El segundo round comenzó en la mañana del miércoles y comprendió una serie de allanamientos y detenciones resonantes. El fiscal Miguel Moreno y el líder de la barra de Central, Andrés Pillín Bracamonte, vuelven a enfrentarse tres años después de una causa por lavado de dinero que fue desestimada por falta de pruebas. La asociación ilícita que se investiga implica a Carlos Vergara, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) seccional Rosario, y expone otra vez una zona gris donde convergen actores del mundo gremial y del ámbito criminal.
Mientras caminaba esposado y con la cabeza cubierta ante la prensa, convocada al efecto de retratarlo en la circunstancia, Bracamonte declaró que Moreno “vende humo” y reclamó que cerrara “la causa anterior”. El fiscal mantiene la investigación por lavado de dinero, lo que supone una serie de incomodidades para Pillín como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia.
El martes próximo, Bracamonte, Vergara y otros siete detenidos serán llevados a una audiencia imputativa. El fiscal Moreno mantiene el secreto sobre la nueva investigación mientras examina el contenido de los teléfonos secuestrados, descargado en tiempo récord. Se descuenta que tiene en sus manos algo más que la ropa y un sobre con el membrete de la Uocra que fueron exhibidos como si fueran una evidencia.
La denuncia que reactivó las investigaciones sobre Bracamonte fue presentada en el mes de mayo por Juan Menucci, hasta entonces delegado de la Uocra en Villa Constitución. Menucci habría dado cuenta de amenazas que atribuyó a barrabravas y cuenta desde entonces con protección policial. El ahora referente del movimiento obrero, como se presenta, se oponía a darle parte a Bracamonte en el negocio de las viandas que reciben los afiliados y los baños químicos que se instalan en obras en construcción y a lo que consideró una intromisión de gente extraña en el gremio.
Entre los detenidos se encuentran los delegados actuales de la Uocra en Villa Constitución. A la denuncia se suman testimonios sobre presuntas prácticas de la Uocra Rosario con empresas constructoras. El secretario general está sospechado de hacer ofertas que los empresarios no podían rechazar en cuanto a la contratación de personal y en particular de darles a elegir entre tres proveedores de viandas y baños químicos, entre ellos Bracamonte.
El fiscal Miguel Moreno ordenó allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, San Lorenzo, Villa Constitución y en el country de Ibarlucea donde reside Pillín. El hallazgo de casi 40 millones de pesos en efectivo en el domicilio de Vergara y de otros seis millones en la casa de Bracamonte fue hasta ahora el resultado más difundido de los procedimientos, pero el más importante estaría en el contenido de los teléfonos secuestrados.
Menucci mantuvo una buena relación con Vergara por lo menos hasta principios de este año, cuando ambos publicitaron en conjunto una entrega de juguetes a hijos de afiliados al gremio. La denuncia no significó una ruptura con el secretariado nacional de la Uocra, al que reivindicó en una reciente gestión por el pago de jornales adeudados a contratistas de Acindar.
En otro frente de batalla, Menucci y Vergara fueron denunciados en junio de 2022 por agresiones físicas y amenazas contra el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Pablo González. El motivo de la discordia fue la incorporación de trabajadores para el período de reparaciones anuales en Acindar, que la seccional Rosario de la Uocra exigía para sus afiliados. La paz se firmó un mes después, con la intervención de los secretarios nacionales de ambos gremios, José Furlan y Gerardo Martínez.
De sorpresa en sorpresa
La relación de la Uocra seccional Rosario con el ambiente narcocriminal ya había quedado en evidencia durante la investigación de los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone sobre la banda organizada por Cristian Nicolás Avalle, alias Pupito, desde la cárcel de Ezeiza. En las escuchas telefónicas surgió entre otros datos la intervención de un grupo dirigido por Avalle para expulsar del gremio a un dirigente que no sería Menucci, como “favor” realizado a Vergara con la expectativa de recibir a cambio la explotación de las viandas.
Sixto Irrazábal, secretario adjunto de la Uocra Rosario, se manifiesta francamente sorprendido por la detención de Vergara y otros sindicalistas, pero de acuerdo a escuchas telefónicas él también mantuvo conversaciones con Nahuel Lizarraga, alias Vino Tinto, representante de Avalle en las conversaciones con el gremio.
En estas tratativas Lizarraga requirió la concesión del negocio de las viandas o al menos de una tajada. Las conversaciones tuvieron cierto carácter formal, ya que el delegado del preso en Ezeiza fue tratado como “amigo” (sic) y recibido en la sede del gremio, pero el intento tropezó con el rechazo de Bracamonte. En la audiencia donde lo imputaron por asociación ilícita y otros graves delitos, Avalle pidió que citaran a Pillín y a Vergara, lo que no expresa precisamente un deseo de justicia sino el resentimiento por el negocio que no pudo hacer.
