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Política

¿Habrá un antes y un después de la fuga de Piñero? Las causas de la crisis carcelaria en Santa Fe

Unas horas después de que ocho presos escaparan de la cárcel de Piñero con el apoyo de un grupo armado que ingresó desde el exterior, el ministro de Gobierno Roberto Sukerman dijo que el hecho debía marcar “un antes y un después en la historia penitenciaria de la provincia”. Los problemas de la Unidad 11, y los del sistema carcelario de Santa Fe, surgieron abruptamente a la luz y un tema poco considerado en la agenda pública se convirtió en objeto de preocupación.

El 17 de mayo otros dos presos salieron por la puerta grande de Piñero dentro de carritos de supermercado: fue “una maniobra obscena, torpe y grotesca”, según la investigación judicial, que puso en evidencia la complicidad de agentes penitenciarios. La fuga del 27 de junio, en cambio, descubrió a primera vista otros factores: una cárcel de máxima seguridad rodeada por un cerco de alambre, con cámaras de video que no funcionaban desde hacía años, garitas de vigilancia orientadas hacia el interior e inhibidores de señales incapaces de bloquear los celulares que manejan los presos. No eran novedades, pero pasaron desapercibidas y fueron parte de la rutina carcelaria hasta que estalló el escádalo.

La imagen del tejido cortado con una amoladora de entrecasa dejó en ridículo a la cárcel de máxima seguridad. “Es un gallinero que no está preparado para cuidar leones”, agregó Sukerman en relación a los presos de alto perfil, mientras volvió a discutirse el problema del alojamiento de personas a disposición de la Justicia Federal y siete internos vinculados con causas de narcotráfico —entre ellos los renombrados Esteban Alvarado y René Ungaro— fueron trasladados a la provincia de Buenos Aires.

La investigación de los fiscales Matías Edery y Franco Carbone no detectó hasta el momento que hubiera agentes penitenciarios directamente involucrados en la última fuga. Las aguas del escándalo comienzan a bajar, pero la crisis carcelaria persiste y es más compleja de lo que parece. “Comparada con las cárceles históricas, como la de Coronda, la Unidad 3 o Las Flores, la de Piñero es un lujo. Se podrá discutir el formato, pero los problemas de Piñero no se deben a lo edilicio”, dice el abogado Santiago Bereciartua, de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de Rosario.

La madre de los problemas

El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura sobre las personas bajo encierro en Santa Fe, presentado en junio a las autoridades de la provincia, destaca a la superpoblación de presos como factor determinante de los problemas que se presentan en la cárcel. La situación se verifica en la Unidad 11 de Piñero, que a fines del mes pasado alojaba 2.098 reclusos cuando tiene capacidad para 1.412, por lo que hay dos y hasta tres personas en celdas individuales.

El hacinamiento de presos es un problema crónico de las cárceles provinciales. Entre 2009 y 2019 se incorporaron 2.758 plazas, pero el ritmo de construcción quedó de todas maneras a la zaga de la tasa de encarcelamiento. La situación pone en escena a otro protagonista: “En esta maquinaria de meter presos el Poder Judicial es el principal actor, claramente presionado por los medios de comunicación y la opinión pública. En Santa Fe tenemos 45 y hasta 50 por ciento de presos en prisión preventiva”, destaca Santiago Bereciartua, también funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia hasta abril de este año.

El hacinamiento de presos es un problema crónico de las cárceles provinciales. Entre 2009 y 2019 se incorporaron 2.758 plazas, pero el ritmo de construcción quedó de todas maneras a la zaga de la tasa de encarcelamiento

“La sobrepoblación genera hacinamiento, deterioro edilicio, pésimas condiciones higiénicas y falta de privacidad. Intensifica los niveles de violencia institucional, aumenta los conflictos entre internos y produce muertes”, señaló ya en 2018 el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Una de las causas proviene del incumplimiento del convenio entre la Nación y la Provincia para alojar a presos federales: 597 en lugar de los 50 acordados, según el registro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; otra, de un criterio de encarcelamiento que no distingue entre delitos graves y menores; una tercera a que “no se realizan los estudios criminológicos y el avance en la progresividad de la pena se hace arbitrario y muy dificultoso, con lo que acceder a las salidas anticipadas que por ley corresponden resulta imposible, lo que contribuye a un círculo vicioso en el que aumenta permanentemente la población carcelaria en lugares que no se ajustan a las necesidades de cada persona privada de su libertad”, enfatiza el Comité.

