“Vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”. Esta corta frase, quizá la menos agresiva del ordinario discurso ofrecido el pasado domingo 1° de marzo por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas de este año, resume la visión libertaria sobre la relación entre la naturaleza y la economía humana: un vínculo que, para esa ideología, sólo debe maximizar la explotación salvaje de esos recursos en beneficio de actores privados, sin valoraciones técnicas, científicas, sanitarias ni éticas sobre la necesidad de sostener cuidados ambientales como forma de garantizar la vida común en el planeta.
Dentro de la obsesión de La Libertad Avanza por corroer normas básicas de convivencia democrática, sobresalen los proyectos oficialistas para desmantelar lo que hasta ahora ha sido la institucionalidad ambiental argentina, basada en algunas leyes de rango nacional de protección de ecosistemas y de derechos básicos tal como expresa el artículo 41 de la Constitución Nacional, que pretende garantizar a todos los habitantes del país “el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, estableciendo el deber de preservarlo”. La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, es una de las normas que —hasta ahora— han sostenido esa institucionalidad. Es, por lo tanto, un blanco predilecto para Milei, que busca desde el minuto cero de su gestión la manera de desmantelarla para habilitar la explotación megaminera en zonas hipersensibles. Con la media sanción del Senado en el bolsillo, la aprobación de las modificaciones en Diputados promete ser un trámite un poco más discutido. Desde lo ambiental, lo jurídico y lo político, la voluntad oficialista de rebajar la protección legal a los glaciares en Argentina es una feroz luz roja que se enciende, sin intermitencias, sobre la posibilidad de habitar de manera sana este territorio.
Menos glaciares, menos agua
Los glaciares no son solo un paisaje bonito. Estos ecosistemas actúan como verdaderos “tanques de agua” naturales: almacenan agua en forma de hielo, nieve y suelos congelados para liberarla de manera gradual, regulando así los caudales de ríos y humedales a lo largo de todo el año, especialmente durante los períodos de sequía. “En un país donde cerca del 36 % del territorio continental se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, esta función resulta clave para sostener ecosistemas, actividades productivas, comunidades y medios de vida aguas abajo”, dice un informe reciente (https://lac.wetlands.org/los-glaciares-son-clave-para-nuestra-biodiversidad/) elaborado por la Fundación Humedales/Wetlands International, Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas y WCS Argentina.
Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares del mundo: existen 16.968 cuerpos de hielo con una superficie total de 8.484 kilómetros cuadrados, distribuidos a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. En gran parte de la región cordillerana —en buena parte árida o semiárida— estos ecosistemas son clave para garantizar el suministro de agua dulce. Desde el punto de vista ecológico, los glaciares y el ambiente periglaciar sostienen una biodiversidad altamente especializada y sensible. “Humedales altoandinos —incluidas las vegas y bofedales—, turberas patagónicas, bosques andino-patagónicos y ríos de montaña dependen directa o indirectamente del aporte hídrico del deshielo”, explica ese trabajo, que detalla que esos ambientes albergan especies endémicas y amenazadas de flora y fauna, incluidos anfibios, peces de agua fría, aves de alto valor de conservación y mamíferos emblemáticos como el huemul o la chinchilla de cola corta.
Entre 2010 y 2019, como consecuencia del calentamiento global, los glaciares a nivel mundial perdieron más masa que durante cualquier otra década. Argentina no queda exenta de esto: según la última actualización del Inventario de Glaciares del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) en las últimas dos décadas la región de los Andes Desérticos (noroeste y norte de San Juan) se registró una reducción del 17 % en hielo descubierto, del 23 % en manchones de nieve y una pérdida de 7 metros de agua equivalente en un glaciar monitoreado (2014–2023).
Todo fuera de la ley
A pesar de la evidencia científica sobre la importancia de estos ecosistemas para la vida, así como de la amenaza creciente que significa un planeta recalentado, el gobierno argentino persiste en su intención de recortar la protección legal que tienen los glaciares de la zona cordillerana. Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas explicaron que el proyecto de Milei “implica abrir la puerta a la destrucción de los glaciares”, al eliminar la protección automática que hoy establece la ley para reemplazarla por un sistema discrecional: tras una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas. Además, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial.
Así lo resumió Lucas Michelaud, experto de esa Asociación, quien además recordó que en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional”. En su fallo, ese tribunal señala que el poder delegado a la Nación por las provincias de establecer los presupuestos mínimos ambientales no es solo una declaración teórica, sino el recordatorio de que el Estado Nacional recibió la facultad de instrumentar mediante ese tipo de leyes los medios para lograr el fin constitucional de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Por eso, para Michelaud el proyecto oficialista no tiene que ver ni con lo técnico, ni con lo jurídico: “lo que quieren disfrazar como una modernización legal es, en realidad, una definición política sobre el lugar que para los libertarios tiene el extractivismo como modelo de maldesarrollo”. “Estamos frente a la reforma Barrick Gold, un proyecto hecho a la medida de las grandes corporaciones mineras transnacionales que desde hace años presionan para vaciar la protección de glaciares y ambientes periglaciares” dijo el abogado.
Más fragmentación, menos control
Desde un registro de análisis político, la modificación de la Ley de Glaciares es un ejemplo claro de la intención libertaria de delegar en los gobiernos provinciales toda posibilidad de planificación, ordenamiento o regulación sobre el territorio nacional, que ya no existe como una unidad de gestión centralizada en eso que se llamó “Nación”. Así lo ve Juan Carlos Villalonga, ex diputado nacional por el partido Los Verdes: “estamos en un momento político que combina de manera letal la histórica rebeldía de las provincias con el artículo 41 de la Constitución del 94, que establece el sistema de presupuestos mínimos —esto es, la obligación de que exista un piso mínimo de protección en todo el territorio federal—, con la mirada libertaria de desentenderse de toda atribución de regulación”, razonó.
Para Villalonga, vamos hacia una fragmentación normativa donde “cada provincia hará lo que quiera o lo que pueda” y en muchos casos “rifará sus recursos con tal de sobrevivir”. “Se pretende que temas súper sensibles sean discutidos solamente en ámbitos provinciales, pero pensemos que en la mayoría de las provincias los ámbitos de discusión institucional son escasos y muy débiles, están totalmente coptados por el poder político de turno. No primarán criterios técnicos ni científicos, sino sólo interes cortoplacistas políticos”, señaló.
Además, el ex diputado recordó que ese “paraíso de desregulación y libertad” para la actividad minera de alta montaña “ya existió y fue un desastre”. “De eso venimos, así era antes de la sanción de la Ley de Glaciares o de la Ley de Bosques, un descontrol donde cada uno hacía lo que quería. Por eso se avanzó con esas leyes, porque ya probamos cómo era que cada provincia hiciera lo que quisiera y terminamos con el escándalo de Pascua Lama y en emergencia forestal, fue caótico”. “Nos tratan de terroristas ambientales y nos dicen que la megaminería es segura porque tienen estándares de seguridad. Sí, los tiene, gracias a décadas de lucha ambientalista y de estudios científicos. Gracias a eso existen hoy esos estándares, gracias a que las grandes mineras no pueden hacer lo que hacían hace 30 años”, concluyó.
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