Narcoterrorismo. Zona liberada. Los carteles de México y Colombia y la Cosa Nostra como espejo de la situación en Rosario. La onda expansiva de los catorce balazos contra el Supermercado Unico, de la familia Roccuzzo, hace tambalear al conjunto de las instituciones en Santa Fe y en particular a la clase política. La conmoción inicial hizo que se plantearan interpretaciones que fogonean la alarma y la inseguridad, donde cada actor pareció más preocupado por salvar su propia responsabilidad que por enfrentar la situación, y esa desorientación también puede ponerse en la cuenta de los autores de la balacera.
El golpe de los que dejaron el mensaje intimidatorio contra Lionel Messi no pudo ser más exitoso: la Provincia y la Nación y al mismo tiempo el oficialismo y la oposición se enredaron en enfrentamientos y en acusaciones mutuas. Si las fuerzas federales parecían inoperantes, patrullas perdidas en la ciudad que deambulaban desconectadas de las provinciales, ahora también están sospechadas de tener alguna participación en la violencia, después que el intendente Pablo Javkin señaló que pudo haber alguna filtración para que el objetivo de la balacera fuera elegido en barrio Triángulo.
Cada balacera supone un desafío a la institucionalidad y en este caso los autores se permitieron agregar una expresión de burla hacia el intendente (“Javkin es narco”). La intimidación no solo alcanza a Leo Messi: el significado final del mensaje que apareció en el negocio de Lavalle al 2500 es que cualquier persona, incluso una celebridad, no puede sentirse a salvo en Rosario.
Como dijo también el propio Javkin, es muy fácil poner a la ciudad de Rosario en estado de zozobra: basta una balacera nocturna. Esa fragilidad es la evidencia repetida cotidianamente de la falta de control de las fuerzas de seguridad en las calles de la ciudad. Pasaron ocho años desde el primer arribo de gendarmes a la provincia y el problema persiste, se agrava y no se conocen diagnósticos respecto a qué destino tendrían más efectivos federales. La ex ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic expuso un criterio penoso de las autoridades provinciales, durante su gestión: concentrarlos en la zona céntrica de Rosario, quizá para tranquilizar a la clase media que vive en esa zona de la ciudad.
La confrontación con el Estado y la declinación de la política ante las bandas tienen un hito en el tiroteo a la casa del gobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013. El enfrentamiento se agudiza y “la situación es caótica”, según la describió la fiscal Valeria Haurigot. La violencia aumenta al mismo ritmo con que las bandas se atomizan y estalla sin ningún tipo de regulación, ni de la policía ni de los propios jefes, en su mayoría encarcelados.
Si los narcos ganaron, como declaró el ministro de Seguridad de la Nación, no solo habría que escandalizarse sino también preguntar a quién le ganaron, es decir, quiénes desarrollaron políticas contra el narcotráfico en la historia reciente y por qué resultaron ineficientes. Del mismo modo, cuando el fiscal federal Claudio Kishimoto señala que en el barrio Vía Honda existe un Estado paralelo, habría que preguntar de qué modo están presentes el Estado nacional, el provincial y el municipal en esa zona, una de las más pobres de Rosario. En ese plano se vuelve significativo el hecho de que las cajas del Plan Cuidar, que desarrolla el municipio, no se encontraran en un dispensario o en una oficina sino en la casa de Ariel “el Viejo” Cantero, como se descubrió en los allanamientos realizados entre abril y mayo de 2022.
La Junta Provincial de Seguridad volvió a reunirse el mismo día de la balacera, llevada por el impulso de los hechos. Este organismo pensado para debatir los problemas que atraviesan a Rosario tuvo hasta ahora una existencia formal. Habrá que ver si la convocatoria incide en la reacción política ante la crisis o persiste como otro gesto vacío, destinado a la opinión pública, como fue el promocionado lanzamiento del Comando Unificado de las fuerzas federales, en agosto de 2022.
