La Fiscalía Regional de Rosario dispuso una reubicación de ocho fiscales que desde este viernes pasan a desempeñarse en áreas nuevas. El motivo formal invocado es que la salida de dos funcionarias que acaban de ser designadas juezas obliga a una reestructuración. No obstante este movimiento se produce con el ruido de fondo de un no acallado conflicto entre fiscales que estalló hace tres años. Algo que está en conocimiento muy detallado del gobierno de Maximiliano Pullaro, de la Legislatura que tiene potestades disciplinarias sobre los fiscales y de manera muy extendida entre funcionarios judiciales y del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Uno de los fiscales reubicados que pasa ahora de la Unidad de Violencia Interpersonal a la Unidad de Delitos Culposos, confirmaron a Suma Política, está bajo una investigación en la Auditoría General de Gestión del MPA, que abrió un legajo por la presunta intromisión reiterada y sin motivos en el sistema informático de la Regional para hacer consultas o visualizaciones en el legajo del homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte. Esto no es solo un asunto disciplinario sino que se formalizó una causa penal que debe definir si existió delito.
La hipótesis es que desde una fiscalía ajena ingresaron de forma impropia e inmotivada a una investigación contra una importante organización criminal, con miembros imputados por la ejecución de la persona que lideró durante veinte años la barra brava de Rosario Central, algo que para la auditoría puede configurar un acto doloso. Por eso mismo se abrió una causa que lleva el fiscal Adrián Spelta, que es quien está a cargo de investigaciones complejas y de conductas de funcionarios públicos.
En este nuevo caso se investiga a personas que ingresaron en la investigación que llevan otros. Uno de los funcionarios en los que se centra la pesquisa es el fiscal Alejandro Ferlazzo, uno de los reubicados a partir de hoy. El sumario de la Auditoría, según confirmaron a este medio desde el MPA, tiene elementos de convicción sobre una acción injustificada. Ferlazzo fue el fiscal que estaba de turno el 9 de noviembre de 2024 cuando asesinaron a Pillín Bracamonte y a Daniel Attardo, que era su segundo en la barra auriazul. Tres meses después de ese incidente, en febrero de 2025, el fiscal regional Matías Merlo desplazó a Ferlazzo del grupo de tres fiscales que investigaban por negarse a compartir información con sus colegas y desobedecer instrucciones de proceder en ese sentido.
La pesquisa actual ya fue comunicada a la Legislatura, que tiene potestad en casos donde las presuntas faltas graves atribuidas a fiscales en funciones superen la suspensión por 60 días sin goce de haberes. Este caso en proceso ya cuenta con numerosas declaraciones testimoniales en la Auditoría relativas a la intromisión en una causa ajena.
Hay una incidencia en investigación que le da un cariz más grave. Se investiga si un fiscal o alguien de una fiscalía ajena a la pesquisa del homicidio de Bracamonte compartió datos reservados de una declaración, tomada en el marco de la causa del crimen de líder barrabrava, con el abogado defensor de los hermanos Sebastián y Alejandro Vázquez, ambos imputados en el asesinato del ex líder de la hinchada de Central.
El nuevo investigador de los asesinatos de Bracamonte y su segundo en la barra Daniel Attardo es el fiscal Ignacio Hueso. Hace unos meses el abogado Juan Cruz Salinas le reprochó que existían actuaciones no dadas a conocer por la fiscalía que daban indicios de acciones cuestionables de parte de los primeros fiscales que tuvieron la causa, Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra, en una declaración tomada a Norma Acosta en el marco del caso de Pillín.
El fiscal Hueso se quedó perplejo y le dijo que esa declaración a la que aludía, amén de muy cuestionable, era reservada, por lo que el único modo de que estuviera en su conocimiento era que alguien de la fiscalía se la hubiera facilitado. Hubo incluso una discusión entre fiscal y abogado que tuvo múltiples testigos.
El abogado defensor, según las actuaciones en curso, había mencionado entonces el nombre de alguien de la fiscalía que se las entregó. Esto forma parte, de acreditarse, de un acto de presunción dolosa que se investiga.
Esta controversia puede ser para la auditoría causal de expulsión del MPA para el funcionario que aparece señalado como responsable de estas acciones en investigación, tanto el reiterado ingreso indebido a una causa ajena como eventualmente compartir con el abogado defensor de una organización criminal datos de una de las investigaciones fiscales más trascendentes de los últimos años en cuanto al fenómeno de las bandas en Rosario.
La sensible cuestión de facilitar información específica desde adentro de la Fiscalía de Rosario tiene un antecedente resonante. Fue cuando se descubrió, en 2020, que un funcionario del MPA compartía información reservada con el capitalista de juego Leonardo Peiti. Ese empleado luego fue identificado. Fue Nelson Ugolini y esa sola acción justificó el secuestro de su celular que en este caso no fue requerido. El caso es el mismo que determinó la detención y sentencia a nueve años de prisión contra el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, fallo que fue confirmado hace una semana.
Los cambios
Entre los ochos fiscales reubicados está Ferlazzo, que pasa de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas (UVAL) a la Unidad de Delitos Culposos y Siniestros Viales, en reemplazo de la fiscal Mariana Prunotto, que asumirá como jueza. A Ferlazzo en el puesto que deja lo relevará la fiscal Laura Riccardo.
Otro cambio con significación interna es el de Pablo Socca, un fiscal de alta exposición por su protagonismo en causas de notoriedad pública relacionadas con violencia, bandas criminales y mercados delictivos. Pasa de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional a la Unidad Fiscal de Salidas Multiagenciales, de visibilidad más acotada.
La fiscal Marisol Fabbro será quien reemplace a Socca, para lo que deja UVAL. El fiscal Rodrigo Urruticoechea pasa a UVAL en reemplazo de Laura Riccardo.
La fiscal Raquel Almada pasa a la Unidad de Flagrancia y Turno. El fiscal Guillermo Apanowicz asume en Salidas Multiagenciales. El fiscal Hugo Iván Enríquez pasa a Investigaciones Estratégicas. El fiscal Marcelo Vítola va a la Unidad de Flagrancia.
También se conoció otra resolución, la 22/2026, que traslada a empleados a otras dependencias. Algunos de ellos seguirán a los fiscales que eran sus jefes a sus nuevos destinos. Otros no.
En estos movimientos asoma como trastienda un conflicto institucional que implicó a fiscales en 2023, que motivó un prolongado debate, pronunciamientos e intervenciones de la Legislatura y del Poder Ejecutivo. Fue un escándalo cuyo detonante se dio cuando dos fiscales, Miguel Moreno y Pablo Socca, acusaron a su colega Matías Edery de favorecer la impunidad de una informante de sus causas, Mariana Ortigala, lo que motivó allanamientos y secuestros de teléfonos del fiscal señalado y una empleada en la misma sede del Centro de Justicia Penal.
En la causa que condenó a Serjal en primera instancia tres jueces rechazaron por unanimidad el planteo de los fiscales denunciantes que atribuían favorecimiento de impunidad a su colega, lo que había sido el foco de la refriega entre fiscales de Rosario. En el fallo de segunda instancia dos jueces tomaron idéntico criterio, y uno mantuvo las críticas hacia el accionar de los fiscales que investigaron a Serjal.
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