El último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) confirmó a nivel provincial lo que habían anticipado las cifras del Indec para todo el país. El rebote estadístico que mostró la actividad en marzo pasado se esfumó al mes siguiente.
La producción manufacturera santafesina bajó medio punto interanual en abril y acumuló una caída de 5,2 % en el primer cuatrimestre. El 53 % de las ramas industriales disminuyó su nivel de producción. El sector opera 10 % por debajo de 2023 y casi 16 % respecto del pico de 2022.
Al interior de esos números aparecen casos relevantes por su peso territorial. La facturación real de maquinaria agrícola nacional, por caso, registró en el primer trimestre de 2026 una caída de 18 % interanual. La producción metalúrgica acumuló una contracción de casi 16 % en el primer cuatrimestre. La brecha frente al mismo mes de 2023 fue de 29 %.
En este amargo contexto, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) cumplió 83 años. Su presidente, Rafael Catalano, recordó en una carta pública el vínculo de la actividad con la historia de la ciudad, tallada en “nuestros barrios, nuestras escuelas técnicas y nuestras universidades”. Rosario, enfatizó, es “una ciudad metalúrgica” conformada por “una cultura industrial que se transmite de generación en generación”.
Hoy esa cultura está amenazada. “Si queremos que las fábricas sigan abriendo sus puertas cada mañana, generando empleo y formando nuevas generaciones de trabajadores, necesitamos construir condiciones para competir”, señaló el dirigente empresario.
Con un fierro
Los números de Fisfe corroboran lo que está en juego. Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026 la cantidad de empleadores industriales bajó en 380 y la de trabajadores en 7.746. Son reducciones de 6,4 % y 5,6 % respectivamente.
Según el monitor de empresas de Fundar, solo en marzo cerraron 2.011 empresas en todo el país. El dato contrasta con la caída de 257 firmas registrada el mes anterior y marca “una nueva aceleración en el deterioro del tejido productivo”.
Esta contracción lleva 18 meses consecutivos. En un año cerraron 14.203 empresas y desde que asumió Milei, 26.448. El impacto se siente en 23 de 24 provincias. Incluso muchas de las que integran el “mapa Rigi”.
El peso que tienen en la economía los sectores más afectados explican, según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la velocidad de destrucción. “Los perdedores del actual modelo económico (construcción, industria, comercio) son los que más puestos de trabajo generan (44,4 %), mientras que los ganadores (minería, agro, intermediación financiera) explican el 9,2 % del empleo”, señalaron. En Santa Fe, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cayeron 2.358 empleadores y 18.395 trabajadores en el conjunto de sectores.
Micro y macro
La depresión “derrama” en distintos indicadores macro. La caída en la demanda de dinero, por ejemplo, es reflejo de la retracción “en los sectores que más empleo y encadenamientos productivos representan”. El combo explica por qué el crédito se estancó pese a la reducción de las tasas de interés.
Una deriva de este estancamiento es el aumento mes a mes de la irregularidad del crédito al sector privado que se registra desde octubre de 2024. “Esta dinámica no muestra señales de revertirse, dado que alcanzó 7 % en marzo frente al 6,7 % del mes anterior”, señaló el Cepa. Dentro del segmento familias, la morosidad en préstamos personales pasó de 3,4 % a 14,2 % en el período. La morosidad con el sector no financiero se encontró en niveles superiores a la pandemia (31,5 %).
“Los tres factores que explican esto son la caída del salario real, el aumento de tarifas por encima de la inflación y la destrucción de empleo”, señaló el centro de estudios, que citó un análisis del Banco Provincia (Bapro) para subrayar el crecimiento de la mora en los grandes centros industriales. El Gran Rosario, indicó, “registra una de las mayores subas de mora entre los centros urbanos, reflejo del golpe a la industria manufacturera santafesina”.
El lunes próximo, el Indec dará a conocer los datos sobre la evolución del mercado de trabajo en el primer trimestre del año, que permitirá medir mejor el alcance de esta situación.
Mientras tanto, indicadores de alta frecuencia informan sobre expectativas desfavorables. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del organismo nacional de estadística, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria volvió a deteriorarse en mayo y tocó su nivel más bajo desde comienzos de año. Bajó 2,7 puntos mensual y fue de –19,6 %, con una baja de 2,7 puntos frente al mes anterior. De acuerdo con el relevamiento oficial, el 20 % de las empresas espera que el volumen de producción disminuya en los próximos tres meses, frente a un 14,5 % que prevé un aumento y un 65,5 % que no anticipa cambios.
