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Política

Juego ilegal: un cambio de escenario que amenaza los denunciados pactos de silencio entre poderes en Santa Fe

El pacto de silencio que Leonardo Peiti mantuvo con sus socios en la política santafesina acaba de romperse. El máximo capitalista del juego clandestino en la provincia rescindió de manera unilateral ese contrato nunca escrito pero que según la investigación judicial funcionó en la práctica porque se siente abandonado por sus socios. “Al final mi único amigo es mi abogado”, habría dicho en la intimidad de la clínica psiquiátrica donde permanece detenido, según una fuente de la causa.

Peiti compareció el 10 de septiembre ante la jueza Eleonora Verón como parte del preacuerdo para un juicio abreviado que firmó junto a sus abogados y a fiscales de Rosario, Melincué y Rafaela, donde afronta causas por la red de garitos instalados bajo su dirección. El contenido de su declaración permanece en secreto, aunque se sabe que mencionó el pago de coimas a cuatro senadores provinciales —a dos de ellos en mano y en dólares y a otros dos a través de intermediarios— y a un juez de la ciudad de Reconquista. 

Los trascendidos se sumaron a la filtración del preacuerdo en el que Peiti se reconoce como organizador de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino bajo la protección de representantes de los tres poderes del Estado santafesino. En el Ministerio Público de la Acusación están convencidos de que se trató de una operación destinada a sabotear el juicio abreviado y a descalificar a Peiti en su rol de imputado colaborador.

El contenido de la declaración de Peiti permanece en secreto, aunque se sabe que mencionó el pago de coimas a cuatro senadores provinciales y a un juez de la ciudad de Reconquista

Los indicios de que la filtración no se produjo por obra y gracia de una casualidad sino de una operación apuntan a un abogado de Casilda, que habría obtenido una copia del preacuerdo y a presuntas tratativas bajo cuerda y sondeos para mantener el silencio que Peiti terminó por rechazar.

La defensa del senador Armando Traferri, principal acusado, explica los contactos con Peiti por el supuesto interés del capitalista en legalizar el juego clandestino. Es lo que había adelantado el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad en su declaración como imputado colaborador del 5 de diciembre de 2020. Pero también cuestiona la legalidad de la figura que permite la declaración de Peiti, en una línea convergente con declaraciones del senador radical Lisandro Enrico.

El anuncio de Enrico respecto a que denunciará a Peiti por involucrarlo en el cobro de coimas se inscribe en un conflicto particular que mantiene desde 2016 con Luis Rossini, el abogado del capitalista. Pero el senador radical plantea que las declaraciones son mendaces y en consecuencia inválidas, lo que podría incidir en la suerte de la causa. 

“Quieren crear un clima de opinión en contra de la figura del arrepentido. Se dice que Peiti miente para cuestionarlo después como testigo. Es un absurdo porque nadie conoce su declaración”, señala el fiscal Matías Edery, a cargo de la investigación junto al fiscal Luis Schiappa Pietra.

Sin embargo, lo que se sabe es probablemente lo más importante: que Peiti afirmó haber pagado sobornos a Traferri, lo que implica poner en juego una carta reservada cuando detalló los pagos que hacía a los ex fiscales Patricio Serjal y Ponce Asahad y romper una presunta sociedad. En el rompecabezas de la causa, esa declaración se corresponde con los datos provenientes de escuchas telefónicas y con los testimonios con los que Schiappa Pietra y Edery intentaron lograr el desafuero del senador.

“Quieren crear un clima de opinión en contra de la figura del arrepentido. Se dice que Peiti miente para cuestionarlo después como testigo. Es un absurdo porque nadie conoce su declaración”

Poniendo los puntos

En la ampliación de su testimonio como imputado colaborador, realizada el 8 de julio y conocida esta semana al recuperar la libertad, Ponce Asahad presentó un texto con seis puntos. “Son cosas que fui recordando y consideré que no las había expresado in totum en la audiencia del 5 de diciembre y que a mi entender podían servir para la investigación”, dijo.

