia en octubre del año 2021”, dijo. No está claro que esta pelea sea una de las incomodidades que el oficialismo, que domina el escenario parlamentario, se exhibe como dispuesto a transitar.
El Soepu apuesta, de todos modos, a romper la abulia y construir un abanico de solidaridad política e intersectorial. “Hacemos un llamado a las autoridades políticas, a la ciudadanía, a las cámaras empresariales y a todos los actores de la comunidad para que se unan en defensa de la producción local y los derechos de los trabajadores”, subrayaron a través de un comunicado. El martes próximo por la mañana se realizará una mesa de diálogo política sindical en defensa de la industria nacional en la sede del gremio, en San Lorenzo.
Hijo de la petroquímica, el cordón industrial del Gran Rosario, asiste a la posibilidad de perder una de las unidades fabriles que le dieron identidad. Con cada ciclo económico en el que la producción industrial pasa a ser sospechosa, la provincia va dejando alguna rama productiva en el camino. En los 90 dejó de fabricar motores para heladeras y amortiguadores. Entre 2016 y 2019 perdió la refinación de petróleo y la fabricación de llantas, al mismo tiempo que grupos emblemáticos, como Sancor y Vicentin, entraban en crisis. Hoy, luego de un breve e intenso período de reparación, enfrenta otra vez al fantasma del cinturón de óxido.
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