La distribución de los presos en los pabellones aparece como clave para gestionar el orden interno, por definición inestable. “Según cómo se ubique a los internos se puede fomentar o bajar la violencia dentro de la cárcel —agrega Bereciartua—. En Piñero está la mayor cantidad de presos con perfil alto en Santa Fe. Los pabellones destinados a esos presos son los del 25 al 28, aunque hay perfiles altos en pabellones comunes, como pasó con René Ungaro y con Claudio Mansilla”, el segundo evadido y todavía prófugo. Si esos reclusos no están en otros establecimientos de la provincia “es porque supuestamente Piñero es la cárcel más segura en Santa Fe: si se pueden escapar de Piñero, tienen chances de escapar de cualquier otra”.

El alojamiento de presos de alto perfil en pabellones comunes contradice las normas y se corresponde con criterios no escritos, los que surgen de la trama de relaciones entre guardias e internos. Los delegados de los pabellones son los interlocutores entre los presos y los funcionarios, y también tienen voz en la distribución de los internos.

“La Dirección General del Servicio Penitenciario ubica a los presos en las diferentes cárceles y los directores de cada establecimiento los asignan a los pabellones”, explica Bereciartua. Pero el procedimiento tiene una segunda instancia con la intervención de los delegados: “En los pabellones hay grupos que se autorregulan, tienen su buena o su mala conducta, y el accionar de un preso puede complicar o favorecer al pabellón. No es fácil tener ochenta personas con las que hablar; si hay un mediador como un delegado, puede solucionar problemas de gestión. El problema es cuando el delegado empieza a tener poder”.

Desoír las recomendaciones de un delegado puede generar más violencia, pero al mismo tiempo para los funcionarios se trata de contener su margen de maniobra. “En Piñero —sigue Bereciartua— empezó a plantearse el problema de que había presos que no eran recibidos en ningún pabellón. Parece que los delegados manejaran la cárcel, pero el preso que ingresa a un pabellón donde no lo quieren puede aparecer herido al día siguiente. Algunos delegados no quieren perder la comodidad de las celdas y con buen tino rechazan el ingreso de más internos para evitar el hacinamiento; en esos casos la responsabilidad no es de la dirección del penal”.

La elección de un delegado en la cárcel suele ser un reconocimiento a la trayectoria criminal pero también se requiere la sintonía y el diálogo con los agentes penitenciarios. Al mismo tiempo el delegado no es necesariamente el hombre fuerte del pabellón, cuya autoridad se funda en la capacidad económica y operativa de que dispone aún en el encierro y del poder que ostenta en relación al exterior. Claudio Mansilla no aparecía como el representante oficial del pabellón 14, pero para los presos alojados en ese sector era “el número 1”, como dijo Sergio Cañete, el cerebro de la última fuga, que necesitó su aprobación para llevar adelante el plan.

La elección de un delegado en la cárcel suele ser un reconocimiento a la trayectoria criminal pero también se requiere la sintonía y el diálogo con los agentes penitenciarios

La auto regulación de los presos tiene un caso aparte en los pabellones evangélicos, donde los acuerdos entre guardias y presos suponen “una tercerización de la violencia” en los términos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Los delegados de esos sectores imponen penas, se reservan el derecho de permanencia y determinan las reglas de comportamiento y los turnos de visitas, en el marco de un régimen disciplinario severo donde las actividades internan son grupales y giran alrededor de las horas de oración.

“La mayoría de los lugares de detención suelen superar las plazas establecidas y ello impacta directamente en las condiciones de detención, es decir, en las condiciones de encierro básicas, como espacios donde dormir, baños, espacios recreativos, lugares para recibir visitas”, subraya el Comité en otro pasaje del informe. La situación “también influye directamente sobre las actividades educativas, laborales, las posibilidades de recibir asistencia médica y psicológica, que resultan insuficientes”.

Si los recursos de salud, alimentación y alojamiento no están garantizados se convierten en un objeto de disputa y de negociaciones. En Piñero, como en otras cárceles, hay un elemento particular de conflicto: los teléfonos celulares.

Secuestro de celulares en una requisa en Piñero en enero de 2019

La mirada de los tontos 

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Jorge Bortolozzi, atribuyó la fuga tragicómica de Hugo Peralta y Carlos Andrés D’Angelo, los presos que salieron de Piñero en los carritos de supermercado, a una interna del Servicio Penitenciario que apunta a boicotear su gestión. Agregó que había recibido amenazas y advertencias de desestabilización, denunció que las cuentas no cerraban en una auditoría de los 60 millones de pesos recibidos por el Covid y dijo que en la institución “no hay premios ni castigos”, con lo que se alienta la negligencia y la corrupción.

