Creada en el mes de marzo, la Oficina de Género de la Corte Suprema de Justicia de la provincia entra en funciones en agosto con el objetivo de “contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional, en los procesos internos y en las decisiones del Poder Judicial de Santa Fe”. La misión no parece imposible, pero se inscribe en un contexto altamente sensibilizado por el incremento de los femicidios en la provincia, el renovado reclamo por las dificultades de acceso a la Justicia por parte de víctimas de violencia de género y por la división de jueces, abogados e incluso ministros de la propia Corte en torno a temas candentes: la condena del docente Juan Francisco Trigatti, en Santa Fe, y la denuncia contra tres psicólogas por elaborar supuestamente informes de abusos sexuales falsos, en Rosario.
Bajo la coordinación de la ministra de la Corte Margarita Zabalza, la Oficina se propone “eliminar sesgos sexistas y barreras de género dentro del sistema de justicia de la provincia de Santa Fe, con proyectos propios y también coordinados con la Red Nacional de Oficinas de la Mujer, para transformar la realidad judicial con una mirada igualitaria y adecuada perspectiva de género”. Las referentes territoriales son Mariela Machado en la primera circunscripción y Cecilia Superti en la segunda.
“La creación de la Oficina es una buena noticia, después de tantos años con ministros de la Corte que lo que menos tenían era perspectiva de género. Los jueces están más formados al respecto, pero falta todavía”, dice la abogada Carolina Walker Torres, que representó a la madre de una de las víctimas en el caso Trigatti.
La abogada Gabriela Durruty, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, valora con cautela la implementación de la Oficina: “Estamos transitando momentos de franco retroceso respecto al acceso a la Justicia para las víctimas de violencia por motivos de género, en particular en el caso de las niñeces, tanto respecto de la acusación pública como del Poder Judicial. En principio, toda política pública con perspectiva de género es auspiciosa, es un paso institucional importante, pero solo en tanto impacte en la realidad”.
Ver para creer, entonces. Pero el abogado Marcos Barceló, defensor de Trigatti, tiene otra opinión: “Hace ocho años y medio que me dedico a la defensa penal en procesos por delitos sexuales, y es lo único (de) que se habla, en este tipo de procesos, dentro del Poder Judicial. TODO (sic) es perspectiva de género”, se quejó en su cuenta de Instagram.
Para Durruty la implementación de la Oficina “resulta muy positiva” además porque “la última noticia de la Corte en esta materia fue que algunos ministros se reunieron (en el mes de marzo) con un grupo de abogados que representan a varones denunciados por haber abusado sexualmente de sus hijos e hijas, quienes pretenden disciplinar a profesionales que asisten a las niñeces”.
El caso remite a septiembre de 2025, cuando los abogados Viviana Cosentino, Ramiro Coso, Carina Lurati, Juan Lewis, Estela Marelli, José Nanni, Froilán Ravena y Adriana Torchio pidieron que se investigue a tres psicólogas por falso testimonio agravado y como integrantes de una asociación ilícita que elabora falsos informes de menores para apoyar denuncias de abusos y desvincular a padres de sus hijos. La presentación coincidió con el relanzamiento del proyecto de ley de la senadora de Unidos Carolina Losada para incrementar la penalización de falsas denuncias sobre delitos sexuales.
“No existe medida alguna y mucho menos imputaciones en esa causa —aclara Durruty—. La denuncia tiene por fin disciplinar y amedrentar a profesionales que asisten a niños y niñas víctimas de diversas formas de abuso sexual. Se trata de una construcción falaz y enderezada a ese objetivo, que dista mucho del que se afirma”.
El 29 de abril, Losada retiró el proyecto de ley de su autoría para incorporar al Código Penal de la Nación la figura de corrupción de menores con fines delictivos; fue su primera iniciativa, cuando recién se incorporaba a la política. En cambio parece sostener el proyecto sobre las falsas denuncias, a pesar de que no figuró en la orden del día donde iba a ser tratado. Losada argumentó que “las falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado, recursos que deberían ir a las verdaderas víctimas”; sin embargo, el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales informó que en más de 8 millones de causas penales analizadas en las 17 jurisdicciones relevadas entre 2023 y 2025, las denuncias falsas representan sólo el 0,09% del total.
Con la queja a otra parte
El 3 de agosto, la Corte Suprema de la provincia rechazó la queja interpuesta por la defensa de Juan Francisco Trigatti contra el fallo que condenó al ex docente de educación física del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá, de Santa Fe, a 12 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra cuatro niñas de 5 años y por un abuso sexual simple contra otra menor. Pero la votación fue dividida.
En los fundamentos del rechazo, los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco y Margarita Zabalza destacaron entre otras consideraciones que la defensa encabezada por Marcos Barceló e integrada por Abraham Luis Vargas y Federico Bazzani insistió con argumentos que fueron descartados por los jueces de segunda instancia, como si no hubiera tomado nota al respecto, y que además volvió a recusar los testimonios de las niñas que sufrieron los abusos.