Los seis puntos de Ponce Asahad fueron los siguientes: “relación por cuestiones societarias” entre el ex diputado nacional Carlos Carranza, el senador Traferri y “Traferri hijo”, vinculadas a cuestiones de manejo de la obra pública en la provincia; los viajes a Melincué y Venado Tuerto de un equipo de abogados contratado por Peiti con el propósito de sobornar a un juez en una causa por juego clandestino; el allanamiento a un rancho de la isla Charigüé que alquila la vicegobernadora Alejandra Rodenas, apuntado por un testigo en la causa contra el narco Esteban Alvarado; el rol del ex comisario Daniel Corbellini, a quien ya había mencionado y que se puso a disposición de los fiscales a fines del año pasado; las intervenciones de los fiscales Serjal y Nora Marull en la megacausa inmobiliaria; la “operación contra (Marcelo) Sain”, una entente político-judicial destinada a jaquear al ex ministro de Seguridad de la provincia.

Ponce Asahad describió “un circuito de protección judicial, policial, con conocimiento de instancias superiores del Poder Judicial” para el juego clandestino y aseguró que “antes de la gestión (sic) del señor Serjal el que recibía valores por protección era el comisario Corbellini”. Al encontrarse en un bar de avenida Francia y Mendoza, puntualizó, el policía habría tenido la precaución de registrar a Peiti para comprobar que no ocultaba micrófonos o cámaras.

La mención de Carlos Carranza, al que definió como “un famoso, antiguo operador político-judicial, uno de los que más visitaba el despacho de Serjal”, se reiteró en la ampliación con mayores detalles: “Los pasillos de la Fiscalía Regional no son los únicos pasillos que ha recorrido y recorre el doctor Carranza. Recorre los pasillos de todo el edificio de los Tribunales, más allá de las causas que tenga, pero fundamentalmente los espacios de grandes tomas de decisiones”, dijo Ponce Asahad. 

En la coyuntura, los datos más significativos son los que apuntaron a Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El ex fiscal dijo que presenció el momento en que Gutiérrez entregó a Traferri un paper con instrucciones para actuar contra el ex ministro Sain. “Lo que se llama un carpetazo”, explicó.

La protección al juego clandestino “no fue solamente de fiscales sino de toda la superestructura que trasciende al Ministerio Público de la Acusación y llega al corazón mismo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”. Precisamente donde Gutiérrez será uno de los jueces que deberán decidir sobra la inmunidad que protege a Traferri de la investigación sobre la organización mafiosa del juego clandestino.

Un conflicto de roscas

Las revelaciones de Ponce Asahad permiten comprender mejor sus propias declaraciones y los interlocutores a los que apeló al estallar el escándalo por la protección al juego clandestino. El 31 de julio de 2020, cuando enfrentó a la prensa luego que los fiscales del MPA allanaran su domicilio, dijo que confiaba “ciegamente” en el Poder Judicial de la provincia y “fundamentalmente en la Corte Suprema de Justicia”. Es decir, se dirigía al “circuito de protección” del cual había sido gestor. 

Ponce Asahad situó a la “alianza entre el senador y el ministro” en el contexto de la investigación sobre los subsidios de senadores en 2017 y de la campaña electoral de 2018, y le adjudicó las estrategias para castigar a los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián McCormack y para cajonear “la causa de los autitos chocadores”, como llamaban en la intimidad a los dos autos Toyota que el ex fiscal Serjal retiró de un concesionario una vez que apuró el cierre de una denuncia por delitos económicos.

“Pudimos corroborar la mayor parte de la declaración de Ponce Asahad con cruce de antenas y otros datos. La declaración de Peiti tiene todavía mayor respaldo, sobre todo respecto de Traferri”, asegura el fiscal Edery. El pacto de silencio parece crujir y lo que asoma es un aspecto particularmente opaco de la política provincial: el financiamiento de las campañas electorales con fondos provenientes del delito, ya que ese habría sido el destino de un aporte millonario del capitalista.

Con el preacuerdo para un juicio abreviado que implicaría el pago de una multa y una pena de tres años de prisión para Peiti, el escenario cambia y el desenlace es imprevisible. Si la investigación avanza, advirtió Ponce Asahad, “puede haber un conflicto de intereses, de amistades, de roscas entre la política y la justicia”.

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