Si en la década del 90 el menemismo subastó las empresas del Estado para solventar su plan económico, en el 2024 el presidente Javier Milei tuvo que recurrir a ciertas argucias para seguir sus pasos tras los límites que impuso el Congreso durante la votación de la Ley Bases. En este sentido, mientras algunos legisladores apuntalan la privatización de Aerolíneas Argentinas en el parlamento, la administración libertaria dispuso la venta de numerosos inmuebles y terrenos del Estado nacional en todo el país.
El principal argumento es obtener recursos para enfrentar la crisis económica y mejorar la eficiencia en la administración pública. Entre los terrenos sujetos a enajenación detallados en el decreto 950/2024 publicado en el Boletín Oficial, aparecen al menos seis parcelas ubicadas en Rosario en la zona de Puerto Norte y barrio Refinería, una de las zonas más cotizadas de la ciudad y de alto interés para las desarrolladoras inmobiliarias por su ubicación estratégica.
En el anexo publicado junto al decreto, hay varios ex inmuebles ferroviarios de la ciudad como las estaciones Embarcaderos de la Línea Belgrano y Ludueña de la línea Mitre. En la zona también están los galpones de la Cooperativa Linares – Trechel y una casona administrada por la Municipalidad utilizada como alojamiento para contingentes deportivos. Queda excluido el triángulo formado por las calles Caseros, Francia y Junín donde viven 68 familias que aparecen en el Registro Nacional de Barrios Populares del 2018.
En el oficialismo local creen que la decisión de vender esos terrenos “es una oportunidad para Rosario”. Hablan de un proyecto que sea superador a lo que fue la experiencia de Puerto Norte, con acceso a viviendas para la clase media a través de créditos hipotecarios y con obras que mejoren el entorno urbano. Pero aún resta definir qué usos se le dará a esas tierras, cuánto será destinado a espacios verdes, apertura de calles, paseos peatonales, construcción de edificios o complejos comerciales.
Para eso están dispuestos a discutir los indicadores urbanísticos, es decir, el conjunto de normas que regulan la utilización del suelo y que definen, por ejemplo, la cantidad de pisos que puede tener una torre. De este modo, el Estado municipal puede aumentar la ganancia que obtiene un desarrollador inmobiliario en la construcción de un edificio de mayor altura y engrosar así los fondos que ingresan a las arcas municipales en concepto de participación de esa renta.
En concreto, el intendente está convencido de que si aumentan las compensaciones por edificabilidad —un mecanismo que ya fue utilizado en Puerto Norte y que permitió la realización de obra pública en la costanera— podrá urbanizar el 100 % de Rosario. Por caso, desde el entorno del jefe municipal recuerdan que el convenio para la urbanización del barrio Los Pasos en Fisherton permitió la construcción del Centro de Salud “Hermes Binner” en el barrio Avellaneda Oeste. “No le tenemos miedo a la altura, estamos dispuestos a analizar opciones”, deslizó el concejal Fabrizio Fiatti consultado por Suma Política.
Un “negocio para los amigos”
Tras conocerse la noticia de la venta de terrenos en Rosario, la diputada nacional Mónica Fein fue una de las primeras en expresarse de manera crítica al calificarlo de “negocio inmobiliario para los amigos”. De hecho, en un proyecto presentado en el Congreso, la legisladora socialista propuso que el gobierno nacional realice la transferencia de las parcelas a la Municipalidad a título gratuito, algo que descartan en el sector de Javkin porque “ningún gobierno lo quiso hacer”.
No obstante, en el socialismo sostienen que primero es necesario discutir cuál es el proyecto urbano para ese sector de la ciudad: “Esto no se tiene que transformar en un negocio de especulación inmobiliaria”, advirtió la concejala Verónica Irizar. También puso el foco en el plusvalor que se llevará el gobierno nacional de concretarse la venta: “Esos terrenos hoy valen mucho más por toda la planificación e infraestructura que se hizo durante nuestros gobiernos ¿es justo que Milei se lo lleve todo y no dejen nada a la ciudad?”, se preguntó.
Las disidencias de los socialistas aliados al intendente se suman al coro de voces de la oposición que cuestionaron en duros términos el anuncio realizado por la administración libertaria. “El único interés de Milei es liquidar los bienes del Estado”, disparó el concejal peronista Mariano Romero. Para el edil, el dinero que ingresará a las arcas del Estado tras la operación inmobiliaria se utilizará para “pagar los servicios de la deuda y sostener el superávit fiscal”.
Además, señaló que “si el intendente lo que pretende es la construcción de viviendas para los sectores medios necesita del Estado, aunque parece más bien que están pensando en el ingreso de grandes desarrolladores”. En la misma línea, desde Ciudad Futura advirtieron en un comunicado que “quien le da valor a los terrenos es el Estado municipal” a través de los indicadores urbanísticos. “Rosario no puede ser solo un espectador en el negociado de Milei”, remarcaron.
Un decreto de la dictadura para vender
Para desprenderse de los bienes del Estado, Javier Milei tuvo que valerse del Decreto Ley 22.423 de la dictadura cívico militar a través del cual Jorge Rafael Videla se autodelegó las facultades para vender los inmuebles públicos frente a la disolución del Congreso. La decisión se materializó a través del decreto 636/2024 en el cual el presidente libertario dispone una nueva reglamentación para el funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado apoyada en la antigua legislación.
Específicamente el artículo 44 establece que la venta del patrimonio público será centralizado por la AABE, la cual asume las funciones de la ex Secretaría de Haciendo del Estado y no necesitará autorización del Congreso Nacional para realizar dichas operaciones. La única aprobación que necesitará será del propio presidente de la Nación, salvo que la subasta no supere los 1.500 millones de pesos en cuyo caso sólo bastará la firma del jefe de Gabinete Guillermo Francos.
El gobierno de la Libertad Avanza tampoco es original en su planteo: Mauricio Macri en el 2016 también recurrió a la misma treta para esquivar al Parlamento y decidir con discrecionalidad en esa materia. Con la reforma constitucional de 1994 esa atribución quedó estrictamente en manos del Congreso Nacional a través del artículo 75, inciso 5, en el cual se establece que el poder legislativo es el único con competencia para disponer de los bienes que son propiedad del Estado.
Además, a la escasa legalidad del decreto se suma la suspicacia que generó la designación de Nicolás Pakgojz al frente de la agencia en cuestión. El joven de 29 años, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, es señalado como un hombre cercano a Eduardo Elzstain, el dueño de IRSA, una de las mayores empresas del país dedicada a las inversiones inmobiliarias y propietaria de numerosos centros comerciales, hoteles y edificios en todo el país.
El nombre del empresario tomó estado público a fines del 2023 cuando el entonces presidente electo se alojó durante algunos meses en el Hotel Libertador, de su propiedad. En lo atinente a la historia de Pakgojz, aparece mencionado como uno de los defensores del proyecto Costa Urbana de IRSA, llamada popularmente “la Dubai de Elzstain”, frente a los legisladores porteños para obtener su aprobación. De ahí las sospechas de la oposición cuando ven al zorro cuidando el gallinero.
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