Todo indica que los pliegos del Ejecutivo nacional que proponen a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de la Nación serán tratados en el recinto del Senado el próximo jueves 20 de marzo. Y se pronostica un golpazo para la Casa Rosada: ambos serán rechazados.
No hay precedentes de lo que ocurrirá el próximo jueves en la Cámara alta; la historia dice que, cuando los senadores por mayoría agravada de los dos tercios de los presentes, no aprueban una propuesta presidencial de incorporación de nuevos miembros al máximo tribunal, simplemente no tratan el pliego enviado y lo dejan morir en los cajones. Entonces, como sí ha sucedido, el Ejecutivo cambia los nombres, y lo intenta otra vez.
Pero el gobierno de Javier Milei, al no contar con el número de senadores necesarios, los metió por una ventanita que fuerza al límite la interpretación constitucional: nombramiento por decreto. Con una excusa que remite a los tiempos del siglo XIX, cuando el Senado y el Congreso en general sólo estaban activos desde mayo a noviembre. Y entonces el decreto era un recurso transitorio para subsanar un nombramiento durante el largo período de receso.
Eran los tiempos en que los senadores viajaban en carretas a Buenos Aires, o en el mejor de los casos, en trenes, en la medida en que se fueron desarrollando.
De ese malabar semi legal se abrazó el presidente para enviar los decretos nombrando a Lijo y a García Mansilla, en la última semana de febrero pasado, cuando aún regía el período extraordinario y no se había puesto en marcha el período ordinario número 143, que ya rige desde el pasado 1° de marzo.
El juez Lijo ya cuenta con un dictamen para su tratamiento en el recinto, pero la novedad es que García Mansilla también fue “nominado”, juntó nueve firmas en la comisión de Acuerdos e irá al recinto el próximo día 20. Tanto Lijo como Mansilla tienen el boleto picado, y una cómoda mayoría (incluso absoluta) de 37 o más senadores (con 25 votos ya queda firme la negativa) rechazarán su ingreso a la Corte. Lo insólito es que García Mansilla, apenas recibió el decreto presidencial, se presentó en la Corte a la velocidad de un rayo, y sus nuevos (antiguos) compañeros le tomaron juramento. Ya actúa como el cuarto cortesano, pero el Senado le dirá que no lo aprueba en pocos días.
Con lo cual, de no haber un cambio de conducta de parte del propio Mansilla, volviendo sobre sus pasos, o de la Casa Rosada, retirando su pliego, todo se encamina a una ensalada legal de pronóstico reservado, sobre todo porque sería la propia Corte (con Mansilla adentro) la encargada de dirimir el entuerto.
El caso de Ariel Lijo presenta un matiz. Si bien fue nombrado también por decreto presidencial, y no rechazó expresamente el nombramiento, aún cuando en las audiencias públicas previas se había manifestado contrario a esa práctica, sin embargo presentó como condición para asumir en el nuevo cargo una licencia como juez en los cargos que ejerce actualmente. La Corte no se lo concedió, y entonces se mantuvo fuera del cuarto piso del edificio de la Corte Suprema.
A partir del próximo jueves, es muy probable que su acercamiento a la Corte quede definitivamente descartado.
Lijo vio lo obvio, que el peronismo en el Senado, junto a un puñado de legisladores radicales y de otros partidos, no lo querían en la Corte. Y que tenían muchas chances de voltear su pliego. Su lectura fue correcta.
Para evitar este previsible desenlace, la Casa Rosada operó muy fuerte en el Senado. De hecho, los senadores de LLA y sus aliados del PRO no participaron en la última sesión del pasado jueves, buscaron deliberadamente dejar sin quórum a la comisión (con la colaboración de un sector de senadores de la UCR) pero no lo consiguieron. Hubo quórum y se juntaron las firmas en tres dictámenes, uno de UxP con siete firmas, uno de Martín Lousteau (UCR) con su propia firma, y otro de Guadalupe Tagliaferri (PRO, disidente), presidenta de la comisión de Acuerdos, con su firma.
En medio de un tembladeral institucional, la investigación por la estafa cripto Libra que se empieza a investigar en Diputados, el DNU por el nuevo endeudamiento con el FMI que salta la “ley Guzmán” y produce amplio rechazo legislativo (sin explicar las razones, el pasado jueves la presidencia del Senado suspendió una reunión ya prevista de la Bicameral que estudia los DNU), y el bochorno represivo del último miércoles en la marcha de jubilados, la semana próxima plantea este nuevo desafío muy incómodo para el gobierno: el rechazo del Senado a los dos miembros de la Corte propuestos por decreto.
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