“Lo de Avalle no tiene ninguna entidad pero puede servir para la forma en que instala el tema en los medios y para aventar cualquier sospecha de arbitrariedad sobre el procedimiento contra Bracamonte”, sostiene el abogado Carlos Varela. Según el defensor, “Bracamonte no cometió ningún ilícito” y detalló que los proveedores cobran un porcentaje por las viandas. “No tengo dudas de que se trata de una interna en la Uocra”, agregó.
La Uocra está envuelta en una espiral de violencia por lo menos desde el 17 de marzo de 2018, cuando dos sicarios fallaron en el intento de matar al dirigente Julio Galván, en Puerto San Martín, y asesinaron al chofer Juan Erminio Garcilazo. Fue un episodio de inseguridad más, si hay que creer en lo que dijeron los gremialistas. En septiembre de 2022 y marzo de este año personas no identificadas balearon la casa de la ex pareja de Irrazábal. Persona precavida, el secretario adjunto de la Uocra se agenció una pistola calibre 9 milímetros con el correspondiente permiso de tenencia y portación.
Vergara bajó el tono de las balaceras registradas en el mes de junio. Según su versión, los tiroteos nocturnos contra una propiedad de Mitre 1806, donde tuvo oficinas el gremio, y contra la obra social del personal de la construcción, en San Lorenzo, fueron el modo en que algunos afiliados expresaron su disconformidad con la cobertura de salud del sindicato. En la escena del primer ataque, sin embargo, apareció un mensaje extorsivo.
El asunto cambió de cara entre el 16 y el 17 de julio, cuando fueron baleadas las sedes de la Uocra en la ciudad de Santa Fe y en Rosario, 27 de Febrero 5282. Los agresores repitieron un mensaje en trozos de cartón: “Carlos Vergara bajate porque no vas a estar tranquilo en ningún lado los vamos a molestar en todos lados”.
Fue la carta de presentación de Avalle y Lizarraga. Ambos estuvieron en contacto telefónico con Vergara desde el 25 de agosto “para ver si le podemos buscar una solución”. El secretario general de la Uocra los derivó hacia otros dirigentes para dar curso a lo que llamó “un emprendimiento”, aunque al mismo tiempo se entrevistó con allegados a la familia Cantero aparentemente para contener el reclamo, y Vino Tinto mantuvo largas reuniones en la sede del gremio.
En sus diálogos con el gremialista, Avalle dijo que hablaba en nombre “del muchacho de lentes”. El apodo identifica a Ariel Guille Cantero, condenado a más de cien años de prisión. Vergara se excusó de ser preciso y de dar nombres “porque el teléfono está complicado”, en alusión al riesgo de que las conversaciones quedaran grabadas.
“Si es lo que yo entiendo hay que hablar con el de arriba, Gerardo Martínez, y a ese no se llega así nomás”, deslizó Vergara en un tramo de las conversaciones, en alusión al secretario nacional de la Uocra.
Al margen de las evidencias que contribuyeron a la imputación de Avalle, las conversaciones con Vergara contienen referencias sobre contactos de la Uocra con el mundo narcocriminal. “Hay tres personas a las que les estoy cumpliendo. Por eso me extraña todo esto, porque yo más no puedo hacer”, se quejó ante los requerimientos de Pupito.
Vergara no precisó qué significaba “cumplir”, quizá porque su interlocutor no necesitaba la aclaración. “Yo no te quiero tocar los bolsillos. Te estoy pidiendo que me des un servicio, que me des algo fijo”, dijo Avalle. Con el avance de las negociaciones se concentró en las viandas: “nosotros queremos las 400 a 2.500 o 3.000 pesos”, y hasta ofreció la facturación del servicio. El beneficio final “sería para el de lentes”, es decir Cantero.
Avalle reclamó además una atención por el “favor” que había hecho al expulsar a un supuesto rival en la interna gremial. “No se olviden que cuando lo necesitaron se les dio una mano”, les recordó Lizarraga a Vergara y otros dirigentes sindicales, y en otra conversación fue más explícito: “Cuando hubo que echar a Hugo Spinetti, con treinta años de antigüedad, él (Avalle) fue y se lo echó, lo hizo renunciar, no lo hicieron agarrar un peso”.
La respuesta final vino de un dirigente al que Lizarraga identificó como Colo, un apodo conocido en el gremio: “Andrés mandó a decir que no le demos bola a nadie”, una alusión a Bracamonte. No obstante, el secretario adjunto Sixto Irrazábal también se declaró francamente sorprendido al respecto: “No sabemos qué tipo de relación tenía Carlos (Vergara) con él”, dijo a la televisión local.
El 29 de septiembre Avalle le pidió a Lizarraga que le consiguiera el teléfono de Bracamonte. Hasta el momento se desconoce si hubo una conversación entre ambos. Quizás se sepa el martes próximo, cuando el fiscal Moreno pida la prisión preventiva de Bracamonte, Vergara y el resto de los detenidos en otro round de una batalla que, se presume, recién comienza.
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