La relación entre los gremios y el gobierno de Maximiliano Pullaro sumó un nuevo foco de conflicto con la reforma previsional que ya se debate en la Legislatura provincial. Con una oposición que no logra hacer pie en la arena política, los gremios aparecen como el actor de confrontación del gobierno provincial que, en esa materia, se apalanca en un discurso similar al del gobierno nacional. La cuerda se viene tensando casi desde el inicio de la gestión, con la apertura de las paritarias estatales y docentes, pero por el momento parece lejos de romperse. Así lo leen desde el gobierno, donde el reclamo en las calles no parece ser algo que incomode a la hora de avanzar con las medidas que buscan impulsar. En paralelo, los gremios advierten que en el corto plazo el nivel de conflictividad será más elevado.
El jueves pasado el Senado provincial dio media sanción a la reforma previsional que impulsa el gobierno de la provincia y que, en líneas generales, mantiene las edades jubilatorias pero aumenta los aportes de forma escalonada en función de los salarios. “Van a pagar más los que más ganan” defienden el proyecto desde la Casa Gris. A la vez, establece un “aporte solidario” para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, que también alcanzará a los activos que ocupen un cargo de conducción política o de gabinete. Con este último punto, desde el gobierno buscan enviar un mensaje: el ajuste también corre para la política.
En ese marco, distintos sectores gremiales manifestaron frente a la Legislatura su descontento por la medida. El clima se caldeó de entrada, cuando la policía demoró en plena ruta algunos colectivos con docentes que partieron desde Rosario con rumbo a la movilización. Según denunciaron, en algunos casos se pidieron documentos y luego un patrullero escoltó a los colectivos hacia la Legislatura. Para los dirigentes sindicales se trató de una medida intimidatoria que busca mermar el reclamo en las calles, que se repetirá el próximo jueves cuando la iniciativa se debata en Diputados.
Más allá de eso, varios dirigentes perciben en el gobierno una intencionalidad política en la decisión de confrontar con los gremios. Sin opositores definidos, el rechazo de docentes y estatales, sumado a otros sectores que en menor medida acompañan el reclamo, emergen casi como la única voz de reparo al gobierno. Desde los desacuerdos en las negociaciones paritarias hasta la reforma previsional, pasando por el Plan de Asistencia Perfecta o menciones públicas dirigidas directamente a dirigentes sindicales. Todas medidas que los gremios entienden en una misma línea: divide y reinarás.
“Al gobierno le sirve tener un contradictor. En la política de guerra permanente de Pullaro, donde siempre necesitan encontrar un enemigo, eso es clave. Y ese enemigo no lo han encontrado en la arena política. Entonces, confrontan con los gremios, que son los únicos que se le oponen”, observó un analista cercano al mundo gremial. Sin embargo, también advirtió: “Hay que ver si esa estrategia es sustentable en el tiempo, porque vos no podés andar peleando siempre. Además, eso le da otra relevancia y otra responsabilidad a los gremios”.
Estrategias por la positiva
En esa disputa, por el momento el gobierno parece ser el que sale más fortalecido. Con los docentes, la Casa Gris plantó bandera desde un principio, denunciando altos niveles de ausentismo en el sector. Ya en enero, apenas un mes después de haber asumido, el gobierno aseguró que de cada 100 pesos que se pagaban de salarios docentes, 25 iban destinados a reemplazos. “Si lo decimos de otra manera, nosotros pagamos un 130 por ciento de masa salarial con respecto a lo que necesitaríamos”, explicaba el ministro de Educación, José Goity. Pero lejos de penalizar a los docentes que faltan, el gobierno adoptó una estrategia distinta: premiar a los que asisten.
