En todo el mundo, el consumo desmedido que incentiva la actual etapa del capitalismo puede llevar a los ciudadanos de todos los niveles sociales (antes que miembros de una polis, potenciales clientes) a incurrir en el sobreendeudamiento. Sin embargo, en la Argentina el fenómeno se disparó por otras razones: salarios de escaso poder adquisitivo, que a pesar de que se pertenezca a un gremio que consigue buenas negociaciones en paritarias no empatan a la inflación —ni hablar de los trabajadores precarizados y sin ingresos fijos—; elevados costos de los servicios financieros; incertidumbre a la hora de calcular gastos e inversiones; imprevistos que hacen a la reproducción de la vida cotidiana (rotura de la heladera mientras se está pagando un calefactor en cuotas, enfermedades, expensas, alquileres), y una canasta de alimentos y artículos de primera necesidad por las nubes.
En Rosario, las consultas por los riesgos y efectos que ocasiona el sobreendeudamiento se duplicaron en lo que va del año en la Oficina Municipal del Consumidor (OMC), mientras que el gobierno santafesino intenta crear un “sistema provincial de protección de derechos de las y los consumidores” capaz de prever políticas públicas que aborden, entre otros, este problema.
“En la mayoría de los casos que tramitamos y asesoramos en la oficina, los créditos que generan el sobreendeudamiento se adquieren para mantener un piso mínimo de calidad de vida como ser vestimenta, comida o gastos asociados a la vivienda como el alquiler o el pago de servicios públicos”, cuenta a Suma Política Antonio Salinas, a cargo de la OMC. “En los primeros seis meses de 2023 llevamos tramitados 326 expedientes referidos a situaciones de morosidad y deudas; y registramos más de 600 consultas para asesoramiento financiero. Estos números representan un incremento de alrededor del 50 por ciento respecto del mismo período del año anterior”, continúa el funcionario y es categórico al afirmar: “Notamos un incremento en cuanto a situaciones graves o dramáticas”.
Las cifras dan cuenta de lo que se palpa en cualquier conversación por estos días: la plata no alcanza, y tampoco ya la capacidad de endeudarse incluso para aquellos que tienen un sueldo mensual asegurado. “Crece la cantidad de trabajadores formales pobres: son trabajadores aptos para tomar crédito pero no para pagarlo, porque no llegan a cubrir la canasta básica”, sintetiza Salinas, e insiste en que los casos que gestionan no se refieren a gastos superfluos o de bienes suntuosos. Muchos son jubilados, pensionados y empleados públicos con códigos de descuento.
“Tener deuda todavía sigue siendo algo vergonzante, los desespera. Es como una deshonra, algunos se ponen a llorar”, añade el funcionario sobre el perfil de la mayoría de los vecinos consultantes. Desde la repartición municipal lo que plantean frente a las entidades que reclaman deuda es la “hipervulnerabilidad” de los usuarios y piden repactación de condiciones, planes de pago para cortar con el sobreendeudamiento. El primer paso para “empezar a sanar”.
Salir es posible, además de necesario, pero el escenario resulta conflictivo.
Tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, mutuales, cooperativas, aplicaciones disponibles incluso para adolescentes, billeteras virtuales, agencias de cobranza, circuitos de mayor o menor legalidad, prestadores que ofrecen dinero a sola firma y luego pasan a cobrar a domicilio 500 pesos por día forman parte de esos circuitos que para muchos rosarinos se transforman en telas de araña que terminan atrapándolos. La falta de educación financiera y una legislación anticuada no contribuyen.
En ese contexto, en mayo el Ejecutivo provincial envió al Senado un mensaje para crear un “sistema de protección de derechos de las y los consumidores”, con el argumento de que Santa Fe lleva 30 años de mora normativa. “Lograr convertir este anteproyecto en ley es de suma importancia para saldar una deuda histórica de la provincia”, expresó oportunamente el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano. Es que transcurrieron tres décadas desde que se sancionó la ley nacional de fondo 24.240 “y que Santa Fe no reguló el procedimiento en la materia. Ello derivó en inconvenientes a la hora de efectivizar los mecanismos y herramientas para defender en la práctica los derechos consagrados a nivel nacional y jerarquizados con la reforma constitucional de 1994”, apuntó el funcionario en declaraciones oficiales.
Entre los ejes centrales de la propuesta, que se enriqueció con el aporte de organizaciones del sector, figura la prevención del sobreendeudamiento y la organización de instancias administrativas para su saneamiento. Lo que no resulta muy auspicioso es que haya ingresado a la Legislatura en un año electoral, cuando diputados y senadores tendrían otras prioridades…
Por otro lado, el mes pasado Aviano participó de la Asamblea del Consejo Federal de Consumo (Cofedec), que se llevó a cabo en Jujuy y donde representantes de 14 provincias debatieron fundamentalmente acerca de la necesidad de llevar adelante políticas conjuntas para mitigar el sobreendeudamiento. La problemática representa más del cinco por ciento de los reclamos a nivel nacional y despierta preocupación.
Durante el cónclave se decidió organizar equipos especializados en cada jurisdicción para abordar los reclamos y tomar acciones contra las empresas financieras que incumplen la ley de defensa del consumidor, mientras que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor propuso el dictado de una resolución que establezca un mecanismo más ágil y ordenado para abordar las conductas abusivas de las empresas de cobranzas, estudios jurídicos y otras firmas que operan en el sistema financiero. El objetivo es frenar los comportamientos abusivos hacia usuarios financieros en materia de cobranzas.
Herramientas para prevenir
En medio de la crisis actual, desde la Oficina del Consumidor se promueven institucionalmente algunos ejes de prevención:
—Educación financiera: enseñar sobre conceptos básicos de presupuesto, ahorro, endeudamiento responsable, tasa de interés y uso adecuado de créditos; dotar a los usuarios de herramientas para una toma de decisión informada y responsable sobre sus finanzas.
—Acceso a una información transparente, clara y detallada sobre los productos financieros como la tasa de interés, cargos adicionales y condiciones de contratación.
—Evaluación responsable de la capacidad de pago de los consumidores por parte de todas las entidades: deben analizar la capacidad de pago de los consumidores antes de otorgarles el crédito o préstamo, así como sus ingresos, gastos y obligaciones financieras para asegurarse de que puedan hacer frente a los pagos sin caer en una situación de sobreendeudamiento.
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