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Política

Frederic sin filtro: “Hay una parte de la Policía de Santa Fe que no deja trabajar a las fuerzas federales”

Sin rumbo, “con los papeles quemados”, confiada a una policía inoperante: Sabina Frederic no tiene precisamente un buen concepto sobre la política de seguridad del gobierno de Santa Fe. La ex ministra de Seguridad de la Nación propone replegar a la policía de la provincia al trabajo administrativo en las comisarías “hasta que se reforme” y desplegar a las fuerzas federales en las calles de Rosario. No se trata de multiplicar sin ton ni son la cantidad de efectivos o a los fines de la exhibición mediática, dice, sino de establecer un plan con la prioridad de bajar los índices de violencia que se registran en la ciudad, únicos en el país y en alza contra la tendencia nacional a un descenso en la tasa de homicidios.

La propuesta surge de un diagnóstico básico: “hay una conducción y una parte importante de la policía de Santa Fe que no deja trabajar a las fuerzas federales”. Autora del libro La Gendarmería desde adentro entre otros estudios sobre temas de seguridad, Frederic se funda en información de la que dispone y también en su propia experiencia al frente del Ministerio, en la que no tuvo demasiados entendimientos con la gestión de Omar Perotti. 

Frederic dejó el ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de septiembre de 2021. El entonces ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, declaró que su reemplazo por Aníbal Fernández era “una buena noticia” y poco después anunció la llegada de mil efectivos de fuerzas federales que se sumarían a los ya radicados en la provincia, una flota de 180 patrulleros y la creación de un destacamento móvil de Gendarmería en Rosario. Unas aspirinas contra la fiebre de la inseguridad.

Apartar a la policía de la provincia es también una promesa de Patricia Bullrich y resonó en una reunión reciente de dirigentes de Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal, en Rosario. El Observatorio de Política Criminal ya lo propuso a principios de año, con la creación de un Comité de crisis fundado en la ley de seguridad “para que las fuerzas federales tomen la conducción operativa de la seguridad rosarina por un lapso de tiempo determinado, por lo menos, hasta asegurar que las nuevas camadas de jóvenes que egresan de la escuela de policía local puedan desarrollar sus tareas sin los vicios de una gestión que hace diez años no puede dar respuesta al delito”. Frederic reivindica la idea como propia.

—Durante su gestión como ministra, ¿cómo fue el diálogo con el gobernador Perotti alrededor de la presencia de fuerzas federales en Santa Fe?

—Nosotros casi sobre el inicio de la gestión tuvimos encuentros con Perotti, incluso con la participación del presidente. Hicimos una conferencia de prensa en enero de 2020 en la que anunciamos la firma de un acuerdo para desplegar y organizar la conducción de las fuerzas federales en Santa Fe. En poco menos de un mes aumentamos en un 75% la cantidad de efectivos en Santa Fe y sobre todo en Rosario. La provincia fue una de las prioridades de la gestión con distinto tipo de decisiones, como reordenar el despliegue de las fuerzas y pensar en cómo activar las causas en el fuero federal. Además creamos una sede del ministerio en Rosario en octubre de 2020. Del análisis que hicimos a lo largo de ese año identificamos una clase particular de organización del crimen.

—¿La expresión crimen organizado se ajusta a bandas que están integradas en su mayoría por jóvenes?

—Cuando uno dice crimen organizado no dice mucho. El crimen puede estar más o menos organizado, siempre hay algún detalle de organización. La clave es entender cuál es el tipo de organización que tiene el crimen en cada lugar. Rosario tiene características específicas porque la tasa de homicidios es altísima en relación al total del país. Evidentemente, el crimen está organizado de una manera diferente a cómo se organiza en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que dejar de hablar de crimen organizado y entender cuáles son las formas de organización, algo que nunca se aborda. En ese sentido lo que descubrimos, y se lo comunicamos en el momento al gobernador, es que en Rosario esa organización no se podía entender solo haciendo referencia a dos grandes bandas, que es el esquema como se piensa al crimen en la ciudad, sino que se trataba de una organización atomizada y a la vez vinculada. Una organización con átomos y grupos pequeños vinculados entre sí, en red. Era la información de las causas en la justicia federal. Pero los homicidios se tramitan en la justicia ordinaria, y ese es otro problema: la partición de las causas. Nuestra preocupación fue vincular el conocimiento de la justicia federal con las causas que llevaba adelante el Ministerio Público de la Acusación. Eso nunca lo pudimos lograr. No hubo acuerdo de parte de la provincia, no era la prioridad de parte de ellos, tenían otra estrategia. Esa fase del trabajo en Santa Fe y en Rosario en particular se llevó adelante en enero de 2021. Además propusimos un esquema de despliegue de las fuerzas que tampoco fue del interés del gobernador. Hubo una dificultad gigante para coordinar el trabajo de las fuerzas federales con la policía de Santa Fe.

