El gobierno provincial inició una nueva ronda de paritarias con los gremios docentes y, sin números en la mesa, ya afloran las tensiones. Tanto Amsafé como Sadop sostienen que los sueldos perdieron con la inflación durante el primer semestre del año y advierten que el gobierno no reconoce esa situación. Los ánimos vienen caldeados desde el inicio de la gestión por las diversas negociaciones frustradas y la implementación de un premio por asistencia que los gremios definen como un nuevo presentismo. Ahora los trabajadores de la educación van por una recomposición “que recupere lo perdido” durante el primer tramo del año y represente un aumento significativo para el segundo semestre. En el medio, sacan a relucir un dato: de las ocho paritarias abiertas durante esta gestión, las últimas seis se cerraron por decreto luego del rechazo docente.
Los encuentros para definir la política salarial del segundo semestre del año comenzaron este jueves. Por la mañana, los ministros Fabián Bastia (Gobierno), Pablo Olivares (Economía) y Roald Báscolo (Trabajo) recibieron a los gremios de la administración central, nucleados en ATE y UPCN, y por la tarde fue el turno de los gremios docentes que presentaron un pliego de exigencias reclamando “respuestas concretas” a las demandas de los trabajadores de la educación.
Entre los principales planteos de Amsafé se encuentra la incorporación de una cláusula de actualización automática de los salarios, la recuperación del poder adquisitivo perdido y la derogación del presentismo. Un planteo similar esbozaron desde Sadop, el gremio que nuclea a los docentes del sector privado, que en un comunicado expresaron su preocupación por “las profundas diferencias con la interpretación que el gobierno provincial realiza sobre la situación salarial”.
Como suele ocurrir, la primera reunión sirvió como una charla informativa para sondear la situación, pero no hubo una oferta formal de la Casa Gris. No obstante el principal reclamo de los dirigentes gremiales es la necesidad de sostener la discusión salarial para llegar a acuerdos, pese al rechazo de las propuestas. El pedido es más concreto aún: que los aumentos no se impongan cerrando la paritaria por decreto.
Dos aceptadas
Paradójicamente, la relación con los gremios docentes no arrancó de mala manera. Los primeros días del 2024, a pocas semanas de asumir la gestión de Maximiliano Pullaro, ya hubo un primer encuentro para comenzar a discutir salarios. En la Casa Gris tenían un objetivo: no dilatar los tiempos y llegar al inicio del ciclo lectivo con cualquier amenaza de paro desactivada.
En los gremios, la convocatoria temprana cayó bien y fue celebrada tanto por Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, como por Martín Lucero, el referente de Sadop. Sin embargo, en la discusión ya asomaba un punto de discrepancia: el sector docente reclamaba el cumplimiento de saldos adeudados de la paritaria 2023 acordada con la gestión saliente. Esa discusión demoró la presentación de una propuesta formal que finalmente se terminó haciendo con poco margen sobre el inicio de clases.
El 20 de febrero de 2024, el gobierno oficializó una oferta del 43,3 % que se desagregaba en un 14 % correspondiente a enero, un 22,4 % a liquidarse por planilla complementaria en febrero, y un 7 % a pagarse con el salario de marzo. Desde el gremio denunciaron que la oferta real del gobierno en realidad era de un 7 %, mientras que el porcentaje restante correspondía a lo adeudado en el marco de la paritaria 2023. La propuesta se puso a consideración y fue rechazada por los gremios que lanzaron un paro de 48 horas para el lunes 26 de febrero, cuando debían comenzar las clases.
Marzo transcurrió con idas y vueltas, pero sin novedades concretas. Hasta que a principios de abril el gobierno mejoró su oferta y propuso pagar un 18 % en marzo, sin descontar los días de paro previos. En la dirigencia gremial, el porcentaje no convencía, pero lo reconocieron como un avance. Unos días más tarde, los gremios sometieron la oferta a votación y se impuso la aceptación por escaso margen. Amsafé sigue denunciando que el porcentaje de 2023 aún no fue abonado en su totalidad.
De inmediato, el gobierno convocó a nuevas reuniones para definir la política salarial de los próximos meses. A finales de mes, el gobierno propuso pagar un 15,4 % para cubrir abril y mayo. La oferta fue descartada por los afiliados, que además votaron un nuevo paro de 48 horas para esa semana.
El 20 de mayo, el gobierno provincial presentó una nueva oferta, esta vez de alcance trimestral: un 18 % que se desagregaba en un 9 % correspondiente a abril, 5 % en mayo y 4 % en junio. Dos días después, los gremios aceptaron la oferta. Hasta el momento son las dos únicas paritarias que obtuvieron votación favorable y el consenso del sector docente, tanto público como privado.
Asistencia
Para mayo de 2024, comenzaba a gestarse un nuevo foco de conflicto entre el gobierno y el sector docente: la instrumentación del programa Asistencia Perfecta. Se trata de un incentivo mensual y trimestral, como bonificación no remunerativa, para los docentes que registran hasta una inasistencia durante el mes.
La política fue impulsada por el gobierno provincial para reducir los niveles de ausentismo docente que, según denunciaron, rondaban el 30 %. Desde la Casa Gris aseguran que dio resultado: mientras que en 2023 fueron 8.898 los docentes que registraron hasta dos inasistencias, en 2025 la cifra ascendió a 23.826, un 167,7 % más.
Los gremios son críticos de esa medida, a la que definieron como un “presentismo encubierto”. Sostienen que, con salarios bajos, el dinero que se percibe por no faltar en el mes, o en el trimestre, termina siendo un porcentaje grande de los ingresos.
La medida, apuntan, no solo desactiva posibles medidas de fuerza, quitando “poder de fuego” a los gremios a la hora de negociar mejoras salariales. Para los gremios, también empuja a gran parte de la docencia a asistir a trabajar enfermos o en condiciones que no son las necesarias para ejercer una enseñanza de calidad.
