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Política

Mariana Ortigala, el personaje clave en la tormenta que atraviesa a la fiscalía de Rosario

-¿Cuál es tu vínculo con Guille Cantero?

-Lo conozco a través de Vanesa Barrios, la actual pareja, de llamadas a la casa de ella. Hace tres visitas que fuimos con mi marido a verlo. Tengo muy buena relación con él.

Mariana Ortigala no provocó ninguna sospecha cuando hizo esta declaración. Pero si había algo detrás de sus palabras no solo se le escapó al fiscal Matías Edery, que hizo la pregunta, porque el interrogatorio fue púbico y notorio durante el juicio contra Esteban Alvarado y una parte de su banda. En su regreso al centro de la escena Ortigala aparece en cambio como acusada pero también otra vez como testigo, aunque ahora involuntaria, sobre presuntas irregularidades en el ámbito de la fiscalía de Rosario.

El fiscal Pablo Socca y el personal de la Agencia de Control Policial que allanó la residencia de Funes Town donde Ortigala vivía con su pareja Rodolfo Sebastián Felipe pudieron comprobar que esta corredora inmobiliaria de 44 años con la matrícula suspendida no mintió respecto a sus visitas a Ariel “Guille” Cantero: entre otros efectos secuestraron una docena de fotografías en las que aparece con el célebre preso en la cárcel de Marcos Paz.

Pero Mariana Ortigala tampoco había ocultado sus opiniones sobre Cantero:

-Es una persona muy especial. Con nosotros, excelente. Yo no he tenido jamás un problema, con nosotros es súper cortés.

Lo dijo en otro tramo del anticipo jurisdiccional de prueba, la declaración grabada en video un 28 de diciembre –Día de los Santos Inocentes- de 2021 y expuesta en la apertura del juicio contra Alvarado. Y entonces no se encendió ninguna luz de alarma, ni en la justicia, ni en la política, ni en el periodismo. Lo que cambió es en primer lugar el contexto: Ortigala llegó a aquel juicio como un testigo relevante, con el aura de haber sobrevivido a un intento de asesinato, y entonces el foco de la atención pública iluminaba al enemigo número 1 de Cantero; en su retorno, lo que aparecía como amistad se despliega como presunta complicidad en actividades delictivas y el foco vuelve como un péndulo sobre Los Monos y alcanza también al fiscal Edery.

Pero ahora Ortigala tampoco parece interesada en ocultar posibles pruebas. Por lo menos, tanto ella como Felipe aportaron las claves para desbloquear los teléfonos secuestrados en el allanamiento. Incluso la contraseña del aparato Xioami de color blanco perlado que, según puntualizó Socca en la imputación, “solamente utiliza para pasarle información al doctor Matías Edery”.

Ortigala enfrenta varias acusaciones. En prisión preventiva e imputada por extorsión agravada, está sospechada de actuar como testaferro de Guille Cantero. A la vez en la Justicia Federal fue procesada por infracción al artículo 10 de la ley 23.737, que castiga el facilitamiento de lugares para delitos relacionados con el comercio de estupefacientes, lo que en su caso refiere al subalquiler de un departamento de avenida Francia al 800 para un dealer de Los Monos.

El abogado Leonel Iesari dijo que la vida de Ortigala está en peligro, pidió que sea incluida en un programa de protección a testigos y sugirió que los fiscales Socca y Miguel Moreno la identificaron como informante por razones ajenas a la causa por extorsión. Su aporte a la Justicia resultó decisivo no solo contra Alvarado sino –ahora se sabe- sobre la corrupción en la ex Policía de Investigaciones y sobre la infiltración en el Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Edery destacó en su descargo que la exhibición de chats personales con Ortigala y con Lorena Mireya Córdoba no tuvo más fin que dañar su reputación. En esta línea, lo más significativo no es lo que aparece a la luz sino lo que el foco deja en la sombra.


Una relación excelente


El testimonio de Ortigala sobre su relación con Cantero ocupó un tramo significativo durante el juicio contra Alvarado:

-¿Cuál es tu relación con los Cantero?

-Yo a Vanesa Barrios la conozco hace unos 15 años, más o menos, tengo excelente relación. Ella tenía un negocito de ropa de niños en Villa Margarita, la conozco de ahí, no tenía una tan profunda amistad, y profundizo mi relación a partir de la imputación que nos hacían (al) relacionar(nos) a mí y a mi hermano con los Monos. Ahí empiezo a ir a su casa y empiezo a tener una excelente relación con Vanesa Barrios.

