Apenas dos meses después de la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo en barrio Triángulo la violencia asociada al narcomenudeo vuelve a poner en zozobra a la ciudad de Rosario. El refuerzo de efectivos federales, el arribo de personal del Ejército y la delegación local de la Unidad Fiscal Financiera, entre otras medidas del gobierno nacional, no impidieron un nuevo estallido de crímenes y extorsiones. Y para complicar más el panorama, el factor narco se proyecta sobre el escenario electoral.
El asesinato del playero y taxista Mauro Villamil en un tiroteo contra una verdulería del barrio Tiro Suizo, el arrasamiento del Complejo Educativo Gurruchaga en un robo nocturno y un doble crimen en Villa Gobernador Gálvez encontraron a las máximas autoridades de la provincia y del municipio sin demasiados argumentos. Mientras la crítica sobre las propias gestiones sigue ausente, el foco estuvo puesto en la actuación de la policía y por unas horas corrió el rumor del desplazamiento del ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni.
Al margen de las olas y de la repercusión mediática, la crisis no deja de desplegarse en la vida cotidiana. Con el asesinato de dos adolescentes de 14 y 15 años en barrio La Cerámica, Rosario registra 116 homicidios en lo que va del año. La identidad de las víctimas puede desdibujarse con la estadística, pero cada una inscribe una rotura en el tejido social y los crímenes son además el emergente de un iceberg: “A nivel de la violencia la zona oeste es hoy la más complicada. Pero el fenómeno de las extorsiones está extendido sobre toda la ciudad”, señala un investigador.
El asesinato de Villamil provocó concentraciones de vecinos y compañeros de trabajo en el Monumento a la Bandera y en el barrio. La comunidad educativa del Complejo Gurruchaga abrazó a la escuela después del saqueo. Comerciantes y empresarios se declararon en alerta y evaluaron un cierre, sobre el trasfondo de protestas en barrio Rucci y denuncias de situaciones insólitas que ilustran la gestión desastrosa de las comisarías. El asesinato de Valeria Nasca, vinculada a Esteban Alvarado, expone una vez más a la ciudad como territorio donde las bandas libran sus enfrentamientos como si no existiera ninguna autoridad. El cuadro tiene otro componente: los vecinos de Rosario insisten en sus reclamos a la provincia y al municipio, pero se organizan por su cuenta para prevenirse de los delitos.
El fenómeno de las “detenciones civiles” es otra expresión de la fragilidad del Estado y resulta transversal a las clases sociales y los barrios, desde los albañiles que trabajaban en la pavimentación en Baigorria y Casiano Casas y apresaron a un arrebatador hasta el cónsul honorario de Francia que persiguió con su vehículo a ladrones que le habían robado una mochila y provocó un choque múltiple frente a la Aduana. Cada episodio refrenda el testimonio de una policía que no está presente, llega tarde y se atrinchera en comisarías espectrales. En barrio Agote, donde el robo contra la Gurruchaga siguió a situaciones crónicas de arrebatos y entraderas, los vecinos se contactan por grupos de WhatsApp para cuidarse y mantenerse alertas.
En el último año la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad detuvo a 120 policías y agentes penitenciarios por incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio, coimas y otros delitos, y recibió 754 denuncias en la línea gratuita 0800-444-3583. Las atribuciones que otorga la ley se convierten en posibilidades de cometer delitos. Surgen bandas de policías dedicadas al robo o al servicio de la violencia narco a lo largo y a lo ancho de la provincia: en Santa Fe, el copamiento de la subcomisaría de Arroyo Leyes delató a una organización de poliladrones integrada por oficiales superiores; en Venado Tuerto, suboficiales del Comando Radioeléctrico están en prisión preventiva por allanamientos ilegales y extorsiones; en Rosario, una franquicia de Los Monos empleaba a policías en actividad y retirados.
