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Política

Menos la derecha, cada sector político de Santa Fe tiene su propio proyecto de Código Electoral

En la última sesión previa al receso de invierno, en la Legislatura de Santa Fe ya tienen estado parlamentario cuatro proyectos de ley para crear un Código Electoral, reformar el sistema actual de la boleta única, reglar la presentación de avales para las precandidaturas, y establecer autoridades electorales tanto para el control de la transparencia de los comicios como para las labores de los operativos.

Y hay un par de proyectos por el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, presentados por cuerda separada y con algunas diferencias marcadas, por parte de la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, y lo mismo en el peronismo que por cada Cámara tiene su propia versión. En rigor, de todos ellos el primero en marcar la cancha fue el del minoritario bloque de senadores del PJ, liderado por Rubén Pirola.

En Diputados en cambio, no todos los justicialistas de Juntos Avancemos han firmado la iniciativa. El despacho lleva las firmas de los cinco de Hacemos Santa Fe: Celia Arena, Walter Agosto, Marcos Corach, Sonia Martorano y el ex gobernador Omar Perotti. Y también de los bloques unipersonales de Miguel Rabbia y Lucila De Ponti.

En la Cámara baja habrá un quinto mensaje por parte del Frente Amplio por la Soberanía del que, si bien será ingresado con las vacaciones de julio ya iniciadas por Carlos del Frade, Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué, ya se conocen algunos detalles. 

Los números del Senado

El dato central es que el oficialismo no logró acordar un solo texto y que eso se explica, al menos en parte, por las tensiones de la ciudad de Rosario entre socialistas y seguidores del intendente Pablo Javkin. Una muestra de esas disputas en la principal ciudad de la provincia las vivió la Legislatura justamente el mismo jueves en que ingresaron los cuatro proyectos mencionados. Al mismo tiempo, el jueves 2 fracasaba un acuerdo entre los bloques mayoritarios de los dos recintos para que se aprobaran proyectos pendientes en una y otra Cámara. 

Entre los asuntos a convertir en ley estaba la cuestión de definir si quien debe ordenar la calle en cuanto a la mendicidad disfrazada de servicio es la Casa Gris con su policía, el Poder Judicial con jueces y fiscales al efecto (como propuso Diputados) o directamente las municipalidades que en efecto sufren los problemas de la marginación social y económica en forma de cuidacoches y trapitos o limpiadores de vidrios en los semáforos.

Rara vez un proyecto de ley (en realidad fueron dos muy distintos en sendos cuerpos deliberativos) provocan un rechazo moral, ideológico y de valores que va desde la Iglesia Católica de la ciudad de Santa Fe hasta el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que conforman organizaciones que luchan por los derechos humanos.

Pero más allá de esas impugnaciones, en el Senado el tema se postergó por la falta de acuerdo interno. Los dirigentes del radicalismo, del socialismo y del Pro —y de otros socios menores de Unidos— saben que con la reforma electoral y nuevo código a discutir tras la reforma constitucional de 2025 no pueden darse el lujo de no acordar o permitirse que no haya ley. Y en ese escenario el radicalismo en el Senado tiene ventajas.

Con una mayoría que suele convertirse sin tantas dificultades en unanimidad, el radicalismo cuenta con 12 correligionarios en las bancas. Y suma siempre a un aliado: Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio). Puede también suponerse que eso sucederá con Ciro Seisas (Creo-Rosario) y solo por fuera ya está Julio Francisco “Paco” Garibaldi (PS-La Capital), que presentó también en el Senado el proyecto que impulsa el socialismo en Diputados. En la otra Cámara, en cambio, la dispersión del oficialismo es mayor.

En síntesis, puede haber acuerdos dentro de cada cámara o con otros bloques entre cámaras. Pero a la hora de votar pesará la versión de la ley que tenga más respaldo. Y en senadores Unidos y el PJ han logrado muchas veces llegar a acuerdos. Del mismo modo, la unificación eventual dentro del frente que gobierna también es posible.

Le viene bien al oficialismo el receso del invierno (y el Mundial) para que se enfríen las discusiones que derivaron en la imposibilidad de un acuerdo interno para la reforma electoral.



Números que hablan

El proyecto del peronismo en el Senado tiene 279 artículos divididos en trece títulos; y el que hace días presentó el radicalismo 199, en cuatro títulos; el de los justicialistas en Diputados 254, en ocho títulos; el del bloque Partido Socialista 270, en cinco capítulos; y el de los diputados de izquierda 105, en siete títulos.

