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Martín Rosúa: “Queremos que el gobierno provincial nos explique por qué no ejecuta el presupuesto en seguridad”

“Rosario vive agobiada por la inseguridad. No sólo estamos ante una tragedia en términos de violencia urbana, sino que los rosarinos sentimos también que estamos solos, sentimos la desprotección por parte del gobierno provincial”, señaló el concejal de Juntos por el Cambio, Martín Rosúa, quien en este jueves elevó un pedido de informe al Concejo Municipal para que el ministro de Seguridad santafesina Jorge Lagna explique en el recinto por qué no se ejecuta el presupuesto en seguridad vinculado a Gastos de Capital, tanto en los años 2020, 2021 como en 2022.

De acuerdo a los datos disponibles, del presupuesto provincial destinado a Gastos de Capital del Ministerio de Seguridad, sólo se ejecutó el 13,88% de lo presupuestado para el año 2020, el 34,95% referido al año 2021 y el 3,91% durante el primer trimestre de 2022. “Números que son imposibles de justificar en un contexto de violencia desbordada, donde nuestras fuerzas de seguridad sufren la total y absoluta falta de equipamiento”, deslizó el edil local.

El referente radical, que acompañado por el Bloque de Juntos por el Cambio viene impulsando una serie de proyectos en el Palacio Vasallo para que el municipio cuente con nuevas herramientas para combatir el crimen organizado, siente la falta de gestión y acción provincial en este aspecto, como un “acto de desidia del gobierno” que deja desprotegidos a los ciudadanos que día a día conviven con el miedo.

Al día de hoy, Rosario cuenta ya en lo que va del año con 170 homicidios, la tasa más alta de la década, mientras que el sur de la provincia contabilizó 15 homicidios cada 100.000 habitantes y 250 crímenes durante el 2021. “A este ritmo estamos a poco de vivir el año más sangriento de la historia de nuestra ciudad”.

“Parece mentira, pero en este punto ni siquiera estamos planteando un problema de falta de recursos, sino que cuestionamos la conducta del gobierno provincial que no muestra voluntad política para abordar este problema con la prioridad que la realidad exige. La falta de ejecución presupuestaria en una materia crítica como la inversión en seguridad, está directamente ligada a la ineptitud del gobierno provincial”, dijo Rosúa. “No puede ser que, teniendo el dinero disponible, no se haya utilizado todavía para adquirir equipamiento para las fuerzas de seguridad, ni la tecnología aplicada a la persecución del delito, ni para reforzar los controles urbanos donde más se lo necesita”, profundizó.

Además, el concejal reveló que la provincia de Santa Fe resultó ampliamente relegada en la ejecución del presupuesto nacional 2021, ubicándose última en el gasto en seguridad per cápita, obteniendo solo $983 por habitante en lo referido a dicha materia, mientras que provincias como Buenos Aires y Córdoba recibieron $1296 y $ 2011 pesos per cápita respectivamente.

“Son estos números y datos los que nos dejan un saldo preocupante. Somos la ciudad del país con el índice más alto de violencia urbana, mientras tanto el gobierno provincial no ejecuta las partidas presupuestarias que serían necesarias para combatir con mayor eficacia al delito, y el gobierno nacional nos discrimina en la asignación de recursos destinados a la seguridad. Nos sentimos desamparados ante una situación que nos desborda todos los días, y los funcionarios encargados de responder no reaccionan”, añadió Rosúa.

“Venimos impulsando el proyecto de la Agencia Antilavado que tiene como objetivo pegarles a las organizaciones criminales donde más les duele, en los frutos de sus negocios”, explicó el edil. El proyecto presentado propone un trabajo en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación para analizar la gran cantidad de datos que el Municipio dispone, detectando incongruencias patrimoniales que permitan atacar a las economías ilícitas. La iniciativa, conjugada con la presentada por el intendente Pablo Javkin, sería aprobada en los próximos días.

Concentrado en la tarea de darle más protagonismo a Rosario en la lucha contra el crimen, Rosúa, también presentó un proyecto para impulsar la instalación de inhibidores de señal telefónica en las cárceles para así ponerle freno a la planificación de delitos desde dichos establecimientos.

“Es hora que la provincia de explicaciones ante la falta de ejecución del presupuesto destinado a inversión en seguridad, necesitamos que el gobierno jerarquice el tema con urgencia, dándole la prioridad que la sociedad demanda. Soluciones, concretas, eficaces y rápidas. Eso es lo que necesitamos, antes de que ya sea demasiado tarde”, concluyó.


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