No van a cárceles comunes, aunque sus delitos llegan a contabilizar centenares de víctimas. Tampoco se exponen a penas altas de prisión y son capaces de reabsorber multas como parte de los costos del negocio. El Ministerio Público de la Acusación no los considera una prioridad porque está abocado a la persecución de vendedores de droga al menudeo y al derribo de ranchos y casillas donde se comercializan bochitas de cocaína y marihuana. Son los delincuentes de cuello blanco que hacen negocios en la city de Rosario hasta que sus estafas los exponen a la luz.
Las estafas consumadas por financistas y agentes de bolsa sorprenden por el estatus social de sus protagonistas y por los daños que provocan, pero parecen inscribirse en otro orden de acontecimientos que los crímenes y los mercados de drogas con los que la ciudad de Rosario está familiarizada. Hace falta “expulsar de nuestra conciencia la impresión de que para ser delito tiene que correr sangre”, advertía el sociólogo Juan Pegoraro (Rosario, 1938 – Buenos Aires, 2025), para comprender que el delito económico es tan común como el narcomenudeo y el delito menor, y todavía más perjudicial.
El dicho de que las apariencias engañan se comprueba en cada caso. Las organizaciones delictivas tienen páginas web, personal especializado en inversiones, redes sociales. Los estafadores no se encuentran en los barrios periféricos sino en torres residenciales de Puerto Norte y en los alrededores de la Bolsa de Comercio. “Podríamos distinguir dos clases —dice un investigador con experiencia en estos casos—: por un lado los que tienen prestigio social y pertenencia de clase, donde el buen nombre ampara negocios ilícitos; por otro, los recién llegados que arman sociedades como pantalla de sus operaciones”.
Así como el mercado de droga no se explica sin la demanda, el de las estafas no se comprende sin las inversiones. Sigue la fuente consultada: “Entre las víctimas hay también diversas clases: pequeños ahorristas y jóvenes para los que el trabajo ya no es una opción; personas que tienen dinero en negro y quieren seguir teniendo así sus fondos, para no pagar impuestos; y en fin, salames que caen con el ofrecimiento de ganancias imposibles”.
Gustavo Shanahan quedó señalado como una oveja negra después de ser condenado por negocios con la banda de Julio Rodríguez Granthon. “En la city se conocían sus relaciones con personalidades non sanctas de Rosario pero a pesar de eso mantenía su buen nombre —asegura el investigador—. Al hacerse pública su vinculación con la narcocriminalidad la gente que hacía negocios con él se despegó rápidamente y estalló la burbuja. Mientras la inyección de dinero funciona no hay ningún problema, pero cuando la rueda se detiene se produce el caos: léase también cuando cae Vicentín, cuyo default arrastra a BLD, a Sebastián Grimaldi, a la sociedad Guardati-Torti”.
Genios de las estafas
Los fraudes que se investigan en Rosario y en otras ciudades de la provincia no involucran a personas aisladas sino a familias caracterizadas: la operatoria de los Spaggiari en Rafaela, armadores de una estafa piramidal multimillonaria; de los Macchi, en Cañada de Gómez; de Mauro Esqueff y su familia política, en Rosario, dan cuenta del desvío plenamente consciente de trayectorias desarrolladas dentro de la ley primero hacia zonas grises y finalmente al delito.
La familia funcionó también como un factor de confianza y como marco de legalidad para las irregularidades del operador inmobiliario Andrés Lux. Los antecedentes que investiga la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional de Rosario se remontan a 2016 e incluyen el manejo de una mesa de dinero, la captación de ahorros con promesas de altos retornos incumplidos, la venta de propiedades que no le pertenecían y de un mismo inmueble a diferentes personas, además de haber operado como corredor inmobiliario sin la matrícula que lo habilitara. Cuando no podía pagar Lux subía la oferta del rendimiento económico y postergaba la devolución, según la investigación de la fiscal María Teresa Granato.