-¿En qué consiste?

-Ella tiene prisión domiciliaria, alquila un departamento en calle Corrientes. Por ahí voy, le pago una expensa, le pago el alquiler, paseo a sus hijos, tomamos mates, nos reímos, hablamos. Una relación normal de amigas comunes.

-¿Con Guille Cantero tenés alguna relación?

-Sí. A ella la conozco antes de que ella sea pareja de Guille.

-¿Cómo la conociste?

-Hace quince años en un partido en la cancha de Central. Ella estaba con otra chica y de ahí nos conocimos, empezaron a comprar ropa en mi negocio y después ella armó un localcito de ropa en la misma galería.

Ortigala se refirió a sus conversaciones, después de indicar que tenía “una muy buena relación” con él:

-Me cuenta de los habeas corpus, de cómo la está pasando. Me pidió si le podía hacer algún habeas corpus o algo así, copiado de otros que ya me había dado. Se lo hice, no sé si lo presentó o no, yo se lo di a Vanesa. Hablamos de temas en general, de las imputaciones.

La sospecha de que Ortigala es testaferro de Cantero se acompaña de un listado de catorce propiedades presuntamente adquiridas desde 2019, cuando al mismo tiempo empezó a pasar información a la fiscalía. Ni ella ni Felipe, técnico en aire acondicionado y electricista, tendrían ingresos para respaldar esas operaciones. Entre los bienes se encuentra una casa en Funes donde Vanesa Barrios cumple prisión domiciliaria desde marzo de 2022.

En los papeles Ortigala compró la propiedad de Funes a Marcelo Edgardo Rodríguez el 2 de julio de 2021. Sin embargo, el fiscal Socca adjunta como evidencia una entrevista con Haydée Nardi, prima y heredera de Rodríguez, quien afirma que la casa fue de hecho usurpada y el 28 de agosto recibió amenazas más que explícitas de Felipe: “Déjate de joder, esa casa es mía, te voy a matar”. Rodríguez estaba en un geriátrico y firmó el boleto de venta poco antes de su muerte.

En seis de los otros trece inmuebles atribuidos a Ortigala no se encontraron escrituras ni información sobre el origen de las propiedades. Hay tres adquiridos por la madre (en un caso con Rodrigo Ortigala) y tres por Mariana Ortigala, entre ellos el de Mendoza 5194, baleado el día siguiente a su detención.

Otro documento que Socca presentó como evidencia son las salidas laborales que Ortigala le ofreció a Barrios para trabajar en su estudio de Santiago al 800 los lunes, miércoles y viernes de 9 a 14. Consta en la Justicia Federal con fecha 12 de abril de 2021.



El juego de las declaraciones


Desde que se convirtió en un personaje público, Leonardo Peiti se presentó como una víctima de diferentes actores de la provincia: extorsionado por Los Monos, obligado por fiscales que frenaban investigaciones por juego clandestino, apremiado por “la gorra de todos los colores” –como diría Marcos Jeremías MacCaddon respecto a las fuerzas provinciales y federales- para desembolsar contribuciones periódicas, urgido a financiar campañas políticas en los cuatro punto cardinales y de modo transversal en la política santafesina. Sus declaraciones surgieron de modo gradual como parte de su defensa en la causa por juego clandestino, le costaron algún juicio por calumnias –el que inició y ganó el senador Lisandro Enrico- e iluminaron una trama que no terminó de despejarse.  

El recordatorio de una declaración de Peiti ante los tribunales de Rafaela es de la propia cosecha del auditor del Ministerio Público Leandro Mai, ya que no estaba en la denuncia de Socca ni en la ampliación en la que Moreno sumó los recuerdos de Leopoldo Monteil, el abogado para el que el mundo sería “más vivible” si cada día ejecutaran a un periodista. El subrayado del auditor es que la declaración del empresario del juego fue recibida por la Fiscalía de Rosario y archivada sin más trámite, lo que la fiscal Iribarren atribuyó a un error técnico.

En esa declaración, del 1° de abril de 2021, Peiti dijo que había sido instigado a declarar contra el senador Armando Traferri y que además recibió instrucciones –en el fragmento que cita Mai no se advierte de quién- para “contar todo lo de Ponce y lo de Serjal” pero “nada de lo de Artigala” (sic). El empresario del juego ilegal sugirió que fue amenazado: “Por tu bien y por tu seguridad no lo contés”, le habrían advertido, por lo que “ante la jueza Pedrana conté que yo le pagaba a Ponce y a Serjal y lo otro no lo conté, pasaron nueve meses y los otros siguen libres y no investigaron nada”.

