Esteban Lindor Alvarado, el organizador de una asociación ilícita presuntamente responsable de por lo menos cuarenta crímenes en la última década, es incapaz de matar. “Él no mata, porque si ve sangre se desmaya. Por eso manda a matar”, dijo el mecánico Carlos Argüelles en la declaración que dejó grabada en un video y se proyectó en la primera semana del juicio oral que se lleva adelante contra Alvarado y otras seis personas.
Argüelles —asesinado por un sicario el 6 de septiembre de 2021— y los hermanos Rodrigo y Mariana Ortigala —sobrevivientes de varios intentos de homicidio— aportaron detalles que incriminan a Alvarado en los crímenes de Lucio Maldonado, Cristian Enrique, Gerardo Abregú, Ezequiel David y José Fernández, que son materia del juicio. “Acá nadie muere sin que Esteban decida, él está al tanto de todo”, dijo el mecánico.
También declaró Hugo Maldonado, hermano de Lucio. Si bien afirmó desconocer los motivos del asesinato, apeló a los sobreentendidos de quienes lo escuchaban en la sala del Centro de Justicia Penal: “La mayoría de los crímenes son por dinero”, dijo, como si les propusiera a los jueces y los fiscales que consideraran esa posibilidad para el caso.
“La declaración de Hugo Maldonado sirve para dos cuestiones fundamentales en el juicio —dice el fiscal Matías Edery, a cargo de la acusación junto con Luis Schiappa Pietra—: introducir las cámaras de video vigilancia en las que se ve cómo fue el secuestro previo al homicidio y el GPS del auto, que nos abrió la investigación”. El dispositivo permitió saber que el Chevrolet Cruze del prestamista estuvo el 11 de noviembre de 2018 en la quinta de Piñero, en los papeles una propiedad de los hijos de Alvarado, después que Maldonado fuera secuestrado por un grupo integrado por cuatro hombres.
El primer día, Alvarado sorprendió con un pedido de disculpas a la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación que sufrió una balacera en su casa y con el anuncio de que se haría cargo de sus actos. El arrepentimiento y la resignación con que se dirigió a los jueces Patricia Bilotta, Alejandro Negroni y María Isabel Mas Varela se convirtió en un estallido de furia contra el fiscal Luis Schiappa Pietra después de escuchar la pormenorizada declaración de Carlos Argüelles sobre su carrera criminal. “Esa es su verdadera cara; venía manteniendo una actitud de falsa cordialidad”, dijo un vocero judicial.
Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Germán Facundo Fernández y Facundo Almada llegan también imputados por el crimen del prestamista. Laferrara debe responder además por los asesinatos de Enrique (9 de noviembre de 2018), Abregú y los hermanos Fernández (triple crimen de Granadero Baigorria, 16 de abril de 2018). A su vez, Silvina Ghirardi y Miguel Grecci Hazzi están acusados de lavado de activos a través de la compra de lotes en Tierra de Sueños. Alvarado, el hombre incapaz de matar por su propia cuenta, es juzgado como el instigador de esos delitos y como el cerebro de las maniobras con que trató de confundir a los investigadores.
Para servir al crimen
Las declaraciones de los Ortigala y de Argüelles aportaron datos sobre los hechos que se dirimen en el juicio y sobre otros crímenes que todavía no fueron aclarados. Además permitieron reconstruir la historia criminal de Alvarado y mostrar la participación decisiva —institucional, en algunos tramos— de la policía de Rosario en el crecimiento y en la impunidad de su organización.
Según la acusación del MPA, la asociación ilícita de Alvarado funcionó entre el 18 de junio de 2012 y el 18 de octubre de 2019. “Tomamos como inicio la fecha en que el fiscal Patricio Ferrari, que lo investigaba por el robo de autos en la provincia de Buenos Aires, descubre que tiene una organización más grande, con muchos contactos policiales y dedicada también a otras actividades, y envía escuchas telefónicas a la Justicia de Rosario”, explica el fiscal Edery.
“Con ese material se inicia la causa 902 del año 2013, donde se investiga la connivencia policial. En la causa estaban (los policías) Marcelo Rey y Cristian Di Franco. La jueza Alejandra Rodenas la archiva y nosotros pedimos que se reabriera, lo que se logró. Con la misma evidencia con que se había archivado, y algunos elementos más, condenamos a Rey y a Di Franco. Había actividades anteriores de Alvarado con otros delitos pero pudimos encontrar un inicio para delimitar la investigación”, agrega Edery.
Según los testigos, Alvarado se inició como asaltante a mano armada y contrabandista de cigarrillos desde Paraguay para dedicarse después al robo y tráfico de autos y al narcotráfico. Sus contactos con la policía rosarina se remontan por lo menos a febrero de 2006, cuando delató a cuatro compañeros que murieron en el intento de robo a una chatarrería de Lavalle al 2100, pero debió ser anterior: la versión oficial atribuyó el procedimiento a una denuncia anónima, consabido recurso de la policía para legitimar el aporte de informantes y proteger su identidad.
