Luis Augusto Roatta muestra una aptitud notable para memorizar nombres, fechas, cifras. Por ejemplo la frase que suena como un mantra: “Unidad 6, Pabellón 8, Módulo C, Tarima 3, arriba”. Fue su lugar en la cárcel de Avenida Francia 4855 donde pasó dieciséis meses sin acusación, y de donde salió con una probation que define como “una extorsión” del Ministerio Público de la Acusación: aceptaba el ofrecimiento o seguía preso hasta que algún día, nadie sabía cuándo, hubiera un juicio.
Roatta fue detenido el 30 de junio de 2023 por una denuncia de estafa contra la consultora Ciag, donde trabajaba como empleado. Pero él mismo descubrió el fraude y advirtió a los inversores perjudicados, según dice y repite desde el principio de la causa sin que nadie lo haya desmentido. Los titulares de la firma, el matrimonio integrado por Juan Carlos Culhane (fallecido) y Paola Allegranza, quedaron en cambio al margen de las medidas dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos del MPA.
“La estafa que yo descubrí consistía en que este matrimonio tomaba dinero de la gente y en vez de ponerlo donde le decían a la gente y donde me decían a mí compraba bienes, tanto en la Argentina como en el exterior”, dice Roatta en su casa de barrio Echesortu. “Hay bienes en cinco países diferentes, algunos a nombre propio y otros ocultos en sociedades offshore, tanto a través de la empresa como de la escribanía de Tomás Casiello”, denuncia.
Como bienvenida Roatta prepara café con un método que según cuenta aprendió en la cárcel. Pero no hay recuerdos gratos de esa etapa: “fue espantoso”. Estando preso padeció el fallecimiento de su madre, el 21 de agosto de 2024, y asistió atónito al remate de la camioneta RAM que le habían secuestrado, en la primera subasta de bienes decomisados al delito, el 25 de abril de 2024.
“Me dejaron en la calle, sin recursos para vivir —dice, al comenzar la entrevista—. Te recibo en la casa de mis padres. Mis hermanas me están sosteniendo: no puedo tener ni siquiera una tarjeta de colectivo, estoy inhibido”. El correo dejó un aviso del Banco Galicia que le comunica el cierre de una cuenta y en la mesa del comedor se encuentra la libreta de la Dirección Provincial de Control Pospenitenciario, donde cada mes debe presentarse y firmar hasta la culminación de la probation, el 12 de diciembre de 2027.
El foco y las sombras
Roatta se vinculó con Ciag en principio como cliente “y después me invitaron a trabajar”. La consultora atendía en el Palacio Minetti, “quinto piso departamento C”, el corazón de la city financiera. Las irregularidades surgieron entre fines de 2020 y principios de 2021, y el nerviosismo pronto escaló en la clientela.
Las denuncias recién llegaron en octubre de 2022 a la Unidad de Delitos Económicos del MPA y fueron realizadas en principio por un grupo de siete clientes contra Culhane, Allegranza y Roatta: “Oh casualidad —finge asombrarse Roatta—, solamente me investigaron a mí: las empresas, escribanías y profesionales a los que se requirió informes solamente contestaron en mi caso y la fiscalía no reiteró los pedidos”. Además, no todos los damnificados se molestaron al respecto: “la cantidad de cuentas denunciadas en este momento son 40 pero en total había más de cien; hay personas a las que le conviene que esto no se investigue”.
La clientela de Ciag habría incluido a sindicalistas, empresarios, “profesionales de renombre”, hasta funcionarios judiciales. “La gente se puso muy violenta —sigue Roatta—. Iván Yerkovich y Luis Blanco, damnificados, venían a esta casa, se sacaban fotos con mi madre y las mandaban al grupo de WhatsApp de los denunciantes. Recibí amenazas de muerte por teléfono y en forma personal, y me obligaron a firmar la transferencia de lotes de un fideicomiso que yo llevaba en Casilda a favor de Blanco y Tomás Casiello, lo que denuncié”.
El 1° de febrero de 2021 decidió irse del país por las amenazas. Estuvo en EE.UU. y en España. Pero nunca se escondió: “Apenas llegué al exterior me contacté con toda la base de clientes informando lo que había descubierto. No conozco a ningún estafador que le avise a las víctimas y que además tenga los bienes a su nombre”.
A su regreso se convirtió en el objeto de la investigación. El fiscal Miguel Moreno ordenó allanamientos de su casa y de los domicilios de familiares entre abril y junio de 2023, con el secuestro de teléfonos móviles y de una camioneta RAM 1500 Laramie, en este caso en un garaje que según Roatta no constaba en las órdenes de requisa. “Compré la camioneta con transferencias bancarias y papeles de la UIF (Unidad de Información Financiera), en 57 mil dólares. El secuestro fue ilegal, como su venta en una subasta: Aprad la remató en 40 mil, presentándola como un bien decomisado al narcotráfico”, se indigna.
