“La discusión laboral no puede reducirse a flexibilizar derechos”. El Partido Socialista se pronunció en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei y calificó el proyecto como “regresivo”. En un documento público, el PS sostiene que el mismo “recorta garantías y elude el debate de fondo: como impulsar el desarrollo económico y generar empleo digno”. La exintendenta de Rosario y exdiputada nacional, Mónica Fein, es la presidenta del PS.
El texto completo del documento es el siguiente:
“En la Argentina, el impacto de la transformación del trabajo a gran velocidad por la expansión de la inteligencia artificial, la digitalización y las comunicaciones, se superpone con un problema estructural: una economía que no logra sostener un sendero de crecimiento con inversión, productividad e inclusión. El resultado es un mercado laboral frágil: alta informalidad, precarización y rotación, dificultades para jóvenes y mujeres, y pérdida de capacidades productivas. Según la EPH-INDEC, la tasa de informalidad alcanzó 43,3% (3° trimestre de 2025), un dato que expresa la magnitud del desafío: millones de personas trabajan sin protección efectiva, sin aportes y con ingresos inestables.
El Partido Socialista sostiene una premisa clave: no hay más y mejor trabajo sin un modelo de desarrollo para la Argentina. La evidencia regional indica que, cuando el crecimiento es bajo y la productividad se estanca, se expande el empleo informal y de baja calidad. América Latina y el Caribe arrastra una “trampa de bajo crecimiento” asociada a bajo dinamismo de la inversión y débil productividad, que limita la creación sostenida de empleo de calidad.
La discusión laboral, entonces, no puede reducirse a “flexibilizar” derechos. Tal como surge del análisis del articulado y su orientación general, el proyecto del gobierno nacional es completamente regresivo:
· Elimina o restringe derechos y debilita principios básicos del derecho del trabajo destinados a equilibrar la desigualdad estructural entre empleador y trabajador.
· Acentúa el deterioro salarial, vulnerabiliza condiciones de trabajo y deja sin protección a amplios sectores.
· Convalida la precariedad en plataformas y abre la puerta al fraude laboral.
· Debilita la negociación colectiva, fragmenta la acción gremial y cercena el derecho de huelga.
· Desfinancia la seguridad social, desplazando costos hacia el sistema previsional. Además, este proyecto nace sin legitimidad social: no fue producto de una discusión previa, tripartita, plena y democrática entre organizaciones de trabajadores, empleadores y el Estado. Una reforma laboral de esta magnitud exige consensos reales, no imposiciones.
Desde nuestra mirada, una reforma laboral debe partir de una convicción: el trabajo digno es un pilar principal y un instrumento central para construir igualdad real. Para eso se necesitan instituciones laborales modernas (que incorporen plataformas, teletrabajo, nuevas ocupaciones), más poder de negociación y protección colectiva, y un Estado capaz de garantizar derechos, resolver conflictos con celeridad, y promover transparencia y participación social.
Para el Partido Socialista una reforma laboral debe integrar política productiva y política laboral: más inversión, más innovación orientada a crear tareas y empleo (no sólo a reemplazarlo), transición ecológica con inclusión, infraestructura y capacidades tecnológicas, y un Estado que coordine y reduzca desigualdades territoriales. También requiere comprender un fenómeno relevante para países de ingresos medios: la desindustrialización prematura reduce oportunidades de empleo formal y productivo si no se impulsan sectores transables, cadenas de valor, y nuevas capacidades industriales y de servicios modernos.
En este, marco, desde el Partido Socialista Impulsamos una reforma laboral con los siguientes ejes de discusión:
1. Regulación específica para MiPyME. Un marco moderno que simplifique cumplimiento, reduzca costos administrativos, promueva formalización y acceso a financiamiento, sin degradar derechos. La previsibilidad debe construirse con reglas claras e incentivos a registrar, no con precarización. 2. Reducción progresiva de la jornada hacia 40 horas semanales. Con criterios de gradualidad, negociación colectiva y acompañamiento para sectores sensibles, tomando aprendizajes regionales.
3. Mejores condiciones para trabajadores y trabajadoras de plataformas. Presunción de laboralidad cuando corresponda, derechos de seguridad social, transparencia algorítmica y reglas sobre tiempos, remuneración, desconexión y seguridad.
4. Derecho universal a la formación continua. Un sistema nacional de formación y reconversión, con participación de Estado, sindicatos y empresas, para transiciones tecnológicas justas y movilidad ascendente. La tecnología no debe expulsar: debe abrir oportunidades.
5. Previsibilidad judicial basada en evidencia. Construir estadísticas públicas y federales sobre conflictividad laboral (motivos, duración real, cuellos de botella), mejorar instancias de conciliación, y reducir demoras evitables. El objetivo es doble: garantías efectivas para trabajadores y certeza razonable para MiPyME, con justicia rápida y accesible.
6. Políticas activas para fomentar al trabajo digno. Impulsar Comités Mixtos de Seguridad e Higiene con capacidad real de prevención y control en los lugares de trabajo, articulados con políticas públicas de salud laboral y prevención de riesgos.
7. Agenda de cuidados y ampliación del concepto de trabajo, incorporando empleo formal y derechos donde hoy hay desigualdad, con especial impacto en la autonomía económica de las mujeres.
Desde el Partido Socialista creemos que la discusión central que la Argentina necesita es un acuerdo entre el gobierno, los sectores productivos y del trabajo sobre un modelo de desarrollo productivo sostenible que genere trabajo digno y de calidad, reconociendo las nuevas relaciones laborales, la vertiginosa transformación tecnológica y las nuevas dinámicas de la vida social”.
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