La palabra utilizada es coreografía y se repite en comunicaciones interceptadas entre la cárcel federal de Ezeiza y líneas telefónicas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. En esas conversaciones, la palabra no tiene el sentido que le asigna el diccionario de la lengua y funciona como una clave entre entendidos. Coreografía significa ahora balacera.
“Tuvimos que aprender el idioma de nuevo”, dice una fuente de la investigación que concluyó esta semana con una seguidilla de allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther. Se trata del lenguaje del crimen, los giros y expresiones con que se tramita de modo encubierto la gestión de múltiples delitos.
Al margen de las claves detectadas en las comunicaciones se observa la estrategia de cambiar de apodos para dificultar las identificaciones. La tendencia ya se observó en las conversaciones escuchadas en torno al crimen del contador Enrique Ensino, donde Ariel “Guille” Cantero aparecía invocado como “el Loco”, un sobrenombre que desconoció ante el Tribunal que le cargó más años a la centenaria condena de prisión que ya acumula.
Los procedimientos ponen ahora el foco en Cristian Nicolás Avalle, preso en Ezeiza señalado como organizador de una asociación ilícita, y tienen otras novedades. La visible es la articulación de una serie de crímenes, extorsiones y balaceras contra sedes gremiales y escuelas como parte de una misma configuración criminal; la menos impactante podría ser la más reveladora: “se advierte con mucha claridad el interés en dejar la droga para pasar a otros negocios, sobre la base de la extorsión o la balacera expresiva como telón de fondo”, según la fuente.
En busca de nuevos horizontes
Las nuevas inversiones, o el intento en ese sentido, explican parte de los atentados contra sedes gremiales. Avalle estaría detrás de las balaceras contra las sedes de la Unión Obrera de la Construcción en Rosario y Santa Fe, perpetradas entre el 15 y el 16 de julio. Este legajo se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos.
No se trataría de la modalidad expuesta en el sindicato de peones de taxis, donde una facción gremial desplazada de la conducción contrató a personal de Los Monos para amedrentar a dirigentes del gremio. “En todos los casos lo que se busca es ampliar el mercado de la organización generando nuevas unidades de negocios. Ya no se busca la plata en efectivo sino participación directa en actividades lícitas”, agrega la fuente.
Los fiscales Franco Carbone, Valeria Haurigot y Patricio Saldutti imputarán a Avalle como organizador de una asociación ilícita. También intervienen los fiscales Gastón Ávila, Alejandro Ferlazzo, Viviana O’Connell y Adrián Spelta. Algunos de los integrantes de la red ya estaban detenidos en cárceles provinciales y otros once fueron apresados durante la semana. El área operativa tiene un foco principal en Villa Gobernador Gálvez y la zona sur de Rosario y entre otros episodios las actividades de la banda se vinculan con los asesinatos de Eros Rosales, Ricardo Américo Carrizo y Ariel Lisandro Leguizamón.
La trama del crimen de Rosales todavía está en una nebulosa, fuera de que se descuenta un contexto narcocriminal. Sus amigos destacaron que era ajeno a ese ambiente. El mismo contexto enmarca los asesinatos de Ricardo Américo Carrizo (Villa Manuelita, 8 de diciembre de 2022) y Ariel Lisandro Leguizamón (barrio Itatí, 28 mayo de 2023). Carrizo y Leguizamón realizaban actividades en comedores comunitarios del Movimiento Evita.
Carrizo tenía 60 años y fue asesinado cuando tomaba mate con su familia y un grupo de sicarios tiroteó un bunker establecido en Cepeda al 3600. “El Estado no está, la violencia sí”, dijo en ese momento la diputada Lucila De Ponti.
Otro dato llamativo de la investigación es la presunta participación de Carlos Alberto Olguín, preso en Coronda. Olguín ya fue imputado como integrante de la asociación ilícita organizada desde la cárcel de Rawson por Pablo Nicolás Camino y ahora aparece en la facción rival dentro de Los Monos. “Las lealtades cambian –explica al respecto la fuente consultada-. Pudimos acreditar en muchos casos los motivos. Una facción, por ejemplo, puede pasar a pagar mejor que otra, o facilitar mejores condiciones de detención: gestionar la elección de un pabellón determinado o el resguardo de un delegado”.
Los investigadores sostienen que dentro de la cárcel existen estamentos diferenciados jerárquicamente. La organización en la calle es aleatoria, pero al mismo tiempo bastante simple: Avalle, según la hipótesis, transmitía las órdenes a tres personas en particular y en algunos casos tercerizaba la operación con Olguín, quien según se presume contaba con su propia tropa de calle.
El atentado que provocó la muerte de Ariel Leguizamón se habría concertado a través de comunicaciones telefónicas sostenidas por los presos entre las cárceles de Ezeiza y Coronda. Olguín sería imputado además por el homicidio de Hugo Orlando Villán, el repartidor asesinado el 21 de mayo frente a una hamburguesería de Villa Gobernador Gálvez.