La cronología que invoca Peiti (“pasaron nueve meses”) remite a julio de 2020. El día 24 de ese mes el abogado Rossini se entrevistó con Ponce Asahad en una cochera de Jujuy al 2300. Esa cita en un lugar adecuadamente provisto de cámaras de vigilancia fue según el ex fiscal una emboscada preparado por el resto de los implicados en la protección del juego clandestino para exponerlo como chivo expiatorio.

Un año antes, en la madrugada del 11 de julio de 2019, Peiti recibió un mensaje de Los Monos que lo llevó a negociar con la banda. Personas no identificadas tirotearon el edificio de Servando Bayo 1085, donde vivía, y pintaron en el frente con aerosol “Leo pagá”. En el segundo piso del mismo edificio vivían Mariana Ortigala y Rodolfo Sebastián Felipe. Rosario es chico.

Peiti dijo que fue Ortigala quien lo puso en el radar de Los Monos y, también en esa declaración de abril de 2021, que “ellos tienen una inmobiliaria de pantalla, buscan a la gente que vende cosas y le pasan los datos a Los Monos, como me vendieron a mí”. Por otra parte, “esa chica Mariana Ortigala me dijo ni se te ocurra denunciar porque yo me entero de todo y si nos denunciás no durás ni dos segundos”.

Por entonces, según la imputación del fiscal Pablo Socca, transcurrió el primer acto de la extorsión contra Cristian Quintero, el dueño de la agencia de loterías El Califa. En marzo de 2021, mientras hacían musculación en el gimnasio La Estación, de Fisherton, Rodolfo Felipe le habría exigido a Quintero el pago de un millón y medio de dólares a cambio de no presentar denuncias “en fiscalía” y en la Afip y, así, “seguir trabajando tranquilo”.

Ortigala concurría al gimnasio La Estación por lo menos desde un año antes. El 13 de marzo de 2020 fue seguida desde ese lugar por los sicarios que intentaron asesinarla cuando llegó a su casa en el barrio Funes Town, una de las catorce propiedades que ahora están bajo investigación. El buen entrenamiento físico le salvó la vida, como se observa en el video en el que corre bajo una lluvia de balas.

Felipe se presentó ante Quintero como un mensajero –“me manda la mafia”-, advirtió que “la viuda de Rafaela tiene videos, pruebas, todas cosas contra vos” y se despidió diciendo que “una chica” iba a contactar al agente de loterías. Sin embargo, el presunto contacto tardó casi un año en producirse: el 16 de febrero de 2022 Lorena Mireya Córdoba –viuda de David Perona- se presentó sucesivamente en dos sucursales de El Califa “para hablar con Cristian, el dueño” y dejó anotado un número de teléfono, cuyo titular era Mariana Ortigala.

Córdoba fue imputada por extorsión agravada, como coautora y en carácter tentativo. En 2022 declaró que vivía en Pérez Esquivel 6123, Funes, cuando renovó su carnet de conductora. La propiedad fue adquirida en diciembre de 2021 por la madre de Mariana Ortigala.

El camino vuelve a conducir en este punto a la causa por la protección del juego clandestino. Entre julio y agosto de 2021 Córdoba declaró como imputada colaboradora que su esposo David Perona recibió el pedido de “reunir más o menos ocho millones, nueve millones, para la campaña de Traferri”. En un chat expuesto por los fiscales Socca y Moreno en audiencia, “Lorena Esperanza” (Córdoba) dice que le pidieron “no nombrar a (la vicegobernadora Alejandra) Rodenas, solo a Traferri” y que el requerimiento provino de “Roberto”.

A su turno, Peiti declaró el 13 de septiembre de 2021 que la viuda le pidió 200 mil dólares para no hablar y “empieza ahí a gestionar algún beneficio porque se le terminó la vaquita lechera que tenía”, en alusión al fallecimiento de Perona.

La causa por el juego no está cerrada: además del anuncio de Traferri respecto a que renunciará a parte de sus fueros para someterse a la Justicia, está pendiente el juicio contra Serjal y Nelson Ugolini. En su última declaración ante la Justicia, durante el proceso por el crimen de Enrique Encino, el contador asesinado en un atentado contra el Casino City Center, el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad destacó que Ugolini fue una pieza central en el armado de la protección a los casinos clandestinos y que en esa trama tuvo un juego propio y todavía desconocido.


