La renuncia de Manuel Adorni y el asalto del PRO al corazón de la Casa Rosada recalibraron el esquema de poder del oficialismo a gusto del círculo rojo. Al tiempo que se vuelve a entusiasmar con el calendario electoral, la nueva casta pisa el acelerador para profundizar las “reformas” económicas que busca grabar a fuego. El plan para cambiar la carta orgánica del Banco Central es el nuevo chiche de una agenda amplia, que avanza en el Congreso y que además se milita día a día. La nueva ola de despidos en empresas emblemáticas y la profundización del ajuste en el Estado, exhibida con la imagen aleccionadora de los bastones largos violentando la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), forman parte de esta aceleración.
El experimento se desarrolla sobre arena movediza. El segundo semestre no solo comenzó a mostrar, como era esperable, una nueva movilidad del dólar. La crisis volvió a golpear a la recaudación y exige cada vez más crudeza y creatividad contable al gobierno nacional para seguir mostrando como un éxito su política fiscal.
“La macro luce prolija en la vidriera pero la micro cruje en cada mostrador”, sentenció el economista Cristian Módolo durante su última presentación en la Asociación de Empleados de Comercio. El superávit fiscal, no solo ficcionado por la forma de cómputo de los intereses de la deuda capitalizable sino también por la descarga del déficit potencial a las provincias, es a su juicio una de las inconsistencias presentes en una economía que “hoy se sostiene más en la fe que en el flujo”.
Aun ignorando las artimañas contables, el saldo financiero favorable que difundió el Tesoro nacional como acumulado de los primeros cinco meses del año se redujo 27,3 % en relación al mismo período del año anterior.
La cascada de Toto
La caída de la recaudación refleja la destrucción de la actividad. Tras el pequeño alivio que el calendario de vencimientos del impuesto a las ganancias brindó en mayo, los números de junio mostraron una caída de casi 8 % real interanual en los ingresos tributarios nacionales.
La contracción se trasladó a las transferencias por coparticipación. El mes pasado bajaron 4,1 % para el consolidado de jurisdicciones y casi 5 % en el caso específico de Santa Fe. En el semestre recibió 3,3 % menos de estos recursos automáticos, es decir que perdió 113.499 millones de pesos en un año.
Desde que el gobierno provincial blanqueó un déficit fiscal de casi 600 mill millones de pesos, se desató un fuego cruzado entre oficialismo y oposición en la provincia por la salud de las cuentas públicas, el nivel de gasto y la política de endeudamiento. Más allá de la polémica, la preocupación común es hasta dónde y cuándo llegará la caída de los ingresos.
Jorge Simón, ex secretario de Ingresos Públicos de la provincia, no es de los que se muestran especialmente alarmados por el rojo o por el endeudamiento para realizar obra pública. Sí por la dinámica que impulsa el desequilibrio. “Hay una recesión y una caída de consumo importantes, ojalá las tasas bajen y el tipo de cambio mejore para generar reactivación pero la apertura indiscriminada de importaciones significa menos consumidores y menos gente pagando impuestos”, explicó durante una entrevista con el programa radial La Banda Cambiaria.
El ex funcionario de Omar Perotti tampoco se mostró refractario a que la provincia tome el financiamiento que ofrece la Casa Rosada a través de adelantos de coparticipación. “En gestiones anteriores también se pidió, Santa Fe desde hace décadas no es noticia por no pagar sueldos o pagarlos desdoblados”, concedió.
Lo cierto es que el gobierno nacional va asegurando su objetivo de horadar la autonomía fiscal, recortando transferencias no automáticas pero obligatorias y trasladando gastos elementales. En la última semana cargó a esta cuenta el costo de indexar los subsidios por la tarifa social del transporte.
Prestar y cobrar
En ese contexto, prestarle a Santa Fe su propia plata con una tasa de interés puede explicarse, como lo hace el gobierno provincial, como una estrategia de tomar deuda con Nación para asegurar el cobro de sus propias acreencias. Pero tiene un costo: crece la exposición de la “invencible” al dedo discrecional del gobierno central.
A principios de siglo, cuando las jurisdicciones que habían emitido cuasi monedas durante la gran crisis accedieron a un generoso programa de refinanciación nacional, se armó un debate parecido en la provincia. En medio de la depresión que estalló en 2001, el gobierno de Carlos Reutemann apostó a la austeridad y fue uno de los pocos que no emitió bonos para pagar compromisos estatales. Esa posición le dio espalda y centralidad en la mesa de gobernadores, que en ese momento operaba como un cuarto poder. Pero no evitó que los santafesinos estuvieran entre los más golpeados por el crac, en todos los niveles. El segundo capítulo de esa discusión fue que aquel prestigio fiscal no cotizó mientras los otros distritos licuaban deudas ya bajo otro modelo económico. La encrucijada no es cómoda. El ministro Luis Caputo, gran gestor de negocios con plata ajena, se mueve como quien cree que es mejor deber a que le deban. Fuera de las mesas de dinero, esa opción no es gratis.