Las declaraciones de Bortolozzi surgieron al calor de la indignación que produjo esa fuga —la vergüenza “ante los familiares de las víctimas de los dos fugados”— y sirvieron para exponer otro aspecto que parece opaco. Las investigaciones sobre complicidad de agentes en fugas e ingreso de celulares y de drogas a las cárceles son puntuales y aisladas, y suelen dejarse llevar por la propia burocracia penitenciaria que en esas circunstancias funciona para desincriminar a los sospechosos, de modo que la investigación observa el cuadro por el ojo de la cerradura. Como sucedió con la fuga del 17 de mayo, donde la imputación quedó reducida a un ayudante y a un subayudante.

El Comité para la Prevención de la Tortura constató la existencia de cuatro inhibidores de señales de celulares en Piñero y de tres líneas de teléfonos fijos. “Los internos destacaron que una de las situaciones más problemáticas es la comunicación con los familiares. Los teléfonos no andan y no les permiten el acceso a celulares”, puntualiza el informe.

Esa carencia hace posible el negocio con los celulares dentro de la cárcel. En un contexto agravado por la pandemia y por la suspensión de las visitas, ante la restricción que impone la norma, los teléfonos son una mercancía preciada y su costo se cotiza en función de la demanda y de la posibilidad de ingresar los aparatos. “Los presos tienen el derecho de comunicarse con sus familiares y el Estado no se los asegura —dice Bereciartua—. No pueden perder relación con el afuera, pero está demostrado, y en Piñero sobre todo, que los teléfonos se utilizan para instigar la comisión de delitos”.

Bereciartua propone la entrega de celulares registrados por parte del personal penitenciario, para utilizar en horarios determinados. “No es un invento mío, se aplica en otros lugares —aclara—. Pero como tantos temas de la cárcel no se lo puede discutir públicamente por la presión social para que se le quiten cosas a los presos”.

Con el encarcelamiento de los principales narcos, la prisión se convirtió en un laboratorio para la producción del delito. El negocio del narcomenudeo y los ilícitos relacionados (protección, usurpación de propiedades, intimidaciones, asesinatos) se despliegan a partir de órdenes que llegan a la calle desde las cárceles, al punto de darse la paradoja de personas que encargan un asesinato a otras que están detenidas pero conservan los contactos y manejan el dinero. La prisión agrega todavía más violencia, ya que son frecuentes los casos de “teléfonos descompuestos” —órdenes mal interpretadas que se traducen en más muertes— y, desde el encierro, el crimen suele ser la forma de resolver cualquier tipo de conflicto, como fue el caso de un preso del pabellón 10 de Piñero que ordenó atentados contra un albañil incumplidor.

En los primeros días de julio hubo una disminución notable en la cantidad de tiroteos en la ciudad de Rosario. No hay misterio en esa repentina tendencia: el 95 por ciento de los casos surgen de pedidos realizados desde la cárcel, según la fiscal Valeria Haurigot, y la fuga de Piñero fue una razón de fuerza mayor para suspender las comunicaciones. Habrá que ver cómo funcionan “los nuevos inhibidores de señales del siglo XXI” anunciados por el ministro Sukerman, además de los escáners en los ingresos de las visitas, las cámaras de vigilancia internas y externas y los sistemas de monitoreo en trámite, junto con la edifición de un muro, “para tener así una cárcel de verdad”.

Pero los inhibidores instalados en Piñero no tenían fallas, como comprobaban los visitantes. En todo caso su funcionamiento parecía selectivo, o por lo menos no alcanzaban a los celulares de determinados presos. El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain planteó el trasfondo de la situación en octubre de 2020: “Si yo tengo gente en prisión que mata a gente en un territorio, no lo puedo mirar pasivamente. No puede ser que el encarcelamiento favorezca a este conjunto, no podemos tener una mirada tan tonta de lo que es la gestión de la prisión”.

Los inhibidores instalados en Piñero no tenían fallas. En todo caso su funcionamiento parecía selectivo, o por lo menos no alcanzaban a los celulares de determinados presos

La mirada tonta que describió Sain puede ser el reverso de la mirada punitiva. “Hay un clamor popular para que la cárcel no cumpla con su finalidad —señala Bereciartua-. La ley de ejecución penal habla de un objetivo resocializador, pero la cárcel solo sirve para quitar de circulación de la vía pública a ciertas personas. Eso se vio claramente con el covid, cuando se observó que en la cárcel no se respetaban los principios de vacunación: a la gente no le importó”.

¿Habrá un antes y un después en la historia penitenciaria de Santa Fe? No parece que dependa exclusivamente del reforzamiento de la vigilancia y la seguridad. “Ojalá que el cambio provenga de la aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional, y que la gente comprenda que la cárcel no puede ser un lugar donde los presos profundicen su carrera delictual”, dice Bereciartua.

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