Cables, medidores de agua, cobre, placas de cementerio, autopartes y hasta ataúdes. Todo al por mayor y también armas, pesos, dólares y euros, porque en esas casas solo se maneja dinero en efectivo. Las inspecciones en chatarrerías en distintos puntos de la provincia ponen al descubierto un mercado negro que no era desconocido pero estaba consolidada por la costumbre y la falta de controles.
Los propietarios de una chatarrería de Cerrito al 4700, uno de los negocios clausurados, lo expusieron ante los funcionarios municipales y provinciales: llevaban más de veinticinco años dedicados al rubro sin ningún problema. Y además pagaban una coima mensual a un oficial de la comisaría 13ª, un detalle que revela otro engranaje que mantiene aceitados los circuitos ilegales.
El robo de cables y la depredación del espacio público se intensificaron después de la pandemia. El fenómeno se extendió en las principales ciudades del país, pero Rosario “es la capital nacional del robo de cables” según una definición de representantes de Telecom en la Cámara de Diputados de la provincia. En ese proceso los cementerios se convirtieron en zonas liberadas para el pillaje y los medidores de luz, agua y gas, los picaportes, las placas y cuanto objeto de bronce y cobre estuviera a mano fueron botines preciados. Hasta la placa que rezaba “Las columnas de La Capital pertenecen al pueblo”, en el frente del diario rosarino, el cableado de la calesita del Parque Independencia y la reja que protegía a la escultura El Sembrador en el Parque Urquiza cayeron en manos de ladrones.
La muerte de Ezequiel Curaba, en febrero, patentizó el drama de los que se vuelcan al robo de cables y metales empujados por la miseria creciente. Curaba tenía 21 años y se electrocutó cuando intentó extraer cables de alta tensión en Presidente Perón al 6000. Su muerte hizo visible una vez más el funcionamiento de una economía que se abastece de esos robos y que parecía inaccesible para las investigaciones de la policía y el Ministerio Público de la Acusación.
“La decisión que tomamos fue atacar ese eslabón: el que le compra al que roba cables y metales. Hay que debilitar la cadena de la comercialización para desalentar el robo”, explica Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Desde diciembre hasta ahora hubo cuarenta y cuatro allanamientos en trece localidades de la provincia. “Cambiamos la manera de trabajar. Empezamos a controlar en conjunto con los gobiernos locales, el Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y desde la provincia la Dirección de Desarmaderos y Autopartes. Antes los procedimientos podían encontrar cerradas a las chatarrerías; ahora vamos con órdenes de allanamiento y hacemos inspecciones coordinadas”, agrega Figueroa Escauriza.
El vil metal
En 2023 se reglamentaron seis artículos de la Ley 14.191 que dispuso la creación del Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos. Fue un marco para perseguir los robos de cables de empresas de servicios públicos y de elementos de cobre de las mismas empresas y de viviendas particulares.
El concepto de metales no ferrosos, según la ley, comprende a “todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones donde es componente principal, conforme la siguiente enumeración no taxativa: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminio-manganeso; aluminio-silicio; aluminio-magnesio-silicio; aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latón blando, duro y semiduro; antimonio, entre otros”.
A estos objetos se agregan autopartes, como en la chatarrería de Cerrito al 4700: un hallazgo que remite al ambiente de los desarmaderos, otra zona gris donde la economía informal suele confundirse con la delictiva. El descubrimiento de treinta ataúdes de procedencia no justificada en una chatarrería de Frontera, departamento Castellanos, muestra además que el robo puede derivar al carancheo. Este procedimiento fue parte de allanamientos simultáneos realizados a principios de mes en Rafaela, Sunchales y Lehmann, que concluyeron con el secuestro de 600 toneladas de metales ferrosos y no ferrosos, armas de fuego, alambre de púa, chasis y autopartes.
“Hay de todo, es bien diverso lo que aparece cuando se empieza a controlar”, resume el secretario de Control de Gestión. La mayoría de los procedimientos realizados desde diciembre terminaron con fajas de clausura en la puerta de las chatarrerías. Los negocios del rubro requieren una habilitación municipal y otra provincial, y el hábito hace que funcionen de manera irregular o incluso desconozcan las clausuras. Las recientes inspecciones parecen impactar también en el interés de las chatarrerías por regularizar su situación, “pero la verdad es que no hay muchas que cumplan con las exigencias de la ley”.
