No se puede aún dar nada por seguro, especialmente porque muchas de las piezas que influyen en el tablero se siguen moviendo y hay promesas por cumplir. Pero la paritaria docente provincial en Santa Fe parece haber dado un paso hacia el entendimiento. Tal vez haya sido la flexibilidad demostrada por las partes o el contexto nacional el que decidió que lo que parecía trabado, se distienda.
Cuando se suponía que por el solo hecho de haber llamado a reuniones a comienzo de enero todo iba a funcionar bien, el horizonte se llenó de incertidumbre. En el primer encuentro, el gobierno pareció insinuar que se disponía a desconocer el acuerdo paritario celebrado por sus antecesores y que iba a tener que cumplir justo cuando se quedaba con menos recursos.
Fue una sorpresiva conferencia de prensa previa al tercer encuentro paritario con los docentes la que mostró la primera señal de alivio, a pesar de que se hizo por fuera de las reuniones de paritaria. “Nos hubiera gustado conocer la novedad de forma directa”, cuestionaron los gremios, mientras el gobierno explicaba que se trató de una decisión gubernamental, una decisión política, no de una propuesta. “El proceso lo conduce el gobernador”, argumentaron. Fue una forma de no regalarle a ninguno de los gremios la novedad.
En esa reunión de prensa se informó que durante este mes de febrero se iba a poder pagar un 14% de aumento sobre los sueldos de diciembre. La cifra surge del crecimiento de los recursos de Santa Fe, el mismo mes que la inflación fue del 26%.
Un cambio de señales
A esa altura, los gremios ya estaban criticando duramente que por primera vez en los últimos diez años se desconociera un convenio celebrado con los anteriores moradores de la Casa Gris, el que restituía la cláusula gatillo como forma de reajustar los salarios por la inflación. “Del no hay plata, no se paga, al debemos esto del año pasado y vamos a ver cómo lo pagamos, hay una diferencia, hay continuidad del Estado”, serenaron los sindicalistas.
Después, el gobierno minimizó las presentaciones que los gremios hicieron ante el ministerio de Trabajo: “A nosotros no nos va a llevar puesto nadie, y menos si nos amenazan con juicios”. Un antecedente es clave: en 2001 se aplicó en el país la teoría de la imprevisión. Creen que entonces, igual que ahora, hubo causas que ninguno pudo prever.
También desde el gobierno pasan otra factura: cuando se bendijo la cláusula gatillo en 2023, Pullaro ya había ganado las PASO de manera arrolladora y era más que probable que sería consagrado en las elecciones generales. Aseguran que nadie le preguntó qué pensaba sobre la actualización salarial que se venía.
Razones de enojo no le faltan al actual gobierno. Reprochan que si la cláusula gatillo era tan buena y todos estaban de acuerdo, no se explica por qué el gobierno de Omar Perotti no usó nunca esa fórmula de actualización en los anteriores tres años y nueve meses de su gestión y recién la puso en práctica sobre el final de su mandato, cuando las consecuencias iban a entrar en vigencia y a quedar a cargo de la gestión de Maximiliano Pullaro. “Los sindicalistas también sabían eso”, aseguran ahora los nuevos funcionarios.
Acuerdo paritario: ¿sí o no?
Desconocer el acuerdo paritario pintaba para complicar todo. Había cruces de todo tipo: se acusaba a los gremios de ser parte de esa irresponsabilidad, casi de complicidad, por no prever que iba a ser imposible pagar semejantes actualizaciones salariales cuando el país caminaba hacia una hiperinflación.
Empezaron a relucir los pases a planta, las contrataciones de última hora con nombres familiares, la decisión de revisar todo lo que no se ajuste a derecho, las carpetas médicas docentes no presentadas.
Del lado gremial se respondió que no fue su culpa si en nombre del gobierno alguien se atrevió a dar un paso más alto del que se podía, y ya se pintaban la cara para la pelea de comienzo de año, y se disponían a cobrar los primeros días de febrero con el mismo monto del sueldo de un mes atrás.