Está claro que será mucho el trabajo que los asesores de los bloques tendrán en vacaciones para mostrar en un cuadro o un documento ordenado qué propone cada sector para cada tema a resolver. A los expedientes hay que ir a revisarlos con un propósito: qué pasará con tal o cual asunto que ha sido objeto de noticias políticas en los comicios. Es un territorio que requiere de exploradores bien formados, de baqueanos o, mejor aún, de habitantes permanentes de la arena electoral y las campañas políticas: los “armadores”. En ocasiones son los apoderados de los partidos políticos, en otras dirigentes que saben cómo diseñar en la medida de lo posible nada menos que el futuro.

Mientras tanto en una primera impresión desde la Cámara de Senadores, unos y otros coinciden en que en términos de la técnica legislativa (saber redactar y estructurar una norma) el primer texto del justicialismo colaboró en ordenar al posterior texto del oficialismo radical. (Eso también permite eventuales unificaciones con mayor facilidad). Y lo dicho vale también para comparar el despacho radical con el socialista.

Lo primero que han mirado todos en cada proyecto, sin dudas, es el porcentaje necesario para acceder tanto a una banca de diputados provinciales como para lograr sortear con éxito las Paso para las expresiones políticas usualmente minoritarias. En síntesis qué límites impondrá el Estado a la representación política parlamentaria en la provincia. 

En Santa Fe hasta ahora el tema fue primero reglado por una norma no muy clara y luego gracias a una interpretación de las autoridades electorales (la Corte) se bajaron exigencias, porque uno de los principios de la vida democrática es el de permitir la participación. Como se trata de números, todo se puede negociar.

Incluso hay artículos cuya redacción parece atada a ese propósito. El caso más notable es el de uno que habla de la autoridad de aplicación sin decir exactamente cuál es. Expresa que será “la que designe esta ley”, porque se sabe que en ese punto hay diferencias fuertes.

Avalistas SA

Una de las claves del proyecto del oficialismo radical está en los avales partidarios con los que se inicia cualquier precandidatura. Santa Fe y el país conocen a expertos en contar con “las fichas”, los avales para promover sellos capaces de estar luego en el cuarto oscuro de las elecciones nacionales o en las boletas únicas santafesinas. Son gente que recibe recursos del Estado en cada elección porque logra que participen candidatos con algún predicamento que necesitan ser avalados. Abundan ejemplos pero el más notable ha sido el del presidente de la Nación, que fue electo sin tener en todo el país un partido político propio. La Libertad Avanza comenzó a formar desde el poder.

Partidos y agrupaciones

Del título a los artículos, la iniciativa del radicalismo es la de una ley de Partidos Políticos que también crea un Régimen Electoral. El radicalismo confía en su histórica organicidad. Y a esas fuerzas, a los frentes electorales y confederaciones de partidos o alianzas las llama “agrupaciones políticas” e incluso más genéricamente “agrupaciones”, como en los centros de estudiantes de las universidades.

Y esa palabra tan estudiantil, que mucho indica respecto de cómo se concibe la vida de los partidos políticos, también se encuentra en los demás proyectos de ley. En este punto conviene recordar que solamente los diputados de derecha y de extrema derecha no han presentado aún proyectos de reforma electoral.

La norma que se pretende desde la UCR tiene un párrafo que dispone que los avales para los precandidatos a senadores a competir en las Paso “avalarán las precandidaturas a gobernador y vicegobernador, y de diputados provinciales de la lista que en su caso le corresponda”.

Se establece así una suerte de sumisión de los jefes territoriales departamentales a la fórmula para la Casa Gris que también se detecta en un artículo que ya se mira con lupa en la Cámara alta: el 88.



Efecto arrastre

Dice que serán diferentes las boletas a la hora de votar en las elecciones generales. En las Paso, en cambio, se seguiría como hasta ahora, con “una Boleta Única para cada categoría de cargo electivo”. Así se definirían las candidaturas, pero en el paso siguiente en la elección de autoridades se procedería con una boleta única con fuertes modificaciones.