El lunes pasado comenzó un operativo de compactación de entre 300 y 500 toneladas de elementos incautados en una chatarrería de la calle Marenghini al 300 de Venado Tuerto. Este negocio, el más importante del rubro en el departamento General López, no tenía habilitación y fue allanado en marzo con otras chatarrerías de Firmat, Venado Tuerto, Labordeboy y Carmen; el dueño fue condenado a dos años y tres meses de ejecución condicional en un juicio abreviado por comercialización ilegal de metales y encubrimiento agravado, y además se le impuso una multa, el secuestro de siete mil dólares y veintidós millones de pesos y la clausura por tiempo indeterminado.
Pero el mercado ilegal también se adecúa a los procedimientos y la chatarrería tradicional, con espacios al aire libre que funcionan como depósitos, cambia de aspecto. Según Figueroa Escauriza, “lo que se da ahora es gente que compra menos cantidad de cosas y la mueve todas las semanas: entonces no necesitan grandes espacios y utilizan por ejemplo garajes de casas particulares que ocultan el movimiento a la calle y no tienen grandes dimensiones”. También se apunta a apurar la reducción de los objetos, para borrar las pruebas y sustraer el material a los controles de trazabilidad.
La modalidad surgió entre otros casos en la inspección de una casa de Regimiento 11 al 1300, donde los inspectores llegaron en febrero a través de una denuncia. Vista de afuera parecía un garaje común, pero adentro había placas de cementerio, cables, cobre, objetos de bronce, picaportes, medidores de agua y en total tres toneladas de materiales. También en Villa del Parque al 1300, Nuevo Alberdi, una chatarrería clausurada en diciembre de 2023 funcionaba bajo la pantalla de una cochera. El dueño estaba colgado de la luz y almacenó más de dos toneladas y media de cobre y cables subterráneos presumiblemente con fines especulativos, ya que los precios están en baja.
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, advirtió en febrero de este año que el caso de Ezequiel Curaba no tenía que ver “con el gran delito del robo de cables y el mercado negro de metales”, que atribuyó a “bandas organizadas con inteligencia e interrelación con otras provincias”. La EPE estimó un perjuicio anual de tres millones de dólares por el robo de cables.
Geese dijo entonces que el gran robo de cables es realizado por personas con entrenamiento y conocimiento: “Esto no lo puede hacer cualquiera y tiene que tomarse como un delito organizado y económico”. Una causa iniciado en mayo por el hurto organizado de transformadores de la EPE en Villa Banana, barrio Hospitales, Funes y Tablada respalda esas declaraciones: el jefe de la organización sería un joven de 28 años empleado en una cooperativa eléctrica que presta servicios de mantenimiento a la EPE, asociado con el encargado de una chatarrería ubicada en Avellaneda y Uriburu, y con otro hombre que se presentaba como empleado de la EPE y hacía pasar el robo por procedimientos de rutina.
Este año tres jóvenes murieron en el intento de robar cables y el año pasado hubo otras siete víctimas fatales. En el mercado negro, un medidor de gas se compra en 8 mil pesos; el costo de su reposición en la calle puede llegar a 500 mil, si requiere alguna obra. “Los comerciantes se aprovechan de la necesidad de mucha gente, que sale a robar cables y medidores para vender por kilo. La situación se desbordó por la falta de controles. En todas las inspecciones encontramos placas robadas en cementerios”, detalla Figueroa Escauriza.
Este año tres jóvenes murieron en el intento de robar cables y el año pasado hubo otras siete víctimas fatales
Noemí, una vecina de 81 años de Granadero Baigorria, creyó probablemente que no iba a vivir para contarlo. Pero el lunes pasado pudo recuperar la placa de su padre, robada en el cementerio local, comprada en una chatarrería y recuperada en un allanamiento. La Secretaría de Gestión de Registros convoca a vecinos que hayan padecido este tipo de robos para devolver objetos y placas.
Según el funcionario provincial, las denuncias por robo de cables al 911 disminuyeron en un 58 por ciento desde el comienzo de los allanamientos: “Los comercios están comprando menos, porque se están cuidando”. El negocio del mercado negro termina donde se rompe la costumbre que habilita su funcionamiento.
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