El último caso expone además el factor asociado con la corrupción judicial: la declinación de la Justicia. El ex policía Darío Protti, hoy acusado como operador al servicio de Los Monos en el barrio Ludueña, fue separado de la fuerza por el asesinato de un adolescente de 16 años en 1998 y recibió una condena que quedó sin efecto por una sospechosa negligencia judicial. La indagatoria de los policías investigados por el incendio intencional de la Alcaidía Mayor de Rosario, donde murieron tres presos el 12 de abril de 2013, le llevó casi diez años a la Justicia Federal; mientras tanto, uno de los involucrados, el oficial inspector Gerardo Héctor Malpassi, continuó en funciones y fue más tarde acusado de poner la seccional 1a al servicio del clan Sandoval, y otro, el comisario inspector Omar Dal Lago, terminó implicado en un caso de gatillo fácil en Granadero Baigorria. Y todavía hay que escuchar protestas de voceros de los medios y de la política santafesina respecto a que la policía tiene “las manos atadas” por las denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
En el último año la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad detuvo a 120 policías y agentes penitenciarios por incumplimiento, homicidio, coimas y otros delitos
El ministro Brilloni salió a respaldar a la policía provincial —a la que además desvinculó del tráfico de armas y municiones que abastece a las bandas narco— y también al Servicio Penitenciario. En este caso pareció tratarse de una reacción ante el cuadro que describió el empleado Gonzalo Arellano en una entrevista con un canal de televisión porteño: la “minipyme ilegal”, como se llama en la jerga carcelaria a los agentes que proveen de insumos variados a presos, “la famosa colecta mensual de los pabellones”, la venta de teléfonos celulares como práctica de rutina y la frustración de los agentes habituados a “ver pasar plata y droga y no poder decir nada” por miedo a las represalias. “Hace años perdimos la autoridad”, resumió Arellano.
“Se observa una policía que no hace nada, pero ya no estratégicamente. Es decir, no es que deje zonas liberadas. Hay una policía que está de brazos caídos y además un descontrol en el funcionamiento administrativo. Por primera vez desde el gobierno de Binner, la policía está a cargo de la gestión del Ministerio de Seguridad. En ese contexto igual se ve un manejo caótico, donde puede pasar cualquier cosa”, advierte el investigador consultado para esta nota.
Con ficha limpia
Para Gustavo González, investigador de la Universidad Nacional del Litoral, el cruce entre el factor narco “como expresión de la inseguridad frente al delito” y los actores políticos, y su presencia en los debates electorales “no debe ser interpretada en términos coyunturales o categorizada como una novedad” sino como parte “de un proceso sociopolítico más amplio que se viene registrando, con distintas intensidades y formatos, al interior de los sistemas democráticos occidentales desde hace aproximadamente dos décadas”.
Desde la expresión “narcosocialismo”, acuñada por Andrés Larroque en 2012 a propósito de la detención del jefe de la policía provincial Hugo Tognoli, la política parece encontrar en la violencia un argumento para la confrontación partidaria antes que un problema de Estado. La responsabilidad es del otro. En noviembre pasado, “cansado de que ensucien mi persona”, el ex gobernador Antonio Bonfatti pidió así al Ministerio Público de la Acusación que se le informara sobre su eventual mención en alguna causa. El entonces fiscal general, Jorge Baclini, respondió que no estaba procesado ni sospechado en ninguna investigación.
El 11 de abril, la vicegobernadora Alejandra Rodenas repitió el procedimiento aunque dirigido a la Fiscalía Regional de Rosario. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery firmaron una nota en la que consta que “no existe ningún curso de investigación contra la señora vicegobernadora” en relación al allanamiento realizado el 7 de diciembre de 2018 en un rancho de la isla Charigüé cuando se trataba de ubicar a Esteban Lindor Alvarado.
El efecto que pueden tener las constancias del MPA parece sin embargo relativo por causas que trascienden a los interesados: los fracasos en seguridad al cabo de una década de violencia, el hartazgo y el escepticismo de la ciudadanía con respecto a la política. Pero también porque la crisis en seguridad se convierte en un objeto de explotación para la competencia electoral.
“Como contracara de las demandas y reclamos de la ciudadanía que exigen respuestas a los actores gubernamentales y políticos, se configura un variopinto menú de planes y propuestas “políticas” estructuradas con mayor o menor nivel de rigurosidad”, señala Gustavo González, también politólogo e integrante del grupo de investigadores Delito y Sociedad de la UNL.
“En contextos electorales, las propuestas políticas se estatuyen como un mecanismo para lograr consenso, es decir votos. Estas propuestas y expectativas se convertirán en un factor de acumulación o pérdida de legitimidad social y política, de acuerdo a sus logros”, agrega González, por lo que “se consolida una táctica orientada a la crítica y desgranamiento de la legitimidad de los gobiernos de turno, motorizada desde sectores de la oposición, con lo que se genera un círculo nocivo y que se retroalimenta constantemente”.