Por decreto
Desde mayo de 2024, la relación entre los gremios docentes y el gobierno se fue tensando más. Desde Amsafé denuncian que, salvando esas dos primeras negociaciones —que no estuvieron exentas de cruces y medidas de fuerzas— el gobierno provincial avanzó siempre con aumentos por decreto pese al rechazo gremial de las propuestas.
A finales de julio de ese año, el gobierno ofreció un 9,95 % a pagar en tres tramos: 4,5 % en julio, 3 % en agosto y 2,45 % en septiembre. La oferta fue rechazada, pero ante la aceptación de los gremios de la administración central no hubo nuevos ofrecimientos y el gobierno terminó abonando esas cifras.
Algo similar ocurrió en octubre, cuando el gobierno ofreció un 9 % para el último trimestre del año. La oferta no fue aceptada por los gremios que, de igual modo, modificaron su plan de lucha votando por jornadas de protestas sin paro en las escuelas de la provincia.
Las paritarias de julio y octubre de ese año tuvieron una “aceptación en disconformidad” por parte de Sadop. “En realidad siempre fue rechazo, porque la aceptación en disconformidad lo que expresaba era que la gente no podía hacer paro, porque no podía sostener el descuento del día ni perderse el dinero del presentismo”, explicó Lucero a Suma Política. “Después cambiamos la forma de votar y pasamos a tener rechazos sin paro, que es algo que se ajusta más a lo que planteaban los docentes. No había una aceptación”, aclaró.
En tanto, la primera oferta de la paritaria 2025 se oficializó en febrero, con una propuesta de aumento del 5 % desagregado en un 3,1 % correspondiente a enero y un 1,9 % de febrero. La oferta fue rechazada por ambos gremios y Amsafé convocó a un paro en el inicio del ciclo lectivo, mientras que el gobierno provincial pedía a los alumnos asistir a clases.
Aquel inicio de clases fue una disputa de sentidos: el gobernador Pullaro aseguró que el acatamiento había sido bajo y habló de un “cambio de paradigma” luego de que las escuelas abrieran sus puertas por primera vez en 14 años en la fecha de inicio pautada. Por su parte, la dirigencia de Amsafé destacó la medida de fuerza y cuestionó una “modalidad extorsiva” del gobierno hacia el sector.
La mesa paritaria se reabrió en mayo, cuando el gobierno provincial ofreció un aumento del 8 % trimestral: 3 % correspondiente a abril, 2,6 % en mayo y 2,4 % en junio. Nuevamente, la propuesta tuvo el visto bueno de los estatales, pero no así de los docentes. Dos días después, la propuesta fue rechazada, con el anuncio de nuevas medidas de fuerzas. “El gobierno tiene que leer este mensaje”, reclamaban los sindicatos.
Las negociaciones se retomaron a finales de junio, cuando el gobierno propuso una paritaria del 7 % semestral para el segundo tramo del 2025, con un 1,5 % en julio y agosto, y un 1 % desde septiembre hasta diciembre. Los gremios plantearon que la medida “quedaba corta” y la rechazaron. A finales de noviembre el gobierno anunció el reconocimiento de un 3,8 % extra ante el desfasaje con la inflación.
Lo que viene
El 2026 comenzó con una propuesta de aumento del 12,5 % para el primer semestre del año. Nuevamente, la queja de los gremios planteaba que la inflación iba a ser superior durante ese período y la rechazaron, pero las cifras se abonaron igual. Para mayo, la inflación acumulada llegaba al 15,2 %.
En el gobierno aguardaban conocer la inflación de junio en la provincia para negociar con la estadística del primer semestre del año sobre la mesa. Finalmente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 17,1 % para el primer semestre del año, una diferencia de casi cinco puntos con el aumento abonado.
La recuperación de esa diferencia parece ser el principal foco de discusión de la nueva mesa paritaria que se abrió esta semana. “El gobierno plantea que el salario en estos últimos seis meses le ganó ampliamente a la inflación. Incluso está mencionado que hubo docentes que tuvieron un 30 % de incremento salarial. Es una mirada que no se condice con la realidad”, expresó Alonso en diálogo con Suma Política. “Dicen eso porque incorporan sumas en negro, pero ni así lo pueden justificar”, añadió.
Para los gremios, el desfasaje podría solucionarse de manera sencilla con una cláusula gatillo de actualización automática. Sin embargo, los gremios advierten que en la lógica de aumentos por decreto, el sector docente perdió alrededor de un 35 % desde el 2023.
“Llevamos prácticamente dos años de paritarias que se cierran por decreto. Paritarias en donde, ante el rechazo por parte del sector docente, el gobierno que debería volver a convocar para intentar llegar a un acuerdo, lo que define es cerrarla por decreto”, sostuvo y añadió: “El gobierno pregona que hay que dialogar hasta ponernos de acuerdo, pero después no lo hace y cierra las negociaciones”.
Una mirada similar plantearon desde Sadop, finalizado el encuentro del jueves. “Evidentemente seguimos teniendo una lectura totalmente distinta de la que tiene el gobierno de la provincia. El Ejecutivo continúa sosteniendo que los salarios docentes le ganaron a la inflación durante el primer semestre del año”, cuestionó Lucero, secretario general del gremio. “No compartimos ese diagnóstico y así lo manifestamos durante la reunión”.
El gremio de los docentes privados reclama una recomposición del 15 % para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el primer semestre y un piso del 11 % para el segundo tramo del año. El debate pasó a un cuarto intermedio que se retomará el próximo martes 21 de julio, donde las partes volverán a verse las caras, probablemente ya con una propuesta oficializada en la mesa.
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