La nueva composición de las cámaras en la Legislatura, y sobre todo la urgencia de la crisis de inseguridad en Rosario, apuraron la sanción de una reforma profunda al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe que, al poder que ya tenían jueces, fiscales y la policía, ahora le agrega más herramientas para la persecución penal de los delitos.
Tanto las mayorías del oficialismo en Diputados y en Senadores como las de las opiniones de la lacerante realidad de las calles de la ciudad más poblada de la provincia ordenaron la agenda legislativa, y crearon un escenario de consenso inédito para cambios que se discuten, en algunos casos, desde hace más de una década. Y parecía que nunca avanzarían.
“Cómo le hubiera gustado estar acá al senador-ministro”, bromeó alguien en el recinto de 19 bancas en obvia referencia a Lisandro Enrico que como representante por el departamento General Obligado asumió un rol hasta políticamente incorrecto durante su labor legislativa: pelear contra el llamado “garantismo” en todas sus manifestaciones en el Poder Judicial, en base a proyectos de ley y en el debate.
El funcionario del sur-sur de la Casa Gris, que pudo no renunciar a su condición de legislador y es también ministro de Obras Públicas, merece más de un párrafo respecto de las normas que ya se sancionaron (en especial la desfederalización del narcomenudeo) pero también a propósito de mucho de lo que contienen los nuevos procedimientos judiciales en los estrados de los magistrados del fuero penal, de las fiscalías y de las comisarías. Casi todo fue propuesto por Enrico hace mucho tiempo, y recibía duras críticas por hacerlo. Lamentablemente el delito, más que el tiempo, parece haberle dado la razón.
A esta altura de la situación en Rosario cabe preguntarse qué sucederá si el Estado no enfrenta el problema con éxito y con la ley en la mano. Y se la ha cambiado para lograr lo primero, con muy alto consenso (y alguna anécdota por las abstenciones en Diputados).
Sin excusas
“Es como si les hubiéramos sacado todas las excusas a los principales actores cuando se les pregunta por qué no logran investigar, capturar, llevar a juicio y castigar” a los autores de los delitos, expresó un asesor del justicialismo en un pasillo del Senado. Conoce de memoria los rincones de Tribunales, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en alguna medida de la fuerza policial. Años atrás, desde ese sector de la Legislatura —tan emparentado con la Justicia— se hubiera advertido de lo perjudicial para las garantías constitucionales que es ampliar el tiempo que un presunto inocente puede quedar en prisión preventiva, de las facilidades para pinchar teléfonos que asistirán a los integrantes del MPA (siempre con conocimiento del juez y constancia en el proceso) o que podrán allanar domicilios y luego ocuparse del papeleo ante el juez.
Además, los policías que decían “no podemos hacer nada, vaya a la fiscalía” ahora serán depositarios de una responsabilidad si no investigan ni lo comunican al MPA. Los jueces penales y todos sus empleados deberán pensar en tomarse vacaciones cuando un organigrama a organizar desde la Corte lo permita: no más feria judicial de enero e invierno fijas. Obviamente será el mismo tiempo de descanso, pero se deberá asegurar que por lo menos se cubra la mitad de los despachos del fuero.
El bloque justicialista en Senadores votó con el oficialismo sobre tablas el proyecto en general y en el tratamiento en particular solo se abstuvo en un artículo. Rubén Pirola —de Las Colonias— lidera una bancada de cinco que fue poderosa y ahora asume una “oposición responsable” que se corresponde con el oficialismo ídem que se diferenciaba de un verticalismo a secas en tiempos de Perotti. A la hora de marcar por qué no votaron el artículo 20 se expusieron argumentos en la misma línea del resto de la reforma: limitarle a los fiscales el tiempo en que pueden mantener bajo proceso a un ciudadano es forzar a más contracción al trabajo, expuso.