La aparición de la diputada provincial Amalia Granata con un chaleco antibalas agrega otra circunstancia significativa. La acompañaba Esteban Trebucq, un periodista de televisión caracterizado por la violencia con que emprende contra lo que llama ideología de género y por los golpes bajos con que azuza a las audiencias. Ambos fueron a buscar una noticia y se encontraron con otra: el hartazgo de los ciudadanos de Rosario también se extiende a la política bizarra y al periodismo sensacionalista.
La intervención de Granata podría servir de motivo para un balance. Quizá sería hora de observar qué aportaron los llamados outsiders de la política que se incorporaron al Concejo Municipal y a la Legislatura provincial después de las últimas elecciones. Estos candidatos se posicionaron como virtuosos desde un sentido común que asocia a la política con la corrupción, la ineficacia y el distanciamiento de los problemas de la gente común pero a la luz de las circunstancias esas representaciones podrían ser definidas del mismo modo que la vicegobernadora Alejandra Rodenas definió al lema “la paz y el orden”: una expresión de deseos, alejada de la realidad.
Rodenas hizo esta semana una declaración que pasó desapercibida en la vertiginosa sucesión de acontecimientos: su afirmación respecto de que una parte del Poder Judicial no estuvo comprometida en la lucha contra el narcotráfico, merecería ser profundizada para poner más en foco a un actor menos visible pero igualmente gravitante en la situación actual.
Las decisiones de política criminal en la provincia están en discusión. En su gestión como ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro decidió el cierre de comisarías como parte de un plan que las reemplazaría en otra disposición de la policía. El programa quedó tan abandonado como las viejas seccionales, hoy edificios en ruinas como puede apreciarse en la antigua comisaría 3ª o en lo que fue la Policía de Menores. Ahora el ministro Claudio Brilloni vuelve atrás y reabre comisarías, comenzando por la 13.
En esas contramarchas ni una cosa ni la otra tuvieron mayores efectos en la seguridad pública. La decisión de reabrir comisarías responde al apuro por reforzar la presencia policial, un clamor que en Rosario llega desde todos los puntos cardinales. Pero el problema no parece ser la falta de edificios sino el recurso humano. El deterioro moral de la institución asoma a cada paso, como sucedió esta semana con la policía de la comisaría 12 que suministraba información a su hijo, gatillero de una banda narco en las guerras que convulsionaron a Ludueña, o peor todavía con los oscuros manejos de la subcomisaría 21 en torno a servicios adicionales y presunta complicidad con grupos narcos que surgieron después del doble crimen en el cantobar de Juan B. Justo al 8400.
Las víctimas del doble crimen fueron Adrián Jones, cliente del cantobar, y el suboficial Ricardo Héctor Medini, quien no tenía chaleco antibalas. Según la investigación en curso, Medini realizaba un servicio de custodia adicional arreglado de modo informal por el jefe de la subcomisaría 21 con el dueño del cantobar, que funcionaba sin habilitación municipal.
Después del crimen se difundió una publicación del suboficial Medini en Facebook: “El día que egresé nos dijeron Bienvenidos a la Policía. Y nosotros como tontos aplaudimos sin entender que era sarcástico”. En esas frases puede leerse el estado de cosas en la institución y el ánimo de quienes la integran y están sometidos a condiciones de trabajo precarizadas.
La situación de la policía de Santa Fe es harto conocida. Lo increíble es que con semejantes antecedentes el gobierno de la provincia haya considerado conveniente el año pasado entregar el gobierno de la seguridad a un comisario retirado. Pero no hay ninguna reflexión sobre la experiencia que terminó en febrero con la remoción de Rubén Rimoldi, ni del modo en que ese paso en falso se inscribió en lo que el criminólogo Máximo Sozzo describe como “una dinámica berreta”, clásica de la provincia, entre los intentos de reforma y las respuestas de la vieja corporación policial.
La balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo no solo hace visible ahora el problema de las balaceras. Con los disparos que impactaron en el frente del negocio también sonó lo que podría ser un último aviso para la política de la provincia.
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