Con 2 mil fábricas menos y algunos insultos más, la Unión Industrial Argentina (UIA) se empezó a incomodar. “Sin industria no hay Nación”, recordó en un tímido comunicado con el que respondió a la nueva tanda de burlas que el presidente Javier Milei propinó a sus próceres. El gobierno no se conmueve con la premisa mayor de Carlos Pellegrini. Más bien parece decidido a concluir el silogismo forzando el exterminio de ese sector productivo.
El jefe de Estado expuso el corazón de esa estrategia, que incluye la destrucción del pacto social a través de la reforma laboral, durante la apertura del año legislativo. En medio de un fabuloso relato de logros económicos, arremetió contra los viejos “capitanes de la industria” enrostrándoles el negocio que montaron para sí mismos a partir de las políticas de protección de la industria y el mercado interno.
Quizás sin buscarlo, blanqueó el servicio que esa cúpula industrial ofreció, con remarcaciones y operaciones sobre la brecha cambiaria, para la derrota del gobierno anterior. De hecho, todavía renombran como “fantasía” a los mejores indicadores productivos, de inversión, empleo y ventas que tuvieron en aquel período. En ese sentido, Milei es merecedor de su paciencia: les regaló la realidad que soñaban.
Grito provincial
Esta extraña empatía empieza a crujir por la base. Aunque a ritmo más lento que en el movimiento obrero, pequeñas rebeliones asoman en el mundo fabril.
No fue a escondidas el encuentro que, un día antes del pronunciamiento de la UIA, tuvieron la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), integrante de peso en la central que preside Martín Rapallini, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), una de las entidades empresariales de mayor alcance nacional.
En la reunión realizada en la sede de la Asociación Empresaria, expusieron la crisis del comercio y la industria. El relevamiento de ventas minoristas que lleva adelante Came en todo el país mostró en 2025 el segundo año consecutivo de caída. El último informe de Fisfe, en diciembre dio cuenta de un retroceso de 9,8 % interanual, con el 68 % de las ramas industriales que presentó caída en su nivel de producción.
En dos años se perdieron casi 300 industrias y 8.000 puestos de trabajo fabriles en la provincia. Los presidentes de ambas entidades, Ricardo Diab y Javier Martín, coincidieron: “No hay motivos para pensar en que la situación vaya a mejorar”. “El comercio tiene que ir de la mano con la industria nacional porque, le pese a quien le pese, necesitamos que haya trabajadores bien pagos para que puedan consumir”, señaló el presidente de Came. Para Martín, “es falso el dilema entre la producción nacional y el consumidor, el que hoy puede llegar a comprar algún producto más barato mañana dejará de consumir cuando se quede sin trabajo porque cerró la fábrica”. Ambos señalaron que “no se trató de un encuentro efímero sino el inicio de una agenda de trabajo”.
En la misma semana, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario sumó cifras en rojo al cuadro general. Presentó su informe mensual que, con datos al cierre de 2025, mostró una caída de casi 9 % en la facturación real de los establecimientos manufactureros de Rosario durante el año pasado. En dos años, la baja fue del 35 %. “El 77 % de los rubros que integran nuestra rama muestra actividad negativa”, señaló Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de la ciudad.
En todo el país, la rama que alguna vez fue sinónimo de sustitución de importaciones perdió 851 empresas y 18.800 empleados desde el cambio de gobierno. El promedio de utilización de capacidad instalada es del 38 %, con empresas como las de línea blanca que, salvo en productos de nicho como las exhibidoras, se convirtieron prácticamente en importadoras.
Una de las empresas más importantes del sector, Electrolux, reabrió en los últimos días los retiros voluntarios para reducir el plantel de personal en la planta del barrio Las Delicias. La plantilla ya es la mitad que en 2023. Los 400 empleados que sobrevivieron a la primera oleada de motosierra entraron en un régimen de suspensión rotativa en el último trimestre del año pasado. Según explicó Pablo Cerra, abogado de la UOM, “con todo el dolor del alma hay que decir que son muchos los se quieren ir”. La razón no está en el entusiasmo por el parripollo que alienta Luis Majul. Tiene que ver con una realidad más dramática: “La gente está muy endeudada y ve que la única posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva es cobrando una indemnización; muchos se van a las aplicaciones aunque saben que es pan para hoy y hambre para mañana”.
La deuda eterna
El Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) apuntó en su último informe de coyuntura que el saldo de los créditos en condición irregular pasó de 1,6 billones a 7,6 billones de pesos durante 2025. Los economistas del centro de estudios que coordina Sergio Arelovich recordaron que “un problema de magnitud relativamente similar” se había presentado durante el gobierno de Mauricio Macri.
La diferencia, aclararon, es que en aquella ocasión la morosidad vino del lado de las empresas. “Ahora son las familias las que no pueden pagar su deuda”, advirtieron.
La proporción de la deuda familiar que no puede ser pagada a término se multiplicó por cuatro durante el año pasado y llegó al 12 % del total del saldo para préstamos personales y 9,3 % para tarjetas. En el segmento de las fintech saltó al 29 %.
Esta escalada se produce en un contexto de altas tasas reales de interés, que en el caso de préstamos personales y tarjetas de crédito “están por encima del 4 % mensual desde hace nueve meses”. En cambio, las entidades pagan tasas reales negativas por los depósitos a plazo fijo. “Nunca fue tan amplia esta brecha”, subrayaron desde Mate.