“Nuestra preocupación fue vincular el conocimiento de la justicia federal con las causas que llevaba adelante el Ministerio Público de la Acusación. Eso nunca lo pudimos lograr”


—¿Cuál era el problema para coordinar las fuerzas?

—La policía de Santa Fe no actúa de manera de colaborar o cooperar sino todo lo contrario. Eso impide el desempeño de las fuerzas federales. Una forma de encontrar una salida hasta que la policía de Santa Fe se reforme, cosa que no ocurre hasta ahora, sería desplazarla del patrullaje de calle. Es lo que se hizo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires: desplazar a la Policía Federal del trabajo operativo y replegarla a las comisarías, al trabajo administrativo, para desplegar en su lugar a las fuerzas federales. Esa sería una forma para que las fuerzas federales tengan un rol activo en Santa Fe. Si no, están paralizadas, porque dependen de un sistema de comunicación que está en manos de la policía de Santa Fe.

—¿Le hicieron esa propuesta al gobernador?

—No llegamos a hacerla. El gobernador pedía más cantidad de efectivos. Un pedido imposible de satisfacer, porque si ponés más en un lugar tenés que sacar de otro. Y el incremento había sido sustantivo. Pero el problema en Santa Fe no era la cantidad de efectivos sino el modo de trabajo. Las fuerzas federales estaban inhabilitadas. Hicimos planteos, pero no fueron considerados. Todo lo contrario: nosotros creíamos que era mucho más importante que los efectivos estuvieran en la zona donde se producían los homicidios, porque entendemos que la preservación de la vida es la prioridad, y el gobierno de la provincia nos pidió que los desplazáramos hacia el centro de Rosario.

—En ese momento Marcelo Sain era el ministro de Seguridad de la provincia. ¿Quién era el interlocutor del gobierno nacional en Santa Fe, Sain o el gobernador Perotti?

—Los dos. En mi caso, yo hablaba bastante más con el gobernador que con el ministro. Pero había muchos niveles de interlocución. El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, hablaba con Germán Montenegro y con Sain, y por debajo otros funcionarios hablaban con los subsecretarios del Ministerio de Seguridad de la Nación que estaban ocupados en la parte operativa y había vinculaciones entre las direcciones de inteligencia criminal. Había muchos niveles de diálogo.

—Sin embargo hubo cortocircuitos y desinteligencias.

—Eran diferencias en el modo de abordar el problema. La provincia es soberana, aunque las fuerzas federales dependían de nosotros. En la relación entre provincia y Nación de alguna manera cedimos a la demanda del gobernador. Y esa demanda no fue eficaz: al contrario, no funcionó. Se aprovechó mucho de las propuestas y del conocimiento que teníamos, y esta idea de replegar a la policía de la provincia yo la he transmitido. Por supuesto, necesita de un acuerdo. No se trata de intervenir la provincia sino de cambiar las reglas del juego de la división del trabajo en un territorio que tiene un problema que va creciendo.

“Nosotros creíamos que era mucho más importante que los efectivos estuvieran en la zona donde se producían los homicidios, y el gobierno de la provincia nos pidió que los desplazáramos al centro de Rosario”

—¿Cómo se explica el agravamiento del problema de la seguridad en Santa Fe?

