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Política

El juez federal de Victoria procesó a siete imputados por quemas en el Delta

Por delitos contra la seguridad pública, con penas de reclusión o prisión previstas que van de 3 a 10 años, el juez federal de la ciudad de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, resolvió procesar a las siete personas imputadas de causar incendios en el Delta del Paraná. También se les trabó embargo de bienes y prohibición de ingresar a la zona donde se produjeron los focos ígneos cuya humareda afectó a Rosario y otras localidades. Los involucrados fueron detenidos in fraganti en distintos episodios ocurridos a mediados y fines de agosto de 2022 en las islas entrerrianas. Se trata de seis apicultores y un puestero que fueron oportunamente excarcelados. 

A los imputados ahora procesados se los acusa del delito de “incendio doloso, habiendo generado un peligro común para los bienes y/o personas indeterminadas”, de acuerdo a lo previsto y reprimido en el artículo 186 del Código Penal. La imputación es en carácter de “coautores”, prevista en el artículo 45 del Código Penal, “de conformidad a las previsiones del artículo 308 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, manteniendo el beneficio de la libertad de conformidad a las pautas dispuestas en los correspondientes incidentes de excarcelación”, explicó a Suma Política una fuente ligada a los expedientes. “En función de la escala penal prevista para el delito tipificado, ante la solicitud de sus defensas y con consentimiento del Ministerio Público Fiscal, se les concedió la excarcelación a los siete imputados, para lo cual se formaron los correspondientes incidentes de excarcelación, imponiéndoseles la correspondiente prohibición de ingresar a la zona del Delta por el término de 90 días”, se aclaró respecto al beneficio que se hizo efectivo el 30 de agosto pasado.



Causas


La investigación judicial que derivó ahora en estos siete procesamientos se remonta a tres episodios de incendios en la zona de islas en los que alcanzaron a ser detenidos involucrados directos, y por los cuales se abrieron sendos expedientes en el Juzgado Federal de Victoria. 

La primera causa es por la quema en la zona del arroyo El Tigre, Islas de las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay, que se produjo frente a las localidades bonaerenses de San Pedro y Ramallo, donde el 14 de agosto fueron detenidos tres apicultores que mantenían vivo un incendio en el lugar. Se logró detener a las personas luego de ser detectado el fuego desde el aire, tras lo cual se desplegó un operativo terrestre y fluvial de la Policía de Entre Ríos. A las pocas horas se supo que los apresados eran parte de una familia, siendo un padre de 54 años y sus dos hijos, de 18 y 22, todos apicultores, con domicilio en Villa Constitución. Ellos adujeron que intentaban desarrollar un “contrafuego” como una forma de frenar el avance de las llamas que rodeaban el lugar y así proteger a sus colmenas en una maniobra que utilizan de forma autorizada bomberos o brigadistas capacitados para hacerlo.

Según se desprende de este expediente, la quema abarcó “aproximadamente 1.500 metros circunferenciales de humedales, con llamas activas de 40 metros”. Como material de prueba se aportaron pericias de distintos organismos del Estado con actuación en el territorio, testimoniales y una inspección realizada personalmente por el juez federal de Victoria en el lugar. 

La segunda causa es por una quema verificada el 23 de agosto a la vera del arroyo Los Laureles, en la isla conocida como del Holandés, en el departamento Victoria, frente a la localidad santafesina de Villa Constitución. El siniestro habría sido causado también por tres apicultores, oriundos de San Pedro, a quienes se los acusa de iniciar el fuego de unos pastizales que se propagó por la zona del arroyo El Tigre. Al ser interceptados por efectivos de Prefectura Naval Argentina, uno de ellos habría referido espontáneamente “que habían prendido un contrafuego, haciéndolo por sectores, y que luego no lo pudieron controlar”, según una de las declaraciones incorporadas a la investigación. Es por esta actividad que se los acusó de haber generado “peligro común para bienes”, afectando una superficie aproximada de 3.000 hectáreas.

Y la tercera causa es por el inicio de un incendio en cercanías de la ciudad de Victoria. Este episodio se registró el 15 de agosto, cuando se realizaba un amplio despliegue de personal de seguridad en el territorio. Así es que fue apresado un puestero oriundo de Victoria, quien fue sorprendido in fraganti por uniformados del Grupo Albatros, la división de élite de la Prefectura Naval. Se lo acusó de iniciar el incendio de unos pastizales que fue detectado “por una pequeña columna de humo que se desprendía” de un foco ígneo ubicado “en el sector denominado río Victoria, más precisamente en el río Espinillo, confluencia con arroyo Carbón Grande, habiendo arribado al lugar en un caballo”, se precisó. “El procesado fue interceptado al momento en que realizaba las igniciones, eran tres focos, y la superficie afectada no superó los 10 metros cuadrados”, se describió. El detenido se abstuvo de declarar al momento de ser indagado. 

De este modo, en estas tres causas se dispuso el procesamiento de los involucrados, así como el embargo de bienes, aclarándose que en los dos últimos expedientes la situación procesal quedó firme, mientras que en la restante se encuentra el auto de procesamiento apelado, por lo cual “dicho decisorio no se encuentra firme”, se apuntó.


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