“Nos hubiera gustado que nos imputaran”, dijo el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain para destacar la falta de pruebas respecto de los delitos que se le atribuyen junto a otros funcionarios que lo acompañaron en la gestión. El desafío no tuvo respuesta pero las medidas de investigación en curso indican que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez apuntan a ese objetivo y no solo en la causa por presunta recopilación ilegal de datos sino también en las actuaciones que desarrollan al mismo tiempo alrededor de una licitación para la compra de armas por parte del gobierno de Omar Perotti.
La política de silencio impuesta por la Fiscalía Regional de Santa Fe carga de sospechas a la investigación y provoca equívocos. El publicitado espionaje sería en definitiva lo que se dice un invento de los medios: los fiscales santafesinos no utilizaron esa expresión y en su única declaración pública —el 26 de noviembre pasado, cuando registraron las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario— dijeron que investigan la recopilación de datos sobre personas e instituciones sin control judicial, actividad prohibida por la ley nacional de inteligencia. Desde la defensa, en cambio, sostienen que la aclaración proviene de una especie de globo de ensayo que se echó a volar y que fue abandonado ante la ausencia de pruebas.
La causa se originó en agosto pasado con el testimonio de una empleada del Ministerio de Seguridad, quien dijo que como parte de sus tareas debía elaborar perfiles de personas mediante consultas a bases de datos y seguimientos en las redes sociales y detalló varias de las claves que se utilizaban para realizar esas averiguaciones.
Las claves de acceso a bases de datos fueron la base sobre la que los fiscales Hernández y Jiménez construyeron el caso. Un funcionario que participó en el registro de las oficinas del Ministerio de Seguridad niega que el procedimiento haya sido una excursión de pesca, una desesperada búsqueda al voleo para apuntalar una causa que hace agua; en todo caso, afirma, el pescado ya estaba en la red con el testimonio que originó la causa.
El mismo vocero sostiene que el personal a cargo del registro —un allanamiento ilegal y sin testigos, según la defensa, pero validado finalmente por la Justicia— no se fue con las manos vacías del Ministerio ni exclusivamente con papel picado que pareció ser precisamente eso sino con datos que suman para la acusación como un documento que lleva la firma de uno de los ex funcionarios en capilla y manifiesta el interés por comprar armamento israelí previo al inicio del expediente. La audiencia imputativa por presuntas irregularidades en esa licitación podría convocarse para mediados de febrero, como un adelanto de la pelea de fondo en torno a lo que se presentaría como violación a la ley nacional de inteligencia.
La ex empleada del Ministerio que dio origen formalmente a la causa —dos días después de la declaración dejó su puesto— aportó además dos perfiles supuestamente elaborados en ese marco: los de los abogados Gustavo Franceschetti, a cargo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe, y José Alcácer, quien cobró sus honorarios para defender a policías imputados en la desaparición de Franco Casco con fondos provenientes de los gastos reservados del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
La defensa de los funcionarios bajo sospecha sostiene que no hubo nada espontáneo ni idealmente interesado en la Justicia en la presentación de la testigo y en los empleados del Organismo de Investigaciones que la siguieron sino una maniobra que atribuyen a los adversarios de Sain en la política y en la justicia provincial y que ponen en línea con la embestida del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que culminó con la destitución del ex ministro de su cargo de director del Organismo de Investigaciones.
La recopilación de datos sobre Alcácer incluyó una hoja con referencias de la fiscal de Homicidios Georgina Pairola, su esposa, y otra del diputado provincial Julián Galdeano, y podría ser un elemento de peso en la acusación porque los fiscales que investigan el uso de fondos reservados para pagar abogados de policías criminales son precisamente Hernández y Jiménez y no estaban al tanto de esas averiguaciones.
La misma situación se plantea con datos sobre familiares de Hugo Oldani, el empresario asesinado el 11 de febrero de 2020 en Santa Fe. La causa está a cargo de la fiscal Jiménez después del desplazamiento de su par Cristina Ferraro, acusada de encubrimiento y de hacer la vista gorda ante el retiro de una suma millonaria de dinero del lugar del crimen. Se entiende la falta de comunicación entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Gobierno: desde un principio Sain responsabilizó directamente al fiscal Arietti por las maniobras que entorpecieron la investigación del trasfondo del crimen y lo acusó de tener “una mirada palaciega de la Justicia”.
