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El secreto que rodea las revelaciones del ex fiscal que rompió el silencio sobre las coimas del juego clandestino

Por Osvaldo Aguirre

El secreto que rodea las revelaciones del ex fiscal que rompió el silencio sobre las coimas del juego clandestino



Osvaldo Aguirre


Una pata bien plantada en la Justicia. Otra, no menos firme, en la policía provincial y al parecer también en otras fuerzas de seguridad. Y la más importante, su centro de gravedad, en la política. El crimen organizado en Santa Fe, al menos en lo que respecta al juego clandestino, se revela con las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad como un crimen organizado a través de las instituciones del Estado.

La iniciativa privada no es precisamente ajena a la situación: la mesa habría comenzado a armarse con la pata empresaria, a partir de los negocios de Leonardo Peiti y su aspiración a asociarse con la provincia en la explotación del juego legal, para lo cual tenía “un proyecto de (instalar) 500 máquinas”, según su abogado Luis Rossini.

El manejo del juego legal, dijo Ponce Asahad, le hubiera allegado a Peiti una importante fuente de recursos. Y probablemente habrían vuelto intocable el otro aspecto del negocio, su costado más rentable: el juego clandestino instalado en casinos improvisados a lo largo y a lo ancho de la provincia.

¿Por qué habló Ponce Asahad? El ex fiscal dijo ante la jueza Eleonora Verón y los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que fue “totalmente deshonrado”. Por sus socios que lo expusieron al escarnio y a la cárcel, según cabe presumir. “Pero hay una honra que me queda y la voy a hacer valer -agregó, con la voz quebrada-: es la honra de mi palabra”.

Su declaración sería entonces una forma de recuperar la dignidad, aunque no hable como arrepentido. Pero también es una devolución de gentilezas hacia quienes lo llevaron a “una emboscada”, como definió a la entrevista con el abogado Rossini en la cochera de Jujuy y Oroño que quedó grabada en cámaras de seguridad.

El ex fiscal se presenta como un peón que fue sacrificado con plena conciencia por la asociación ilícita que integraba. Su caída y la del ex fiscal regional Patricio Serjal habría sido el precio para asegurar la impunidad de los principales responsables.

El senador Armando Traferri ya había aparecido en la causa, invocado por el ex diputado Darío Scataglini en un llamado a un celular que Peiti había dejado en manos de su secretaria. Ponce Asahad lo involucró ahora como articulador de la entente entre política, justicia y fuerzas de seguridad en torno a la protección del juego. “No lo veo nombrado como integrante de la asociación ilícita”, dijo, con ironía.

El ex fiscal dio cuenta de llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados con el senador. Las antenas dirán si efectivamente se produjeron esas comunicaciones. Pero mientras fue explícito sobre Traferri, se mostró más reservado respecto de otros legisladores y funcionarios.


El encuentro de Ponce Asahad con el abogado Rossini, lo que el ex fiscal calificó como “una emboscada”

La “pata política” de la protección al juego clandestino “no es de un solo partido político”. Traferri fue “uno entre varios” legisladores que habrían participado de esa trama. En el bar de Mendoza y Francia “donde se comen ricas milanesas”, Peiti habría entregado coimas al ex jefe de la Policía de Investigaciones Daniel Corbellini, “y Corbellini, a su vez, a otros actores”. Estas referencias son hilos muy gruesos que quedaron sueltos en la declaración de Ponce Asahad.

Corbellini también había sido mencionado en la causa, aunque su nombre pasó desapercibido en medio del escándalo de los fiscales. El ex jefe de la PDI fue presuntamente el que advirtió a Serjal sobre las investigaciones en Melincué que comprometían a Peiti, información que en diciembre de 2018 sirvió para frustrar un operativo de allanamientos simultáneos contra garitos del capitalista ubicados en distintos puntos de la provincia.

Las versiones conspirativas están a la orden de día en la causa por el juego clandestino. La designación de Ponce Asahad como fiscal es ahora una brasa que nadie quiere tocar: en el gobierno recuerdan que fue durante el gobierno del Frente Progresista, y en el socialismo destacan que fue ungido solo con 19 votos del peronismo y contra las advertencias de la ex vicegobernadora Griselda Tessio, una voz que predicaba en el desierto de la Legislatura.

A la luz de la declaración del ex fiscal del barbijo negro otros aspectos de la historia se cargan de interrogantes. “Tengo confianza en la Corte Suprema de Justicia de la provincia”, dijo Ponce Asahad, poco antes de quedar detenido el 4 de agosto. Su pedido para que ese cuerpo recibiera una copia de su testimonio pareció una ratificación de esa confianza. Pero tal vez haya otros matices de sentido en la frase, si se piensa que también mencionó a “un ministro de la Corte Suprema de la provincia” -junto a un juez federal, además- en el círculo rojo de Traferri.

Más allá de las especulaciones, el enfrentamiento político atraviesa y puede influir en el desarrollo de la causa. El senador Traferri no parece haber perdido la calma ante las acusaciones que enfrenta. Quizá porque está fogueado en estas circunstancias.


El ex fiscal Ponce Asahad reconoció el pago de coimas al empresario Leonardo Peiti

Las sospechas sobre la connivencia de la política con el delito no son una novedad en la provincia. En 2017, a partir de una denuncia de Jorge Boasso, la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario inició una investigación por enriquecimiento ilícito contra senadores en ejercicio y legisladores con mandato cumplido en Santa Fe. Entre ellos se mencionó entonces también a Traferri.