Látigo y billetera
Como ministro del Interior, Diego Santilli utilizó esa artillería para alinear a los gobernadores en el éxito legislativo de un conjunto de proyectos del oficialismo en el Congreso, como la reforma laboral. En ese tenso juego de látigo y billetera, su arribo a la Jefatura de Gabinete fue bien recibido por muchos gobernadores que nadan en la pecera del pan-oficialismo. No lo ven solo como un interlocutor fiscal sino político. El sueño de resucitar con nuevas formas al viejo Cambiemos renace incluso en los mandatarios que cada tanto le hacen un gesto de disconformidad al presidente Javier Milei.
En el país de los enclaves regionales, los sistemas políticos provinciales sueñan con un nuevo poder de arbitraje. A esta altura del año pasado, los gobernadores comenzaban a reunirse sin distinción de partidos para presentar un frente común de reclamos a la Nación. Se aprobaron, a partir de esa estrategia, importantes leyes que el triunfo electoral de La Libertad Avanza redujo a recuerdos. Hoy, el plan parece ser correr hacia el vértice del poder central.
O más allá, incluso. La sobreoferta de políticos, incluidos muchos mandatarios provinciales, en la celebración por la independencia estadounidense que se realizó en la embajada de ese país en Argentina, fortaleció la diplomacia subnacional que vino a desplegar el programa del embajador Peter Lamelas.
En el último encuentro realizado por el Foro de Reflexión, el grupo de trabajo que coordina Cristian Desideri, el investigador especializado en modelos de explotación del litio Federico Nacif dejó una definición representativa de esta realidad. “No es Milei el que está entregando el litio, ya estaba entregado por las provincias, y el actual presidente lo único que puede hacer es ofrecer asistencia al gobierno de Estados Unidos para articular con los gobernadores”.
Mientras el círculo rojo de los distritos mineros y petroleros disfruta del empoderamiento que obtuvieron en la Constitución del 94, el de la región agro pampeana celebró la entrega de la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio encabezado por la belga Jan De Nul.
El círculo agroexportador
La adjudicación por 25 años de las obras de dragado y balizamiento, a cambio de un peaje, fue especialmente valorada en el seminario anual de Acsoja, que reunió en Rosario a los actores de la cadena que más divisas aporta a la economía argentina. Los referentes más pesados se concentraron en los paneles finales. El titular de la Agencia de Navegación, Iñaki Arreseygor, analizó con el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, y el secretario de Coordinación Institucional de Santa Fe, Cristian Cunha, la agenda que viene a partir de esa decisión: profundización a cuarenta pies en los próximos años, inversión en infraestructura de acceso al sistema de puertos de la región con un esquema de financiación público y privado, el desarrollo del sistema de terminales fluviales río arriba y el cambio en la actual ley de cabotaje.
El marco que restringe el tráfico local a las embarcaciones de otras banderas, que son las que dominan la navegación en el estrecho de Ormuz argentino, acabará con los restos de la marina mercante y probablemente signifique resignar un potencial desarrollo de la industria naval a cambio de lograr mayor movimiento portuario. Los gremios del sector vienen dando una batalla contra esta reforma. El Sindicato de Conductores Navales (Siconara) acaba de presentar una propuesta de plan maestro para el Desarrollo Fluvial, Ferroviario y Energético con Base en Santa Fe. El activismo antisindical que vienen actuando algunos sectores del sistema, como los referentes de las empresas del complejo oleaginoso, no augura puntos de acuerdo.
Los CEOs de la industria aceitera, representados por los ejecutivos de Cofco, AGD y LDC, se mostraron proactivos. En materia de reclamos, agregaron a los pendientes la privatización del ferrocarril Belgrano, preferentemente al consorcio armado por las cerealeras; la aceleración del cronograma de baja de retenciones y la nueva ley de biocombustibles. Alineado en buena medida con el proyecto que presentó el oficialismo, el sector milita un aumento del corte obligatorio y la desregulación que permita el ingreso al mercado interno de las aceiteras integradas, que cuentan con la materia prima para elaborar el producto.
Luis Fontán, de AGD, recordó que la industria aceitera invirtió hace más de una década miles de millones de dólares para desarrollar un moderno complejo de producción de biodiesel, que hoy tiene gran parte de su capacidad ociosa “por la ausencia de un marco regulatorio que impulse el consumo interno”, en un contexto en el que el negocio de la exportación se complicó cuando Estados Unidos y Europa comenzaron a poner trabas y restricciones.
