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Economía

“El impuesto a la herencia es uno de los más justos que se conocen y se vuelve imprescindible”

“El impuesto a la herencia y a la transmisión gratuita de patrimonios es uno de los tributos más justos que se conocen y se vuelve imprescindible frente a las actuales tendencias a la concentración de la riqueza”, sentencia sin titubear el economista santafesino Rubén Lo Vuolo. Su palabra se enmarca en la discusión instalada por el gobierno nacional cuando, en ocasión de involucrar a los estados provinciales en la firma del reciente Consenso Fiscal, dejó en manos de éstos la decisión de implementar un gravamen de tales características en sus respectivas jurisdicciones.

Para Lo Vuolo, “no hay desigualdad más injusta que la desigualdad al nacer” y, al fundamentar su apoyo a la creación de una imposición económica a la herencia, fustiga a quienes “levantan el argumento del esfuerzo personal como forma legítima de movilidad social” para oponerse a la medida; estos últimos, sugiere, “deberían aceptar un tributo sobre el acceso gratuito a una riqueza para cuyo acrecentamiento no se realizó ningún esfuerzo personal. Simplemente —dice— se tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia rica en lugar de una pobre”. 

En Santa Fe, en 2009, el entonces gobernador Hermes Binner impulsó la creación de un impuesto a la herencia en el marco de una reforma tributaria integral; proponía gravar transferencias gratuitas de bienes valuados en más de 300.000 pesos (unos 80.000 dólares de entonces), con una alícuota del tres por ciento. El proyecto de Binner —que no fue más allá de sus intenciones y ni siquiera llegó a la Legislatura— contemplaba reducir tasas en tanto las transferencias fuesen a familiares directos (cónyuges, ascendientes o descendientes). En la actualidad, el gobierno de Santa Fe descartó de plano implementar el tributo.

Egresado de la Universidad Nacional del Litoral y de la University of Pittsburgh (Estados Unidos), Lo Vuolo es actualmente investigador principal del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) y presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic). Habitual investigador visitante en universidades de Estados Unidos, Francia y España, es asiduo discutidor de las políticas públicas en Argentina: de los propósitos de esas políticas, de sus alcances y procedimientos. Algunos de sus principales libros son Distribución y crecimiento. Una controversia persistente (2009), Estrategia económica para la Argentina. Propuestas (2003) y Alternativas. La economía como cuestión social (2001). Su trabajo también está en más de una decena de libros en colaboración y en frecuentes publicaciones en revistas internacionales. Lo Vuolo fue economista jefe del grupo de asesores en política económica y social que elaboró la plataforma del partido ARI (Argentinos por una República de Iguales), cuando la campaña presidencial de Elisa Carrió en 2003, y miembro del directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2006 y 2008.

Suma Política dialogó extensamente con Rubén Lo Vuolo sobre la creación de un impuesto a la herencia, por qué se derogó ese tributo en la Argentina durante el último gobierno militar y qué implicaría su restitución, más allá de los efectos recaudatorios.

—¿Cuál es tu opinión sobre la eventual creación de un impuesto así?

—Me parece imprescindible para iniciar un camino que permita revertir la estructura regresiva del sistema tributario argentino. Nuestro sistema tributario albergó este impuesto durante setenta años de historia y por mucho tiempo la masa de recursos recaudados se destinaba directamente al financiamiento de la enseñanza primaria pública y gratuita. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue reduciendo su alcance hasta su eliminación final, con el golpe militar de 1976.

“Nuestro sistema tributario albergó este impuesto durante setenta años y por mucho tiempo los recursos recaudados se destinaban directamente al financiamiento de la enseñanza primaria pública y gratuita”

—¿Por qué se eliminó?

—Las razones invocadas para esa medida, y son las que hoy siguen levantando sus opositores, son variadas y poco razonables: escasa recaudación, dificultades para la valuación de los activos, generalización de mecanismos de elusión y evasión mediante la adopción de determinadas formas jurídicas por parte de los grandes patrimonios. No son argumentos atendibles…

—¿Por qué no?

—Primero, porque “que recaude mucho” no es la única razón para que exista un impuesto; justamente, este argumento lleva a que se apliquen impuestos de alta recaudación, pero profundamente regresivos, como el IVA, consumos de ciertos bienes y servicios, etcétera. Segundo, porque es un impuesto que, pese a sus dificultades administrativas, sirve para cruzar información con otros impuestos y así mejorar el control de la evasión. Cuando se eliminó en Argentina se dijo que se aplicarían otros tributos que tendrían un carácter “sustitutivo” (como impuestos sobre el capital y sobre el patrimonio de las personas físicas y jurídicas). Pero estos gravámenes, en general, recaen sobre un contribuyente diferente y también su mecanismo operativo es diferente. En el caso del impuesto sobre el capital de las empresas, los contribuyentes son las sociedades, mientras que en los impuestos sucesorios lo son las personas beneficiarias de herencias, donaciones… Argentina no califica bien en su recaudación de impuestos progresivos sobre las personas, no tanto sobre empresas. No son impuestos sustitutivos. Además, el impuesto sobre el capital de las empresas siempre puede ser “trasladable” (hacia adelante o hacia atrás) por la empresa, de forma que recaiga finalmente sobre los compradores o sobre los proveedores de insumos. Los impuestos sobre las sociedades deben evaluarse con distinto criterio, buscando favorecer, por ejemplo, la producción, la inversión y el uso de energías renovables, entre tantas otras cosas posibles. 

—Por lo que vos expresás, parece que es algo justo desde el punto de vista político y social, pero ¿por qué?