Por tres
“Otro que debe estar celebrando, aunque es muy duro lo que pasa en Rosario en los dos últimos meses es Fabián… ¡y por triplicado!”, siguió el primer ocasional interlocutor de un grupo de cronistas parlamentarios. El ministro de Gobierno e Innovación del Sector Público, Fabián Bastia, fue parte del equipo que acompañó al ex vicegobernador Carlos Fascendini en la presidencia del Senado, cumplió otras funciones en el Directorio de la Epe en tiempos de Miguel Lifschitz y fue durante los cuatro años anteriores a la llegada de Maximiliano Pullaro a la Casa Gris quien se sentó en la banca de al lado. Conoce los dos cuerpos de la Legislatura y fue gestor principal desde el gobierno provincial para que avance la norma. También para que se apruebe otra, para su propio ministerio, de gobernanza de datos, contraria a la burocracia estatal absurda, y muy especialmente para que la Comisión de Acuerdos acepte no destituir al fiscal Matías Edery, aunque finalmente se proponga una sanción disciplinaria dura de cuatro meses de suspensión. A la sesión matutina no asistió Armando Traferri, el senador que fuera acusado por Edery, que se refugió en sus fueros para no ser imputado y que desde septiembre se libró ante la justicia de ese blindaje y sin embargo todavía no ha sido citado a declarar.
El senador de San Lorenzo piensa que sucedió una farsa en esa comisión y habla de una acusación que no fue tal. Y adelanta que hablará cuando la sesión conjunta de ambas Cámaras trate el dictamen.
Tangencialmente, también el tema de cuanto puede acercarse un fiscal (aún el mejor intencionado) a una informante para tener datos con los que producir juicios que descabezaron bandas narcos (Edery niega haber tenido un pacto de impunidad con Mariana Ortigala) es parte de la problemática de la inseguridad en Rosario. Y la intervención de la Regional del MPA por la fiscal general María Cecilia Vraninich tiene el marco del enfrentamiento entre fiscales rosarinos. Pero el fiscal sigue imputado por graves delitos por pares de la ciudad de Santa Fe.
Con las dos leyes y la recomendación de la bicameral son tres triunfos en un mismo día para Pullaro, para los que Bastia hizo su parte.
Advertencia de bullying
Joaquín Gramajo, el senador justicialista que fue electo por Unite y es parte del interbloque oficialista, siempre se ubicó en la vereda de Enrico. El miércoles anterior al fin de semana largo el justicialista lo advirtió: “Nos van a tratar de ‘fachos’, pero lo que votamos es constitucional sin lugar a dudas, la ley debe adaptarse a los tiempos o es letra muerta”. Un latinismo remató su intervención sobre la teoría del derecho y el trabajo legislativo.
Sin dudas, se busca otra persecución (son casi 40 los artículos del Código Procesal Penal que se modifican) para enfrentar delitos cada vez más violentos, crueles, al punto de sembrar el terror y hacer que pudorosos custodios de garantías pidan más autoridad del Estado.
En Diputados ya no están en posición mayoritaria los que podrían haberles hecho “bullying” a los senadores. La Legislatura ha cambiado de mayorías y afortunadamente sostienen el diálogo que también existió en su conformación anterior.
Hoy el Poder Legislativo de Santa Fe tiene la agenda histórica del Senado, que cambió de mayoría (del justicialismo al radicalismo) pero no su visión dominante sobre qué modificar para que “el que las hace” alguna vez por fin “las pague”. Esa expresión del mileísmo y la de “no dar ni un paso atrás”, usó el senador por Rosario Ciro Seisas, que fue electo por Unidos para Cambiar Santa Fe y pertenece a Creo, el espacio político del intendente Pablo Javkin, al que también citó al decir que por primera vez desde el Palacio de los Leones se ve que los tres niveles del Estado tienen el objetivo político de ordenar la vida en una de las más importantes ciudades del país, en la zona que más se vincula su comercio internacional.
Cabezas quemadas
Rodrigo Borla, el abogado sanjustino que preside el interbloque del oficialismo en el Senado repitió lo que dijo cuando se decidió sesionar antes de Semana Santa para avanzar con la reforma. Reiteró su exposición del jueves 21 cuando ya se había aprobado la ley que crea los juicios por jurados. Subrayó que no es casual que haya un ministro de Justicia y Seguridad (Pablo Cococcioni).
Borla advirtió: “El garantismo les quemó la cabeza a muchos actores del sistema judicial”. Antes había reflexionado en profundidad: el gobierno de la provincia tuvo una primera respuesta política para “pelear contra la inseguridad y la impunidad”, al “fusionar en un ministerio la seguridad y la Justicia”, porque se trata de dar una respuesta unificada a ambas demandas sociales.