A favor del ex ministro Walter Agosto reconocen ahora que no podía imaginar las leyes electorales de impacto fiscal del ex ministro Sergio Masa, que para Santa Fe significaron una merma de recursos equivalente a una masa salarial anual, sólo por lo que dejó de llegar de impuesto a las ganancias e IVA. “No es adivino —lo defienden—, pero sí podía presumir que después de las elecciones iba a haber alta inflación. Lo decían todos los consultores, si los precios regulados estaban todos pisados”, desafían.
El compromiso del 2023
Al dar a conocer que por planilla complementaria va a pagar un reajuste del 14%, el gobierno no solo rompió el status quo de la situación, sino que puso en claro que no desconoce la deuda, y ratificó su compromiso de cerrar el 2023, algo que había quedado en duda después de la primera reunión paritaria. Sólo repitió que no podrá pagar todo en el mes que debía hacerlo, sino cuando los recursos se lo permitan.
El término “a cuenta” y el reconocimiento de que al número anunciado le falta para llegar al 36,4% que se reclama, fue un bálsamo para las negociaciones.
Tampoco el gobierno se bajó de lo que venía diciendo: “Vamos a cuidar al empleado público, pero no vamos a poner plata que no tengamos”. Y repiten los fundamentos con los que piensan manejarse: “La masa salarial es un pedacito del sector público, que a la vez es un pedazo de la provincia. Tenemos que atender al sector público, que no es solamente salarios, sino que son las inversiones que faltan, la reparación de las rutas que están detonadas, comprar y pagar a los proveedores de la salud los medicamentos, atender los hospitales, comprar móviles, pagar las deudas”.
“El sector público es un conjunto de demandas, no es solamente lo salarial, y tenemos que atenderlo todo. También están los que no pertenecen al sector público, que también son santafesinos y nos tenemos que ocupar de ellos. Con una creciente demanda en material social”, recitan como un programa de gobierno.
No pasar personal a planta
Para el futuro prometen no agrandar al sector público, ni pasar personal a planta, ni crear cargos ni inventar empresas públicas. “No somos Milei, pero vamos a convertir en eficiente al Estado”, auguran. En el semáforo de lo recibido hay buenas y malas: le ponen los mayores rojos a Aguas Santafesinas y a la EPE y un fuerte verde al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia. Al canal de televisión de Santa Fe prometen darle un “perfil serio”.
El diálogo paritario parece fluir de otra manera. Seguirán las reuniones técnicas y se revisarán números con el límite que puso el gobierno: no gastar más de lo que ingresa. Por ahora el aumento de los recursos de la provincia permitió este primer ajuste.
Los gremios recibieron con cautela el anuncio y plantearon que antes del 26 de febrero deberían cobrarlo. Con esa condición y una propuesta de recomposición para el 2024 aceptada, podrían garantizar el inicio de clases y el resto de la actividad normal.
Habrá que ver. Por ahora los gremios docentes tuvieron un gesto del gobierno de Pullaro. Por primera vez y en contra de los usos y costumbres de Santa Fe fueron llamados primeros a las reuniones de paritaria. Siempre fue al revés, iban detrás de UPCN y ATE.
El contexto nacional no favorece las asperezas. Para muestra, el gobierno nacional ya anunció que va a limitar los aumentos de los empleados estatales durante el 2024 y la Corte Suprema dispuso un aumento salarial del 12,5% para todo el Poder Judicial.
En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora en su discurso a la Legislatura esta semana le pidió a los gremios de su provincia que bajen la conflictividad. “Lo que pasa en el sector privado, va a pasar en el sector público”, les anticipó.
“Ustedes —les dijo— son los únicos trabajadores que tienen garantía de estabilidad”. El mandatario cordobés lo primero que hizo después de asumir en diciembre fue revisar los términos del acuerdo paritario firmado por su mismo partido, cuando gobernaba Juan Schiaretti.
Santa Fe todavía no se refleja en ese espejo. Por eso las negociaciones van por buen camino. La promesa es que cuando la inflación sea menor a los ingresos el gobierno les podrá pagar superando esa barrera. Estiman que eso pasaría para el segundo semestre de este año. Mientras, el gobierno también se opone a otorgar sumas fijas no remunerativas porque “promueven la mediocridad”.
“Le dijimos la verdad a los gremios: esto es lo que hay, y no venimos a ser unos pagasueldos y a darles todo lo que nos piden. No vamos a pagar lo que no hay”, sentencian con firmeza.
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