El 3 de julio de 2023 su suerte pareció echada: “Se me imputa de acciones que luego desaparecieron y me atribuyen una cantidad de bienes que no son de mi propiedad. Declaré inocencia y me ofrecí como colaborador para esclarecer la situación”. Por entonces estaba detenido en el Order, de donde pasó a la Unidad 6, cuando la jueza María Trinidad Chiabrera descartó informes médicos que aconsejaban una prisión domiciliaria “diciendo que la cárcel tenía patio” y extendió la detención a los dos años del plazo de ley.
Roatta vuelve a indignarse con la declaración testimonial de Paola Allegranza ante el fiscal Moreno, en agosto de 2023: “Miente descaradamente diciendo que no conocía nada. No solamente sabe sino que se beneficia de los réditos de esos bienes: terrenos y departamentos en Punta del Este, oficinas y terrenos en Argentina, locales y habitaciones de hoteles en Paraguay, como yo también tenía hasta que firmé la probation. El 9 de octubre de 2025 el fiscal Moreno dijo que era inminente su detención porque estaba muy complicada; parece que no lo fue tanto”.
Las tribulaciones de Roatta incluyeron más ofrecimientos de colaboración de su parte, apelaciones desatendidas y hasta la suspensión de una audiencia “por descoordinación entre la fiscalía y el Servicio Penitenciario, que informó no saber dónde me encontraba: increíble, ¿no?, pero no sabían dónde estaba una persona detenida”. También se prestó a abrir los teléfonos que le secuestraron.
El 14 de noviembre de 2024 aceptó la probation y un año después denunció al fiscal Moreno ante la Auditoría General de Gestión del MPA por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido al sesgo que impuso en la investigación. “La Justicia funcionó al revés: yo tengo que demostrar mi inocencia en vez de que la Justicia pruebe mi culpa”, dijo entonces. Moreno ya había sido designado juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, con lo que la presentación fue rechazada.
—¿Qué cuestiones no se investigaron todavía en la causa?
—El lavado de activos y el ocultamiento de bienes tanto por parte de la escribanía Casiello como de Rosental, que administra los bienes de Allegranza. Ciag era un satélite de Rosental, está declarado por las víctimas que llevaron su dinero confiando en ese respaldo y me lo dijeron a mí cuando hice la apertura de cuenta como cliente. Dicen que yo fabulo, que mis comentarios son delirantes. No es así.
—¿Cómo le consta esa situación?
—No hablo a título personal. Está en la prueba, y la cantidad de prueba es abrumadora y contundente. Hay resúmenes de cuentas y correos electrónicos. Hay nombres que constan en la prueba. Nada de lo que digo está en el aire. La prueba es abundante y no hay forma de rebatirla.
Los tres anillos
Roatta me pregunta si alguna vez tuve miedo. Salgo del paso con una respuesta común. “El que no estuvo dentro de una cárcel no sabe qué es el miedo —afirma—. Estuve con tipos que tenían once muertes, vi cosas que no le deseo a nadie: una persona con el cuello atravesado por un palo de escoba, entre tantas. Los jueces y los fiscales que dan prisión con tanta liviandad y por cualquier cosa, tendrían que conocer la cárcel por dentro”.
En una cárcel hay tres anillos, según su descripción: el espacio inmediato al exterior, donde los familiares visitan a los detenidos; el de la administración penitenciaria; el de los pabellones. “En este último mandan los presos: hay escalafones y se trata de subsistir. Como lo mío es la matemática, fui el que administraba los minutos de teléfono para que pudieran hablar las 32 personas que estaban en el pabellón. Por ese tema, una tarde me amenazaron de muerte seis veces. Pero ya estaba fogueado con el miedo”.
Se enoja cuando recuerda que la jueza Chiabrera afirmó que había peligro de fuga por cambio de aspecto con la barba. Roatta se interrumpe, busca dos carné de conductor de distintas épocas y los pone ante mi vista: en ambos posa con la misma barba que lleva hoy.
En la cárcel “tuve que aprender Derecho”, dice. A tres años de las denuncias, no se sabe si el hermetismo de la fiscalía responde a una política de secreto o a la falta de investigación. Roatta no tiene las mejores expectativas: “El fiscal Federico Aranda tomó la causa y se fue de vacaciones. Es evidente la inacción, son evidentes las excusas. Los fiscales dicen que la prensa complica y le piden a los denunciantes que no hagan notas. Creo que hay intereses económicos y empresariales para que no se investigue como corresponde”.
Antes de trabajar como consultor de empresas Roatta fue propietario de una farmacia, tuvo una flota de taxis, desarrolló una marca de ropa con la cual hizo comercio exterior, importó suplementación deportiva de EE.UU., compró y vendió autos de alta gama. “Mis pretensiones son que la gente recupere su dinero —dice—, y también recuperar mi dinero y mis bienes; quiero mi sobreseimiento definitivo, y el resarcimiento por los daños y perjuicios que me ocasionaron y que ocasionaron a mi familia. El tiempo no se puede devolver; no haber podido acompañar a mi madre en sus últimos momentos, tampoco”.
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