“Mi futuro político está a salvo porque los electores tienen memoria”, dijo Alejandra Rodenas en la única entrevista que concedió hasta el momento al periodismo, para la porteña Radio Con Vos. Su candidatura a diputada provincial por la lista de La Cámpora lo pondrá a prueba. La decisión de dirigirse al MPA siguió a una entrevista de Infobae con Schiappa Pietra, publicada bajo el título “Allanamos una casa y apareció la vicegobernadora”.
Rodenas relacionó las sospechas omnipresentes en torno al allanamiento en la isla con la coyuntura electoral. El pedido de abrir un expediente en la Justicia Federal para investigar por qué el ex juez de instrucción Juan Carlos Vienna le devolvió al narco Luis Paz el BMW descapotable en el que fue asesinado su hijo Martín Paz también podría remover en la misma clave otro denso trasfondo político de la historia reciente.
Según explicó Rodenas a la prensa porteña, el allanamiento en la isla fue una confusión entre propiedades linderas. La vicegobernadora descalificó al testigo que señaló su rancho, Rodrigo Ortigala, como “un narco ligado a Cantero”. El testimonio de Ortigala, quien en realidad compraba y vendía autos en el filo de la ley y el delito, fue sin embargo decisivo en la condena lograda contra Alvarado y varios de sus cómplices.
“Mi vínculo con Esteban Lindor Alvarado nunca existió”, dijo la vicegobernadora, quien recordó que “fue la primera que lo detuvo”, a pedido del fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, en 2012. Evitó responder sobre el abogado Paul Krupnik —con quien llegó a la isla y que en 2019 habría sido candidato a ministro de Seguridad de la provincia hasta que el gobernador Omar Perotti se decidió por Marcelo Sain— y dijo que no tenía que dar su posición sobre el desafuero del senador Armando Traferri.
En la entrevista, Rodenas debió escuchar un audio en el que Sain la señaló “como empleada de Traferri que siempre jugó en contra de Perotti”. “¿Cómo voy a contestar semejante barbaridad? Tengo una historia que me avala. ¿Cómo voy a ser empleada de un senador?”, respondió.
Mientras la causa por el llamado espionaje parece en suspenso, Sain recupera presencia en el espacio público con la publicación de su libro Ciudad de pobres corazones y su habitual artillería pesada se proyecta en el escenario con las críticas que dirige a Maximiliano Pullaro y a Rodenas, a quien acusa de haber protegido a la extinta División Judiciales que trabajó a favor de los negocios de Alvarado.
Entre la espada y la pared
El factor narco volvió a activarse con el lanzamiento de Carolina Losada y Federico Angelini como precandidatos a gobernadora y vice de la provincia. Losada hizo propia la consigna de campaña de Perotti por la paz y el orden y la dio por buena como evidencia de la “falta de la decisión política” de Pullaro, su rival en las PASO, cuando era ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz.
Losada y Angelini aseguran contar ya mismo con un plan de seguridad. No obstante, los adelantos de Losada en entrevistas periodísticas recuerdan a sus intervenciones en paneles de televisión. “Empoderar a la policía”, “Que el personal jerárquico esté en las comisarías”, “Que la policía tenga recursos” y otras consignas muestran un estilo hecho de frases breves y espectaculares, que apunta a crear impacto y descalificar al adversario, por el momento Pullaro antes que el kirchnerismo, más que a reflexionar sobre los problemas de seguridad.
“En nuestro contexto asistimos a una normalización de los emergentes de la conflictividad social asociada al mercado de drogas ilegalizadas —afirma Gustavo González—. Normalización en el sentido de regularidad social, de presencia constante de sus efectos como homicidios, balaceras y corrupción institucional en la arena pública. Sobre este proceso sedimenta en amplios sectores sociales y de la opinión pública una sensación de fracaso de las agencias de la justicia penal y las políticas de control del delito, y de incapacidad del Estado”.
Ante el dilema de la desconfianza pública y la necesidad de dar respuesta, sigue González, “los referentes políticos, tienden a movilizar recursos e instrumentos de carácter tradicional y efectista, generalmente aumentar y fortalecer la respuesta penal, como formas de ensayar respuestas concretas a tales demandas o, al menos, mediante las cuales pretenden generar simbólicamente la idea de que sus capacidades de mantener el orden están intactas”. Habrá que ver si la discusión electoral en Santa Fe abre alguna posibilidad para discutir acuerdos a largo plazo, más allá de las chicanas y de la demagogia punitivista ahora refritada en nombre de un sentido común que se da por sobreentendido, como si fuera algo natural.
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