Los jueces le recordaron a la defensa los dichos de una niña en Cámara Gesell sobre el “juego del oso” que proponía Trigatti y lo que “le hizo el profe Juan a ella y sus compañeros”, lo que la víctima graficó con una muñeca y mostrándolo luego gestualmente en su cuerpo. También subrayaron que la teoría sobre la influencia de los adultos en los testimonios de los niños no se apoyaba en ninguna prueba y contradecía la reconstrucción efectuada en el debate. Y entre otros aspectos recordaron la declaración de un menor como testigo que corroboró los hechos y mencionó al “profe Juan” que hacía “cosas malas” y desplegaba el “juego del lobo” en el patio del jardín de infantes dependiente del Arzobispado de Santa Fe.
Los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder expresaron su disidencia: “Las postulaciones de la impugnante importan prima facie articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad y vulneración de derechos y garantías constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria”, afirmaron. El caso ya dividió a los jueces santafesinos en primera instancia: Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres absolvieron a Trigatti el 3 de octubre de 2024, pero el fallo fue revocado el 24 de junio de 2025 por la Cámara integrada por Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón.
La significación del caso, además de su gravedad, consiste en que se puso en tela de juicio precisamente la perspectiva de género y en que la defensa recurrió a argumentos como la tesis de la “contaminación” de testimonios, recurrente para impugnar denuncias de abusos sexuales. La esposa de Trigatti participó en una jornada sobre falsas denuncias organizada por la senadora Losada en el Congreso de la Nación, donde cuestionó la investigación del Ministerio Público de la Acusación.
La batalla de la defensa continúa ahora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Barceló presentó recursos extraordinarios federales contra la confirmación de la condena y contra la prisión preventiva de Trigatti, y anunció una incorporación a su equipo: Fátima Silva, abogada con fuerte presencia mediática conocida por sus críticas a la perspectiva de género y el respaldo al proyecto de ley contra las denuncias falsas.
“La defensa sostenía que hubo violaciones al debido proceso y que no se respetaron las garantías constitucionales. Para la Corte ni siquiera trata el fondo de la cuestión porque no hubo ninguna violación de garantías. La discusión puede seguir en la Corte de la Nación, pero la materialidad del hecho está acreditada desde la sentencia de Cámara que confirma la sentencia condenatoria”, afirma la abogada Walker Torres.
Pero en Santa Fe persisten las reacciones adversas a la condena de Trigatti. Antes del pronunciamiento de la Corte hubo una campaña de recolección de firmas en defensa del exdocente, y después se intensificó “una situación de hostigamiento, persecución mediática, difamación y violencia digital”, contra los abogados Walker Torres, Matías Pautasso y Agustina Taboada.
“Hace mucho que sufrimos este hostigamiento. Desde la condena de Trigatti en adelante es diario”, dice Walker Torres. La abogada da cuenta de “una verdadera campaña de desacreditación pública de nuestra actuación profesional, mediante publicaciones, videos, comentarios y reproducciones en redes sociales” en una nota al Colegio de Abogados de Santa Fe.
Las denuncias que faltan
Al contestar el proyecto de la senadora Losada, el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales de la Argentina destacó que el principal problema en cuestiones de género sigue siendo el subregistro de la violencia real: el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó denuncia alguna.
Ese fue el caso de Carina Andrea Candelas. La encargada de la farmacia de Dorrego y Zeballos sufría hostigamientos y agresiones de su exesposo Martín Laureano Banchero, a partir de la separación en diciembre. Según la fiscal Laura Riccardo, no hubo denuncias y la situación recién salió a la luz con el femicidio perpetrado en la mañana del miércoles en el lugar de trabajo de la víctima.
La falta de denuncia en casos de violencia de género tiene múltiples motivos según las organizaciones de mujeres, y uno de los principales es la burocracia judicial. Un problema para la Oficina de Género de la Corte Suprema, que se propone “institucionalizar la perspectiva de género y afianzar la protección de los derechos de las mujeres y diversidades en todas las decisiones y acciones del Poder Judicial de Santa Fe”, según los ejes estratégicos que se anuncian. “Pero el éxito dependerá de su capacidad para generar cambios reales y positivos, siempre que se trate de una política sostenida en el tiempo y que cuente con los recursos necesarios para actuar con eficiencia y celeridad”, afirma Gabriela Durruty.
El abogado Barceló descree de la iniciativa: “No hay forma alguna de aplicar más perspectiva de género sin vulnerar principios y garantías convencionales en favor del imputado y del servicio de justicia —dijo en redes sociales—. A decir verdad, no entiendo qué implicaría aplicar más perspectiva de género, que la que ya se aplica en la actualidad”. La Oficina de Género del Poder Judicial de Santa Fe tendrá una explicación para dar, cuando la provincia registra 32 femicidios en el año.
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