La Corte Suprema de Santa Fe solicitó investigar penalmente por grave inacción a un ex juez de instrucción que está jubilado y a un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en funciones que durante años tuvieron inmovilizada una denuncia radicada en 2009 contra un hombre por abuso sexual contra su sobrina menor de edad.
Los dos funcionarios aludidos son el ex juez de Instrucción Darío Daniel Sánchez y el fiscal Roberto Apullán, ambos con ámbito de desempeño en la ciudad de Santa Fe. La denuncia que los implica se remonta a cuando el 18 de agosto de 2009 la madre de una nena de entonces 12 años refirió un abuso sexual del tío de la menor ocurrido en 2003; en ese momento la familia residía en la localidad de Pilar en el conurbano bonaerense.
Fuentes judiciales consignaron a Suma Política que entonces el juez Sánchez ordenó un estudio –muy controvertido y cuestionado por la afectación subjetiva que supone—de exámenes ginecológicos hacia la nena que se practicaron en 2009. Pero que después sin que existiera motivo mantuvo el expediente inmovilizado en su juzgado.
Al cabo de siete años, sin ninguna actividad investigativa ni probatoria, el juez Sánchez le corrió vista al Ministerio Público para que defina los pasos a seguir en el caso. Era el 19 de octubre de 2016 y para entonces el cambio de modelo de enjuiciamiento en Santa Fe había puesto en manos de los fiscales las acciones de investigación de delitos.
El trámite lo recibió Apullán, quien el 21 de febrero de 2017 dictaminó que el caso debía sustanciarse en la Justicia bonaerense por haber ocurrido en Pilar aunque las actuaciones fueron remitidas a esa jurisdicción recién dos años y medio después, en noviembre de 2019, cuando el legajo del caso no superaba las veinte fojas de investigación.
Esto motivó que la Corte Suprema de la Nación definiera la competencia. Lo hizo en octubre pasado con un fallo contundente y unánime firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes devolvieron la competencia a la provincia de Santa Fe. En su resolución aludieron a que el trámite del juez y fiscal en la provincia “ha comprometido el desarrollo de la investigación penal y atentado gravemente contra el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva”.
Frente a esto la Corte Suprema de Santa Fe tuvo que intervenir. El máximo tribunal provincial analizó el derrotero del caso y concluyó en que hubo “serias e intolerables falencias en la tramitación de la causa”.
Cuestionan al ex juez Sánchez porque desde la denuncia en 2009 “la única medida probatoria efectivamente realizada fue la orden posterior de los exámenes ginecológicos a la menor” y que luego la causa permaneció en inactividad investigativa y probatoria hasta el 19 de octubre de 2016, cuando en virtud del cambio de sistema penal se corrió vista al MPA y el expediente lo recibió Apullán.
Luego de intervenir el fiscal Apullán recién en 2019 remitió las exiguas actuaciones al juzgado de Pilar donde entendió debían intervenir pero el rechazo de la competencia en esa circunscripción hizo que se reanudara el trámite cuando la Corte Nacional, en su crítico fallo, lo asignó a la jurisdicción inicial.
Esto motivó la intervención de la Corte provincial que dictaminó en su última reunión que existieron “irregularidades comprobadas durante el primer y segundo período referidos” que es cuando intervinieron el ex juez Sánchez y el fiscal Apullán.
Para el superior tribunal santafesino, no solo hubo una omisión injustificada del incumplimiento de deberes de impulsar la investigación en Sánchez, sino que hay un delito presunto. Como el magistrado está jubilado y como no tiene potestad investigativa por el marco penal vigente, la Corte remitió al MPA los antecedentes del caso de Sánchez para que determinen si se le debe abrir una causa penal por delitos vinculados a su desempeño en este caso.
También por las demoras del fiscal remitió el envío de copias certificadas de los antecedentes del trámite a la Auditoría General del MPA para que evalúe la responsabilidad disciplinaria de Apullán “ante el comprobado incumplimiento funcional grave por parte del fiscal”.
Cuando el juzgado de Pilar en 2020 dispuso su incompetencia y mandó a Santa Fe de nuevo los antecedentes del caso, el juez santafesino Nicolás Falkenberg con celeridad remitió el caso al MPA. Entonces el legajo de la investigación, dice la Corte provincial, “quedó paralizado por el fiscal Apullán quien recién en fecha 29 de abril de 2024 dictaminó la incompetencia y remitió el caso al Colegio de Jueces Penales”.
Allí el caso fue asignado al juez José Luis García Troiano quien “demoró dos meses para pronunciarse sobre la incompetencia y elevarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Dadas la gravedad del caso y las características y circunstancias del trámite, dicha demora amerita un llamado de atención al doctor García Troiano quien podría haber despachado con mayor celeridad la decisión adoptada”.
La resolución de la Corte provincia pasó por archivar las actuaciones contra el juez Sánchez dado que el Poder Judicial ya no tiene facultades investigativas y pasarlas al MPA para que evalúe acciones penales “respecto de la comisión de posibles delitos” por la paralización de la pesquisa. Y la remisión de copias para evaluar la responsabilidad disciplinaria de Apullán para que promueva el MPA una investigación penal.
En 2018 el fiscal Apullán había quedado en una controversia que mereció la apertura de un caso penal al pedir intervenciones telefónicas a Maximiliano Pullaro cuando el actual gobernador era ministro de Seguridad.
Apullán fue imputado entonces por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y falta a los deberes de funcionario público. La acusación sostenía que el fiscal habría engañado al juez al no informarle que el número que pedía intervenir pertenecía a un ministro del Poder Ejecutivo.
El fiscal se defendió asegurando que las conversaciones intervenidas eran reales y denunció presiones políticas, calificando a sectores del MPA como “lacayos” del poder político. La causa se cerró en octubre de 2022 con el archivo de las actuaciones contra Apullán, ya que no se acreditó la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones durante dicha investigación.
Apullán llevaba adelante entonces una pesquisa por defraudaciones en la policía con el cobro de las horas Ospe (órdenes de servicio de policía extraordinaria). Para eso, el 29 de septiembre de 2017 junto a su colega la fiscal María Laura Martí le solicitaron al juez Nicolás Falkenberg una orden para intervenir varios teléfonos de los agentes sospechados, pero no indicaron que uno de los teléfonos era el de Pullaro.
El gobierno entonces encabezado por Miguel Lifschitz lo atribuyó a una “intencionalidad política y radicó una denuncia penal y administrativa contra Martí y Apullán por mal desempeño.
El caso había tenido ribetes de escándalo político cuando en septiembre de 2017 se conocieron escuchas de Pullaro con el entonces jefe de la Unidad Regional V de policía, comisario Adrián Rodríguez, hablando en estrecha confianza sobre los concursos de ascensos en que participaba su interlocutor que buscaba ser promovido y donde el actual mandatario era jurado. El contenido de esa conversación fue obtenido merced al pedido de Apullan donde no indicó que el teléfono era del ministro de seguridad en funciones.
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