A la izquierda le queda denunciar
Para la izquierda, solo presente en Diputados, ahora solo queda el camino de la denuncia. La convicción de que la dirección principal de los cambios está alentada por la DEA norteamericana, por la ultraderecha que busca experimentar en Rosario una militarización y una suspensión de garantías constitucionales básicas que ahora puede sufrir cualquier inocente, no le deja lugar a otra interpretación. Los únicos votos en contra de la reforma fueron del Frente por la Soberanía.
Mientras, el peronismo en Diputados que otrora tenía debates internos sobre el asunto de la seguridad, las garantías y el orden, ahora se comienza a asimilar al del Senado. Un cronista parlamentario experimentado recomendó leer “el hilo de Quico”. Por Leandro Busatto, que ya no tiene una banca en la Cámara baja y ahora casi testimonialmente marca ideas y posiciones con voz propia, algo distante de Agustín Rossi. Debe ser difícil construir con los escombros K.
Siempre fue una voz interesante. En X pone en crisis las soluciones que plantea la reforma de Pullaro y advierte por qué siempre es recomendable pensarlo dos veces antes de prometer indultos por adelantado al gatillo fácil.
“Habrá que pedir el VAR”, bromeó un diputado del PJ, de los varios ex funcionarios de Omar Perotti. Los votos que logró el año pasado el rafaelino alcanzaron solo para formar la primera minoría. Encima, la Constitución de Santa Fe los perjudica en la distribución de bancas, con su sistema de mayoría automática de 28 sobre 50 para el ganador.
El perottismo y la bancada socialista quedaron juntos en una votación del tratamiento en particular de la norma. El artículo 20 contó apenas con 12 votos positivos, los de los radicales. Los demás se abstuvieron. Y un par votaron en contra, como Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver.
Michlig da la puntada final
Más o menos mientras estuvo Sain en Santa Fe e incluso unos meses después, durante el gobierno de Omar Perotti buena parte de la agenda legislativa pasó por una suerte de acuerdo entre bloques en el Senado. Lo tuvieron los senadores peronistas del NES encabezados por Traferri y los senadores radicales. Sumados podían imponerse al perottismo obediente. Mientras, en Diputados, producto del respaldo que recibiera Miguel Lifschitz al dejar su gobierno, la oposición tenía la mayoría. Pero definía todo la Cámara alta con esas conversaciones entre esos dos sectores, sobre todo, entre Traferri y Michlig.
Hoy, en cambio, los radicales dentro de un interbloque de Unidos poseen 14 de las 19 bancas y ya no necesitan del peronismo. Disponen de quórum y número para tratar sobre tablas y aprobar lo que deseen. Pero en lo que va de la presente Legislatura al tratar leyes no han abusado de esa fuerza. Con alguna resolución interna, habría que ver…
Michlig, también Borla, han logrado que haya la misma búsqueda de consensos que ordenaba aquella situación de precario equilibrio, aunque hoy el fiel de la balanza esté tan inclinado para su lado. Y ese ejercicio paciente del diálogo, en comisiones, en despachos oficiales, de filas adentro y con el justicialismo que en el recinto subrayó que pudo proponer y convencer en algunas cuestiones a la mayoría, logra una palabra consistente, relevante: unanimidad.
Para el radical de San Cristóbal (que también logró la intervención de la comuna de Villa Saralegui) fue muy fácil comparar la convivencia institucional de Santa Fe frente al espectáculo lamentable de la nueva grieta en la Nación que ha logrado renovar el presidente, con idénticos odios y falta de diálogo.
Aunque no fue el último en hablar, porque el Senado fue la Cámara de origen, la intervención de Michlig pudo leerse como la puntada final de los acuerdos que ya se habían cosido, incluso zurcido, para el tratamiento del mensaje de reforma, la más importante desde 2007 cuando se cambió al sistema acusatorio. Negociar, acordar, que las instituciones funcionen, rinde frutos.
Argentina cuenta con un gobierno que no ha logrado la sanción de casi ninguno de sus proyectos de ley. Hasta para salir del país el presidente usó un DNU. Santa Fe, pese a su grave crisis de inseguridad, tiene aprobado casi todo el paquete de leyes que pidió Pullaro al asumir.
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