Si se comparten las reflexiones que hicieron altos funcionarios del gobierno provincial, el aspecto más escandaloso del triple crimen de Ibarlucea fue que Brisa Leguizamón, la novia que celebró su casamiento antes de la masacre, violó la prisión domiciliaria que se le había impuesto y que Esteban Rocha, su esposo, obtuvo la excarcelación en la causa donde está procesado desde 2019 por venta al menudeo de drogas. Sin embargo, antes que el funcionamiento burocratizado y la falta de controles de la Justicia Federal, la trama del episodio expone un conjunto de factores que constituyen problemas de seguridad que son crónicos en la provincia y parecen agravarse.
La ejecución de Iván Maximiliano Giménez, Érica Romero y Elena Giménez, la hija de ambos de un año y medio, el incendio del auto en el que quedó el cadáver de la mujer, los detalles del casamiento al que asistieron en el salón de eventos Campos de Ibarlucea y las especulaciones sobre la guerra entre Los Monos y la banda de Esteban Alvarado por el control del mercado de drogas como telón de fondo cargan de espectacularidad a los hechos. Pero lo significativo del triple crimen no está tanto en esas circunstancias como en el modo en que patentiza el incremento de la violencia narcocriminal.
Tierra de sicarios
“Vemos bastante a menudo hechos en los que terceras personas encargan homicidios y también es muy habitual en el contexto de bandas organizadas que disputan así sus diferencias. En ese sentido el triple crimen es un hecho más dentro de los muy terribles que han sucedido en los últimos años”, dice el fiscal Luis Schiappa Pietra, uno de los integrantes del equipo conformado por la Fiscalía Regional de Rosario para investigar el suceso.
En esa secuencia, el asesinato de una bebé no es algo que suceda de modo excepcional en la ciudad de Rosario. El año pasado 45 menores de 15 años fueron baleados en la ciudad, según datos del Observatorio de Seguridad del gobierno provincial. El 16 de enero dos sicarios ejecutaron a Débora Andino, embarazada de seis meses, y balearon a una de sus hijas, de 9 años, en un Fonavi de Viamonte al 7300.
Según vecinos, Andino tenía a su compañero preso en la cárcel de Coronda y sobrevivía con la venta al menudeo de drogas. Fue también la situación de Mayra Bustos, la mujer ejecutada en junio de 2021 en una zona tan marginal de Rosario que ni siquiera está relevada en el catastro. Mientras en el primer hecho los asesinos escaparon sin dejar rastros, en el segundo el Ministerio Público de la Acusación difundió un video en procura de identificar al sicario.
El sicariato es una práctica consolidada dentro de la ampliación del rubro narco que se verifica en los últimos años en Rosario, plantea Eugenia Cozzi en un artículo publicado por la Revista del Ministerio de Defensa de la Nación. “Se pasó a un sistema de comercialización a mayor escala, que implicó una división del trabajo más compleja y sofisticada en su interior”, dice la investigadora del Programa de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Universidad Nacional de Rosario.
Las posiciones dentro de las redes de narcomenudeo “indican diversas cuotas de poder, y eso hace al prestigio social” de sus integrantes, agrega Cozzi, pero “no deben ser pensadas de manera rígida e inflexible” ya que “una misma persona, en distintos momentos o circunstancias, puede realizar cual o tal actividad y ubicarse así en distintas posiciones jerárquicas”. Al mismo tiempo, como se observó en la banda que organizaba un preso de la Unidad 3 y que fue descubierta en mayo del año pasado, las estructuras pueden ser de organización eventual, de conformación variable según los encargos, y los sicarios ostentan una autonomía en la medida de su especialización.
Dado que la violencia regula el mercado, y los enfrentamientos recrudecen con el encarcelamiento de los jefes y la pérdida del control de la calle por parte de la policía, el asesinato es una especialidad requerida. Investigaciones judiciales dieron cuenta de tarifarios para crímenes por encargo, en un arco tan amplio que puede extenderse desde una modalidad de delivery hasta una planificación que implica tareas de inteligencia y aplicación de recursos, como sugiere el triple crimen de Ibarlucea.
“Hay indicadores de un cierto nivel logístico y de organización en el caso de Ibarlucea. Evidentemente alguien transmitió la información sobre la salida de Giménez y su familia desde el interior del salón de eventos. Siempre que aparece la criminalidad organizada y compleja hay que mirar con mucho cuidado y atención todos los componentes. Los eventos no son aislados, y en particular este nivel de violencia tiene que ver con la forma de gerenciar un negocio donde participan muchos actores”, destaca el fiscal Schiappa Pietra.