Nuevo ciclo
Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los “mandatos” de corte obligatorio en América del Norte y Brasil impulsaron un acelerado aumento de la capacidad de molienda de sus complejos oleaginosos que, en función de atender la demanda de aceite, inundan el mercado de harina de soja, el otro subproducto en el que tradicionalmente reinó la exportación argentina.
Los ejecutivos coincidieron en señalar que se comenzaron a recuperar condiciones para “volver a competir” con esos actores. Incluso sorprendieron al avizorar una nueva ola de inversiones en el sector. Según el CEO de la china Cofco, Alfonso Romero, será “similar al del año 2004, cuando se hicieron grandes desembolsos en capacidad de crushing, puertos y logística”. Hasta el año pasado, un clásico de ese panel de Acsoja era la advertencia de que aquellos tiempos no volverían debido a la sobrecapacidad instalada, el estancamiento de cultivo de soja y las retenciones.
El resurgimiento del girasol y la irrupción de nuevos cultivos oleaginosos ligados a los combustibles sustentables ya empujaron inversiones en fierros, como las de LDC y Molinos en el cordón del Gran Rosario y Bahía Blanca.
El segundo semestre
Por lo pronto, el sector aceitero logró cerrar la paritaria que más expectativa genera en el movimiento obrero. Hubo huelga, conciliación obligatoria y un activismo poco frecuente de los empresarios para disciplinar el reclamo gremial. Finalmente hubo paz en torno a un salario de 2,5 millones de pesos en julio y 2,7 millones en septiembre, más una suma fija para mayo y junio. La representación gremial festejó porque defendió la negociación por el salario mínimo, vital y móvil en base a la Constitución. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) porque dice haber centrado la discusión en el índice de precios del consumidor del Indec, estimado vía el relevamiento del mercado que realiza el Banco Central.
La senda alcista que retomó el dólar promete una rápida recuperación del bolsillo patronal. La suba de casi 6 % del tipo de cambio mayorista en junio anticipa un cambio de escenario respecto de la superabundancia de divisas del primer semestre.
“En las últimas semanas se empezó a sentir un poco de viento de frente para las variables monetarias y financieras; el dólar subió, al igual que las tasas de corto plazo, el BCRA redujo el ritmo de compra de reservas y el Tesoro no pudo renovar el 100 % de sus vencimientos”, señaló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en su último newsletter financiero.
El centro de estudios lo explicó, entre otras cosas, por el efecto de la baja del precio del petróleo en medio de la desaceleración de la conflictividad bélica en Medio Oriente, y a la menor liquidación de agrodivisas, que en el acumulado del año viene casi 9 % por debajo del promedio histórico. “La proyección de menores flujos de divisas en el futuro próximo se refleja en la desaceleración de la compra de dólares por parte del Banco Central”, señaló.
Hacia adelante, los economistas del Cepa advierten: “Es una consecuencia natural pensar que la primera elección presidencial desde la salida de la convertibilidad que combina un tipo de cambio barato y libre acceso al mercado de cambios para las personas humanas, será la que mayor demanda de cobertura en dólares tenga”.
Es probable que la depreciación cambiaria aleje la posibilidad de llevar la inflación al nivel de las expectativas que el propio gobierno promovió. Si bien en junio podría perforar el piso de 2 % y ayudar a la narrativa oficial de desaceleración, la comparación con el año pasado pone el dato en contexto. Ya en mayo la suba del IPC desaceleró al 2,1 %. Un año atrás, la inflación oficial de ese mes había sido de 1,4 %.
Los aumentos de tarifas prometen no dar tregua. Las petroleras ya activaron el “buffer” de precios que anticipó el presidente de YPF para el momento en que se calmara la volatilidad internacional. El proyecto de restringir el régimen de zonas frías y traslado al costo de la electricidad del aumento del gas licuado que se importó, también conspiran contra la baja del IPC.
La reducción que sí se sostiene es la del gasto público, obligada por la crisis de ingresos. El ranking de la motosierra en los primeros cinco meses del año, que elaboró Cristian Módolo, encontró a los programas sociales a la cabeza, con una contracción interanual de 26,5 %, seguido por las transferencias a provincias y universidades, las remuneraciones al personal y los gastos de bienes de consumo. “Los sectores más vulnerables de la población concentran el 50 % de todos los recortes al gasto público”, describió.
En contraposición, las subas reales interanuales de los gastos corrientes se dieron por el aumento del 54,4 % en pago de intereses. “En el país del supuesto equilibrio, sobran los relatos y faltan los números que cierren sin maquillaje”, concluyó el economista.
Autor