Pulgar arriba, pulgar abajo


El sobre en el que el fiscal Edery consignó la lista de informantes, con Ortigala en primer término, ahora quema. La fiscal regional no lo abrió, la fiscalía general no estaba enterada. Parece increíble que haya permanecido cerrado, sobre todo cuando Edery dijo en su descargo que no fue el único integrante del Ministerio Público de la Acusación que hablo con la testigo.

Ortigala revalidó su crédito mediático con una denuncia resonante. En enero de 2022 declaró que Horacio Lucchini, director de Análisis Criminal del gobierno provincial, le había ofrecido un pacto después de citarla en un hotel céntrico: beneficios para “Guille” Cantero rigurosamente tarifados a cambio de información para realizar procedimientos con que apuntalar la propia carrera del funcionario y la tambaleante gestión del Ministerio de Seguridad. Lucchini renunció sin hacer comentarios, su trayectoria política terminó antes de comenzar y el silencio se extendió sobre la denuncia.

La situación involucró a otros personajes. Ortigala dijo que el mediador para esa reunión fue Matías Herrera, al que señaló como testaferro de Alvarado. No obstante, Herrera ocupaba el inmueble de Mendoza 5194 y fue el destinatario de una balacera en enero de 2022. El fiscal Edery está acusado de no aportar la información que tenía al respecto a su par Federico Rébola, que investigó el atentado.

De acuerdo a la imputación de la fiscalía, la extorsión contra el dueño de El Califa fue “habilitada” por Cantero desde la cárcel. El referente de Los Monos cambia de teléfonos y se expresa con parquedad porque se sabe escuchado; y sus interlocutores en la calle lo mentan con nuevos apodos para despistar a los investigadores, como “el muchacho de anteojos”, “el loco”. No obstante, el fiscal Socca reconstruyó los contactos telefónicos de Cantero con Daiana Micaela Leguizamón, detenida con prisión domiciliaria en San Nicolás, que a su turno retransmitía la comunicación hacia Rosario “permitiendo de esta manera la continuidad y el desarrollo de las actividades ilícitas e intentando de esta forma obstaculizar la identificación de los interlocutores y la investigación de la justicia”.

Hermana mayor de Brisa y de Brenda Leguizamón, también detenidas por venta de drogas, Daiana Leguizamón estalló de rabia cuando los agentes que allanaron su casa llamaron a la línea utilizada para las comunicaciones con Cantero. El teléfono comenzó a sonar, oculto en el pañal de su hijo de ocho meses. Un rato después, aun esposada, se abalanzó sobre el aparato, depositado sobre una mesa, y se tragó el chip, con lo que destruyó lo que a juicio de los investigadores era una pieza central.

Cantero declaró en el juicio por el crimen de Encino que conocía a Maximiliano “Cachete” Díaz y a sus familiares desde la infancia como gente de trabajo. La causa por extorsión desmiente la referencia. Brian Ezequiel Díaz, hermano de “Cachete” y preso en la cárcel de Piñero, se cuenta entre los imputados por la extorsión contra El Califa, junto a otros dos reclusos. 


Un psicólogo ahí


Al presentarse ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, la fiscal regional María Eugenia Iribarren atribuyó el cruce de denuncias entre los fiscales a diferencias de opinión y “un problema de egos”. La interpretación no convenció precisamente a los legisladores ni a la fiscal general María Cecilia Vranicich, pero un observador muy al tanto de la crisis del MPA lo asocia con una dimensión institucional, “un marcado voluntarismo y falta de lectura de los hiatos existentes entre lo que se quiere y “lo posible”.

“Algunos actores –analiza el observador- se sumaron a la institución con el convencimiento de que el redireccionamiento de la persecución penal para focalizarse en el delito de los poderosos es solo cuestión de voluntarismo y emprendedurismo personal. Entonces dan batallas como llaneros solitarios, sin una estrategia colectiva y apoyados en capacidades institucionales deplorables: policía corrupta, nula experticia, dateros y un largo etcétera”.

Sin embargo, la situación en la fiscalía de Rosario también remite a episodios de la historia reciente en la institución que no quedaron resueltos. Uno de los antecedentes es la deliberación puertas adentro después del atentado del 30 de enero de 2019 contra la casa Marina Marsili, la especialista en delito económico que actualmente se desempeña en la Justicia Federal. El ahora denunciante Miguel Moreno y otros dos fiscales –uno de ellos es hoy juez- renunciaron entonces a la Unidad de Gravedad Institucional, creada justamente para investigar esos hechos. Matías Edery fue el único que permaneció en su puesto.


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