—El impuesto a la herencia y a la trasmisión gratuita de patrimonios es uno de los tributos más justos que se conocen y se vuelve imprescindible frente a las actuales tendencias a la concentración de la riqueza. No hay desigualdad más injusta que la desigualdad al nacer. Quienes levantan el argumento del esfuerzo personal como forma legítima de movilidad social deberían aceptar un tributo sobre el acceso gratuito a una riqueza para cuyo acrecentamiento no se realizó ningún esfuerzo personal. Simplemente se tuvo la suerte de nacer en el seno de una familia rica en lugar de una pobre. 

Por otra parte, los estudios sobre las tendencias distributivas actuales indican que la herencia es uno de los motivos principales de la concentración de riqueza.

—¿Qué estudios, por ejemplo?

—Thomas Piketty propone una trilogía tributaria progresiva: primero, un impuesto progresivo al patrimonio; segundo, un impuesto progresivo a la herencia, y, en tercer término, un impuesto progresivo a los ingresos. Además de ser justos, estos impuestos combinados proporcionan una base de datos imprescindible para una administración tributaria más eficiente que permita combatir la evasión. De hecho, se considera que el impuesto sucesorio puede ser un medio eficaz para gravar, aunque sea tardíamente, réditos y ganancias de capital que hayan evadido la tributación en el momento en que se produjeron.  

“Se considera que el impuesto sucesorio puede ser un medio eficaz para gravar, aunque sea tardíamente, réditos y ganancias de capital que hayan evadido la tributación en el momento en que se produjeron”

—Ahora bien, volviendo a la actualidad, el gobierno nacional ha disparado el debate, implícitamente, sobre este tema, al incluirlo dentro del Consenso Fiscal, supuestamente “autorizando” a cada provincia para que lo implemente ¿Te parece pertinente que eso sea potestad de cada provincia o debería ser un marco regulatorio que alcance a todo el país?

—Personalmente, creo que es mejor que sea a nivel nacional, lo cual además permitiría luego coordinar información y control con otros impuestos progresivos que se aplican a ese ámbito. También serviría para anticipar coordinación con probables impuestos globales que están en debate, como el impuesto a las transacciones financieras o el impuesto a la riqueza global, propuesto, entre otros, por Piketty. Pero, como toda cuestión administrativa, es un tema de debate. Los países que tienden a descentralizar, como España y Bélgica, son regímenes de gobierno muy particulares, con comunidades políticas con alto nivel de autonomía. 

—Te hice esta pregunta porque algunas voces expresaron duda en cuanto a si tributa la persona propietaria o tributa el inmueble transferido. Por ejemplo, alguien con domicilio fiscal en Santa Fe (donde no rige esa imposición) dona a su hijo un inmueble situado en Buenos Aires (donde sí).

—Como te señalé antes, esto se evitaría si el impuesto es a nivel nacional. Creo que sería menos eficiente un impuesto a las sucesiones que se aplique a nivel local, además de que seguramente se habilitarían normas y tasas diferentes… Además, los patrimonios personales de las personas con grandes fortunas son cada vez más diversificados y líquidos, por lo que la fiscalización a nivel local es más difícil. 

—Esta iniciativa del gobierno nacional, ¿conlleva un espíritu de justicia social o su propósito es simplemente recaudar a efectos de disminuir déficits fiscales?

—No tengo idea qué motiva las acciones de la élite dirigente. Lamentablemente, en términos generales, en Argentina las políticas públicas y la acción política se motivan por intereses particulares de muy corto plazo. No alcanza con observar el título que se le pone a una política y mucho menos con la declaración de propósitos de quienes la impulsan. Hay que analizar cómo se implementa en la práctica, más en un país con muchas evidencias de connivencia entre la élite política y la élite económica, además de un sistema tributario que está repleto de múltiples mecanismos que facilitan la elusión y la evasión. Lo cierto es que Argentina no califica bien ni por la progresividad de su sistema tributario, ni por la de sus políticas de gasto fiscal. Lo ideal sería que un impuesto de este tipo vaya a financiar de forma transparente políticas distributivas de carácter universal, como puede ser el caso de un ingreso ciudadano universal e incondicional. A nivel internacional también se sugiere que con un tributo a la “herencia privada” se constituya un fondo que permita que todas las personas accedan a una suerte de “herencia colectiva” que mejore la desigual distribución de oportunidades de vida al nacer. 

“Lo ideal sería que un impuesto de este tipo vaya a financiar de forma transparente políticas distributivas de carácter universal, como puede ser el caso de un ingreso ciudadano universal e incondicional”

—¿Hay registro de la incidencia real que tiene actualmente el impuesto en cuestión en provincia de Buenos Aires, donde sí se aplica?

—No es mucha la información que tengo al respecto. Entiendo que la provincia de Buenos Aires tiene un impuesto que rige desde hace aproximadamente una década y se aplica a los bienes y residentes en territorio bonaerense, con mínimos según quién reciba la herencia: si el núcleo familiar directo (de padres a hijos o cónyuges) o más lejanos. Según la información que tengo, la recaudación representa aproximadamente 0,2 por ciento de los ingresos por impuestos de la Provincia.

—¿Es una recaudación importante?

—Pero otra vez… entiendo que la recaudación no es lo más relevante y además reitero que en el caso de Argentina colocar el impuesto a nivel provincial limita su alcance y es poco eficaz; incluso desde el punto de vista administrativo, porque hoy en día gran parte del capital está en forma líquida. Desde mi punto de vista es mucho mejor aplicarlo a nivel nacional, con criterios globales y uniformes. Habrá que discutir si es mejor hacerlo sobre el conjunto de la sucesión o sobre las personas que heredan, pero siempre debería ser progresivo, con mínimos que permitan que sólo alcance a los grandes patrimonios y con excepciones que no dañen a las empresas de familiares, de menor tamaño, como así también a las de alto impacto social y comunitario.


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