Los hermanos Ortigala pusieron el foco en el comisario Néstor Arismendi. Lo impactante de sus testimonios consiste, para comenzar, en que según sus relatos Arismendi integraba la nómina de policías a sueldo de Alvarado al mismo tiempo que ejercía la jefatura de la policía de Rosario (de diciembre de 2011 a marzo de 2012).
“Son ladrillos. Después te hacés otra”, le habría dicho Arismendi a Rodrigo Ortigala para convencerlo de que cediera a Alvarado su casa en Tierra de Sueños, además de recomendarle que “no se metiera en problemas con Esteban”.
Mariana Ortigala, en particular, recordó la presencia de Arismendi en las reuniones en las que Alvarado planteó las exigencias de reparación económica por el romance de Rodrigo Ortigala con su ex esposa, Rosa Capuano. En el primer encuentro, Alvarado dijo que le había intervenido el teléfono con ayuda de la policía y dio detalles al respecto.
En la misma reunión, Arismendi le habría advertido a Mariana Ortigala que podían truchar una causa por robo calificado contra su hermano; y fue lo que ocurrió en mayo de 2012, cuando Rodrigo fue detenido por supuesto encubrimiento del robo de una camioneta. Las históricas prácticas corruptas de la policía —inventar causas, plantar pruebas— también estuvieron al servicio del crimen organizado.
Detenido en la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional II, Rodrigo Ortigala conoció otro foco de corrupción: el pabellón A estaba destinado a los presos que pagaban por celulares y salidas, y tenía comodidades; al pabellón B, reservado para los reclusos sin capacidad económica, “era inmundo”. Como sucedió con la organización de Alvarado, el hecho se descubrió por la intervención de poderes ajenos a los de la provincia: la Justicia de Córdoba denunció que Gustavo “el Tuerto” Ramos, hermano de Maldonado y condenado a catorce años de prisión por contrabando de marihuana desde Paraguay, gozaba de una especie de libertad anticipada que nadie le había otorgado.
El juicio que concluyó el 27 de abril de 2018 demostró que los Monos tenían policías a su servicio en los grados inferiores del escalafón, aunque en sitios estratégicos como la Dirección de Delitos Complejos, donde el sargento Juan “Chavo” Maciel reportaba día y noche para Ramón Machuca, “Monchi Cantero”. En cambio, Alvarado apuntó a los niveles superiores de la jerarquía: al menos un jefe de policía, jefes de unidades, de secciones, de comisarías. Y el vínculo se mantuvo después del desplazamiento de Arismendi de la Unidad Regional II y de que trascendiera una causa por enriquecimiento ilícito que ahora parece perdida en el limbo de los archivos judiciales.
“La policía que trabajó para Alvarado era la que investigaba a Los Monos para que Los Monos caigan y Alvarado pudiera crecer en su dominio territorial. Eso va a quedar claro en el juicio actual”, adelanta el fiscal Edery. En esa línea las investigaciones llevaron hacia Luis Quevertoque, “socio de Alvarado” según el ex comisario Gustavo Pereyra y condenado en un juicio abreviado junto con sus camaradas Pablo Báncora, Cristian Di Franco —compañero inseparable de Alvarado—, Jorgelina Chávez, Javier Makhat —investigador del narcotráfico, se suponía—, Marcelo Rey y Martín Rey.
Mariana Ortigala recordó un viaje con Sebastián Felipe, su esposo, Alvarado y Rosa Capuano a Buenos Aires, el 15 de octubre de 2011: “Hubo una muerte muy puntual, de un muchacho que se llamaba Elías Bravo. Fue un crimen resonante, una balacera como de treinta tiros. Paramos a comer y estábamos en una mesa redonda. Esteban hablaba a los gritos con un jefe de policía y después con (el sicario) el Oreja (Darío Fernández)”
La policía de Rosario parece haber seguido en tiempo real los crímenes de la banda.
La risa y el llanto
Cuando lo conoció, en las tardes que pasaban en el río, a Mariana Ortigala le parecía que Alvarado deliraba o se hacía el chistoso, cuando lo escuchaba exponer sus planes criminales. “Para mí era un demente. Yo me reía, no lo podía creer”, recordó en su declaración.
Pero las risas se convirtieron en expresiones de terror. “Con los años me di cuenta que en realidad no eran tanto delirio, que el tenía un plan definido. En esa reunión me comentó todo lo que tramaba para su vida. Dijo que estaba muy fuerte en Rosario, que él era de bajo perfil pero que era millonario y sabía cuáles eran las bandas que manejaban el narcotráfico”, agregó Ortigala.
