Cárceles superpobladas, fiscalías desbordadas por los homicidios, funcionarios impresentables y un ciclo de violencia que recrudece sin pausa ni soluciones a la vista. La crisis de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe no es novedosa, pero los factores que antes podían manifestarse de forma aislada ahora coinciden y se agravan en una coyuntura marcada por la disputa interna en el Ministerio de Seguridad, las desinteligencias con el gobierno nacional y las especulaciones electorales.
La intimidación contra la Escuela Islas Malvinas, de España y Uriburu, con 40 vainas de bala servidas y una carta con amenazas, sumada a una sucesión de crímenes, reinstaló el 20 de abril el clima social extendido a fines de noviembre pasado con la balacera a la parrilla El Establo, en Pellegrini al 1700: una zozobra generalizada y la impresión de que la policía provincial ha perdido el control no ya de determinadas zonas sino del conjunto de la ciudad mientras las fuerzas federales solo parecen visibles en bulevar Oroño, entre el río y el parque Independencia.
El recambio de funcionarios en el Ministerio de Seguridad presentado en diciembre pasado después del polémico desplazamiento del equipo anterior ya había quedado opacado en marzo con la renuncia de Horacio Lucchini —el director de Análisis Criminal que se habría ofrecido a gestionar beneficios para Ariel “Guille” Cantero— y el escándalo en torno al viaje del león Jorge Bortolozzi a Panamá y Nicaragua, sumado a una investigación judicial que involucra al exonerado jefe de policía de Rosario, Natalio Marciani, fogonea versiones sobre un reemplazo de Jorge Lagna.
Los problemas no solo se encuentran en la calle sino en el interior del Ministerio de Seguridad, según analiza un observador que conoce de cerca la gestión. “Hay dos grupos dentro del ministerio: el de Lagna y sus funcionarios de confianza, en su mayoría rosarinos, y por otro el de la contadora Ana María Morel, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera y persona de confianza del ministro Walter Agosto”, dice.
La convivencia de ambos grupos no sería precisamente armónica. “Lo que hace funcionar a un ministerio es el encargado de la administración, la persona que maneja las compras, paga a los proveedores, controla el área jurídica y de personal. En teoría es la mano derecha, pero en este caso los cortocircuitos entre Lagna y Morel son en los hechos un problema grave para la gestión”, agrega la fuente.
Las restricciones se extienden al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal general Jorge Baclini espera pacientemente la asignación de treinta cargos contemplados en el presupuesto del Poder Ejecutivo mientras advierte que el incremento de la violencia desborda a las fiscalías y realimenta el problema: los crímenes que no se resuelven son un anticipo de muertes por venir.
El diálogo que el ministro Lagna sostiene con los intendentes Emilio Jatón y Pablo Javkin tampoco sería bien considerado puertas adentro del ministerio: “se lo facturan como un trabajo para la oposición”. En opinión de la fuente, la política de seguridad es vista poco menos que como una causa perdida desde la óptica electoral y un cambio de ministro no alteraría el panorama.
El diálogo que el ministro Lagna sostiene con los intendentes Emilio Jatón y Pablo Javkin tampoco sería bien considerado puertas adentro del ministerio: “se lo facturan como un trabajo para la oposición”
Jorge Bortolozzi había ganado protagonismo con declaraciones que exhumaban la vieja retórica de la guerra contra las drogas y apuntaban a sacarse el fardo de encima en temas de seguridad —para responsabilizar a la Justicia Federal o al Servicio Penitenciario bonaerense, según el caso— y también, a falta de evaluaciones técnicas, con apreciaciones pintorescas como su comparación de la boda y el triple crimen de Ibarlucea con la película El Padrino.
Bortolozzi demostró ser afecto a las versiones conspirativas. El año pasado atribuyó una fuga de dos presos que salieron de la cárcel de Piñero en un carrito de supermercado a una mano negra que intentaba desestabilizarlo; ahora imagina ser un chivo expiatorio, según las declaraciones que hizo al conocer su desplazamiento.
“Exportamos realismo mágico: del club de Leones de Coronda a Managua. Para una novela sería un argumento muy bizarro”, reflexiona el observador.
Papeles quemados
La crisis en la gestión política de la seguridad tiene otro componente: la insistencia en propuestas remanidas, tanto dentro del oficialismo como en la oposición.
La crítica del diputado provincial Maximiliano Pullaro a los jueces que impusieron 25 años de prisión al oficial Luciano Nocelli por los asesinatos de Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco cuando “no había peligro para terceros ni para los agentes” remitió a los argumentos que clásicamente avalan a la policía de mano dura. Las consecuencias de esa política fueron ilustradas el mismo día, 20 de abril, por el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que confirmó la condena del ex comisario Alejandro Druetta, el presunto policía inflexible que en realidad amparaba al narcotráfico.
