Empleo público en Santa Fe y el país: un tema en el que lo único seguro es la duda
Juan Chiummiento
El artículo 23 del proyecto de Presupuesto 2021 habilita al gobierno santafesino a incorporar en su planta permanente a los agentes “que actualmente se desempeñan como personal contratado-transitorio”. Más allá de esta afirmación taxativa, no existe precisión respecto al número de cargos a cubrir: se estima entre 1.500 y 3.000, según los registros del Ejecutivo y los sindicatos, respectivamente. Esta brecha es consecuencia directa de las limitaciones que existen en materia de estadísticas, una falencia en la que lamentablemente nuestra provincia no es la excepción.
Las discusiones sobre la materia suelen manejarse, casi siempre, en una lógica binaria. A un lado y otro de la grieta desfilan defensores y detractores del trabajo público, sin mayores argumentos que discutir sobre el “tamaño” del Estado, prescindiendo de ahondar en debates más profundos. Sin embargo, los problemas aparecen incluso antes de arrancar: “No hay datos estadísticos oficiales consolidados para los tres niveles de gobierno, las fuentes están discontinuadas a lo largo del tiempo y tampoco existe un organismo estatal encargado de construir y publicar información fidedigna”, anticipan Gonzalo Diéguez y José Gasparín en un artículo publicado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Si bien tiene algunos años, el estudio del Cippec sigue teniendo actualidad y representa un valorable esfuerzo (se sistematizaron diferentes fuentes) para elaborar conclusiones relativamente inobjetables. Una de ellas es que en la Argentina, entre 2001 y 2014, la cantidad de personas trabajando en el Estado pasó de 2,3 millones a 3,9 millones: una suba del 70%. “Actualmente, el empleo público representa el 18% del total de trabajadores”, aseveran los investigadores, quienes contrastaron dicho porcentaje con el de otros países, de diferentes regiones.
La infografía, elaborada especialmente para Suma Política, muestra entonces que el peso del empleo público en Argentina supera el promedio de América Latina. Sólo Venezuela se encuentra por arriba de nuestro país. Diéguez y Gasparín advierten igualmente que las diferencias entre países “pueden explicarse, en parte, por la diferencia en el alcance y composición de los servicios que prestan”, al tiempo que subrayan que, a nivel general, se observa “una elevada heterogeneidad”.
Las estadísticas de Cippec guardan correlación con un reciente estudio publicado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, que toma los principales países de Latinoamérica y los compara según qué porcentaje del PBI se aplica al gasto en personal:
Por las responsabilidades que asumen en seguridad, salud y educación, son los gobiernos provinciales los principales creadores de empleo público. Así lo demuestra un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo nacional en 2016 —prácticamente el último que aborda el tema desde la Casa Rosada con cierta puntillosidad—, que indica que el 66% de los trabajadores del Estado reportan a alguno de los 24 distritos en los que se divide al país. Los municipios, en tanto, explican el 13%.
Se mencionaba al inicio del artículo la dificultad para encontrar información fidedigna relativa al trabajo estatal. Por caso, si uno deseara comparar qué cantidad de empleo público hay en cada provincia, no existe un registro que los sistematice: deben tomarse datos parciales, que no brindan información desagregada sobre qué tipo de trabajos se cuentan para cada distrito (hay distritos que incluyen todos los cargos y otros que solo contemplan a quienes están en planta permanente, solo por citar un ejemplo). El estudio de IERAL intenta avanzar al respecto, tomando como fuente al Ministerio de Hacienda. El resultado puede verse en el siguiente mapa:
Tal como se observa, existe una notable heterogeneidad, con los mayores números “en provincias menos densamente pobladas, sugiriendo algún efecto de escala en la prestación de servicios públicos”, indica el estudio de Fundación Mediterránea. En un ranking que encabeza Tierra del Fuego con un guarismo de 118 empleados públicos cada 1.000 habitantes, Santa Fe aparece en el penúltimo puesto, con 39, seguida por Córdoba (35).
Nuestra provincia venía teniendo un riguroso seguimiento del personal del Estado, con informes que se actualizaban cada 30 días en el sitio web oficial del gobierno. Sin embargo, desde la asunción de Omar Perotti, esos documentos (al igual que casi todo lo referido a datos oficiales) dejaron de publicarse. La última foto data de octubre de 2019 y habla de 142.882 cargos en el Estado santafesino. Su distribución puede verse en la siguiente infografía:
La Fundación Libertad —de las pocas instituciones que suele estudiar el tema— indicó que durante la última década Santa Fe incorporó 29.121 empleados públicos provinciales, es decir un incremento del 25,6%. “Si bien el ritmo de crecimiento se observa parejo, en el año 2012 el personal total se incrementó de 117.342 a 123.511 (un 5,3%), siendo el año con mayor variación interanual”, acotaron desde la entidad de calle Mitre.
La última novedad resonante en la materia ocurrió en el marco de las reuniones paritarias sostenidas a finales del año pasado, cuando el por entonces ministro de Trabajo Roberto Sukerman (hoy a cargo de Gobierno) comunicó a los gremios la intención del Ejecutivo de permitir el ingreso a planta permanente de todos los contratados. El último pase masivo ocurrió durante la gestión de Antonio Bonfatti: se crearon unos 2.600 cargos. Antes, había hecho lo propio Hermes Binner (fueron casi 3.000). Durante la gestión de Miguel Lifschitz las discusiones se fueron dilatando y terminó su mandato sin que se efectivice, lo que le dejó a Omar Perotti un elemento clave para la negociación paritaria en un año en el que se sabía que la cláusula gatillo ya no iba a tener lugar.
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