Alvarado se representaba el narcotráfico como una pirámide: “él iba a hacer pelear a uno con otro hasta llegar a la cúspide que era Guille Cantero, y lo iba a derrocar, iba a ser el único”, agregó la testigo. “En un momento se le soltó la cadena”, coincidió Argüelles, y mencionó el plan para secuestrar al hijo de Maximiliano Pullaro, entonces Ministro de Seguridad de la provincia: “Se enteró a qué club iban, y había un conocido de él que involuntariamente dijo que sus hijos iban a ese club. Él (Alvarado) iba a hacerles llegar una nota para amenazar con secuestrar al hijo si no dejaba de hablar de él”, contó el testigo. También habría encargado el asesinato del abogado Miguel Ángel Pierri, disconforme con la defensa que le hizo en la provincia de Buenos Aires: “mandó gente para que lo mataran y después se arrepintió”.
“Anteriormente y relacionado con la muerte de Maldonado está la muerte de (Cristian) Enrique —dijo Argüelles en otro pasaje de su relato—. Enrique es un chico que secuestraron, torturaron y mataron y tiraron en Soldini. En teoría este chico hizo algo malo que (se) relacionaba con Lucio Maldonado. ¿Cómo sé que está relacionada la muerte de Enrique y Lucio? Lo sé porque (Alvarado) me lo contó personalmente”.
El 9 de diciembre de 2018 un miembro de la banda llamó a la madre de Enrique para revelar el lugar de la ruta 14 donde habían arrojado el cuerpo y se despidió diciendo “con la mafia no se jode”, el santo y seña de Los Monos del que se sirvió Alvarado en el intento de desviar la investigación; el cuerpo fue hallado el 10 y el 11 se produjo el secuestro de Maldonado “a partir de los dichos de Enrique”.
Argüelles confesó su participación en el plan para incriminar a Rodrigo Ortigala y a Leandro Olivera en el crimen de Maldonado y el pedido que recibió para armar un auto mellizo del que usaba Ortigala. Los detalles estuvieron tan cuidados que el mecánico recibió un libreto, como llamó a la hoja con las indicaciones sobre lo que debía decir en conversaciones simuladas con teléfonos clonados.
Después del allanamiento de la quinta de Alvarado en Piñero, el 28 y 29 de noviembre de 2018, Argüelles cumplió otro encargo de su jefe: reunirse con Hugo Maldonado, hermano de Lucio, y convencerlo para que lo desincriminara del hallazgo de las zapatillas del prestamista que las TOE encontraron en el techo de la casa. “Me dijo que no le mataron un perro sino al único hermano que tenía y que Esteban saliera por su cuenta si era inocente”, recordó.
La causa de los cuadernos
Alvarado llegó a contratar a un detective privado para que consiguiera el número de patente del vehículo y “todos los datos de Ortigala”. El número de teléfono de Olivera fue un aporte de los informantes policiales apostados en el Organismo de Investigaciones: Pablo Báncora y Jorgelina Chávez, quien “le pasaba los datos de los movimientos”.
Báncora participaba de la investigación de las balaceras y del crimen de Maldonado y trató de llevar a los fiscales sobre la pista falsa que construía Alvarado. Su ubicuidad es llamativa: persona de confianza del ex comisario Arismendi, parte del grupo policial que realizó las escuchas telefónicas a Los Monos, miembro del Organismo de Investigaciones (OI).
El 21 de diciembre de 2018, después de los atentados de los días anteriores contra el Concejo y la sede del Ministerio Público de la Acusación, Báncora dijo en el OI que Ortigala conspiraba contra Alvarado (información que atribuyó a Jorgelina Chávez) y era el autor del mensaje “con la mafia no se jode”; en esa reunión insistió “acaloradamente” y sin éxito para que los fiscales intervinieran el teléfono clonado desde el que la banda envió mensajes al de Olivera para implicar a Ortigala. Carla Belmonte, la empleada del MPA que se opuso al pedido, se encontró con un gato muerto en la puerta de su casa, seis días después.
El 31 de enero de 2019 el auto mellizo estuvo listo. La banda produjo esa noche una balacera frente al domicilio de Marina Marsili, también del MPA, al efecto de que las cámaras de seguridad de la zona registraran ese vehículo similar al de Ortigala. El comisario Martín Rey hizo asentar en un informe de la Policía de Investigaciones que el auto tenía la patente de Ortigala.
El 24 de abril de 2019 se llevó a cabo la segunda parte del plan. Entonces entraron en acción otros cómplices policiales: el comisario Martín Rey y el subcomisario Marcelo Rey no dudaron en pedir una batería de allanamientos y movilizar vehículos y personal policial a los fines de “encontrar” el celular que habían plantado en una camioneta estacionada en Rivarola al 5200. Ese mismo día el abogado Claudio Tavella dijo ante los fiscales que el teléfono secuestrado contenía información que desincriminaba a Alvarado en el crimen del prestamista.
“Todo está grabado en la memoria”, dijo Argüelles en la declaración que grabó en agosto de 2020, y agregó que su eventual asesinato no serviría de nada porque llevaba dos cuadernos con los datos y las referencias de sus denuncias. Uno de esos cuadernos está al resguardo; el otro quedó en manos de allegados al mecánico y ahora, según dicen, no aparece por ninguna parte.
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