Los senadores provinciales respondieron prácticamente en bloque con una denuncia burda contra sus investigadores, los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián MacCormack. Después de mucho buscar exhumaron una causa que había terminado con la condena de policías de la comisaría 19 y la enviaron a la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa para tratar la actuación de los fiscales.

La intervención posterior de Patricio Serjal, una vez ungido como fiscal regional, no solo sepultó esa causa sino que disolvió la Unidad de Delitos Económicos de la fiscalía y en una señal elocuente hacia el interior del Ministerio Público de la Acusación castigó a los fiscales Narvaja y MacCormack con destinos alejados de las investigaciones complejas.

La acusación contra Traferri y potencialmente contra otros legisladores por la protección del juego clandestino es entonces un nuevo round entre la política y la justicia en Santa Fe. “Habrá que ver qué hace la política”, dijo una fuente judicial en la noche del viernes pasado, después de escuchar durante tres horas y cuarenta minutos a Ponce Asahad.

Pero en realidad la política ya movió sus fichas desde la caída en desgracia de los fiscales -y probablemente desde antes, si se suscribe la declaración de Ponce Asahad. El pedido de Nuevo Espacio Santafesino para revisar la actuación del fiscal Martín Castellanos, de Rafaela, la suspensión por parte de la Legislatura de Mauro Blanco, en Venado Tuerto, y la embestida contra el rosarino Adrián Spelta, la semana pasada, pueden ser vistas como una respuesta.


Los ex fiscales Ponce Asahad y Serjal, que están detenidos y serán reimputados

La declaración de Ponce Asahad fue el cierre de una semana que comenzó con once allanamientos, uno de ellos en un edificio que ya es familiar para los investigadores: Corrientes 832, donde funciona el estudio contable Iparraguirre & Cicchitti, que tiene a Peiti en su cartera de clientes.

El lunes también fue allanada la casa de Ugolini, en Morrison al 8000, después que surgieron datos que acreditarían una participación más activa del ex empleado en los delitos en cuestión. En el transcurso de la semana los fiscales recibieron señales de que habían tocado un nervio importante: mientras Ponce Asahad sufrió “amedrentamientos” de personas todavía no identificadas –pero que vuelven a demostrar las dudosas condiciones de seguridad del Servicio Penitenciario de la provincia-, los propios fiscales recibieron advertencias sobre maniobras “de desprestigio, de posible creación de fake news” para obstaculizar la investigación.


La danza de la fortuna


Según estimaciones provisorias basadas en cálculos de Loterías y Casinos de la provincia, el juego clandestino recauda aproximadamente mil millones de pesos en forma mensual. Los ingresos, no obstante, están sensiblemente afectados por las investigaciones que se realizan simultáneamente en Santa Fe, Vera, Rafaela –después que una denuncia durmiera plácidamente durante tres años-, Melincué y Rosario.

“Más allá de la recaudación que pueda generar un casino en particular –puntualiza a Suma Política otra fuente judicial-, lo significativo es que hay muchísimo dinero que circula de manera ilegal en la provincia. Ese dinero alimenta ámbitos que obviamente exceden los bolsillos de una persona. Por eso son importantes estas investigaciones”.

El juego clandestino no está asociado a la violencia característica de los hechos policiales, pero es su potencial contribuyente. “El problema del juego clandestino no tiene que ver con que la gente apueste –destaca la fuente- sino con que genera un volumen de dinero multimillonario, que circula de forma ilegal, a través de sectores de poder, con influencias en muchas áreas, en un movimiento continuo que genera relaciones espurias vinculadas a la corrupción. Eso es lo que motiva una política criminal intensiva. Todavía falta mucho”.

Una parte de lo que falta parece salir a la luz con la declaración de Ponce Asahad. Y otra es la más difícil de desentrañar: el movimiento que sigue el dinero de la recaudación clandestina.

La investigación que se desarrolla en Rafaela describió un sistema establecido donde el pago de sobornos al jefe de la Unidad Regional era de rigor, más allá del funcionario particular. “La coima venía con el cargo”, ironizó la fuente.

El fiscal Martín Castellanos puntualizó la forma en que altos jefes policiales recibían coimas de manera periódica, los lugares de pago y sus montos. Mientras tanto los funcionarios hacían declaraciones sobre el combate a las mafias o cultivaban un perfil correcto de respeto a los derechos humanos. La inclusión de un ex subjefe de policía provincial entre los imputados sugiere que el dinero fluía más allá de la regional.

A su vez, en Melincué, el fiscal Matías Merlo investigó una red de casinos extendida de sur a norte de la provincia, entre Wheelwright y Reconquista, en cuyo vértice situó a Peiti, el empresario que se quejaba de las trabas de la burocracia a sus negocios.

La importancia de Peiti en la organización del juego clandestino todavía no está del todo despejada. David Perona pudo llamarse “el rey del juego clandestino” en Rafaela, pero en realidad “era un eslabón dentro de la organización de juego clandestino de Peiti”, según uno de los fiscales que lo siguió de cerca. “No es una pyme, es un emporio”, puntualizó Ponce Asahad.


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