Juego clandestino y puertos secos:
¿dos caras de una misma moneda?
Osvaldo Aguirre
Las líneas paralelas no se tocan, pero siguen la misma dirección. Es lo que ocurre con las investigaciones sobre juego clandestino y puertos secos —los depósitos de cereal en negro, agroquímicos y combustibles traficados al margen de la ley— que desarrolla la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario. No tienen puntos de contacto entre sí, pero llevan al mismo lugar: el departamento San Lorenzo.
La conjunción entre juego clandestino y puertos secos está formulada en el chat entre Nelson Ugolini, ex empleado de la fiscalía de Rosario, y Melisa Serena, la fiscal de San Lorenzo, una de las evidencias que presentaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sobre la organización que protegió al capitalista Leonardo Peiti durante tres años.
El juego ilegal y los depósitos de cereal en negro tienen algo básico en común: se trata de delitos normalizados por la costumbre que transcurren a plena luz del día y son vox populi. Como dijo el senador Armando Traferri en diciembre de 2019, “cualquier vecino” de San Lorenzo “sabe quiénes manejan los puertos secos de los cereales robados” y “los puertos húmedos del robo de combustibles o de agroquímicos”. Tan evidente que parecería ocioso entrar en detalles, y de hecho el senador no precisó su denuncia.
“Son los dos temas que jamás se han tocado en San Lorenzo ni se han investigado: pese a que se sabe y se tiene conocimiento jamás se ha tocado nada de eso”, dice Melisa Serena en su chat con Ugolini, guardado el 6 de febrero en una carpeta de Telegram. La fiscal sugiere que esos delitos están tácitamente aceptados en el departamento San Lorenzo, al punto que “ni siquiera han ingresado denuncias”.
“Tenemos investigaciones por puertos secos en San Lorenzo que son concomitantes temporalmente con la del juego clandestino, pero no están relacionadas directamente en cuanto a personas y objetos de investigación. No tenemos a ningún político vinculado con puertos secos”, dice al respecto el fiscal Schiappa Pietra.
“Nuestra investigación por el juego está direccionada a la estructura de negocios de Leonardo Peiti”, agrega Schiappa Pietra. El “emporio” que describió el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad sorprende a los investigadores: un elenco de cuatro abogados a disposición, cada uno para atender un frente específico; empleo de “mano de obra desocupada”, eufemismo para identificar a policías exonerados por irregularidades, según Ponce Asahad; una red de garitos extendida desde el sur hasta el norte de la provincia; lobistas en el poder político. Y todavía queda un aspecto opaco: “Peiti fue muy cuidadoso en su declaración en no decir que hacía con las ganancias, a dónde iba el dinero del juego clandestino, es decir, en cubrir sus propios negocios”, dice el fiscal.
El mar de fondo
La denuncia de Traferri sobre puertos secos y puertos húmedos formó parte de un discurso pronunciado en la Legislatura provincial el 20 de diciembre de 2019, dos días después de que el ministro Marcelo Sain interviniera la Unidad Regional XVII, cuya brigada de drogas prestaba servicios al narco Esteban Alvarado.
La protección del narcotráfico no era el único delito institucionalizado en San Lorenzo: en agosto de 2019 quedó al descubierto una rutina de explotación de los presos en la Alcaidía de la Unidad Regional XVII. Los internos podían acceder a internet, celulares, televisores, parrillas móviles y bebidas alcohólicas según un tarifario que pagaban al contado rabioso. Como en el delivery de drogas que funcionó hasta mediados de diciembre en la Alcaidía de Melincué, los presos podían cambiar de pabellón también a cambio de dinero.
En aquel discurso en la Legislatura, Traferri enumeró una serie de intimidaciones y atentados que había sufrido. El senador repitió este racconto como parte de su defensa ante las sospechas de protección al juego clandestino. El mensaje es claro: no es el organizador de una estructura ilegal, como sospechan los fiscales, sino una víctima del crimen organizado.
Según el ministro de Seguridad, Traferri aspiraba a encumbrar en la policía provincial a policías de San Lorenzo. Esta posibilidad se frustró después de la detención de los comisarios Gustavo Spoletti y Cristian Di Franco —apodado Chamuyo, el atributo del mentiroso y del que habla para enredar al oyente y disimular sus propósitos, según el lunfardo—, y la renuncia del comisario Gonzalo Paz a la jefatura de la policía de San Lorenzo, el 25 de noviembre de 2019.