“El circuito se despliega desde Avalle hacia otras tres personas según el tipo de encargo –detalla la fuente-. La organización tiene muy claros los estamentos. Por encima de Avalle están eventualmente Carlos Escobar y Leandro Vinardi. Las órdenes son todas en clave pero a lo largo del tiempo necesariamente se sueltan y permiten entender el mensaje, lo que lleva a los investigadores a revisar nuevamente todo el material”.
Un cambio de vida
El hilo del ovillo proviene de un procedimiento casual. El 8 de octubre de 2022 el Comando Radioeléctrico detuvo a un joven que iba al volante de un vehículo robado y llevaba dos pistolas calibre 9 milímetros. En el examen de su teléfono saltó a la vista el contacto de Avalle, actualmente en prisión preventiva por participar en un secuestro extorsivo, con una condena previa de 4 años de prisión por un robo e imputado entre otros episodios por balaceras contra Televisión Litoral.
El detenido por el Comando, M. C., no había alcanzado a borrar audios y mensajes de texto de su celular. La línea había sido utilizada a lo largo del año para intentos de extorsión contra negocios y vecinos de Tablada. Y M. C. aparecía involucrado en el crimen de Eros Fabricio Rosales, de 20 años, bufetero del club Unidad y Tesón de la zona sur y estudiante de criminalística, asesinado el 6 de septiembre de 2020. En todos los casos las órdenes provenían del celular de Avalle.
El hallazgo fue seguido de uno de los descubrimientos realizados en el marco de la investigación sobre la banda liderada por Julio Rodríguez Granthon. Esa investigación concluyó el 12 de diciembre de 2022 con cuarenta y seis allanamientos en Rosario, Funes, Arroyo Seco y Fighiera y requisas en diferentes cárceles y permitió establecer que si bien Rodríguez Granthon y Carlos Damián Escobar estaban en pabellones distintos de la cárcel de Ezeiza se mantenían en comunicación constante a través de los teléfonos. Y de ahí derivó el secuestro de un teléfono que utilizaba Avalle.
Los datos del teléfono comprometieron a Avalle como instigador del crimen de Miguel Ángel Roulin, por lo que pagó 80 mil pesos, y del atentado contra el bunker que derivó en el asesinato de Ricardo Carrizo. Ambos encargos fueron realizados a Ángel Maximiliano Benítez.
Roulin fue ejecutado el 3 de diciembre de 2022 en zona de Puente Gallego por cuatro personas que se desplazaban en un auto. Familiares de la víctima identificaron a dos integrantes del grupo de atacantes: Elvio Olguín, de 18 años, y el barra brava de Newells Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu o Cachete, ya con captura recomendada por otros delitos.
Gómez sobrevivió a una vendetta. Era el objetivo de dos sicarios en moto que el 27 de enero de 2023 se lanzaron contra un Audi al que vieron salir de la zona de parrilleros del estadio de Newell´s. Pero en el interior del auto iba Walter Matías Maciel, también de la barra, quien resultó herido.
El informe balístico sobre el crimen de Roulin, un hombre de 46 años que fue sorprendido cuando caminaba por el barrio donde vivía, sumó otra pieza: las vainas secuestradas en el lugar coincidían con las obtenidas después de la balacera contra el Sindicato de la Carne, en avenida del Rosario 463 bis, el 4 de febrero.
Otra pericia produjo resultados sobre la balacera contra la Agencia de Investigación Criminal, en Lamadrid al 500. El arma utilizada para esta agresión, el 4 de febrero de 2023, fue secuestrada un mes después en Centeno y Grandoli, en poder de Juan Elías Stankevicius y Bautista Campos Olivetto.
La línea telefónica de la pareja de Avalle, una chica a la que le dicen Narigona, agregó otra fuente de datos, en particular para la balacera contra la Escuela “Silvestre Begnis”, el 13 de junio de 2023. En este episodio se verifica otra vez la conexión entre Avalle y Olguín, de cárcel a cárcel.
Avalle es conocido como Pupito y su imagen más difundida lo muestra con una camiseta de Newell’s. “Se advierte en esta causa más que en otra una idea de cambio de vida de los presos, que admiten penas larguísimas a cambio de la falsa creencia de que con eso pueden seguir delinquiendo –afirma la fuente consultada para esta nota-. Hay un chip en la cabeza de estos presos con respecto a emular ciertos líderes narco, resignando la libertad a cambio de la prosperidad de la familia y el entorno”.
Los procedimientos se formalizarán la próxima semana con imputaciones contra Avalle y otras veintiocho personas. El saldo se proyecta en distintos ámbitos, desde la determinación de responsabilidades en una saga de episodios de la historia reciente que trastornaron la vida cotidiana en Rosario hasta la continuidad de acciones destacadas contra el narcomenudeo, en relación con las intervenciones del Ministerio Público de la Acusación que el año pasado desmantelaron redes que orbitaban alrededor de Rodríguez Granthon y Ariel “el viejo” Cantero.
La causa también se inscribe en la disputa interna que convulsiona al Ministerio Público de la Acusación. “Toda esta investigación implica el esclarecimiento de numerosos hechos sobre la base de análisis, conexiones y testigos –subraya la fuente-. No hubo informantes, ni se comparte que los use la fiscalía”.
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