La sucesión de homicidios en Rosario puede hacer perder de vista casos que son particularmente significativos. El asesinato de Juan Manuel Zanier, ocurrido en la madrugada del 30 de septiembre de 2021 en una casa de Nuevo Alberdi, mostró en acción a un escuadrón de la muerte: cinco hombres vestidos como policías que irrumpieron de manera coordinada después de romper la puerta con una maza de obra de diez kilos y dejaron fuera de la línea de tiro a la mujer y al hijo de Zanier, un narco de 25 años oriundo de Villa Banana y con pedido de captura por un asesinato.
En conferencia de prensa, el fiscal Gastón Ávila no quiso precisar el número de personas que abrieron fuego contra el Audi TT que manejaba Giménez poco después de las 4 del sábado 29 de enero, cuando terminó la fiesta por el casamiento de Esteban Rocha y Brisa Leguizamón, y con el cual intentó dirigirse hacia la autopista Rosario-Santa Fe. El escenario también es ya habitual en la violencia narco: los crímenes en caminos rurales, los cadáveres arrojados en la periferia y las ejecuciones en los accesos a Rosario dan cuenta de la ausencia de las fuerzas de seguridad no ya en la ciudad sino en un área que comienza a extenderse en el territorio provincial. Tierra de nadie es tierra de sicarios.
Bodas de sangre
La reacción política y mediática ante el triple crimen combina en dosis de igual intensidad el espanto provocado por el crimen y la indignación moral por el despliegue económico que rodeó el casamiento, las revelaciones sobre el crecimiento patrimonial de las víctimas y una lista de invitados con nombres que remiten al crimen organizado.
Brisa Leguizamón y Esteban Rocha están procesados en la Justicia Federal en una causa por narcotráfico. Hay un salto evidente entre la participación menor que se les atribuye en la organización de Olga “Tata” Medina, como vendedores al menudeo, y los fastos de la boda. No se fijaron en gastos, desde el Porsche con el que llegaron hasta la Iglesia San Antonio, en San Martín al 3300, hasta el salón donde celebraron el casamiento, pasando por la previa en el hotel de Puerto Norte.
Las imágenes de la pareja, la exhibición del auto de alta gama, y los pormenores respecto al valor de mercado del Audi TT en el que Giménez recibió trece impactos de bala y a sus propiedades en Puerto Norte conforman un tipo de datos particular dentro de los relatos sobre la vida narco: hacen visible lo que habitualmente escapa a la persecución penal, el dispendio de los beneficios del tráfico y del lavado de dinero; el lujo y el derroche alevoso que salen a la superficie reavivan la indignación pública y el reclamo a las autoridades.
Sin embargo, lo más significativo de esos datos surge desde otro punto de vista. Probablemente no contribuirán a esclarecer el triple crimen pero revelan la inserción de la economía narco en la vida cotidiana de Rosario. Estos jóvenes acusados de narcomenudeo quisieron casarse por iglesia, “porque querían la bendición de Dios” según la interpretación del párroco, festejaron su boda en un salón de eventos exclusivo y prepararon la fiesta en el barrio más cotizado de la ciudad: comparten y hacen más evidentes así los valores de una sociedad que celebra la capacidad de consumo y los símbolos del éxito económico, y que si se escandaliza ante un joven mal entrazado al volante de un auto de alta gama contempla sin mayor inquietud el espectáculo de las Torres Dolfines, erigidas con vista privilegiada al río y al asentamiento precario que subsiste del otro lado de la avenida Francia.
El quinto escalafón
“La Justicia Federal tiene que comprometerse más y desarticular este tipo de bandas”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad de la provincia, Jorge Bortolozzi. En agosto del año pasado, como subsecretario de Asuntos Penitenciarios, había cuestionado al Servicio Penitenciario Federal después del hallazgo de un teléfono en la celda de Ariel “Guille” Cantero. Así como entonces se pasaron por alto las extorsiones y crímenes ordenados a través de celulares en la cárcel de Piñero, ahora parecen perderse de vista cuestiones que no le competen a los jueces que están en la ciudad de Buenos Aires. Si el triple crimen conmociona es también porque demuestra una vez más la falta de límites para bandas criminales capaces de actuar en cualquier lugar y en cualquier momento.
El fiscal Ávila sostuvo que Giménez ocupaba “el cuarto escalafón” en una estructura dedicada al narcotráfico, por encima de dos circuitos de distribución y de la venta callejera. Era “un distribuidor de mediana escala”, habría estado encargado además de operaciones de lavado de dinero y en la jerarquía del grupo se encontraba sólo por debajo de quien ocupaba la cúspide, el organizador. La trama oculta del triple crimen es por ahora un secreto mantenido en ese nivel, el del quinto escalafón.
Autor
