La Oficina del Consumidor solicitará información a la empresa Bauen-Pilay sobre los planes de capitalización y ahorro comercializados en Rosario. Así lo aprobó este jueves el Concejo, por pedido de un grupo de ahorristas que vienen denunciando los incumplimientos de la firma en la entrega de viviendas. La iniciativa además prevé la conformación de un registro de damnificados que busca contabilizar la totalidad de afectados y contribuir al diagnóstico de la situación. En la previa, el debate parecía empantanado y se vivieron momentos de tensión con los vecinos que reclamaban la necesidad de avanzar con medidas urgentes. Incluso el Ejecutivo participó de las negociaciones. Finalmente, el proyecto se aprobó por unanimidad en el recinto. Los damnificados celebraron que el reclamo ahora tenga un “marco institucional” de sostén y seguimiento.
La resolución aprobada este jueves tiene cinco puntos, pero se distribuye en dos grandes ejes. Por un lado, solicitar a la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios que, en el plazo de un mes, le pida a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Bauen Arquitectura SRL, Pilay SA y Pilares SRL “toda la información relevante, general y actualizada sobre el estado de los planes de capitalización y ahorro comercializados en la ciudad de Rosario”.
Entre la información solicitada se exige a las firmas que detallen la cantidad y el tipo de grupos que conforman los planes de capitalización y ahorro; si esos planes se encuentran en estado de espera, fueron adjudicados, están en obra o en posesión, si hay personas que renunciaron al plan o se encuentran en mora; el detalle de las personas que se suscribieron a más de un plan; y cuántos titulares se encuentran en edad jubilatoria o tienen hijos menores de edad.
El segundo eje de la resolución plantea una medida novedosa: la creación de un registro voluntario, estadístico y de seguimiento de los planes de capitalización y ahorro con la finalidad de contribuir al diagnóstico de la situación de los suscriptores y a la tutela de los derechos afectados. La iniciativa —impulsada y peleada por los vecinos— tiene el objetivo de construir el número total de afectados por la situación en la ciudad, un dato que la empresa les viene negando, según denuncian.
El registro comenzará a funcionar el 10 de agosto y deberá incluir los datos personales de las personas inscriptas, el año de suscripción al plan y el grupo de pertenencia, la situación contractual y una caracterización del presunto incumplimiento denunciado. También se deberá dejar constancia de si hay acciones judiciales iniciadas y “cualquier otro requisito que la autoridad de aplicación considere pertinente en virtud de la información aportada por la empresa”.
Negociaciones
El proyecto se aprobó este jueves en el recinto, luego de dos jornadas de intensas negociaciones. El ámbito de discusión fue la comisión de Planeamiento, en conjunto con la de Gobierno, donde el miércoles un grupo importante de ahorristas acudió a la audiencia con el proyecto para crear un registro de damnificados en el ámbito de la Oficina del Consumidor. Los ahorristas presentes manifestaron la urgencia de que el proyecto tuviera despacho y fuera tratado en la sesión del día siguiente, la última previo al receso legislativo de invierno.
El registro tiene sus fundamentos. Actualmente, en la Oficina del Consumidor tramitan unos 70 reclamos vinculados a las demoras o incumplimientos de Bauen-Pilay en la entrega de viviendas. Si bien el número es bajo en comparación con la cantidad que se presume existen en la ciudad, el objetivo de los ahorristas es contar con datos que permitan dimensionar los alcances de la presunta estafa. Por otro lado, la conformación de un registro busca darle otra jerarquía a un reclamo inmobiliario por el que los damnificados vienen pagando hace dos décadas.
“Una persona que compra una licuadora y tiene que hacer un reclamo a un comercio no debe considerarse en la misma situación que una persona que pagó por 20 años su vivienda única. El registro busca darle ese peso”, explicó Alicia Bernal, una de las vecinas autoconvocadas, a Suma Política. “Necesitamos datos y saber dónde estamos parados, porque la empresa dejó de suministrarnos información desde que empezó el conflicto. No sabemos cuántos somos en este sistema y esto podría acercarnos a un número”, añadió.
Durante la audiencia, el grupo de ahorristas planteó que la situación dejó de ser un conflicto entre privados, advirtiendo la “asimetría de fuerzas” entre una empresa que no cumple con su contrato y vecinos que no pueden dejar de pagarlo, para no atrasarse en sus cuotas y seguir exigiendo su cumplimiento. También argumentaron la naturaleza pública del conflicto en su objeto: gran parte de los ahorristas ingresaron a esos planes como forma de acceso a la vivienda única.
No obstante, la reunión de comisión no terminó de la mejor manera. Después de casi dos horas de debate acalorado los espacios políticos no se pusieron de acuerdo en el proyecto. Las diferencias vinieron desde el oficialismo, que en lugar de conformar un registro se inclinaban por impulsar un pedido a la empresa para que informe sobre la situación. Para los vecinos eso tampoco terminaba de cerrar: a esta altura del conflicto descreen que la empresa aporte información fidedigna sobre los ahorristas damnificados por su propio proceder.
