Evasión fiscal, cereal en negro y daño ambiental: el campo del delito invisible
Por Osvaldo Aguirre
Doctora en Ciencias Sociales y profesora en las universidades de Buenos Aires, Quilmes y Tres de Febrero, Antonella Comba se especializa en el estudio del delito económico organizado y, dentro de una especialidad con tantas variantes en la historia criminal argentina, en procesos que define como parte de la criminalidad rural. “La evasión de impuestos en el transporte y la comercialización de granos no es la única ilegalidad en la producción agrícola”, dice; el trabajo no registrado “y una multiplicidad de delitos ambientales por el uso desmedido y no regulado de los agrotóxicos” son también habituales, “pero la evasión de impuestos es una transgresión que goza de legitimidad social”.
También autora en Delincuencia económica organizada. Tres aproximaciones desde la criminología (compilado por Hernán Olaeta, se descarga en PGD EBook2), Comba desarrolló una investigación sobre el agro cordobés —a través de treinta entrevistas— para analizar las ideas y discursos que sostienen la práctica de delitos como algo natural. “El lavado de dinero también era algo muy presente, para disponer de las ganancias, y el lavado aparece como algo también normalizado, aunque no tanto como la evasión: se lo piensa por medio de la adquisición de camionetas de lujo o la compra del ladrillo, pero no se lo ve como algo malo ni ilegal”.
—¿Qué discursos legitiman delitos como la evasión fiscal o el lavado de dinero?
—Partamos de la base de que no porque una acción esté tipificada como delictiva en el Código Penal se la gestiona como tal. Ya lo sabemos. En el caso de la evasión, el discurso social la invisibiliza pero al mismo tiempo la justifica racionalizándola. La legitimidad de la transgresión se sostiene fuertemente en ese doble movimiento, de justificación y ocultamiento. La idea es que en el campo no pasa nada, que el delito es un problema de la ciudad y que algo como la evasión no es tan grave porque hay otros problemas: la salud, la educación, la seguridad. Y al mismo tiempo la evasión es racionalizada con frases como “la gente tiene que evadir porque la presión fiscal es tan grande que hay que sobrevivir”, o “las personas evaden porque no se las castiga”, o “ir por izquierda es muy argentino”. Hay una complejidad sociocultural muy grande detrás de la evasión.
—Es una práctica que implica a muchas personas, parece imposible que pase desapercibida.
—Sí. Es una cadena larga. Hay una complejidad grande en el quehacer, que se compone de múltiples partes y actores. Es un ejemplo claro de delito económico organizado. Detrás de estas prácticas hay una organización, una complejidad de engranajes. Nunca puede ser individual. Hay que pensar en un proceso. No es algo que pasa una vez, ni que implica una sola acción o a un solo actor, porque eso sería reducir el problema a la figura del evasor. Son prácticas sociales en las que sí o sí intervienen muchas partes.
—¿Este tipo de prácticas ofrecen posibilidades para que actividades francamente criminales puedan encauzar sus ganancias?
—Lo legal y lo ilegal no son carriles separados, se tocan todo el tiempo. No me atrevería a decir que hay una economía formal funcionando enteramente de acuerdo a la ley y por debajo una economía subterránea. No sería la descripción más acertada de cómo se manejan estos circuitos. Tendríamos que pensar que los delincuentes son quienes están enteramente en la ilegalidad, y no es tan así, o que por un lado habría un orden perfecto, sin fallas, y por otro estarían los delincuentes que lo perturban, ajenos a ese orden. Esas ideas no nos permiten ver la complejidad que hay detrás de estas transgresiones.
—Son entonces delitos pero no están considerados como tales por quienes los cometen, y además están naturalizados por la costumbre.
—Claro, y eso habilita muchas cosas. La gente que iba a las cuevas financieras entre 2013 y 2015 por las restricciones para la compra de dólares, por ejemplo, no se consideraba delincuente. Como pasa ahora también con el dólar.
Cifras negras, números redondos
En criminología, se habla de “cifra negra” para referir a los delitos que no están registrados por la justicia o la policía. El delito económico organizado parece representar un núcleo duro en esa criminalidad, una dimensión desconocida no porque permanezca sumergida sino porque sucede como parte de la normalidad. Un camión que traslada cereal no declarado a un puerto clandestino no tiene ninguna relación, a primera vista, con la saga de asesinatos que convulsiona a una ciudad, aunque en realidad pueda ser un eslabón en las ganancias del narcotráfico.
“Los delitos que ocurren en los espacios rurales no suelen ser visibilizados —dice Comba—. El problema del delito ha sido construido como algo urbano, tan atado al delito común que ya de por sí los delitos económicos no tienen tanta visibilidad en el discurso social. A eso hay que sumarle que la cuestión del delito está desdibujada en el espacio rural”.
Hecha la ley, en la práctica se aplica la trampa y el agujero negro de la evasión se profundiza. “Esas transgresiones no generan condena social y de eso se desprenden muchas consecuencias. La gran tarea sería tratar de explicar los mecanismos a partir de los cuales no se las ve como delictivas”, agrega la investigadora.
—¿Por qué estos delitos no son asociados con la ilegalidad?
—Se suele decir que estas transgresiones no generan impacto porque no se ven las consecuencias, a diferencia de lo que puede pasar con un homicidio. Sin embargo, con la evasión y la filtración de información de hace un par de semanas en el #FinCenFiles (N de R: la filtración de documentos de la agencia norteamericana contra el lavado de dinero) se supo por ejemplo que hubo masas de dinero muy grandes que vienen de la producción agrícola argentina que no están pasando por las arcas del Estado en las formas de tributación. Eso significa la reducción de la base imponible del Estado, es quitarle recursos al Estado y eso implica un recorte importante en temas como salud o educación. Los #FinCenFiles muestran los movimientos de estas masas de dinero de manera ilícita y aparecen involucradas empresas como Vicentín Paraguay, cuya casa matriz, como sabemos, está en la provincia de Santa Fe.
—¿En el transporte de granos qué particularidades se pueden observar?
—Si bien se lo reguló en un momento a través de la Afip, con las cartas de porte, básicamente lo que sucede es que a cada regulación se crea una nueva forma de transgresión. Son prácticas muy arraigadas. Cada transgresión tiene un modo de justificación, de racionalización, de algún modo, un modo de buscarle la vuelta. Este tipo de transgresiones son una cadena de procesos donde el transporte cumple una parte importante, porque el grano tiene que ser llevado a un puerto. La Afip hizo fuertes regulaciones pero se buscan otras maneras de transportar cereal en negro, falseando o adulterando cartas de porte. Esto no quiere decir que todos los productores sean evasores, o que el problema es exclusivo del agro, de ninguna manera, pero sí vemos que es una actividad que tiene una fuerte naturalidad en ese espacio.
—¿Qué se visualiza como delictivo en el campo?
—Nada. La idea es que en el campo no pasa nada, que el delito ocurre en la ciudad. Eso invisibiliza además maltratos, violencia de género, lógicas patriarcales y violentas. Pero el delito no es solo un problema urbano. Estamos viendo que en el campo hay delitos ambientales graves, delitos económicos de igual magnitud, y que no se los considera como un problema.
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