En la misma línea el diputado Gabriel Chumpitaz propuso sitiar Rosario con fuerzas federales y “tomar medidas extraordinarias” porque “Rosario necesita borrar de sus calles a estos delincuentes que a diario reparten balas y terror”. El encarcelamiento sigue siendo visto como una respuesta pese a la abrumadora evidencia respecto de los delitos que se ordenan y planifican desde las cárceles provinciales.
Así como se repiten propuestas conocidas, las causas de la violencia siguen sin ser analizadas desde la política provincial. Si el encarcelamiento de líderes de bandas puede ser considerado un avance hacia la represión de la narcocriminalidad al mismo tiempo detona consecuencias graves en la regulación de la violencia urbana: “Esto se vislumbra por la aparición de un flujo constante de nuevos actores, principalmente de adolescentes que han mostrado un alto grado de violencia, agravado por el acceso sin restricciones a las armas de fuego y por una dinámica social, económica y cultural que pone en contradicción permanente toda esperanza de movilidad social ascendente por la vía legal. Dicho escenario fue el que ha posibilitado que los tipos de organizaciones que disputan el poder violento en la ciudad ya no respondan necesariamente a esquemas piramidales o a jerarquías estables sino a estructuras vertebradas de manera horizontal, permeables a todo tipo de rencillas”, sostiene un reciente informe del Observatorio de Política Criminal sobre la violencia narco en Rosario.
El ministro Lagna sonó por su parte demasiado protocolar cuando argumentó que el cambio de Natalio Marciani estaba previsto antes de que un fiscal ordenara el secuestro de su celular. En la conferencia de prensa que ofreció junto a Claudio Brilloni, el ex comandante de Gendarmería nombrado secretario de Seguridad Pública, anunció la incorporación de 180 patrulleros y el arribo de los mil efectivos federales que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, prometió en setiembre de 2021 junto con la creación de una unidad móvil de Gendarmería.
Lagna dijo que “partidizar la violencia y la inseguridad es nefasto” y observó que “nadie puede decir que no tiene nada que ver con esta situación”. Una demostración de sensatez que parece escasa en la clase política santafesina, por los temas en las cuestiones de seguridad.
“Estamos viendo que en los asesinatos y en las balaceras no se hacen por lo general dos o tres disparos, sino veinte o treinta: los sicarios tienen balas de sobra”
El problema que se repite
No hacía falta, pero la policía de Rosario volvió a demostrar que es parte principal del problema. El caso de Juan Carlos Bellotti, el agente de la Sección Balística que cambió diez armas tomadas de un depósito judicial por una moto, expone en principio un cuadro de miseria económica comparable al de los empleados penitenciarios Guillermo Regue y Marcelo Núñez, condenados en marzo por robar ocho kilos de carne, yerba, aceite y fideos de la Unidad Penitenciaria número 5 de Rosario. Pero sobre todo descubre la falta de controles en un área tan sensible como el de la custodia de armas de fuego secuestradas y el menosprecio con que la institución considera a las áreas periciales y científicas.
“Es casi una cuestión cultural en la policía santafesina —afirma la fuente consultada—. Hay una idea instalada sobre que las pericias no sirven para nada y quienes las realizan no son considerados verdaderos policías. El criterio, en consecuencia, es no darles recursos y destinar a los inservibles, los vagos y los castigados a esas áreas”. El comisario Cristian “Carancho” Romero, jefe de la cuestionada División Judiciales, fue así puesto al frente de la policía científica de Rosario al ser sumariado por enriquecimiento ilícito.
Según el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad, el 85 por ciento de los homicidios registrados en Rosario durante 2021 se cometieron con armas de fuego. El dato aporta una explicación para las diferencias entre las tasas de homicidio entre la ciudad y otros grandes centros urbanos del país, a lo que se agrega además una notable circulación de municiones. “Estamos viendo que en los asesinatos y en las balaceras no se hacen por lo general dos o tres disparos, sino veinte o treinta: los sicarios tienen balas de sobra”, afirma un investigador.
“Ojalá que la Junta Provincial de Seguridad no sea una cáscara”, deslizó Jorge Lagna en la última conferencia de prensa. La expresión de deseos del ministro pareció directamente relacionada con la última convocatoria del organismo que reúne a las autoridades del Ejecutivo, el Poder Judicial y la Legislatura. Celebrada sin el gobernador, sin la vicegobernadora y sin el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el encuentro pareció una formalidad antes que el tratamiento de un problema de Estado.
Autor