Ese cambio de lógica introducido con el programa Asistencia Perfecta le permitió al gobierno un juego a dos bandas. Por un lado, mejorar los niveles de asistencia. Según los números difundidos por el Ministerio de Educación, durante el primer semestre del año la gestión bajó 201.840 días de ausencias en el aula por solicitudes de cuidado de familiar a cargo. De ese número, unas 90.506 corresponden a solicitudes para el cuidado de padres, 49.555 para el cuidado de hijos, 24.321 para el cuidado de cónyuges, 14.667 para el cuidado de hermanos y 8.285 para el cuidado de abuelos. Además, señalaron que las solicitudes para el cuidado de suegros y sobrinos durante el primer tramo del año se redujeron casi en su totalidad.
Pero por otro lado, la iniciativa genera algún ruido entre las representaciones gremiales y sus bases. Es que desde la implementación del programa, perderse un día de clases por adherir a una medida de fuerza termina impactando de lleno en el bolsillo de los maestros y maestras. Los docentes de cargos más bajos que tuvieron asistencia perfecta durante el primer trimestre del programa se llevaron un extra de 258.300 pesos en concepto de incentivo, que en el caso de los cargos más altos ascendió a 516.400 pesos. En un contexto de crisis económica, y con salarios cada vez más deprimidos, es mucho el dinero que se deja de percibir. Eso al margen de los descuentos por días de paro que el gobierno ya implementa.
Los gremios salieron a denunciar la maniobra y hablan de un “presentismo encubierto”, similar al impulsado en la década del noventa en la provincia. No obstante, ese incentivo le permitió al gobierno desarticular el reclamo conjunto que hasta el momento venían dando docentes públicos y privados en la última mesa de negociación: mientras que Amsafé rechazó la última mesa paritaria, Sadop terminó votando por la aceptación, aunque denunciando “mecanismos extorsivos” por parte del Ejecutivo. A tal punto quedó empoderado el gobierno en la discusión que decidió abonar la oferta del 9,95 % a los docentes públicos, pese al rechazo del gremio. “La paritaria está cerrada por un trimestre”, adelantó Goity.
En la reforma jubilatoria, la lógica implementada tiene sus similitudes. En este caso, contra otro de los sectores apuntados por el gobierno: el Poder Judicial. Desde el primer momento, Pullaro tuvo sus cortocircuitos con algunos sectores de la Justicia y dejó manifiesta sus intenciones de que haya una renovación en los miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial. Con las puertas cerradas a las negociaciones que buscaban una salida prolija, desde el gobierno encontraron una ventana: que la reforma previsional termine “apurando” la jubilación de los jueces antes del cambio de régimen.
Lo que viene
Por lo pronto, los gremios apuntan a endurecer las medidas de fuerza que se vienen llevando adelante. De hecho, tanto Sadop como Amsafé confirmaron un paro el próximo jueves, cuando la reforma previsional se debata en Diputados. La jornada tendrá una nueva movilización a la Legislatura santafesina, a la que esperan se sumen otros gremios —afectados o no— para lograr una convocatoria masiva.
En ese marco también aparecen algunos reparos por izquierda a la dirigencia gremial, pidiendo instancias más duras de reclamo. “Hay trabajadores que, cuando estuvieron mejor que ahora, estaban movilizados en las calles, pero ahora no”, señala un dirigente santafesino. Y agrega: “Los gremios tienen que demostrar su fuerza, porque a todos nos está pasando lo mismo. Y es momento de que nuestros representantes hagan algo”.
Otro referente del ámbito sindical coincide con la apreciación, aunque agrega matices: “Ahora muchos están abocados a llevar la comida a su casa. No les alcanza la plata. Es cierto que la pelea se da para que los trabajadores la pasen mejor, pero también hay que contemplar esas situaciones”.
Al respecto, algunos gremios adelantan que están dispuestos y preparados para asumir los desafíos que se vienen. “Nosotros peleamos con todos los gobiernos, pero es la primera vez en muchos años que vemos una confrontación con los gremios que se asume como política de Estado. Creo que el clima de época y los discursos de odio dirigidos hacia el gremialismo ayudan a eso. Igual nos van a encontrar en las calles”, adelanta un gremialista rosarino de trayectoria.
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