La crisis económica rebasa cualquier dibujo estadístico y somete a una presión cada vez más fuerte a los territorios. Si bien el reciente informe sobre el mercado de trabajo que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró cierta estabilidad interanual para el consolidado de los 31 aglomerados que releva en todo el país, una mirada al interior de esa geografía expone el deterioro.
Dos conurbanos llegaron a los dos dígitos de desempleo en el primer trimestre del año. Bahía Blanca, donde se cruzan el agro pampeano y el polo industrial del sur energético, es uno de ellos. El otro es el cordón interprovincial del acero conformado por Villa Constitución y San Nicolás. Saltó al triste podio, con un 10,4 %.
El Gran Rosario se ubicó en un escalón apenas más bajo, con un índice de 8,2 %, pero dentro del lote de los conglomerados que presentan una situación laboral más compleja, junto con Córdoba, los partidos del Gran Buenos Aires, Río Gallegos, Mar del Plata o Resistencia. La región sumó 10 mil desocupados en un año, dentro de un contexto que tiene como rasgo saliente la presión laboral.
Con la segunda tasa de actividad más alta del país (51,9 %), las cifras oficiales indican que la oferta de fuerza de trabajo crece más rápido que la demanda, y que la caída de ingresos y de oportunidades de inserción convierten el mercado de trabajo en un hervidero de precarización e insatisfacción. Entre desocupados, subempleados y ocupados demandantes, suman 222 mil las personas que reportaron problemas de empleo a los encuestadores del Indec. Es algo más de un tercio de la población económicamente activa.
Velocidad de crisis
La teoría sobre “la economía de dos velocidades”, de moda por estos días, pretende que la destrucción de los conurbanos es un “costo a pagar” dentro de un cambio del paradigma de crecimiento hacia la geografía extractiva de la minería, la energía, la intermediación financiera y, un paso más atrás, la agroexportación.
La estimación adelantada del Producto Bruto Interno (PBI) para el primer trimestre del año, que presentó un crecimiento interanual de 2,3 %, copia el sueño húmedo de un modelo: sacrificar actividades “malditas”, como la industria, para que nazca un supuesto ciclo expansivo que, falsa paradoja, convive con una caída de 11,6 % en la tasa de inversión.
Por ahora, el experimento se paga con puestos de trabajo. Las economistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, del instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea, analizaron los datos del mercado de trabajo en el mapa de las provincias, bajo el tamiz de dos variables: la presión laboral, vinculada con la insuficiencia de ingresos, y la inactividad, el porcentaje de personas que permanece fuera del mercado de trabajo.
Encontraron que las provincias centrales (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), que tienen una estructura productiva más diversificada, “tienden a concentrarse en los cuadrantes más intensos de tasa de actividad y presión laboral”. La Patagonia, favorecida por actividades vinculadas a hidrocarburos, minería y energía, presenta menores niveles de presión laboral pero acompañados, en la mayoría de los casos, por mayores tasas de inactividad. En el norte argentino, en cambio, la regla general es una combinación de menor participación laboral con estructuras productivas menos diversificadas. El mercado de trabajo es allí menos tenso pero no más saludable.
La conclusión es que la locomotora de los enclaves Rigi no termina de traccionar una economía nacional resentida por el derrumbe de las actividades que generan la mayor parte del empleo. De hecho, la mayoría de los vagones está en zona de descarrilamiento.
La macroneta se frena
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) eligió el “día internacional de las pymes” para realizar una demostración de representatividad federal. El jueves congregó en el predio porteño de Parque Norte a unos 1.400 pequeños y medianos empresarios de todo el país, y reunió a referentes de peso en la política, el sindicalismo y el gremialismo empresario. Estuvieron Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, pero también los presidentes de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina. Solo faltaron, por decisión propia, los funcionarios del gobierno nacional.
El presidente de Came, Ricardo Diab, expuso sin demasiados rodeos la situación dramática que viven las pequeñas y medianas empresas, que, como subrayó, “en un 95 por ciento viven del mercado interno”. También reclamó medidas urgentes para frenar el flagelo de los embargos y ejecuciones fiscales “sobre empresas que no recaudan por la crisis”. Y en clave de propuesta puso sobre la mesa un nuevo “consenso fiscal”, la restitución de programas de financiamiento al consumo del tipo de los viejos Ahora 12 y políticas de “acompañamiento” a las pymes. “Nos viven diciendo que nos tenemos que adaptar, y lo hacemos pero necesitamos un piso básico de condiciones para equilibrar la cancha”, subrayó.
El foro de parque Norte pareció adelantar una discusión que inevitablemente se hará presente en la pelea electoral de 2027, más allá de los atajos que imagine el discurso político. En su exposición frente a los empresarios pymes, el gobernador bonaerense fue al choque: “El problema no son ustedes sino el plan económico”, disparó. El referente opositor atacó el relato sobre un ordenamiento económico que en algún momento se sentirá a nivel micro. “No existe una macro perfecta si la vida de la mayoría de la gente está detonada”, impugnó. Y luego golpeó a la teoría de la economía de dos velocidades. “Lo que hay en realidad es una política que favorece a un puñado de sectores con regímenes especiales mientras aniquila a la industria, el comercio y la construcción”, subrayó. Con precisión táctica, se cuidó de incluir al sector agropecuario entre los primeros. “En su heterogeneidad, conviven números positivos en el promedio con grandes crisis de economías regionales”.