Los resultados de los balances presentados por los principales bancos del país, con cierre a fines de 2025, indican que el problema está dejando de ser solo de los deudores. Quedó asentado en ellos el aumento de la morosidad, las mayores previsiones por incobrabilidad y el impacto directo sobre la rentabilidad.
La situación comienza a preocupar en diferentes niveles de gobierno. Aunque las respuestas son distintas. El nacional, a través del Banco Central, intervino a favor de las fintech, al facilitarles el cobro de sus préstamos a través del débito directo en las cuentas de sus clientes.
En sentido contrario, el provincial informó esta semana que trabaja en un plan de reestructuración de la deuda que los empleados públicos tomaron a través de los famosos códigos de descuento aplicados sobre el sueldo. Sería a través de una suerte de reemplazo de deuda no bancaria por créditos en mejores condiciones que brindaría el Banco de Santa Fe. El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que entre el 40 % y el 50 % de los trabajadores públicos de la provincia registran descuentos por este tipo de deudas. La medida, señaló, apunta también a “maximizar” el impacto de los incrementos salariales otorgados durante este año en el ingreso disponible de los empleados.
La micro y la macro
La fantasía de una macroeconomía brillante que no derrama en la micro miserable se diluye en contacto con la realidad. La caída de la economía real no solo impacta, por vía de la morosidad, en los bancos. También en la recaudación nacional y provincial, poniendo más presión al ajuste fiscal de Javier Milei.
El Mate recordó en su último reporte que, “de no ser por los ingresos generados por la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas, los ingresos fiscales se habrían reducido drásticamente” en enero, comprometiendo el superávit financiero.
La edición más reciente del carry trade de Luis Caputo, apalancado por el salvataje norteamericano y el resultado de las elecciones legislativas de octubre pasado, vuelve a ponerse en discusión entre los llamados desesperados del ministro a “sacar los dólares del colchón” y los efectos del conflicto bélico en Medio Oriente.
El impacto más inmediato de la escalada fue el aumento del precio del petróleo y el gas, y en mucho menor medida, de otros commodities asociados como los granos. En principio es música para los oídos de un programa económico que, como exhibió orgulloso Milei al citar el crecimiento del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) en diciembre, se apoya en tres vectores: petróleo, gas y minería; sector financiero, y agro pampeano. Anotación no tan al margen de los economistas de Mate: “Lo paradójico es que estas actividades, a pesar de su acelerado crecimiento, están expulsando mano de obra a un ritmo imponente”. En términos interanuales, la agricultura mostró un crecimiento de 32 % en 2025 pero perdió 7.487 empleos, la intermediación financiera creció 14 % pero perdió 6.886 puestos y el petróleo y minería se expandió 9 % pero expulsó a 1.909 trabajadores.
Pero la mano visible de la guerra afecta a la economía argentina en otros dos frentes. El “vuelo a la calidad” de los inversores externos que se desprenden de bonos emergentes y la presión inflacionaria asociada a la suba de los commodities.
Hay economistas que ven un posible escenario parecido al del 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania disparó los precios del petróleo y los granos, arrimando más divisas pero también más inflación.
A favor del 2026, Argentina pasó del déficit al superávit energético merced al gasoducto transpatagónico construido por el gobierno anterior. Los dólares no se irán por ahí aunque sí por el boom de importaciones, el atesoramiento y el pago de la deuda, que escalaron respecto de aquellos años.
En materia de inflación, los gurúes de la city que participan del relevamiento del Banco Central elevaron sus previsiones para febrero y los próximos meses. A la par, las consultoras que miden precios siguen relevando una presión sostenida sobre el IPC, con variaciones estimadas cercanas al 3 % mensual.
En la última edición de la revista Novedades Económicas, del instituto de estudios de la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Vasconcelos celebró las compras de divisas por parte del Banco Central pero sembró interrogantes sobre otras variables, como el riesgo país, que se mantiene elevado y la “resistencia a la baja” en las expectativas de inflación. En este contexto, advirtió que el programa económico “enfrenta el desafío de compatibilizar tres objetivos simultáneos: acumular reservas, retomar el proceso de desinflación y sostener el nivel de actividad”.
Al límite
El trilema involucra decisiones sobre el tipo de cambio, la tasa de interés y el grado de sacrificio de la economía real necesario para domar el IPC, que pelean entre sí.
El margen para resolver el intríngulis está condicionado, a su vez, por el efecto que puede tener, o no, el vertiginoso deterioro de la actividad, el empleo y los ingresos en el nivel de conflictividad. Sin despreciar los movimientos de resistencia que enfrentó a lo largo de estos daños, es claro que el gobierno encontró aval para llevar adelante su programa económico, que multiplicó en apoyo parlamentario tras la agónica victoria de octubre.
Pero el intento de institucionalizar el proceso de peruanización de la economía a través de leyes como la reforma laboral, también devolvió a la calle un nivel de protesta que había aflojado tras el golpe electoral. La demolición del derecho de trabajo no parece estar creando más empleo pero sí más conflictos. No solo por ser procíclica en materia de despidos sino porque reabre viejas puertas en la disputa distributiva. Por caso, el sindicato marítimo Somu se declaró en estado de alerta porque una de las cámaras empresariales con las que negocia salarios denunció el convenio de actividad. Nace una nueva generación de viejos conflictos.
Autor