La falta de acuerdos derivó en un cuarto intermedio de la comisión hasta el día siguiente. Finalizado el encuentro del miércoles se vivieron momentos de tensión en la entrada del Concejo con algunos vecinos que manifestaron su descontento con gritos y reclamos, exigiendo la presencia de concejales. Los ánimos caldeados mostraron el punto de ebullición de un conflicto que hace meses no encuentra respuestas en los distintos niveles del Estado y, por ahora, tampoco en la Justicia.
Sin embargo, el jueves por la mañana el panorama mutó. Hubo diálogo y las negociaciones se encaminaron. Incluso el municipio hizo su aporte para desanudar la situación: por las reuniones se lo vio al exconcejal del PRO, Alejandro Rosello, que suele oficiar de nexo entre el Concejo y el Ejecutivo en algunos debates.
Finalmente, la reunión de comisión que estaba pautada para las 11 de la mañana comenzó unas dos horas más tarde. Solo duró cuatro minutos, en los que se leyó la síntesis acordada: una resolución que incluyó tanto el pedido de información (que impulsaba el oficialismo) como el registro que reclamaban los damnificados. Los vecinos celebraron que, por primera vez, el reclamo tenga un “marco institucional” desde el cual apalancarse.
En el recinto
En el recinto el proyecto se aprobó por unanimidad. La palabra la tomó Fernanda Gigliani, presidenta de la comisión de Planeamiento, que destacó las negociaciones y la participación de los vecinos en el debate. “Creo que es importante reivindicar la política y llegar a un consenso que pueda satisfacer lo que los vecinos venían a plantearnos”, expresó y agregó: “La sensación con la que me quedé antes del cuarto intermedio era que no podíamos llegar al recinto sin votar nada. Creo que hoy estamos votando una resolución que contempla la mirada de todos los actores”.
Para Antonio Salinas los ahorristas “dieron en la tecla” pidiendo la conformación de un registro, entendiendo que es el instrumento que hacía falta para dimensionar el problema. También recordó que no se trata de un tema nuevo en el Concejo, sino que hay expedientes que datan del 2016 en relación a la misma empresa. “Los presuntos afectados hablan de 15 mil o 16 mil familias rosarinas que estarían en este momento en distintos planes de capitalización. Miren si esto no es un tema público y de incidencia colectiva”, advirtió.
El concejal de Ciudad Futura, que también presidió la Oficina del Consumidor, planteó que el registro “es oportuno” porque se trata de un problema que ocurre en el presente, pero que puede agravarse en el futuro: “Lo que hace un registro es contener al crisol de situaciones. Hay vecinos que en dos meses terminan de pagar y nos plantean que no tienen el daño ocasionado, pero en dos meses lo van a tener. Pedimos que se registren todas las personas que están pagando el plan porque necesitamos saber la magnitud del problema”.
Desde el oficialismo, Fabrizio Fiatti también destacó el trabajo de los vecinos y los concejales, aunque se diferenció en la idea de “posiciones contrapuestas” que sobrevoló el debate. Para el edil oficialista lo que hubo fueron miradas diversas respecto a la eficacia de las medidas a tomar para lograr el objetivo. “Cuando hay familias afectadas nuestra responsabilidad como funcionarios públicos nos obliga a actuar con la mayor de las diligencias y cuidados posibles. En una materia como esta no hay espacio para hacer campaña, demagogia o buscar aplausos, porque el tema es súper delicado y lo vamos a seguir trabajando”, planteó.
También se sumaron al debate los concejales del peronismo, como Norma López, que recordó haber sido una de las damnificadas por la misma empresa años atrás, junto a otro grupo de vecinos que denunciaron en su momento la suba de las cuotas. Por su parte Mariano Romero definió el registro como “un primer paso” y convocó a pensar cómo seguir el tema hacia adelante: “La política no se puede hacer la desentendida”, apuntó.
Pecado original
A lo largo del conflicto, el grupo de ahorristas damnificados difundió la información que fue recolectando en torno al tema. Una de ellas es que Pilay SA operó durante décadas sin contar con la autorización del Estado para hacerlo. La situación se judicializó en 2003, cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó “el cese inmediato” de la concreción de nuevos contratos en todo el país, algo que recién se cumplió en 2012 cuando la prohibición quedó firme y la empresa se volcó a otros modelos de negocio, como el fideicomiso.
Sin embargo, los clientes plantean que, pese al “efecto suspensivo” de la medida judicial, durante ese período la empresa intensificó las campañas publicitarias para seguir captando ahorristas. “A pesar de conocer la advertencia de la IGJ, la empresa continuó con la comercialización del sistema tradicional Pilay”, informaron los ahorristas en un comunicado publicado a mediados de mayo, advirtiendo que la empresa nunca informó a los nuevos clientes que captaba sobre la existencia de las denuncias del organismo nacional, algo que tampoco lo hizo cuando la prohibición quedó firme.
Para los ahorristas, se trata del “pecado original” de Pilay que los lleva a plantearse si la firma hubiera logrado el nivel de expansión que tuvo de haberse conocido que el propio Estado objetó la legitimidad del sistema. “Pilay profundizó las ventas y afianzó sus negocios mientras nos ocultaba información clave para nuestras decisiones, nuestros ahorros y nuestro futuro”, cuestionaron en el escrito.
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