Sain denunció ante el Ministerio Público la declaración de Traferri sobre los puertos secos, pidió a los fiscales de San Lorenzo que los investigaran y al senador que aportara la información que, según dijo con énfasis, era de conocimiento público. Este incidente es parte del mar de fondo en la conversación entre Nelson Ugolini y Melisa Serena que se conoció la semana pasada.
Gonzalo Paz sorteó con éxito diversas denuncias y pudo escalar sin tropiezos en su carrera como policía: en abril de 2013 el comisario Gustavo Pereyra lo anotó primero en una lista de beneficiarios de Esteban Alvarado, con un lote a estrenar en un barrio cerrado de Roldán; en febrero de 2014, el narco Juan José Muga lo incluyó en una especie de top ten de policías asociados con el narcotráfico y en junio de 2016 el mismo Muga —condenado entonces a seis años de prisión, por tráfico de 41 kilos de marihuana— redujo esa lista a tres nombres, y Paz volvió a ser mencionado. La respuesta del entonces ministro Maximiliano Pullaro para sostener al policía fue que no tenía causas en la justicia y que las acusaciones provenían de un narcotraficante.
La renuncia a la jefatura de San Lorenzo sacó a Paz del ojo de la tormenta, pero en febrero de 2020 el Organismo de Investigaciones recibió una denuncia que lo vincula con el funcionamiento de puertos secos. Y el reciente allanamiento de su casa en Rosario devolvió su nombre a los medios, ahora en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y por sus relaciones con Aníbal Porri, el abogado que hizo de chofer a Peiti para el pago de coimas.
Oídos alertas
Los audios entre Ugolini y Serena que se publican al cierre de esta nota son el fragmento de una conversación más amplia, que por el momento no ha sido recuperada.
“Estos audios contribuyen a la consistencia de nuestra imputación, porque están vinculadas todas las personas a las que acusamos —dice el fiscal Schiappa Pietra—. Se observa que Ugolini, alguien que le pasaba información a Peiti, es consciente de que los temas de juego clandestino y puerto secos eran algo que le importaba a Traferri. Es consciente además de que los fiscales somos un problema por las investigaciones que queremos hacer y busca a una fiscal de San Lorenzo para estar al tanto de acciones que puedan afectar esos intereses”. Y además ya le había pasado de tener problemas con Traferri por otras causas.
En el primer mensaje disponible, la fiscal de San Lorenzo parece desorientada: “Sain y Traferri no están en el mismo partido? (…) Sé que se divorciaron Traferri y Perotti pero Sain ¿por qué dice que le mete el dedo en el c… Traferri a Perotti? ¿Cuál es el tema ahí? Se me escapa”. En este audio se entiende que la fiscal responde a una declaración sobre la conexión entre el juego y los puertos secos.
Como respuesta, Ugolini explica en forma sintética el enfrentamiento entre el senador y el ministro de Seguridad y dice que el fiscal Aquiles Balbis, de San Lorenzo, “tuvo una vuelta un caso por juego, porque puerto seco es federal” y entonces no pudo intervenir en una causa de esa naturaleza.
El mensaje más significativo es el siguiente de Ugolini: “El tema es así: sé que entraron investigaciones a San Lorenzo. Le tengo miedo a Aquiles”, dice, al comienzo. Lo significativo, en primer lugar, es la asociación que hace el empleado de Ponce Asahad entre esas investigaciones y Traferri, como si el senador pudiera ser alcanzado. “No creo que sean tan idiota, siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri es lo más peligroso que podés hacer”, agrega.
No obstante, pese a que considera al senador como un intocable, Ugolini está inquieto entonces por dos razones: el allanamiento que un policía de apellido Herrera intentó hacer en un garito de San Lorenzo y una investigación del fiscal Matías Edery que pretende espiar a través de la fiscal Serena.
“No te olvidés que Edery hace poco terminó allanando la jefatura de San Lorenzo”, dice Ugolini, refiriéndose al procedimiento del 30 de enero de 2020, referido a oficiales que, según una denuncia, aportaban información a delincuentes y los ponían sobre aviso de procedimientos. La denuncia se fundaba en una lista de procedimientos que habían tenido un mismo resultado negativo.
La gestión de Edery en San Lorenzo que puso en alerta a Ugolini tenía que ver con la investigación de una serie de crímenes perpetrados entre mayo y agosto de 2019, por los que finalmente fueron imputados Brandon Bay, acusado de ordenar asesinatos desde la cárcel de Coronda, y otras ocho personas.