La elección general que quiere la UCR en ambas cámaras pretende que el presidente de mesa le entregue al votante solo dos boletas: una provincial y otra municipal. Y no se trata de una mera reducción de costos: se busca que las figuras del candidato a gobernador y vice, de cada uno de los postulantes al Senado y de los aspirantes a la Cámara baja se respalden mutuamente. En unos casos, los legisladores “arrastrarán” a los que desean asumir el Poder Ejecutivo, en otros, lo contrario. Quedarán grandes las fotos del candidato a gobernador y vice en una punta. En la otra, la de los candidatos a senadores en cada departamento.

La lupa con que los senadores miran el artículo recibe la luz de las sospechas. ¿Con este diseño se podrán repetir aquellas jornadas electorales en las que el candidato a senador ganador lograba más cruces o tildes que el candidato a gobernador? O acaso podrá su propio prestigio local mejorar las chances del nombre propuesto para la Casa Gris. Son dudas presentes, mucho más allá del oficialismo. 

Las categorías de gobernador e intendente van a ubicarse a la izquierda de cada boleta única (provincial y municipal) en los comicios generales, según este proyecto. Y luego, en el centro los candidatos a diputados y a continuación en el otro extremo a la derecha, los senadores. No es necesario ser un experto en las leyes de la Gestalt para saber que se lee de izquierda a derecha. 

“Los tramos correspondientes a las categorías gobernador y vicegobernador e intendente serán ubicados a la izquierda de la boleta única, el correspondiente a diputados provinciales en el centro de la boleta y los correspondientes a senador provincial y concejales municipales a la derecha”, explica el enrevesado inciso d) del 88.

Una “sabanita”

La boleta única vino a terminar con la boleta sábana pero la adopción del modelo “a la cordobesa” permite que un votante con solo una cruz sufrague a gobernador y vice, a diputados provinciales y a senador provincial, de acuerdo con el inciso h) de ese artículo. 

El texto dispone que haya en la boleta única “un casillero en blanco próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna de la boleta única respectiva”, indica. “Una cruz y listo”, parece ser la consigna para todos los votos a la agrupación, el partido, frente, alianza o “el lema” como todavía les gusta decir a muchos justicialistas que ven renacer esos términos con este cambio.

Con nombre y apellido

En el proyecto radical se impide oficializar precandidaturas a gobernador y vice si no en forma conjunta con “por lo menos, catorce (14) precandidatos a senadores titulares y suplentes por cada departamento de la provincia y una lista completa de diputados provinciales”, lo cual no es sorprendente y habla de la necesaria gobernabilidad en las cámaras que necesitan los ejecutivos provinciales.

Pero por carácter transitivo, también agrega que no podrá ser aceptada “una lista de diputados que no integre un partido político, confederación de partidos o alianza electoral que ya hubiere presentado por lo menos una fórmula de gobernador y vicegobernador”. Es exactamente el caso de Amalia Granata y sus listas celestes (que una y otra vez se desgranaron tras sendas victorias) si se mira a la derecha; pero también sucedió a la izquierda con el caso de Rubén Giustiniani cuya banca había sido otorgada por el Tribunal Electoral en 2023, pero la Cámara rechazó ese criterio.

Lo mismo regirá para un aspirante a intendente que no presente candidatos a concejales.

Cómo debatir

Acaso la diferencia mayor entre radicales y socialistas es sobre cómo se debatirá. Los senadores y diputados del partido del gobernador han diseñado un esquema que no tenga tantas demoras. En cambio, el socialismo entiende que la ley electoral debería ser un proceso al que se llegue luego de una extensa y abierta convocatoria a la participación no solo de los partidos políticos sino de todos los estamentos interesados en opinar. 

Así lo dijo públicamente el jefe del bloque del PS en la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, durante una audiencia pública cuyo temario central fue la libertad de expresión y que congregó a una enorme cantidad de periodistas de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Fue por una iniciativa de los gremios que lograron el apoyo expreso de los bloques mayoritarios de la cámara de diputados santafesina para que los periodistas no pierdan en enero de 2027 el Estatuto del Periodista Profesional, condenado a su derogación por la reforma laboral recientemente sancionada.

En un vibrante discurso el socialista recordó que el proceso de reforma constitucional contó con una amplia participación de organizaciones intermedias y de expositores que pudieron dar sus puntos de vistas durante jornadas completas dedicadas a la consulta y a la escucha, y recordó como eso enriqueció el texto constitucional finalmente sancionado. En ese tren, habló de repetir esa apertura para la cuestión electoral. Es una opción que, por supuesto, lleva tiempo.


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