Visita incómoda
En esta tierra incendiada busca hacer pie el presidente Javier Milei. Su participación en el acto por el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano en un monumento que no reparó, como se había comprometido, es una de las postales bizarras de la nueva Argentina. La motosierra sobre todo tipo de obra pública le cortó las posibilidades de una foto de éxito. Es también una prueba de descontrol sobre los filos del ajuste, que responden menos a la ingeniería del gobierno nacional que a la necesidad desesperada de mostrarle al FMI un superávit fiscal cada vez más forzado y dibujado.
La poda sin cortapisas extrema la presión sobre las provincias, que empiezan a hacer fila para pedir adelantos de coparticipación que la Nación ofrece con discrecionalidad política. Ahora el gobierno central le abre la canilla a Santa Fe, que podrá adelantar el ingreso de los recursos que le corresponden, con un costo financiero pero también político, ya que expone los límites del esquema de financiamiento de la inversión pública con recursos ahorrados por el ajuste de la administración Pullaro.
La incertidumbre sobre la continuidad de ese esquema crece con las demoras en la publicación oficial del informe sobre el análisis de las finanzas públicas, un déficit de información sobre el que viene insistiendo la oposición en la Legislatura.
Paritarias y conflictos
Por lo pronto, el sobrepaso de la inflación a la pauta salarial acordada en el sector público para el primer semestre reactiva la presión de los gremios. Los docentes nucleados en Amsafé reclamaron la reapertura de las paritarias “frente a la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste sobre nuestros derechos y una realidad que se intenta negar”.
En paralelo, otra paritaria de referencia entra en terreno decisivo: la aceitera. No hubo avances en la negociación entre los patrones nucleados en Ciara y la contraparte gremial, aglutinada en la Federación Nacional de Trabajadores del Complejo Oleaginoso y el sindicato de San Lorenzo. Al término de la quinta reunión que mantuvieron bajo el paraguas de la conciliación obligatoria, las organizaciones sindicales, que reclaman un salario mínimo de 2.802.754 pesos, dijeron que la oferta de aumento que llevaron los empresarios fue de 15 mil pesos para mayo. La consideraron “un acto de profunda mala fe y una absoluta provocación”. Advirtieron, además, que “la intransigencia patronal y su falta de sensibilidad sobre las necesidades obreras, va a llevar a un nuevo conflicto”.
Desde el otro lado del mostrador, la cámara que grupa a los empresarios aceiteros insistió en su estrategia de vincular el reclamo salarial a posicionamientos políticos. Señaló que su intento de “abrir una negociación salarial basada en actualización mensual en base a la inflación reportada por el Indec” no alcanzó para “convencer a los líderes sindicales de dejar de lado propuestas con efectos políticos nacionales contra el gobierno”.
Lo curioso es que la propia Ciara viene tomando mayor protagonismo político entre sus pares corporativos. Tanto poniéndose al frente del combate contra los sindicatos como al marcarle el paso al gobierno nacional, con su exigencia para que acelere la adjudicación del contrato de dragado y balizamiento de la hidrovía a Jan De Nul. Orden que se cumplió sobre el filo de la semana.
Cuerpo a cuerpo
Los lobbies privados trabajan a destajo para ordenar la agenda política en medio de la crisis que afronta el oficialismo. Súper Rigi, modificación a las leyes de tierra y fuego, patentes, etiquetado frontal, navegación de cabotaje, entre otras, forman parte del paquete de blindaje normativo que impulsan.
Algunas de estas iniciativas comienzan a hacer ruido, incluso, dentro del agro. El movimiento Bases Federadas, que nuclea a organizaciones y referentes que hasta hace algunos años integraban la Federación Agraria, llamó la atención sobre “el silencio de la dirigencia agraria nacional frente al ataque sistemático y permanente a los distintos aspectos de nuestro esquema productivo”. Mencionó entre ellos los ajustes en el Inta, el Inti, el Conicet y las universidades, así como la importación de maquinaria agrícola”. Pero también el intento de eliminar la legislación que impide la venta de tierra a extranjeros en grandes cantidades y las presiones para adherir al tratado Upov 91, que restringe el uso propio de semillas.
El cuarto Encuentro Federal por la Soberanía, que se realiza este sábado en la Facultad de Ciencias Médicas, con participación de referentes políticos, gremiales, productores, empresarios y de organizaciones sociales de todo el país, incluirá estos y otros debates en el marco de un foro que se presenta como más apropiado para transitar el 20 de junio, que la vidriera política del acto protocolar.
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