El cristal con que se mira
Otra carta de los fiscales santafesinos es la lista con los nombres de 661 personas físicas y jurídicas e instituciones sobre las que según el rumor de prensa se realizaron consultas en bases de datos. La filtración de la nómina resulta imposible de localizar porque proviene de un oficio enviado a los fiscales de la provincia, pero quedó demostrado el efecto de su difusión: reforzar las sospechas sobre Sain y los integrantes de su equipo e instalar la versión del espionaje, una teoría conspirativa que se cocina desde el origen de los enfrentamientos con los senadores Armado Traferri y Lisandro Enrico y sus caracterizaciones de que el ex ministro era una especie de Jaime Stiuso.
La lista fue confeccionada como un recorte sobre un conjunto más amplio que comprende a unas 1.300 personas e instituciones y podría ser ampliada a partir de consultas detectadas en el Registro de la Propiedad y diligenciada a través de nuevos oficios. “Hay menciones a las que los fiscales no le encuentran sentido, como las búsquedas sobre el Ministerio de Seguridad de la Nación o instituciones educativas. La realidad es que se hicieron, porque se conoce el día, la hora y el IP desde las que se hicieron”, afirma el vocero que participó en los registros.
El sentido de las menciones parece corresponder a cuestiones de seguridad y casos flagrantes, como el del asesinato del pastor Eduardo Trasante o el violento asalto a Damián Abdelmalek, hijo del cónsul de Siria. Pero la inclusión de empresas, por caso, también podría vincularse a caracterizaciones de problemas de seguridad como el lavado de dinero o los aportes a campañas políticas bajo la mesa, y algunos nombres notorios se explican por intervenciones realizadas desde el ministerio, entre ellos el del juez federal Marcelo Bailaque, al que Sain denunció ante el Consejo de la Magistratura por “negligencia grave en el ejercicio de sus funciones”. Otros casos de explotación de redes sociales, básicamente recorridos por publicaciones en Twitter, habrían surgido de coyunturas problemáticas —el caso de Franceschetti, a raíz de su intervención ante reclamos de presos de Coronda durante la cuarentena— y otras gestiones responderían a interés por el entorno político del gobernador y de su gabinete.
Entre las claves aportadas por la ex empleada del ministerio se encuentra una presuntamente utilizada para acceder a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Si bien está a nombre de una persona se supone que pudieron usarla otras, aunque en general la identificación de la computadora apunta a un domicilio puntual. En este caso las consultas obtienen datos sobre ingreso y salida del país de personas consideradas de interés y también información de contexto, al estilo de la que en su momento permitió detectar en dos viajes hacia los Estados Unidos al juez Juan Carlos Vienna con el ex manager de boxeo y capo narco Luis Alberto Paz.
Ese tipo de información supone el acceso a una base cerrada. Lo mismo sucede con servicios que ofrecen empresas como Sudamericadata y que no corresponderían a un abono común. La acusación trata de configurarse también con ese argumento.
El 1° de febrero se tratará en una audiencia el pedido de duplicidad de plazos de los fiscales Hernández y Jiménez, que de autorizarse, como se supone, estiraría el suspenso hasta fines de mes. Antes de esta fecha podrían hacerse las imputaciones por la frustrada licitación para la compra de armas.
Los hechos que desde un punto de vista encuadran como violación de la ley nacional de inteligencia se justifican como investigaciones sobre organizaciones criminales desde la perspectiva contraria. El destino de la causa —y en particular lo que decante como versión oficial a través de la Justicia— podría encontrarse en el contexto político más que en los sucesos en sí mismos. Las demostraciones de apoyo y de solidaridad que recibió Nadia Schujman, a cargo de la Agencia de Control Policial hasta noviembre pasado, introdujeron un elemento inesperado en ese marco; el antecedente de la destitución de Sain del Organismo de Investigaciones y sus declaraciones respecto de que el gobernador Perotti y el ministro de Seguridad Jorge Lagna pactaron con el enemigo agregan otros factores de signo opuesto.
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