Pero los temores de Ugolini no eran infundados. “Hubo una solicitud a la Agencia de Criminalidad Organizada para intervenir en una investigación de juego en San Lorenzo. Habíamos mandado gente”, recuerda el fiscal Schiappa Pietra. La “info” que dice tener el entonces empleado de Ponce Asahad era “que había gente de Rosario haciendo averiguaciones por unos procedimientos de juego en San Lorenzo”.
Poco después, el 18 de febrero, Ugolini le envió un detallado mensaje a Leonardo Peiti “en el cual le informa las causas que podrían tenerlo como sospechoso y/o en donde se lo investigue por causas de juego clandestino correspondiente a los distritos judiciales de la 2da Circunscripción Rosario y en aquellas causas que investigaba el Dr. Edery a esa fecha”, según su imputación en la causa por protección del juego clandestino.
En el pasaje final del audio Ugolini hace mención a la operación de Serjal y Ponce Asahad que frustró allanamientos ordenados por el fiscal Matías Merlo, de Melincué, lo que derivó en la creación de la causa poncho para blindar a Peiti de las investigaciones judiciales. “No te olvidés que nosotros antes de fin de año [de 2018] nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi a Gustavo y casi lo ahorca, por culpa del idiota de Merlo, que venía de Melincué y quiso hacerse el fantasma”, subraya.
Es decir que, según Ugolini, la fiscal Serena habría estado al tanto de las maniobras para bloquear las investigaciones en Melincué. Le dice que “no se olvide” de lo que pasó; y se trató de un llamado de atención, un contratiempo que no debía repetirse, porque “a Gustavo [Ponce Asahad] lo dejaron entre ceja y ceja”.
Ugolini agrega que “justo antes de las elecciones éste [el fiscal Merlo] salió a tumbar juego clandestino y puerto seco”. Parece referirse a las elecciones provinciales del 16 de junio de 2019. Lo significativo es, otra vez, la asociación que establece: un procedimiento contra el juego y los depósitos de cereal en negro es un inconveniente en época electoral. Quizá no necesitaba explicarlo en esa comunicación, pero podría ser revelador si la investigación explicita el sobreentendido.
En la continuación del diálogo, Melisa Serena no entiende el miedo de Ugolini a Aquiles Balbis y se queja de que su compañero en la Fiscalía de San Lorenzo “no te comparte ninguna información”. El interés que parece tener en la información de Balbis es a los fines que solicita Ugolini. “Da la casualidad que Edery va a allanar el mismo lugar donde lo agarró a [el comisario José] Budiño [por las irregularidades en la Alcaidía de la UR XVII]. Edery maneja una información que se la proporciona Aquiles”, se queja.
En el último mensaje Serena se subleva contra la pretensión de investigar a Traferri, lo que considera un absurdo sin pies ni cabeza. “Porque vos podés mandar a la gente de Rosario: fantástico. Se puede investigar toda la parte de juego clandestino: bárbaro. Y llega la fiscalía a ser la intermediaria ¿para agarrarlo a quién? ¿A Traferri de medio? Justamente nosotros vamos a agarrar a Traferri”, argumenta, escandalizada.
El teléfono de Melisa Serena, un iPhone 11, fue secuestrado a los fines de la investigación, pero la fiscal se negó a proporcionar su contraseña. “Dijo que la consigamos nosotros”, cuenta Schiappa Pietra, quien confía en abrir el aparato.
El fin de año y la feria judicial no interrumpirán las investigaciones, ya que aún queda por analizar documentación contable y por escuchar los 200 audios recolectados en la investigación de Melincué. Por su parte, después que la fiscal general de Rosario, María Eugenia Iribarren, rechazara el apartamiento de los fiscales Schiappa Pietra y Edery, el abogado José Luis Vázquez defiende a Traferri con cargos contra Sain, el Ministerio Público de la Acusación y el periodismo y enrostra acusaciones de traición hacia sectores de la política y la justicia.
El año que termina deja al menos dos marcas en las cuestiones de seguridad: un incremento de la violencia que se verifica no solo en la cantidad de homicidios registrados en Rosario sino también en la generalización de la balacera como método para fines diversos, como la venganza, la usurpación de propiedades, la extorsión, la amenaza y la resolución de conflictos de diversa índole; al mismo tiempo, la revelación de la economía del delito con las causas por juego clandestino desarrolladas en Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Vera y Melincué y la conexión entre narcotráfico y puertos secos que mostró el crimen de Marcelo Medrano. No se trata de líneas paralelas sino de las dos caras de una misma moneda.
La conversación entre Nelson Ugolini y la fiscal Melisa Serena
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