—(Suspira) Hay una suma de situaciones. Tiene que ver obviamente con el tráfico de drogas pero se asocia con otros factores. He leído recientemente el libro de Eugenia Cozzi (N de R: De ladrones a narcos. Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento) que ha trabajado durante muchos años sobre cómo se transforma la valoración y la reputación de las personas entre las poblaciones más segregadas de Rosario, lo que se consigue a través del crimen y no ya del robo, de ser narco y no ladrón. Es un cambio sobre cómo se obtiene dignidad, algo que también ha sido estudiado en otros lugares del mundo. Son procesos difíciles de parar, porque no es solo la mercancía que se trafica sino el modo en que se consigue y el territorio que está en juego. Ahora, otras cosas son más difíciles de explicar: ¿por qué en Rosario y no en la provincia de Buenos Aires, donde existe un mercado de consumidores mucho mayor? La tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires cayó mientras que la de Rosario subió. Los delitos contra la propiedad bajaron en 2020 en todo el país. En 2021 hubo un leve incremento, pero la tasa de homicidios bajó a un nivel que no había tenido en veinte años. La tendencia nacional es a la baja, menos en Rosario. La explicación no es el mercado de las drogas, claramente. Y está la hipótesis de la vinculación entre varios negocios, además del de la droga, pero tampoco explica la alta tasa de homicidios. Hemos tenido intervenciones y operativos sobre personas que vivían en Buenos Aires y lavaban dinero a través de la compra de propiedades. La clave, lo que distingue a Rosario de lo que sucede en el resto del país, es el alto nivel de violencia. Y esa diferencia hay que explicarla por otro lado. La vía de Eugenia Cozzi es válida. En el norte de Brasil, en el estado de Ceará, tienen también tasas de homicidio altísimas y los estudios que se han hecho sobre la población muestran lógicas que no están asociadas estrictamente a la droga. La droga es un componente, no la causa. El error es convertir la asociación en causalidad. Rosario es además una de las ciudades que más rápidamente se ha empobrecido. Todos recordamos que atravesó la crisis de 2001 de la peor manera. La ciudad tiene una historia que también hay que introducir en la explicación. Creo además que hay visiones que mezclan las cosas y confunden.

—¿Por ejemplo?

—Por ejemplo la asociación de la violencia letal con el hecho de que Rosario tenga el puerto más grande del país. Es algo que habría que demostrar. ¿Por qué generaría violencia? No digo que no pueda existir una relación, pero nadie lo ha demostrado.

—¿La circulación de armas incide en el nivel de violencia?

—Hay circulación y tráfico de armas, pero nunca mayor que en la provincia de Buenos Aires. Durante nuestra gestión había una demora en la regulación del uso de armas por parte de la Anmac, la Agencia Nacional de Materiales Controlados. No fue fácil el gobierno durante los dos primeros años de Alberto Fernández, por la pandemia, todo estaba trabado y muchos de los esfuerzos se concentraron en el covid. La Anmac hizo un trabajo intenso sobre las armas en Rosario, aunque tal vez insuficiente. El desarme es clave. Para disminuir los niveles de violencia hay que tener una política de desarme. Como tuvo la Argentina hace algunos años, un desarme voluntario, de canje. Otro problema es que el sicariato se expandió. Cuando empezamos la gestión todavía no se había difundido tanto.

—¿Cómo afectó la pandemia al negocio narco y cómo se despliega a partir del fin del confinamiento social?

—No tengo la información que tenía siendo ministra. Mientras fui ministra estaba claro que el tráfico se había dispersado. Había varios procedimientos de interdicción de pequeñas cantidades de cocaína, sobre todo en Salta. Hubo una mayor atomización y dispersión del mercado de cocaína. Ese fue el cambio más importante. Cuando empezó la circulación había una parte del tráfico que se hacía por Paraguay hacia Brasil, lo mismo que el de armas, que circulaban por partes y después se ensamblaban. También hubo formas de comercialización online, otra manera de gestionar el negocio a través de apps de distintas cosas. Y hay que evaluar además el estado de la gente, cuánto aumentó el consumo no solo de las drogas ilegales sino también de las legalizadas, de los psicofármacos y del alcohol. El mayor consumo en nuestro país es el de psicofármacos. Hay que evaluar qué impacto tuvo la pandemia en la salud mental de la población.



—Volviendo a la gestión de Santa Fe, ¿cómo observa el giro del gobierno provincial, de tener un ministro que reivindica la conducción política de la policía a poner a un policía a cargo de la política de seguridad?