La investigación de la organización montada por Luis Herrera y sus hijos expuso una dilatada actividad irregular. Al mismo tiempo que estructuraba una estafa piramidal y desviaba dinero a cuentas en el extranjero, el expresidente del Rofex sonaba como candidato a dirigir la Bolsa de Comercio, integraba la Fundación Rosario y era apreciado por ofrecer las mayores tasas de rentabilidad anual en el mercado. El 13 de septiembre de 2021, cuando el pagadiós a los ahorristas se hizo público, no se habló en principio de estafa sino de estrés financiero, una expresión habitual que disimula el desastre en ciernes para los no enterados y alerta a los conocedores.
“Se habla de estrés financiero cuando el efectivo está afectado a una inversión a largo plazo y no puede ser recuperado de inmediato —explica el investigador—. Hay un error de cálculo donde la liquidez es insuficiente para cancelar la deuda, pero en esto también intervienen la opacidad de los negocios y situaciones contables irregulares”.
Pablo Arcamone fue presidente de América Valores y de la Mutual 6 de abril, director de C. C. Bolsa S.A. y socio gerente de América Agro, mientras su socio Martín Fernández presidió la Mutual Pedro de Mendoza. Según la investigación del fiscal Sebastián Narvaja, esta organización desarrolló negocios legales, irregulares e ilegales y bajo la fachada de un conglomerado con actividad financiera sólida y regular apuntó a apropiarse de ahorros e inversiones “para canalizarlos por vías que impidieran su trazabilidad”. La ruta del dinero nunca aparece en estos casos.
Arcamone, de 43 años, y Martín Fernández, de 40, fueron imputados por trece estafas y un perjuicio que supera los 2 millones de dólares. El fiscal Narvaja diferenció dos planos en el modus operandi: operaciones legales mezcladas con otras ilegales y unidades de negocio que operaban en el mercado y otras de fantasía, “creadas para proyectar la imagen de un grupo empresarial solvente y diversificado”. La Mutual Pedro de Mendoza también fue utilizada para captar ahorros: parecía una entidad regular y solvente, pero absorbía fondos para una mesa de dinero y operaciones clandestinas de cambio de divisas.
Roberto Mondaini no aparece en la lista de más buscados aunque lleva más de dos años prófugo y sus víctimas quisieran verlo en esa nómina. A falta de prosapia, atraía a inversores y ahorristas con otra figura que se cotiza en el medio: era “un gurú de las finanzas”. Presidente de una consultoría financiera, de otra dedicada a las telecomunicaciones, de una sociedad de bolsa en formación —todas con nombres en inglés, un requisito— y con negocios en un fideicomiso para la construcción de torres, su verdadero negocio era la mesa de dinero que administraba en la Torre Forum de Puerto Norte.
“Estamos respaldados por socios de primer nivel”, afirmaba el contador Marcelo Pozzi, en prisión preventiva desde diciembre. Los nombres de los socios referían a una agencia porteña que se declara ajena a sus movimientos y colabora con la investigación mientras Pozzi fue imputado por estafas a personas para inversiones en la Bolsa que no llegaron a destino. En redes sociales también ostentaba otros créditos para ganar confianza: su firma, LDL, “tuvo el honor de ser la primer AAGI de Rosario, agente Asesor Global de Inversiones, un agente autorizado por la CNV para brindar asesoramiento integral en inversiones”. Pero después del honor sobrevino la vergüenza de la detención.
Con otras prioridades
El delito económico no aparece entre las seis prioridades que enumera el Ministerio Público de la Acusación en su página web. La fiscal general María Cecilia Vranicich dijo más de una vez que “el objetivo priorizado del MPA son las violencias altamente lesivas” y lo repitió en diciembre, cuando le preguntaron en un programa de radio sobre las estafas financieras. No quedan dudas al respecto con la distribución de los recursos humanos en la Fiscalía Regional de Rosario: la Unidad de Delitos Económicos no solo es notoriamente menor en relación a la de Violencias sino que cuenta incluso con menos fiscales que la Unidad dedicada a los accidentes de tránsito.