Kicillof recibió un sostenido aplauso al final de un discurso en el que diagnosticó problemas de atraso cambiario, aumento de costos tarifarios y financieros, apertura indiscriminada y deterioro de los ingresos de trabajadores y jubilados. “La política de paritaria cero está destruyendo el mercado interno”, dijo antes de convocar a construir “un futuro con pymes, trabajadores, educación, ciencia y soberanía”.
El mismo auditorio que celebró al gobernador bonaerense le regaló una ovación al presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, un ultralibertario defensor del “sacrificio y dolor” que demanda “el modelo de libertad económica” y levantó las manos cuando el economista Claudio Zuchovicki los interrogó sobre su respaldo al rumbo económico del gobierno nacional, “más allá de las formas”.
Tensión fiscal
Los laberintos políticos no solo enredan al universo empresario. El equilibrio entre el saludo obligado a la bandera de la economía libertaria y sus efectos negativos también se hace difícil de sostener en el terreno de la gestión pública.
Con una demora que fue motivo de reclamos opositores, el gobierno de Santa Fe publicó finalmente el informe sobre finanzas públicas correspondiente a los primeros cinco meses del año. Blanqueó en el papel lo que venía adelantando verbalmente: el superávit de los dos primeros años se transformó en déficit financiero durante la primera parte de 2026. Un rojo cercano al nivel de gasto de capital, que computa la inversión en obras e infraestructura.
Sin incluir el mes del aguinaldo, las cuentas santafesinas acumulan un rojo total de casi 600 mil millones de pesos. El ahorro económico, resultado de mayores ingresos que gastos corrientes, aportó apenas una porción al financiamiento de inversiones por 713 mil millones. El grueso se solventó con saldos disponibles de ejercicios y deuda.
Si los gastos de capital aumentaron más del 70 % interanual, los corrientes subieron 42 %. El informe del Ministerio de Economía comunicó un incremento de 48 % en el rubro remuneraciones, que “refleja las políticas salariales implementadas desde el comienzo de 2026”. La mención anticipa una dura nueva ronda de paritarias.
Las erogaciones suben también por la necesidad de asumir responsabilidades elementales que la Nación abandona, en un contexto de estancamiento o caída de ingresos. Dentro de los recursos tributarios de origen nacional, las transferencias por IVA, que explica la mitad del total, crecieron 21,5 % interanual en cinco meses, contra una inflación del 34 %. Los tributos provinciales la pelean un poco más pero también pierden. La recaudación de Ingresos Brutos subió 33 %.
Los impuestos de la provincia solo aportan el 36 % de la recaudación. El traslado forzoso del déficit potencial de la Nación a los estados subnacionales tiene otras consecuencias. En un contexto de crisis y recortes, empiezan a ganar cierto protagonismo las transferencias nacionales que involucran algún tipo de negociación política. La restitución parcial del flujo de financiamiento a la Caja de Jubilaciones se logró en base al reclamo de un derecho pero mediante un acuerdo que implicó una tregua en el juicio ante la Corte Suprema. La canilla de adelantos de coparticipación que abrió Luis Caputo también inclina la relación fiscal a ese terreno de arbitraje.
“La Nación no le manda a Santa Fe transferencias que le corresponden pero le ofrece prestar plata con un 15 por ciento de interés”, explicó el ex ministro de Economía Walter Agosto.
El diputado provincial, que venía advirtiendo que la demora en la publicación de los números fiscales encriptaba la existencia de un déficit importante, gritó gol con moderación pero al mismo tiempo, abrió un debate de política económica. “La provincia recauda en moneda constante lo mismo que el año pasado pero el gasto público se le ha ido un 10 por ciento arriba”, dijo con lógica estrictamente contable.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó el déficit como consecuencia de la decisión de moderar los efectos del ajuste nacional sobre la economía provincial. Tras asegurar que hay fuentes financieras para solventar el desequilibrio, defendió la “política anticíclica que logró sostener el nivel de actividad por encima de la media nacional”, sin deuda flotante ni atraso en la obra pública.
Se infiere que ajustar más para cumplir con un imperativo de ortodoxia fiscal profundizará la crisis económica y social hasta niveles difíciles de mensurar. Y tiene un punto ahí. Hoy los gobiernos locales son diques de contención frente al efecto devastador de la política de Milei. Su antecesor tiene su punto al enrostrar a la administración de Pullaro su coqueteo con ese mismo modelo nacional, “concentrado en tres o cuatro sectores que no generan rentas necesarias para que la recaudación tributaria pueda incrementarse con una mejora de mercado interno y de consumo”. Un esquema que destruye antes de construir, mientras explora sus límites políticos.
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