—El gobernador tiene una situación muy difícil y ya no encuentra la forma. Se le quemaron los papeles. No sabe cómo abordar el problema. Tuvo un ministro en el que confió, que encaró el tema de una manera que finalmente no arrojó resultados, al contrario, y ahora echa mano de lo que puede pero sin un rumbo claro. La situación de Rosario ameritaría una intervención de shock. Pero ya lo hizo Sergio Berni en 2014 y no tuvo gran impacto, más que el impacto mediático y de una tranquilidad pasajera en la gente. Si vemos las estadísticas criminales en Santa Fe, los delitos bajaron un año y medio después y por otros motivos, no porque llegó Berni con dos mil gendarmes. Ese shock ya no sirve. Hay que encontrar otras formas de resolver el problema en el corto plazo y después en el mediano plazo. Se necesita una estrategia con varias tácticas para enfrentar el problema y reducir los niveles de violencia, que es la prioridad en Rosario. Tiene que estar claro. No puede no importar, como a veces se escucha, que los homicidios se produzcan en la periferia y no en la zona céntrica.

“El gobernador tiene una situación muy difícil y ya no encuentra la forma. Se le quemaron los papeles. No sabe cómo abordar el problema”

—Hace ocho años que las fuerzas federales están en la provincia y los problemas continúan.

—La tasa de homicidios recién comenzó a bajar un año y medio después. Ya no alcanza. Hay que pensar otras estrategias. Y esa puede ser una solución: sacar a la policía de la calle, en Rosario, y poner a las fuerzas federales. Mientras tanto, se reforma a la policía de la provincia.

—¿El gobernador les hizo alguna propuesta de acción a través de la policía de Santa Fe?

—No. Ellos estaban con un plan que tampoco pudieron aplicar, con una transferencia de 3 mil millones de pesos de la Nación a Santa Fe en 2020. El objetivo de esa inversión era la compra de equipamiento tecnológico. Gran parte de ese equipamiento iba a estar destinado al control, el monitoreo y la supervisión sobre la propia policía. Pero esas cosas no sirven. No iba a alcanzar con una policía tan deteriorada. No digo que todos los policías de Santa Fe sean así, pero hay una conducción y una parte importante de la policía de Santa Fe que, por toda la información que yo tengo, no deja trabajar a las fuerzas federales. Por eso, podés poner diez mil efectivos y no va a servir, porque el control de la calle no lo tienen las fuerzas federales.

—¿La presencia como secretario de Seguridad de Claudio Brilloni, ex comandante de Gendarmería, no funciona como enlace entre las fuerzas?

—Brilloni es un buen oficial de la Gendarmería, pero una persona sola no alcanza. Hay que tener un plan estratégico que reciba el aval del gobernador y de las principales fuerzas políticas. Sin eso, ¿qué puede hacer? Él tiene una experiencia en el (operativo) Cinturón Sur, pero necesita alguien que lo escuche.

—¿Siguió el proceso de acusaciones contra Sain en Santa Fe?

—Sain es compañero de la universidad. Espero que todo lo que la justicia investiga no sea cierto. Lamento que pase por esta situación.

—El sucesor de Sain propuso como modelo el sistema de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hubo una gestión exitosa en esa jurisdicción?

—No se puede replicar el modelo de una ciudad en otra, porque son diferentes configuraciones. Tampoco tengo tan claro cuál es el modelo de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, porque hay muy poca información sobre lo que realmente pasa en la calle. Los casos de abuso de la fuerza son muchos. Hay una cantidad de policías por habitante única en el país y tal vez en el mundo: son 750 policías cada 100 mil habitantes, contra 250 efectivos de fuerzas federales cada 100 mil, y en la provincia de Buenos Aires son 500. Más todo el sistema de cámaras y de vigilancia. Replicar eso en Rosario es imposible y tampoco me parece que sea la salida. En Buenos Aires, por otro lado, está el problema de la convivencia de la ex Policía Federal y la Policía Metropolitana, que no deja de ser complicada. Las dinámicas urbanas son diferentes, en Buenos Aires entran cuatro millones de personas por día. Y las recetas que parecen mágicas no son soluciones verdaderas.

—Referentes de Juntos por el Cambio plantearon también la necesidad de desplazar a la policía de la provincia en Rosario. Una coincidencia inesperada, ¿no?

—Me escucharon, yo lo propuse antes (se ríe). Creo que no tiene que ser un desplazamiento definitivo sino temporario. Y es una salida que, bien pensada y bien organizada, puede resultar exitosa. No diría que sea la solución de los problemas, pero sí que va a mejorar muchísimo la situación en Rosario.


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