“En lo que hace de delitos económicos será priorizado lo que tenga relación con la circulación ilegal de dinero que provenga de las violencias altamente lesivas”, agregó Vranicich. Hasta el momento no se conoce ninguna que haya sido desarrollada en los últimos dos años, un indicador de la escasa entidad económica de las bandas dedicadas al narcomenudeo.
“Las estructuras están más preparadas para perseguir otros delitos, claramente el narcomenudeo y la violencia lesiva. Además es difícil armar equipos que desarrollen estas investigaciones, el personal adecuadamente formado es escaso”, se lamenta el especialista consultado. No obstante, en el caso de la consultora CIAG se denunciaron otros factores para cuestionar la intervención de la fiscalía de Rosario.
En enero, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo “impulse la causa por delitos económicos vinculados a la llamada consultora CIAG, que involucra a una veintena de personas damnificadas por un monto de alrededor de 4 millones de dólares y que sostienen que sus inversiones fueron derivadas a otras locaciones administradas por sociedades off shore”. La investigación comenzó en 2022 y los damnificados “presentaron una nueva denuncia con abundante documentación y que, según estas personas, demuestra que el dinero se encuentra en inversiones tanto en el país como en el exterior administrado por sociedades off shore con el supuesto respaldo de Rosental y la escribanía Casiello”. El fiscal regional Matías Merlo no pudo contestar a una entrevista solicitada sobre este tema por problemas de agenda.
En diciembre se frustró un acuerdo de juicio abreviado que contemplaba cinco años de prisión efectiva para Luis Herrera y tres años de prisión condicional para sus hijos con una multa. En total hubo 450 víctimas y se perpetraron 557 hechos de estafa, 27 de quiebra fraudulenta y 141 de lavado de activos; padre e hijos cumplen prisión preventiva hasta el 14 de abril.
“Las estafas no solo tienen pocas penas sino que los plazos de prescripción para los tipos penales son más cortos —señala el investigador—. El delito de cuello blanco es además difícil de perseguir porque el estatus social funciona como una protección y porque para el sistema penal es más fácil perseguir a jóvenes de los sectores marginales y presentar esa persecución como un éxito contra lo que llama criminalidad organizada. Es más fácil también investigar delito de activos en una causa vinculada con el narcotráfico; en la mega estafa inmobiliaria, por ejemplo, la justicia de Rosario rechazó que se hubiera configurado ese delito y también que los escribanos, empresarios y testaferros involucrados conformaran una organización criminal aunque la fiscalía probó un patrón común de acciones, concertado en el tiempo, por el que se quitaron propiedades a distintas personas”.
Las maniobras bursátiles, los balances falsos, la evasión y fuga de capitales y los múltiples recursos para la evasión fiscal no resultan procedimientos extraños para el mundo financiero sino que conforman al capitalismo neoliberal como “un modelo de acumulación dineraria privada por medios delictivos”, señaló el sociólogo Pegoraro en un artículo de Delito y Sociedad, la revista de la Universidad Nacional del Litoral.
Autor de Corrupción, Impunidad y Sistema Penal (2005) y La sociedad moderna y los lazos sociales de la ilegalidad (2008), entre otros libros, y referente de la sociología del delito en Argentina, Pegoraro destacó que “el espacio académico no ha incorporado suficientemente en sus reflexiones el fenómeno del delito económico y su presencia omnisciente en las relaciones económico-sociales”. Los programas de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario darían cuenta de esta falta. Desconocido como objeto de estudio, relativamente alcanzado por el control penal e invisibilizado ante la opinión pública por el espectáculo de la violencia, el delito de cuello blanco encuentra sus condiciones de reproducción en la propia dinámica de la economía, la sociedad y los medios de comunicación de Rosario.
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