Giro de 180 grados en Seguridad, todo el poder a la vieja guardia policial y el riesgo de los espejismos

La semana pasada Daniel Erbetta dijo que en la provincia de Santa Fe no hay policía. Se refería, aclaró en el curso de una entrevista, a la falta de control político sobre la agencia policial, un problema crónico. Los cambios en el Ministerio de Seguridad y la jefatura podrían representar un golpe de timón en esa deriva si no fuera porque el gobernador Omar Perotti apuesta a los mismos actores que están en la raíz de los problemas a los que pretende responder.

No se trata de una cuestión de nombres sino de lo que representan los funcionarios. El nuevo ministro de Seguridad y el nuevo jefe de policía de la provincia remiten a la vieja guardia de la fuerza y a la añoranza de una policía que la provincia de Santa Fe habría tenido en algún momento, ajena a la corrupción y al descalabro en el que se encuentra. Pero el tiempo pasado de la fuerza no fue mejor.

La decisión del gobierno provincial termina por cerrar un giro de 180 grados en su intento de gestión de la seguridad. De impulsar una reforma de la policía que sentaría por fin las bases de una nueva institución, el gobernador Omar Perotti pasa a sepultar cualquier aspiración en ese sentido con el nombramiento de un ministro, Rubén Rimoldi, que se opuso no ya a esos cambios proyectados sino a los primeros intentos del gobierno de Jorge Obeid.

“De la mano de la crisis de la inseguridad, que se instala como problema público en los años 90 a nivel país y a nivel provincia, un sector de la política santafesina intenta desde entonces producir cambios que tienen distintos niveles de radicalidad. A esos intentos les siguen momentos de moderación e incluso de reversión”, advierte Máximo Sozzo, profesor de Criminología en la Universidad Nacional del Litoral. La dirección actual está clara en ese marco.

De impulsar una reforma de la policía que sentaría por fin las bases de una nueva institución, el gobernador Omar Perotti pasa a sepultar cualquier aspiración en ese sentido

El gobierno provincial del Frente de Todos se inició con un ministro de Seguridad que sería el primero en gobernar a la policía y un jefe de la fuerza que simbolizaba el autogobierno policial. Los actores en juego no podían menos que anularse a sí mismos, y el contrasentido se resolvió con una crisis, la primera que enfrentó el gobernador Omar Perotti, y como un agravamiento de los problemas de seguridad.

Jorge Lagna se hizo cargo del ministerio de Seguridad ante la renuncia de Marcelo Sain y la salida de su equipo en medio del inicio de una causa judicial. Su recorrido institucional en el área no fue demasiado diferente del que siguió el antecesor: ambos quedaron librados a su suerte por el mismo gobierno y sus representantes en la Legislatura y torpedeados por internas mezquinas.

Los nombramientos actuales, sin embargo, confirman el criterio con el que Lagna rearmó el maltrecho equipo del ministerio. Las designaciones de un ex jefe de policía y de un comandante retirado de la Gendarmería —en este caso saludada efusivamente por Patricia Bullrich ante el silencio del Frente de Todos— iban en ese sentido, a contramano del abecé de las políticas democráticas de seguridad.

Lagna contó también con un pequeño círculo de funcionarios civiles, de donde salieron sus mejores iniciativas, como la creación de una brigada destinada a intervenir ante las balaceras. Y cargó con el enorme lastre de sectores del peronismo que promovieron el nombramiento de un ex agente de inteligencia de la dictadura al frente del Servicio Penitenciario, finalmente frustrado por el rechazo que provocó en el propio gobierno, y el encumbramiento de un dirigente del Rotary Club al rol de secretario de Seguridad. Estos desatinos también tuvieron un costo para su gestión.

La falta de cuadros políticos —o más bien el rechazo hacia los especialistas que expresan decisiones como las que se toman en Santa Fe— quedó expuesta con el nombramiento de Horacio Lucchini a la dirección de Análisis Criminal Estratégico. Las denuncias nunca desmentidas por el gobierno provincial ni por el aludido indican que Lucchini intentó un arreglo con Esteban Alvarado y después con Ariel “Guille” Cantero, un intercambio de beneficios por favores para hacer carrera. Ese tipo de pactos aparece como la madre de los problemas de la seguridad pública y se encuentra por lo menos desde fines de los años 90, en la época en que supuestamente había una policía mejor en la provincia.

El gobierno de Perotti intentaría ahora disciplinar a la policía con un jefe, Miguel Ángel Oliva, que se desempeñó precisamente en la época en que la fuerza se autogobernó. El segundo de Oliva durante su gestión como jefe de policía de Rosario fue Juan Pablo Bengoechea, más tarde acusado por protección al juego clandestino en la Unidad Regional IV, de Rafaela.

Después que un grupo de diputados provinciales denunciara las condiciones degradantes de encierro en la cárcel de Las Flores, la respuesta oficial fue el anuncio de la construcción de una cárcel que estaría inaugurada hacia fines de año. El plan para incomunicar a las cárceles pasa por alto las opiniones de especialistas, las experiencias que muestran criterios más inteligentes y efectivos como el implementado en la provincia de Buenos Aires y cualquier investigación sobre el Servicio Penitenciario en torno al tráfico de los aparatos que manejan los presos. La gestión provincial de la seguridad sigue esa dinámica, la de moverse de espejismo en espejismo sin exhibir un solo logro ni responder a las críticas mientras el registro de homicidios en Rosario se encamina a superar los peores antecedentes en la ciudad.

Si algo demuestra la situación actual es que los problemas de seguridad no se resuelven exclusivamente en términos policiales. “Venimos a requerir a las autoridades que se hagan presentes en el barrio como actores politicos, y presenten un plan de acción que incluya condiciones dignas de vida”, plantearon instituciones que conforman la comunidad educativa de barrio Ludueña en un comunicado difundido después del asesinato de Hugo Guantay, a fines de mayo. Las fuerzas federales están en la ciudad mientras los crímenes aumentan y su tiempo de respuesta ante las emergencias es apenas un poco mejor que el de la policía provincial y su despliegue en los barrios es percibido como hostigamiento hacia los vecinos y presencia desvinculada de la vida cotidiana.

Los gestos de endurecimiento son los que patentizan la debilidad y la desesperación por aplacar el hartazgo ciudadano. El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, atribuyó precisamente el desplazamiento de Lagna a “una cuestión de resultados”. Pero el gobierno de la provincia acaba de redoblar la apuesta por su fracaso.